Hay Derecho manifiesta su preocupación por el nombramiento de D. José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. D. José Luis Escrivá indudablemente reúne las condiciones profesionales y la aptitud técnica para ese puesto pero, lamentablemente, no reúne otra condición a nuestro juicio indispensable: la independencia del Gobierno que lo nombra. Y no la reúne sencillamente porque ha sido por dos veces ministro en gobiernos presididos por Pedro Sánchez, que es quien le ha nombrado. Por tanto, y al margen de su labor como ministro –primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su reforma del sistema de pensiones ha sido muy criticada por los expertos desde el punto de vista de su sostenibilidad y, luego brevemente, como ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España–, lo cierto es que pasar, sin solución de continuidad, de ministro a gobernador del Banco de España no es propio de un Estado democrático de derecho con instituciones sólidas. En conclusión, es un grave error y supone un grave retroceso institucional.

Recordemos que la ley de autonomía del Banco de España dice en su art. 24 que el gobernador del Banco de España será nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes sean españoles y tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios. No exige nada más, pero es obvio que para ejercer debidamente sus importantes funciones no sólo es exigible esa reconocida competencia en asuntos monetarios y bancarios que, insistimos, es indudable que tiene D. José Luis Escrivá, sino también una independencia y neutralidad que no podemos presumir en quien ha sido por dos veces ministro del Gobierno que le nombra. Por otra parte, como viene sucediendo con otros nombramientos competencia del Gobierno o de su presidente, no es menos relevante buscar perfiles que susciten amplios consensos, lo que no hubiera sido difícil con una mínima voluntad política de alcanzarlos. 

No solo eso: como demuestra nuestro estudio popularmente conocido como El Dedómetro, sobre meritocracia en el sector público, se había conseguido después de muchos años –tras la gran recesión y la crisis financiera– profesionalizar la figura del gobernador del Banco de España, e independizarlo de los partidos políticos. En ese sentido, el mandato de Pablo Hernández de Cos se ha caracterizado por la profesionalidad y la independencia. Pero todos los avances institucionales son frágiles, especialmente cuando los políticos de turno no tienen sentido institucional alguno, o consideran que las instituciones son piezas de un juego político, en el mejor de los casos, o simplemente sitios para colocar a los afines o premiar los servicios prestados.  Pero, sobre todo, cuando los ciudadanos no están atentos a este tipo de comportamientos o no les conceden la relevancia que tienen. 

Es por ello que resulta imprescindible denunciar la gravedad que el deterioro de las instituciones públicas supone en el medio y largo plazo. Al politizar los organismos reguladores y vincularlos estechamente al Gobierno, éste encuentra menos resistencias y contrapesos para desarrollar su actividad. Si a ello le unimos la endémica falta de diálogo entre los dos grandes partidos de España, la amplia senda del consenso democrático se reduce al pasillo estrecho del partidismo. Ese partidismo, además, termina por recalar en una parte de la opinión pública, que no duda en restar importancia o incluso defender este nombramiento cuando, sin ningún género de duda, hubieran criticado este mismo movimiento de haberlo hecho el partido ‘contrario’. No lo olvidemos: se trata de defender unas reglas del juego político que sean justas para todos.

A lo anterior se suma otro defecto de trascendencia: la ausencia de una línea adecuada para el desarrollo de políticas públicas en el largo plazo, unida a la evaluación continua de las mismas. A modo de ejemplo, el Ministerio de Transformación Digital, que ahora abandona el futuro gobernador de España, habrá visto tres ministros en menos de un año. Ello obstaculiza seriamente nuestra transición digital en el largo plazo, un reto urgente en nuestro país si queremos mantener la competitividad económica; máxime cuando no se busca en el sustituto un experto en la materia, sino una persona cada vez más afín al presidente del Gobierno.

Por último, no podemos olvidar que este último nombramiento sigue la pauta marcada por otros igualmente controvertidos –por la vinculación política– para otras instituciones tan importantes como la Fiscalía General del Estado (se nombró a una exministra de Justicia), el Tribunal Constitucional (un exministro de Justicia y una directora general del Gobierno), el CIS (un miembro de la Ejecutiva del PSOE), entidades públicas, etc, etc. Por tanto, el patrón es claramente el mismo: no se considera relevante mantener la neutralidad e imparcialidad de las instituciones cuidando que sus máximos responsables no solo reúnan los principios de mérito y capacidad, sino que puedan ser percibidos como personas independientes del poder político.

En este contexto, es difícil hablar de regeneración democrática, que no puede existir sin la correspondiente regeneración institucional.

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