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Vehicularidad del castellano en la escuela catalana y proyectos lingüísticos

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Hace un año publicaba un artículo sobre qué es la lengua vehicular en la escuela y en qué  términos se desarrollaba el debate sobre ella en Cataluña. El motivo del artículo era la tramitación de la reforma  de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que, entre otras cosas, eliminaba la referencia a  la vehicularidad del castellano en la enseñanza. El sentido y efectos de dicha eliminación  tan solo se entienden si se considera la doctrina constitucional sobre la vehiculariedad del castellano y la situación que se vive en Cataluña (la petición de la retirada de la indicación de la vehicularidad del castellano en la LOE venía de ERC).

Esa doctrina constitucional se resume en que el castellano, dado que es oficial en todo el país, ha de ser necesariamente vehicular en la escuela de toda España. Esto es, ha de ser lengua que se utilice para la enseñanza de otras materias, sin que sea suficiente para cumplir con esa exigencia que el castellano sea enseñado como lengua en una asignatura específica. Limitar el español al contenido de la asignatura de la propia lengua supondría equipararlo a una lengua extranjera, lo que es insuficiente para dar cumplimiento a las exigencias que se derivan de su oficialidad de la lengua que se recoge en el art. 3 de la Constitución. Varias decisiones de la jurisdicción ordinaria, incluyendo algunas del Tribunal Supremo, concretaron esta exigencia en que la presencia mínima del castellano en la educación fuera de un 25%, lo que implica que, además la asignatura de lengua castellana, alguna otra materia, incluyendo al menos una troncal, ha de impartirse en esa  lengua.

En Cataluña, la administración regional ha eludido el cumplimiento de esta obligación constitucional. Pese a que la normativa catalana no excluye expresamente el castellano como lengua vehicular, lo cierto es que en los colegios su presencia se limita prácticamente a la clase de lengua castellana, situándose su presencia muy por debajo del 25% que ha fijado la jurisdicción ordinaria. Ante esta situación han de ser las familias quienes reclamen el cumplimiento de la ley        y  tras varios años en los que simplemente se pedía que sus hijos recibieran una enseñanza que incluyera como lenguas vehiculares el catalán y el castellano se decidió dar el paso de, además, impugnar los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

El proyecto lingüístico es un documento previsto en el art. 14 de la Ley catalana 12/2009, de 10 de julio, de Educación, que deben elaborar los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos en el que se enmarca el tratamiento de las lenguas en el centro. De esta forma, el proyecto lingüístico determina qué lenguas se utilizarán en el centro para la impartición de las distintas materias. El proyecto lingüístico es aprobado por el Consejo Escolar del centro y sometido a la supervisión de la inspección educativa. En una situación de normalidad ese proyecto lingüístico se ajustaría a la obligación constitucional de que el castellano fuera lengua vehicular y prevería que al menos un 25% de la docencia se impartiera en esta lengua. A partir de ahí, y en función de una variedad de circunstancias, podría subir ese porcentaje  o mantenerlo en ese 25%, pero sin que fuera posible nunca que bajase de él. En caso de que el proyecto no se ajustase a esa exigencia constitucional, la inspección educativa debería instar su corrección para ajustarlo a la legalidad constitucional. Finalmente, si la inspección educativa (dependiente de la Generalitat) no ejerciese su función de supervisión, la Alta Inspección de Educación, dependiente del Ministerio de Educación, debería verificar esa ilegalidad e iniciar las actuaciones oportunas a fin de que los proyectos lingüísticos de los centros respetaran las exigencias constitucionales.

Esta no es la situación actual. Los proyectos lingüísticos, con sorprendente uniformidad, desconocen las exigencias constitucionales y establecen un régimen lingüístico en el centro que excluye el castellano como vehicular. A partir de aquí ni la inspección plantea objeción alguna ni la Alta Inspección de Educación realiza ninguna actuación conducente a reconducir la situación a la legalidad constitucional.  

Ante esta dejación (como mínimo) de funciones, algunas familias, con el apoyo de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) han llevado a los tribunales la legalidad de esos proyectos lingüísticos. La vía para ello es la solicitud, dirigida al Departamento de Enseñanza de la Generalitat, de que sean adecuados a la legalidad. Ante la sistemática negativa del mencionado departamento a modificar el proyecto lingüístico se recurre ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En los últimos meses, el TSJ de Cataluña ha resuelto seis de los recursos planteados anulando otros tantos proyectos lingüísticos que no recogían la vehicularidad del castellano (Sentencias de 23 de marzo -dos-, 24 de marzo, 30 de julio y 17 de septiembre y 30 de septiembre).

Las decisiones son importantes porque se dictan tras la entrada en vigor de la reforma de la LOE que comentaba el año pasado y que suprimía la vehicularidad del castellano del texto de la mencionada Ley. Tal como adelantaba entonces, esta supresión ha hecho que la LOE, en vez de ser utilizada como argumento por quienes solicitan que el español sea  vehicular, ha pasado a serlo por quienes se oponen a dicha vehicularidad. Ahora bien, las sentencias dictadas por el TSJC niegan que la modificación introducida en la LOE obligue a llegar a una solución diferente a la que resulta de la consideración de la Constitución; esto es, a una solución diferente a la de anular los proyectos lingüísticos de  centro que no prevean la vehicularidad del castellano. El análisis de la dicción de la norma permite una interpretación constitucionalmente conforme de la misma y no es, por tanto, obstáculo para la exigencia de que el español sea lengua vehicular en la enseñanza.

De las sentencias también se desprende algo más. En primer lugar, que la justicia no se moverá de ese 25% de castellano que se ha establecido como mínimo por los tribunales. Me explico: las familias que solicitaron la anulación de los proyectos lingüísticos de centro a los que se refieren estas resoluciones también pidieron que la proporción de español y de catalán en la enseñanza fuera la misma, a salvo de que la administración justificara las razones para que la presencia de catalán fuera mayor. Esta petición no es atendida por los tribunales, que se limitan a recordar que la presencia de cada lengua oficial ha de ser, como mínimo, de un 25%.

En segundo lugar, estas sentencias también desestiman la petición de que la rotulación de los centros docentes incluya el castellano. En la actualidad la rotulación de todos los centros docentes en Cataluña se hace exclusivamente en catalán. Las familias han pedido a los tribunales que, dado que también el castellano es oficial, esté presente en la rotulación, pero estos, los tribunales, han negado que exista base legal para dicha petición, por lo que la administración podrá seguir rotulando los centros únicamente en catalán.

En definitiva, las familias, después de un largo camino (el procedimiento administrativo se inició en el año 2019) han conseguido que los tribunales declaren -una vez más- que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Se trata de una decisión que se suma a muchas otras que a título individual ya han establecido con sobrada claridad esta exigencia constitucional y su incumplimiento por parte de la Generalitat. Ahora bien, el recurso a los tribunales tiene sus límites. No puede esperarse que cada familia haya de llegar al contencioso administrativo para que se vea reconocido su derecho. Sería tanto como pedir, por ejemplo, que ante una sistemática negativa de Hacienda a ingresar las cantidades debidas a los ciudadanos como consecuencia de que las retenciones practicadas para el pago del IRPF hubieran superado lo que el ciudadano debía ingresar a Hacienda por este concepto, tuvieran que ser estos mismos ciudadanos los que acudieran individualmente ante los tribunales a exigir dicha devolución. En la actualidad está pendiente de resolución en el TS una decisión del TSJ de Cataluña que ordena con carácter general (ya no en relación a concretas familias) a la Generalitat que implemente un 25% de castellano en todos los centros educativos catalanes; pero, desengañémonos, si no existe una decidida voluntad política de hacer cumplir la ley por parte del gobierno de España toda decisión judicial acabará siendo incapaz de alterar una práctica administrativa que, pese a su ilegalidad, se ha mostrado como contumaz y reiterada. Los tribunales no están para corregir la sistemática, consciente y expresa desobediencia a la ley por parte de los poderes públicos. Para ese problema los remedios han de ser otros.

La guerra de lenguas

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Irene Lozano, especialista en lingüística hispánica y periodista, publicó en 2005 un libro muy interesante – “Lenguas en guerra”- con el que obtuvo el premio Espasa de Ensayo. Hoy, por esos avatares de la fortuna, descansa en un cargo público que poco tenía que ver con su brillante trayectoria académica y política: Secretaria de Estado de Deportes. Su tesis liguística es sencilla: pese a los ímprobos intentos del nacionalismo catalán por señalar todas aquellas diferencias, especialmente lingüísticas, que nos separan a los catalanes del resto de españoles, si se hurga un poco, solo un poco, se ve que casi no existen tales diferencias. Llevamos siglos juntos y las más de las veces en franca harmonía. Ese intento de diferenciarnos del resto de españoles, propiciado por Pujol durante más de un cuarto de siglo de gobierno, y luego por Maragall con ese invento de aquel nuevo Estatut; y esa patochada, por denominar de modo suave la ocurrencia maragalliana de solicitar la inclusión de Cataluña en la Unión de Estados Francófonos, han convertido el catalán como el signo de diferencia esencial con el que abanderar las ínfulas independentistas que esgrimen bien alimentados y acomodados burgueses con ansias de notoriedad. No lo han conseguido, no, pero han arrastrado a Cataluña a una división en dos mitades casi irreconciliables, que es como estamos ahora a este lado del Ebro.

El absentismo del Estado en toda la etapa de Rajoy, por pura vagancia y no por otra cosa, pues tenía mayoría absoluta para gobernar, además de cierta disponibilidad del PSOE para llegar a acuerdos; y antes, el entreguismo de Aznar, el ex presidente de frágil memoria, de competencias que ni siquiera le pedían con el fin de estar cómodo en su primera legislatura, sirvieron de base para el desmontaje del Estado en Cataluña a lo largo de estos veinticinco últimos años. Ahora a nadie debe extrañarle que con la ayuda de los jefes de Podemos y de los etarras diputados, los socialistas de nuevo cuño aprueben leyes como la de Educación de esta semana.

Pues sí, antes de ayer, como digo, el Congreso de los Diputados dio vía libre a una de las leyes mas estúpidas que en España han sido aprobadas. Y la estupidez no viene porque rebaje el nivel educativo a niveles difícilmente aceptables; o por ser otra ley de educación sin consenso, una más. No, por supuesto que no. Eso, a lo sumo, sería sectarismo, no solo imputable a este gobierno sino a casi todos los que sucesivamente han ido regulando la materia educativa a lo largo de estos últimos cuarenta años, e incluso antes, desde que Villar Palasí ocupó la cartera de Educción en los remotos tiempos del franquismo. La estupidez consistiría en haber suprimido de un manotazo el castellano como lengua vehicular en materia educativa. No se que dirá en el futuro el Tribunal Constitucional sobre tamaño dislate, pero mucho habrá de retorcerse la ya muy retorcida Constitución para que pase esta ley las horcas caudianas linguísticas. Hay, en cualquier caso, una prueba del algodón infalible en esta etapa de nuestra crispada vida política: lo que aplauden independentistas o Bildu + Podemos, constituye un nuevo peldaño para terminar de destruir nuestra cohesión nacional.

A la ministra Celaá, con sus dos hijas educadas en colegios privados y ya bastante creciditas, le importa bastante poco lo que le ocurra al común de los mortales. Esta pija extraviada de Neguri ya demostró como las gastaba, al acudir a la famosa manifestación feminista del de marzo, en plena explosión del COVID 19, pertrechada de guantes quirúrgicos protectores, mientras sus compañeras de juerga se contagiaban sin remisión. Parece increíble, pero es verdad: que el castellano, cuyo derecho y deber de conocer está esculpido en el artículo 3 de la Constitución, pueda llegar a dejar de ser la lengua vehicular del Estado, o sea de España, a voluntad de las Comunidades Autónomas. Es un contradiós que no resulta comprensible a no ser que lleguemos a la conclusión de que estamos gobernados por bárbaros y por negligentes. Y todo esto irá, en Cataluña, en detrimento de las personas con menos recursos cuyo rendimiento escolar descenderá todavía más, si cabe. Porque para muchas de estas personas es el castellano su lengua materna y, entonces, a la falta de recursos se unirá la añadida dificultad de aprender una lengua que no es la suya. ¿Es eso la igualdad que predican estos socialistas y populistas de nuevo cuño?

Si esto es el respeto a la Ley no se en qué consistirá su vulneración. Pilar Rahola, la omnipresente propagandista del independentismo, ha reiterado en diversas ocasiones que a los inmigrantes cuya pretensión sea instalarse en Cataluña debería exigírseles un determinado nivel de conocimiento del catalán. No mucho, el suficiente para fastidiar. Así es como la lengua catalana ha descendido a niveles de calidad ínfimos, y solo hay que escuchar a algunos políticos asimilados al independentismo, como Gabriel Rufián, para provocar profunda hilaridad (o tristeza, según se mire) sobre su forma de expresarse en catalán. Como escribía Irene Lozano en su anterior vida política de la mano de UPyD, “la conclusión es meridiana: más de la mitad de los niños se están escolarizando en una lengua que no es la que han aprendido a hablar en su casa”. Eso lo escribió en 2005, ahora el desbarajuste lingüístico de Cataluña es monumental. Y no importa cuantas batallas legales se ganen en los tribunales por quienes defienden el bilinguismo. A través de la administración y de los medios de comunicación públicos se ha expulsado el castellano de las aulas públicas o concertadas. Las estadísticas lo resisten todo, pero la realidad es la que es y los derechos de quienes quieren escolarizar a sus hijos en castellano son pisoteados de forma inmisericorde y persistente. Solo con buenos recursos económicos, se les pueda ofrecer a los niños una enseñanza privada como la que les dio a sus hijas la ministra Celaá. O sea en la lengua que hablan casi 600 millones de personas

¿De qué hablamos cuando hablamos de lengua vehicular en la escuela?

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La tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha vuelto a atraer la atención sobre la vehiculariedad del español en la enseñanza. A continuación, intentaré explicar los elementos nucleares del debate.

Me centraré en la situación de Cataluña. Algunos de los desarrollos que seguirán serán válidos para otras comunidades autónomas; pero prefiero limitar el análisis a Cataluña porque la regulación en materia educativa difiere en cada territorio y no es posible realizar aquí una consideración pormenorizada de todas las normativas autonómicas.

Lo primero que hay que aclarar es qué es la lengua vehicular. Con esta expresión nos referimos a la lengua en la que se enseña. No se trata de la lengua o lenguas que se enseñan, sino de la que se utiliza para explicar tanto materias lingüísticas como no lingüísticas. Es también la lengua para las comunicaciones dentro de la comunidad educativa.

El elemento normativo básico en relación a este tema es el artículo 3 de la Constitución, que establece el carácter oficial del castellano en todo el territorio nacional. De esta oficialidad, el Tribunal Constitucional ha derivado el derecho a recibir enseñanza en castellano (insisto en la preposición: “en” castellano, no solamente “de” castellano). Esto ya fue recogido en la STC 6/1982, y confirmado en la STC 337/1994.

La STC 31/2010 confirmó esta doctrina afirmando literalmente que ambas lenguas (el catalán y el castellano) “han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares”.

Así pues, el castellano, por exigencias constitucionales, ha de ser lengua vehicular, lo que implica que sea usada como lengua de comunicación por la comunidad educativa, sin que este carácter vehicular se vea satisfecho porque se impartan clases “de” castellano.

Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la práctica? El legislador estatal renunció a regular la concreción de este carácter vehicular; esto es, qué contenidos mínimos han de impartirse en castellano y qué utilización ha de tener el español en la escuela (rotulaciones, comunicación con las familias, etc.). Esta regulación estatal debería hacerse de manera que se respetaran las competencias autonómicas y teniendo en cuenta que la vehiculariedad del castellano no puede excluir la utilización de otras lenguas cooficiales, y ni siquiera impedir que esas lenguas cooficiales sean el “centro de gravedad” del modelo lingüístico de la escuela (STC 31/2010); pero lo anterior no elimina la competencia del estado en relación al derecho de recibir enseñanzas en castellano.

Es cierto que en el año 2013 se introdujo en la LOE la necesidad de que el castellano fuera vehicular en todas las comunidades autónomas; pero no se especificó en que debería traducirse este carácter vehicular, remitiendo a las administraciones educativas la determinación de la presencia “razonable” de castellano en la educación.

En el caso de Cataluña, la normativa autonómica no hace ninguna referencia al carácter vehicular del castellano y establece que la lengua de uso “normal” en la escuela es el catalán. Los tribunales han interpretado que nada obsta esta dicción si se interpreta en el sentido de que la utilización “normal” del catalán no implica la exclusión del castellano como lengua vehicular.

Pasemos ahora de las normas a la práctica de la administración. En los colegios catalanes la lengua que se utiliza con carácter prácticamente único en las comunicaciones dentro del centro y con las familias y para la enseñanza de todas las asignaturas excepto la de lengua castellana es el catalán. Así se desprende del análisis de más de 2000 proyectos lingüísticos realizado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) que puede consultarse aquí . Este informe documenta que en la práctica totalidad de los centros educativos en Cataluña la única lengua que se utiliza en las comunicaciones del centro y para la enseñanza de todas las materias no lingüísticas es el catalán; esto es, el castellano no es lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. La legislación catalana, que podría (y debería) ser interpretada en el sentido de que el que el catalán sea la lengua de uso normal en la escuela no excluye que el castellano también sea vehicular, es aplicada por la administración educativa en el sentido de que el catalán ha de ser la única lengua vehicular en la escuela.

Ante esta situación algunas familias han pedido ante los tribunales que se cumpla la exigencia constitucional de que el castellano sea lengua vehicular, lo que ha llevado a que se dictaran varias decisiones que, ante la falta de una previsión legal, han concluido que la presencia mínima de castellano en la educación ha de ser de un 25%. Por debajo de este porcentaje entienden que el castellano tendría el tratamiento de una lengua extranjera, lo que no sería constitucionalmente conforme.

En los grupos de los alumnos cuyas familias han recurrido a los tribunales se ha implementado este 25% de castellano en la educación, pero la Generalitat se ha negado a adoptar las medidas precisas para que el carácter vehicular del castellano sea realidad sin necesidad de que caso a caso cada familia deba emprender una actuación delante de los tribunales.

La situación que se vive, de exclusión en la práctica del castellano en las escuelas catalanas, podría resolverse si la normativa estatal fijara la proporción de enseñanza en castellano que daría cumplimiento a la obligación constitucional. Ciertamente, el porcentaje que fijara el legislador estatal debería ser respetuoso con las competencias autonómicas; pero ha de tenerse en cuenta que, como hemos visto, el Tribunal Constitucional ya ha reconocido la competencia del legislador para velar por el respeto al derecho de recibir enseñanza en la lengua oficial del estado.

El legislador estatal ha renunciado a realizar esta regulación y también a implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento por parte de las administraciones autonómicas de la obligación de que el castellano sea lengua vehicular. La denominada “ley Wert” diseñó un mecanismo por el cual en aquellos casos en los que la administración autonómica incumpliera esta obligación los padres podrían recurrir a la enseñanza privada, corriendo los costes a cargo de la administración autonómica; pero este artefacto fue declarado inconstitucional por razones que sería largo detallar aquí; pero a las que convendría añadir que no es de recibo que una ley estatal asuma como presupuesto de hecho el incumplimiento consciente y reiterado de las obligaciones constitucionales por parte de una comunidad autónoma. Si ese incumplimiento se da sería necesario ponerle remedio “a través de cauces constitucionalmente lícitos”, tal como nos recuerda el Tribunal Constitucional en su sentencia 14/2018.

En este escenario llega la reforma de la LOE que se está tramitando en las Cortes y que, de concluir con la redacción que ha sido propuesta por el PSOE, Podemos y ERC; eliminaría la referencia al carácter vehicular del castellano.

Consecuencia de esta modificación sería que el Estado renuncia ya no solo a establecer en qué se concreta la vehiculariedad del castellano en la enseñanza, sino incluso a reivindicar este carácter vehicular. Ciertamente, esto no cambia la doctrina que ha fijado el Tribunal Constitucional y que se deriva del artículo 3.1 de la Constitución; pero deja sin apoyatura legal los recursos ante los tribunales para exigir que el castellano no sea excluido de la escuela.

Además de lo anterior, al remitir la regulación de la enseñanza en castellano a la normativa aplicable, deja en manos de las comunidades autónomas la determinación de la presencia del español en la escuela. La LOE pasará de ser una norma que alegan quienes exigen ante los tribunales una presencia mínima de castellano en las escuelas a ser utilizada por las administraciones que mantienen dicha exclusión y que podrán utilizar la nueva redacción de la Disposición Adicional 38ª de la LOE como argumento en favor de que ha de ser la normativa autonómica a quien le corresponde determinar cuál es la proporción de castellano necesaria para dar cumplimiento a las exigencias constitucionales. En definitiva, el Estado habría trasladado a las comunidades autónomas la función de velar por el derecho de todos a recibir enseñanza en castellano.

Lo anterior no impide que continúen los recursos ante los tribunales para exigir una presencia mínima de castellano en la educación; pero debiendo basarse dichos recursos únicamente en el artículo 3.1 de la Constitución, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional.

Aparte de lo anterior, la nueva redacción es una renuncia clara del legislador estatal al ejercicio de sus competencias. En vez de abordar la exclusión que de facto sufre el español en la escuela en alguna comunidad autónoma, apoya a quienes mantienen que ha de ser la legislación autonómica la que concrete cuál ha de ser la presencia del castellano en las escuelas españolas; incluso en aquellos casos en que dichas administraciones optan por dar al español el tratamiento de una lengua extranjera.