La guerra de lenguas
Irene Lozano, especialista en lingüística hispánica y periodista, publicó en 2005 un libro muy interesante – “Lenguas en guerra”- con el que obtuvo el premio Espasa de Ensayo. Hoy, por esos avatares de la fortuna, descansa en un cargo público que poco tenía que ver con su brillante trayectoria académica y política: Secretaria de Estado de Deportes. Su tesis liguística es sencilla: pese a los ímprobos intentos del nacionalismo catalán por señalar todas aquellas diferencias, especialmente lingüísticas, que nos separan a los catalanes del resto de españoles, si se hurga un poco, solo un poco, se ve que casi no existen tales diferencias. Llevamos siglos juntos y las más de las veces en franca harmonía. Ese intento de diferenciarnos del resto de españoles, propiciado por Pujol durante más de un cuarto de siglo de gobierno, y luego por Maragall con ese invento de aquel nuevo Estatut; y esa patochada, por denominar de modo suave la ocurrencia maragalliana de solicitar la inclusión de Cataluña en la Unión de Estados Francófonos, han convertido el catalán como el signo de diferencia esencial con el que abanderar las ínfulas independentistas que esgrimen bien alimentados y acomodados burgueses con ansias de notoriedad. No lo han conseguido, no, pero han arrastrado a Cataluña a una división en dos mitades casi irreconciliables, que es como estamos ahora a este lado del Ebro.
El absentismo del Estado en toda la etapa de Rajoy, por pura vagancia y no por otra cosa, pues tenía mayoría absoluta para gobernar, además de cierta disponibilidad del PSOE para llegar a acuerdos; y antes, el entreguismo de Aznar, el ex presidente de frágil memoria, de competencias que ni siquiera le pedían con el fin de estar cómodo en su primera legislatura, sirvieron de base para el desmontaje del Estado en Cataluña a lo largo de estos veinticinco últimos años. Ahora a nadie debe extrañarle que con la ayuda de los jefes de Podemos y de los etarras diputados, los socialistas de nuevo cuño aprueben leyes como la de Educación de esta semana.
Pues sí, antes de ayer, como digo, el Congreso de los Diputados dio vía libre a una de las leyes mas estúpidas que en España han sido aprobadas. Y la estupidez no viene porque rebaje el nivel educativo a niveles difícilmente aceptables; o por ser otra ley de educación sin consenso, una más. No, por supuesto que no. Eso, a lo sumo, sería sectarismo, no solo imputable a este gobierno sino a casi todos los que sucesivamente han ido regulando la materia educativa a lo largo de estos últimos cuarenta años, e incluso antes, desde que Villar Palasí ocupó la cartera de Educción en los remotos tiempos del franquismo. La estupidez consistiría en haber suprimido de un manotazo el castellano como lengua vehicular en materia educativa. No se que dirá en el futuro el Tribunal Constitucional sobre tamaño dislate, pero mucho habrá de retorcerse la ya muy retorcida Constitución para que pase esta ley las horcas caudianas linguísticas. Hay, en cualquier caso, una prueba del algodón infalible en esta etapa de nuestra crispada vida política: lo que aplauden independentistas o Bildu + Podemos, constituye un nuevo peldaño para terminar de destruir nuestra cohesión nacional.
A la ministra Celaá, con sus dos hijas educadas en colegios privados y ya bastante creciditas, le importa bastante poco lo que le ocurra al común de los mortales. Esta pija extraviada de Neguri ya demostró como las gastaba, al acudir a la famosa manifestación feminista del de marzo, en plena explosión del COVID 19, pertrechada de guantes quirúrgicos protectores, mientras sus compañeras de juerga se contagiaban sin remisión. Parece increíble, pero es verdad: que el castellano, cuyo derecho y deber de conocer está esculpido en el artículo 3 de la Constitución, pueda llegar a dejar de ser la lengua vehicular del Estado, o sea de España, a voluntad de las Comunidades Autónomas. Es un contradiós que no resulta comprensible a no ser que lleguemos a la conclusión de que estamos gobernados por bárbaros y por negligentes. Y todo esto irá, en Cataluña, en detrimento de las personas con menos recursos cuyo rendimiento escolar descenderá todavía más, si cabe. Porque para muchas de estas personas es el castellano su lengua materna y, entonces, a la falta de recursos se unirá la añadida dificultad de aprender una lengua que no es la suya. ¿Es eso la igualdad que predican estos socialistas y populistas de nuevo cuño?
Si esto es el respeto a la Ley no se en qué consistirá su vulneración. Pilar Rahola, la omnipresente propagandista del independentismo, ha reiterado en diversas ocasiones que a los inmigrantes cuya pretensión sea instalarse en Cataluña debería exigírseles un determinado nivel de conocimiento del catalán. No mucho, el suficiente para fastidiar. Así es como la lengua catalana ha descendido a niveles de calidad ínfimos, y solo hay que escuchar a algunos políticos asimilados al independentismo, como Gabriel Rufián, para provocar profunda hilaridad (o tristeza, según se mire) sobre su forma de expresarse en catalán. Como escribía Irene Lozano en su anterior vida política de la mano de UPyD, “la conclusión es meridiana: más de la mitad de los niños se están escolarizando en una lengua que no es la que han aprendido a hablar en su casa”. Eso lo escribió en 2005, ahora el desbarajuste lingüístico de Cataluña es monumental. Y no importa cuantas batallas legales se ganen en los tribunales por quienes defienden el bilinguismo. A través de la administración y de los medios de comunicación públicos se ha expulsado el castellano de las aulas públicas o concertadas. Las estadísticas lo resisten todo, pero la realidad es la que es y los derechos de quienes quieren escolarizar a sus hijos en castellano son pisoteados de forma inmisericorde y persistente. Solo con buenos recursos económicos, se les pueda ofrecer a los niños una enseñanza privada como la que les dio a sus hijas la ministra Celaá. O sea en la lengua que hablan casi 600 millones de personas
Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Asesor del Ministro de Justicia (Landelino Lavilla) entre 1977 y 1979 . Colaboró en la redacción de la primera Ley Orgánica de la Democracia: Ley General Penitenciaria; e informó sobre varios artículos de la Constitución durante la etapa constituyente.
Fue Diputado en el Congreso de los Diputados durante la VI Legislatura, siendo Portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional (1996-2000). Comisionado por las Cortes Generales participó en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión, que luego se integró como Parte II del Tratado de Constitución para Europa y que ahora es parte del Tratado de Lisboa.
Ha llevado causas muy importantes y ha obtenido algunas sentencias que han creado jurisprudencia, como la que otorgó el amparo a Violeta Friedman, ante quienes negaban la existencia del Holocausto. Es abogado de importante empresas internacionales.
Premio de la Fundación “Doron” de periodismo 1991 por su artículo “Israel y los derechos humanos”.