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Los juicios mediáticos y la sociedad de la desinformación

Como sociedad, nos encontramos inexorablemente sumidos en el frenesí de la inmediatez. Muy lejos quedan ya los pacientes intercambios de correspondencia postal, las interminables consultas de manuscritos en las bibliotecas, o las llamadas desde un teléfono fijo. Desde la llegada generalizada de Internet a nuestros hogares, la urgencia se ha propagado como una onda expansiva y se encuentra arraigada –cada vez más y sin visos de retroceso– en los mismos cimientos de nuestra comunidad. Las cabinas telefónicas fueron sustituidas por “smartphones”, y con ellos llegó la explosión de las redes sociales y, también, el fenómeno de la “viralidad”.

Efectivamente, un acontecimiento puede convertirse en cuestión de minutos –si bien de manera momentánea– en “trending topic”, en tendencia, lo que viene a significar que una buena parte de la sociedad se encuentra en ese momento comentando u opinando sobre lo ocurrido. Y, a veces, en esa prisa por opinar, por apoyar públicamente a través de las redes sociales aquellas causas que “creemos justas”, erramos sustancialmente y atentamos –sin ser verdaderamente conscientes– contra nuestras propias instituciones y valores democráticos.

Un buen ejemplo de esos ataques silenciosos e inconscientes es la proliferación de los juicios mediáticos, siendo, además, peligrosamente común que se pierda la confianza en el propio sistema cuando llegamos al firme convencimiento de que nuestros postulados son “los correctos y justos”. Postulados que, dicho sea de paso, no se ven modificados en prácticamente ninguna ocasión, ni siquiera por una decisión judicial firme contraria a aquellos. Y aunque puedan no ser pocas las ocasiones en las que acertemos con esa primera intuición que nos nace al aproximarnos a unos acontecimientos o hechos concretos, no deja de ser una anticipación de un fallo judicial que no permite un ulterior recurso. Porque, generalmente, el juicio y condena sociales no admiten segunda instancia, hayamos errado o no en nuestra sentencia.

No obstante, no puede perderse de vista el papel que juegan los medios de comunicación en ese entramado y en cómo se presenta la información a los ciudadanos. Y es que, por lo que a la sociedad de la información respecta, la carrera por el titular más llamativo (“No dejes que la realidad te estropee un buen titular”) y el mayor número de visitas, siendo lo segundo una indefectible consecuencia de lo primero, supone a veces la pérdida de rigor en pos de la inmediatez. Y cuando el rigor informativo desaparece, el derecho a recibir una información contrastada y de calidad se ve connaturalmente mermado.

Llegados a este punto, cabe plantearse: si la información de la que disponemos no es rigurosa y contrastada, ¿podemos formarnos una verdadera opinión sobre un acontecimiento actual concreto? ¿Está entre nuestras obligaciones como ciudadanos el investigar suficientemente sobre un acontecimiento antes de opinar públicamente sobre él? ¿Y se halla entre las obligaciones de los medios la de combatir la infodemia en la que nuestra sociedad digital se ve inmersa?

En definitiva, ¿responden los medios a las demandas de la sociedad, adaptándose a ellas, o es la sociedad la que se encuentra necesariamente influida por la información que se le presenta? Si bien no hay respuesta correcta o incorrecta —porque se trata de una clara retroalimentación—, no debemos perder de vista la existencia de dos conceptos contrapuestos (aunque quizá presenten cierta analogía o, incluso, simbiosis): el “framing” o encuadre, y el sesgo de confirmación.

En materia de comunicación, el “framing” es la selección y el énfasis que los medios conceden a las características de un tema, y que promueven abiertamente en el público una particular evaluación sobre dicho tema. Dicho de otro modo, un encuadre es un envoltorio o definición que alienta ciertas interpretaciones y desalienta otras (Rodelo, Frida V.; Muñiz, Carlos, 2016). Por su parte, el sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas (Plous, 1993).

Dejando a un lado las elucubraciones sobre si el primer fenómeno es consecuencia del segundo o viceversa, lo que parece innegable es que existe una altísima y “todopoderosísima” magistratura que se (auto) posiciona técnica y moralmente por encima de Juzgados y Tribunales de cualquier orden, categoría y especialización, y que responde al nombre de redes sociales. Y, como decíamos, no suele admitir una revisión en segunda instancia. En este contexto, el problema aparece cuando confluyen la falta de información –porque no se nos haya suministrado con el suficiente rigor y contraste, porque nos baste nuestro propio sesgo para sentar cátedra, o por la confluencia de ambas– y la emoción incontenida de sumarse a una causa que, desde nuestra perspectiva, es la más justa de todas las causas.

Pero tampoco puede perderse de vista que, desde el momento en el que la televisión, la radio o la prensa hablan de “presunto culpable” o dedican grandes espacios a la elucubración y no “simplemente” a la información, ya están atentando –de manera silenciosa e involuntaria, si se quiere– contra el Estado de Derecho. Porque la presunción es siempre de inocencia hasta que se demuestre lo contrario –por muy cliché que esto pueda sonar –y una resolución judicial así lo acuerde. Y, también, porque la defensa de ese Estado de Derecho lleva ineludiblemente anudada la defensa de sus instituciones (Policía, Jueces o Fiscales, entre otros muchos actores), de manera que la pérdida infundada de confianza en estos agentes no hace sino perjudicar a las bases más elementales de nuestra democracia.

Expuesto cuanto antecede, vaya por delante el más profundo respeto y defensa del incuestionable derecho a la libertad de expresión, consagrado constitucionalmente en cualquier país democrático que se precie y, por supuesto, también a la prensa que, como decía Tocqueville, “es, por excelencia, el instrumento democrático de la libertad”.

Sirva únicamente el presente planteamiento como una llamada a la reflexión sobre aquello que los ciudadanos, como parte de esa sociedad de la inmediatez, demandamos; sobre lo que hacemos con el desorden informativo en el que desde hace un tiempo a esta parte vivimos; y sobre el rigor que cabría reivindicar tanto respecto de los medios de comunicación como de nuestras propias opiniones, al menos –y esto es únicamente un mínimo– cuando puedan afectar de lleno a la esfera de los derechos personales de otros individuos, y con ello a las más elementales estructuras de nuestra comunidad.

 

El peligro de los juicios paralelos mediáticos

Establece la Constitución Española, en su artículo 102, el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales, al disponer que éstas serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento (salvedad recogida en el art. 301 de la L.E.Criminal en la fase de instrucción) e igualmente la necesaria oralidad del proceso y el pronunciamiento de las sentencias en audiencia pública. La reivindicación de la publicidad, como forma de control externo e interno de la actividad judicial, constituye una de las contribuciones más meritorias del pensamiento ilustrado del siglo XVIII a la reforma del proceso penal. Ahora bien, el propio Tribunal Constitucional, en su STC 57/2004 incide en la idea del desarrollo del proceso en condiciones físicas y ambientales adecuadas, precisando «que la simple instalación de los normalmente complejos medios técnicos necesarios para captar y difundir imágenes podría, por sus exigencias de tiempo y espacio, en determinados supuestos, perjudicar el ordenado desarrollo del proceso indispensable para la correcta administración de justicia».

Un juicio paralelo es un proceso público de enjuiciamiento realizado por los medios de comunicación sobre un asunto que está siendo juzgado por los tribunales y que despierta un interés informativo. Cabe definir los juicios paralelos como el conjunto de informaciones, opiniones y valoraciones vertidas por medios de comunicación de forma continuada en el tiempo sobre la existencia o no de unos hechos, el grado de participación o no de determinadas personas, la relevancia jurídica de los mismos, culpabilidad o inocencia e incluso el reproche ético o moral que merecen las personas relacionadas con el procedimiento penal.

Doctrinalmente, la publicidad de la actuación judicial puede fundamentarse en dos vertientes: la derivada del derecho fundamental a un proceso público, constituyendo una garantía subjetiva del afectado; y otra derivada de la necesidad institucional de asegurar la transparencia de la Administración de Justicia, o lo que es lo mismo, contribuir al control de las actuaciones públicas del Poder Judicial por parte de la opinión pública. No cabe duda de que las redes sociales constituyen un elemento de amplificación y de mayor distorsión de los juicios paralelos. El tratamiento de la información en los juicios paralelos se traduce en una modalidad patológica de la información veraz y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas.

Los medios de comunicación dispensan un tratamiento y una cobertura absolutamente ilimitada, regular y constante, muchas veces exclusivamente por fines lucrativos, en la que además de informar sobre los hechos, proceden a realizar juicios de valor. Bien de forma velada, bien explícitamente, mediante comentarios o análisis, la mayoría de las veces, no debidamente contrastados, inapropiados, frívolos, de presuntos expertos o asiduos tertulianos carentes de conocimiento y formación, y, también policías, periodistas, abogados, psicólogos, psiquiatras, investigadores privados que participan en esos programas que suelen mediatizar la opinión pública. Con lo cual, directa o indirectamente, lo que muestran a la opinión pública, no es el proceso penal en sí, de forma aséptica y salvaguardando los derechos más esenciales del mismo, sino una suerte de noticias yuxtapuestas en la que la presentación del justiciable como culpable (en la práctica totalidad de las ocasiones) o inocente, lejos de suceder con el devenir de los acontecimientos, ocurre en los primeros albores del debate, siendo las subsiguientes informaciones meras formas de corroborar o abrir brecha en la decisión ya tomada, a la luz de no se sabe bien qué criterios.

Es indudable que para corregir la negativa influencia de los juicios paralelos se precisa más colaboración de la prensa y operadores judiciales, reforzar la comunicación del Poder Judicial y la formación jurídica. Especialmente, mejor formación jurídica de los periodistas dedicados a cubrir las noticias judiciales, con rigor terminológico y titulares y contenido acordes con la situación procesal y personal del investigado. Se ha escrito que el componente altamente incisivo de la información periodística sobre lo que acontece en el sistema de justicia termina sustrayendo la escena a la justica con toga. Lo que obliga a plantearse hasta qué punto dicha intervención compromete la eficacia de los derechos que conforman la idea del proceso justo y equitativo constitucional y convencionalmente garantizado y de otros derechos sustantivos muy vinculados a la idea de la dignidad personal.

Cierto es que la inmensa mayoría de los asuntos judiciales está fuera del foco informativo, o no son destacados por los medios de comunicación, ni son objeto de seguimiento o tratamiento en las redes sociales, al reputarse no noticiables. No obstante, cabe plantearse en qué medida casos de gran repercusión mediática, como el error judicial en el juicio de Rocío Wannikhof, el terrible asesinato del niño Gabriel o el del ataque grupal sexual, «La Manada», pueden incidir dañando la imagen de la Justicia y del Estado de Derecho.

El que determinados casos propendan a una gran repercusión mediática es consustancial a una sociedad libre, abierta y democrática. Ahora bien, debe evitarse que los estados de opinión pública lleguen a influir en el juicio oral cuando, en lugar de garantizar la libertad de información y de formación, y, de ejercer ese derecho con arreglo a las reglas éticas de fidelidad a lo que acontece en el juicio oral, se emita información tendenciosa y tergiversada, confusa y distorsionada, adelantando conclusiones precipitadas y aventuradas. Se trata de no generar un juicio mediático paralelo, sino de transmitir de la forma más fidedigna y fehaciente posible lo que está sucediendo en el desarrollo del juicio.

La manera de informar resulta fundamental para la correcta comprensión del caso. Acontece que, si el resultado del juicio no es el abanicado por esa mediatizada opinión pública, los medios e incluso algunas asociaciones de diferentes estamentos ponen en tela de juicio la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial dañando la imagen de la Administración de Justicia. Y si el resultado del juicio es el que se propugnaba al generar un determinado estado de opinión, se aplaude incondicionalmente con entusiasmo esa decisión judicial, aun cuando la misma no sea firme, poniendo presión al Tribunal de apelación o casacional. Es menester una labor periodística divulgativa. También resulta conveniente una mayor comunicación por parte del Poder Judicial y las Oficinas de prensa. En este sentido, un sector de la judicatura reclama la presencia de un magistrado portavoz que, cuando sea necesario, responda ante la opinión pública para aclarar algún aspecto de una resolución de interés general y realizar esa función, a la par pedagógica y divulgativa.

No es de recibo, pues, que los medios de comunicación realicen conjeturas precipitadas que puedan condicionar la credibilidad de la investigación policial o de la instrucción penal. Como ha declarado el Tribunal Supremo, el derecho a la libertad de información y a la libre opinión son ejes centrales de nuestra arquitectura constitucional. Pero su ejercicio, cuando se refiere a investigaciones policiales o procesos judiciales, plantea puntos de fricción y problemas importantes. La forma en que se den las noticias puede lesionar el derecho a la presunción de inocencia y puede condicionar o afectar a la necesaria imparcialidad del juez o tribunal.

La patología de este tratamiento informativo son los llamados «juicios paralelos«, en los que, a partir de informaciones sesgadas, incompletas o filtraciones, debidamente dosificadas, se da lugar a que la opinión pública tome postura sobre un determinado caso, en contra o a favor de un investigado, de forma precipitada y sin conocer todas las circunstancias del acontecimiento. Dos situaciones pueden darse en los juicios paralelos que pueden vulnerar el derecho a la presunción de inocencia: antes de la sentencia judicial, cuando la opinión pública se convence de la culpabilidad o inocencia del acusado; y durante el proceso judicial, referido al riesgo de que el juez o jurado se vean influidos por la transmisión mediática.

 

En ningún caso resultará admisible el insulto o las calificaciones claramente difamatorias. No deben desvelarse innecesariamente aspectos de la vida privada o de la intimidad que no resulten relevantes para la información. La libertad de información no puede emplearse para condenar a una persona investigada a la denominada «pena de telediario«, ni para destruir la dignidad y reputación de una persona, exponiéndola a una condena social con el rechazo de la comunidad, sin haber sido juzgada. Debe respetarse la presunción de inocencia y no efectuar aventurados y especulativos juicios anticipatorios a los pronunciamientos judiciales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado el establecimiento de zonas de exclusión o de limitación de la intervención periodística durante el desarrollo del proceso siempre que se identifique una razón de necesidad para preservar los fines de la Justicia y del proceso debido. En especial, el derecho a la presunción de inocencia de la persona sometida al proceso y la confianza social en el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. La transparencia informativa puede y debe canalizarse a través de un reportaje neutral, sin necesidad de crear artificiosa y tendenciosamente estados de opinión, ni efectuar juicios paralelos al itinerario procesal judicial con ánimo de influir y mediatizar el quehacer jurisdiccional. Informar es también formar y educar.

Queridos medios, que el gobierno no os quite la silla

Walter Lippman concluyó en su famoso tratado de 1922, Opinión Publica, que no existe un buen gobierno sin buena información. A su vez señalaba el gran problema, la falta de desarrollo a lo largo de la historia occidental de una «maquinaría de información» («machinery for reporting«) que pudiera servir a los gobernantes. Desde que Aristóteles estructuró los principios de buen gobierno en el siglo IV A.C. hasta comienzos del siglo XX, para Lippmann no se había producido apenas un avance informativo lo suficientemente efectivo.

Los medios de comunicación emergen mucho antes, en el siglo XVIII, como parte de la solución, pero con un número de deficiencias que les impedía convertirse en ese centro de inteligencia al servicio del buen gobierno que vislumbraba Lippmann. Sin embargo, la evolución de los medios de comunicación de masas en las décadas que siguieron sus reflexiones había alcanzado un grado considerable de sofisticación como para monopolizar el mercado de la información sobre los asuntos públicos.  En esa esfera pública de la segunda mitad del siglo XX convive un periodismo crítico y de calidad de los mejores medios de comunicación con una información manipulada al servicio de intereses corporativistas destinada a vender productos, servicios e, incluso, ideas políticas, como concluyó Jünger Habermas a principios de los 60 en su Historia Crítica de la Opinión Pública.

Actualmente, nos encontramos ante una esfera pública digital donde conviven la información que difunden los medios de comunicación, a veces de calidad, otras, manipulada, con la que generan millones de internautas así como grupos de interés públicos y privados a través de unas redes sociales que intermedian unos nuevos actores, las plataformas tecnológicas. Surge en este contexto digital el fenómeno de la desinformación cuya definición oficial en Europa es: “información falsa que se comparte con la intención de causar un daño” (Wardle, Dearkhshan. 2017)

Una Orden Ministerial aberrante desde la óptica constitucional

El auge de la desinformación está presentando uno de los riesgos más temidos de cualquier democracia constitucional: que el gobierno decida en nombre de sus ciudadanos qué es o no información veraz. Tenemos el mejor ejemplo aquí en España. Me estoy refiriendo concretamente al Procedimiento de actuación contra la desinformación que, para la sorpresa de españoles y europeos, aprobó el Consejo de Seguridad Nacional del actual gobierno vía Orden Ministerial el pasado 30 de octubre.

Esta Orden Ministerial ha caído como una bomba de relojería entre las asociaciones de la prensa en España porque critican abiertamente que no se haya incluido al sector en la relación de órganos que conforman una nueva estructura contra la desinformación dentro del Sistema de Seguridad Nacional. Y por supuesto también en Bruselas. “A qué viene esto ahora” se dice en los círculos de Bruselas, según el eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, al que entrevisté en su condición de vicepresidente de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea. “Los criterios establecidos por la Comisión y asumidos por el Parlamento es que tiene que haber una estrategia contra la desinformación con un criterio muy inclusivo: gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, usuarios, empresas tecnológicas.”

Además de fallar en el criterio inclusivo que siguen las instituciones europeas, la Orden Ministerial adolece de fallos de fondo serios. No delimita los conceptos, “información veraz” y “desinformación” y no establece un procedimiento concreto ni las correspondientes garantías. La Orden, por tanto, genera un sin fin de riesgos políticos y regulatorios que amenazan derechos nucleares en el buen devenir del Estado Constitucional, como el derecho a recibir y comunicar libremente información veraz, regulado en el artículo 20 de nuestra Constitución.

La doctrina y la jurisprudencia constitucional en derecho de información establece que los sujetos protagonistas de su ejercicio son los ciudadanos y los medios de comunicación, éstos últimos adquieren además un estatus de protección específico para poder desempeñar su función. La misma jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha ido delineando los elementos constitutivos de la veracidad a la que se habría de recurrir para resolver muchas de las cuestiones que hoy se plantean en torno a este delicado asunto.

Pero los medios están agónicos

El problema actual es que los medios de información en España se encuentran en una crisis de supervivencia sin parangón. Son muchas las razones. La crisis financiera del 2008, la revolución tecnológica, el cambio de modelo de financiación. Muchas. Y además sufren, en general, de un descrédito como institución (similar, por otro lado, al que sufre el gobierno y otras instituciones de nuestro Estado de Derecho). Una de las razones del descrédito institucional generalizado de nuestros medios es la falta de niveles adecuados de transparencia en la propiedad, en la gobernanza, en la financiación y en los criterios de producción y difusión de información veraz, su principal activo y servicio.

En el último Informe sobre el Estado de Derecho que publicó la Unión Europea el 30 de septiembre de este año, se subraya la falta de transparencia en la titularidad de los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita. Concretamente el informe, remitiéndose al Media Pluralism Monitor 2020, considera que “incluso para los expertos es difícil tener una idea clara y precisa de la titularidad de cada empresa.”

Es lo que llevamos insistiendo desde hace una década en la Fundación Compromiso y Transparencia a través del Informe de transparencia y buen gobierno sobre independencia y credibilidad editorial de los grupos de comunicación, un análisis integral de 21 medios de comunicación en relación a cómo estructuran su área de propiedad y de gobierno corporativo, cómo gestionan los riesgos derivados de la financiación tanto empresarial como institucional, cómo protegen la independencia de los periodistas en las redacciones y qué tipo de guías metodológicas existen para producir información veraz.

Entre las conclusiones de este año, que hicimos públicas el pasado martes, están las deficiencias en la configuración de la propiedad y del gobierno en los medios analizados, una gran asignatura pendiente de los propietarios de los medios en España. También está la total opacidad en relación con la publicidad institucional, que presenta el grave riesgo de que los medios queden supeditados a la voluntad del gobierno que les concede las ayudas. Un ejemplo ilustrativo: la Generalitat de Cataluña es el gobierno autonómico que más medios subvenciona, sobre todo los más próximos a la corriente independentista.

Nos guste o no, sin medios fuertes no hay verdadera democracia

El Informe compara estos pobres resultados con la excelencia que registran en estos ámbitos cinco empresas de medios líderes en el mercado del periodismo de calidad: el New York Times Co., News Corp., Guardian Media Group, The Economist Group y The Washington Post. Estas empresas están alcanzando un éxito tanto financiero como editorial porque han trabajado en su integridad y cuentan con la confianza de un número cada vez más creciente de lectores que buscan islas de conocimiento y de verdad en el mar de desinformación. Como dice el corresponsal del Guardian, Giles Tremlett, y colaborador de nuestro informe, “hacer buen periodismo, nada más, funciona”.

En el informe indico que las palabras clave en el negocio informativo en estos momentos son “desinformación” y “suscripción”. A mayor desinformación, mayor necesidad de los lectores e internautas más cualificados de suscribirse a medios de calidad. Pero para lograr eso, la transparencia y el buen gobierno son imprescindibles para reforzar la credibilidad institucional.

Como dice uno de los mayores expertos en propiedad de los medios, el profesor de la Universidad de Navarra Angel Arrese, y colaborador del Informe, “si se tira la toalla en este empeño, las alternativas no son muy halagüeñas: que el periodismo quede en manos de los gigantes tecnológicos, como alertaba recientemente The Economist (Should big tech save newspapers? 17 de octubre de 2020); que los Estados intervengan el sector de los medios ante la incapacidad del mercado para producir buena información (directamente, como ya desean muchos políticos, o indirectamente mediante ‘salvadoras’ subvenciones); o que lo que una vez llamábamos periodismo quede diluido en un caos de desinformación, (mis)información e información maliciosa (mal-información).”

Hay esperanza en España gracias a determinados editores, de inclinación ideológica dispar, pero con firme vocación periodística y de independencia. Uno sería Ignacio Escolar, el editor de Diario.es, un medio que apuesta fuertemente por construir transparencia con sus lectores, y otro Fernando de Yarza, el propietario del Grupo Henneo y Presidente de la WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Editores. Concretamente De Yarza, que intervino en la clausura del acto de presentación del Informe explicó su “receta del periodismo futuro, que tiene que darse bajo tres parámetros: periodismo de calidad, independencia y sostenibilidad económica y transparencia”.

Dedómetro VIII: La Agencia EFE o como las entidades públicas no deberían ser propiedad del Gobierno

El cese del actual presidente de la Agencia EFE Fernando Garea ha sido una de las noticias que han sacudido esta semana la política española. Tan solo un mes después de la formación del nuevo gobierno de coalición han comenzado a producirse los primeros ceses y nombramientos de presidentes de varias entidades públicas, la Agencia EFE entre ellas. Este hecho no hace sino confirmar lo que desde la Fundación Hay Derecho hemos denunciado en el Estudio sobre la meritocracia en la designación de los máximos responsables del sector público estatal y autoridades independientes: la politización y constante rotación de los presidentes de las entidades públicas con la llegada de cada nuevo gobierno, incluso (como sucede en este caso) con el mismo partido en el poder, aunque se trate de un gobierno de coalición con Podemos.

La Agencia EFE es una de las entidades que hemos analizado en el estudio y actualmente es la tercera entidad pública mejor valorada según nuestra metodología. Sin embargo, decisiones como éstas rebajarán su posición en nuestro índice de meritocracia pues, con independencia de la valía de su sucesora al frente de la Agencia EFE, lo cierto es que la rotación la penaliza. Desde la Fundación Hay Derecho venimos alertando sobre los peligros de la constante rotación de la dirección de entidades públicas y especialmente en sectores tan sensibles como son los medios de comunicación. Recordemos que los presidentes de la Agencia EFE, la agencia de comunicación y noticias más importante en español y cuarta a nivel mundial, han contado tradicionalmente con una larga trayectoria previa y un conocimiento amplio sobre los medios de comunicación y su gestión. De ahí que la agencia haya obtenido un buen resultado en nuestro estudio. El propio Fernando Garea era un periodista con más de 35 años de experiencia en medios y llevaba presidiendo la Agencia EFE desde julio de 2018 por designación del anterior gobierno de Pedro Sánchez. Le sucederá Gabriela Cañas, licenciada en Ciencias de la Información, periodista de larga trayectoria y experiencia en “El País” y directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación entre 2006 y 2008 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En cuanto a las explicaciones del cambio no pueden ser más evanescentes. El ejecutivo dice haber prescindido de Garea debido a la “necesidad de renovar los recursos humanos en las empresas públicas”, unas explicación que no se sostiene cuando el directivo lleva un año y medio en el puesto. La decisión apunta a que el gobierno no tolera directivos profesionales y neutrales. En ese sentido, no deja de ser llamativo que Pablo Iglesias en su día llegara a calificar como purga la salida del periodista de “El País”. No parece que ahora tenga la misma impresión.

En el caso de la agencia EFE lo preocupante no es tanto la falta de experiencia o/y formación de sus máximos directivos (como en el caso de otras entidades públicas) sino su politización, ligada ahora a los cambios de gobierno incluso con el mismo partido. En su carta de despedida Fernando Garea afirmaba que las entidades públicas no son propiedad del Gobierno y por lo tanto no deberían estar sujetas a relevos según el color del ejecutivo. La presidencia de la Agencia EFE –como el resto de entidades públicas- debería tener un mecanismo de selección de su presidente que fuera público, transparente y meritocrático y sujeto a un contrato de desempeño y no a los cambios políticos, tal y como se hace en otros países de nuestro entorno como recordamos en nuestro estudio.

La constatación de que algunas de las prácticas que apuntábamos en el Estudio del Dedómetro no solo no cesan, sino que se extienden a cada vez más entidades es preocupante. Como hemos indicado otras veces la calidad de nuestra democracia depende del buen funcionamiento de sus entidades públicas y, por tanto, de que sean los mejores profesionales – independientemente de su signo político— los que estén al frente de ellas.

Dedómetro VII: RTVE, el control de la información

Es indudable que en una democracia los medios de comunicación se han convertido en una pieza fundamental que sirve de contrapeso al poder político. Por algo la prensa, la radio o la televisión han sido denominadas “el cuarto poder” junto al poder ejecutivo, legislativo y judicial.

En el proyecto del Dedómetro analizamos una entidad que cumple una función muy relevante en el ámbito de la información: Radio Televisión Española (RTVE). Una sociedad mercantil cuyo objetivo es la difusión de contenidos y noticias. Sin embargo, a pesar de su carácter público y estratégico la dirección de RTVE no ha gozado de la independencia que debería y se ha visto sujeta al “turnismo político”. Los gobiernos han visto en RTVE una herramienta para influir en la opinión pública y controlar la información “oficial” que recibe la sociedad española.

A diferencia de otras compañías públicas parecidas como puede ser la BBC británica, estatal pero independiente, que no queda sujeta a los cambios de gobierno, y que es conocida por su neutralidad y profesionalidad, RTVE ha ido variando de máximo ejecutivo con cada nuevo gobierno. RTVE ha sido, por lo tanto, el perfecto ejemplo de una entidad sujeta a los cambios en Moncloa, en la que los criterios de confianza y afinidad han primado a la hora de seleccionarlo.

Si retrocedemos en el tiempo hasta la llegada del Partido Socialista a la Moncloa en el año 2004, vemos que una de las primeras designaciones fue la de María del Carmen Caffarel Serra, profesional de la comunicación y docente en la Universidad Rey Juan Carlos, como nueva presidenta. En escasos dos años le sustituiría Luis Fernández Fernández, con experiencia como director de informativos en medios como la cadena SER o Canal +. Su sucesor en el puesto, también nombrado por el gobierno socialista, Alberto Oliart Saussol antiguo ministro de UCD, fue un candidato muy veterano consensuado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, lo que no impediría que los populares acusaran de manipular los informativos bajo su mandato. En todo caso también hay que destacar que este fue un periodo relativamente más profesional en lo que se refiere a la dirección de RTVE coincidiendo con un cambio de normativa que suprimió la publicidad en televisión.

Todo esto cambió con la llegada del Partido Popular al Gobierno en 2012. La persona elegida por el nuevo gobierno, Leopoldo González Echenique, un abogado del Estado, una persona de confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no provenía del ámbito de las comunicaciones o la información, sino que había desarrollado su carrera profesional en distintos ministerios habiendo sido Director General de Servicios de la Sociedad de la Información durante el gobierno anterior del PP. Su experiencia previa en relación con el cargo a ocupar era, por tanto, inexistente. Quien le sucedería a los dos años, José Antonio Sánchez Domínguez también era una persona de confianza de los populares que sí había desempeñado tareas similares en cadenas como Telemadrid, habiendo sido también el jefe redactor en ABC y anteriormente el director general de RTVE con José María Aznar. Se volvía al modelo de total politización de RTVE.

Finalmente, en junio de 2017 parecía que se avanzaba hacia la profesionalización de la dirección en RTVE con la aprobación por parte de todos los partidos políticos de una reforma por la que el presidente de la entidad pasaría a ser elegido mediante un concurso público y por consenso, es decir, con una mayoría de al menos dos tercios del Congreso. Sin embargo, los partidos fueron incapaces de poner en marcha el concurso. Así que tras la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa el nuevo gobierno aprobó, mediante un Real Decreto validado por el Congreso, el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única provisional hasta que se resolviera el proceso de elección del Consejo de Administración de RTVE. Mateo, profesional con más de 40 años de experiencia en Radio Nacional de España, TVE y Antena 3, que hasta la fecha no había desempeñado ningún cargo de naturaleza política, ha continuado al frente de RTVE durante todo este año y medio— mucho más tiempo de lo previsto inicialmente— sin un Consejo de Administración, no solo debido a la falta de gobierno sino también a los desacuerdos para lograr elegirlo.

Ahora que finalmente tenemos gobierno la administradora de RTVE ha anunciado que presentará su dimisión tal y como había prometido a la hora de ocupar este cargo para que se reanude el proceso de elección del presidente. El debate que se abre ahora es si se logrará desbloquear el proceso de elección del nuevo Consejo de Administración para poner fin a la politización del ente dando un paso fundamental para avanzar hacia la profesionalización y la independencia de las radios y las televisiones públicas españolas. Que buena falta hace.

RTVE, ¿la última oportunidad?

En campaña electoral todos los partidos políticos parecían muy preocupados por la situación de RTVE. El propio Mariano Rajoy hablaba de un modelo deseable para RTVE similar al de la BBC.

Costó conseguir los apoyos para conformar Gobierno y finalmente un acuerdo de investidura alumbró el nuevo mandato de Rajoy. En el acuerdo con Ciudadanos se recogía expresamente la necesidad del cambio en la forma de elección de los órganos de gobernanza de RTVE (Punto 130). Fue una de las conquistas del partido naranja para la regeneración democrática y de las instituciones, se decía. El PSOE se abstuvo en el debate de investidura facilitando con ello ese Gobierno y junto a Unidos Podemos clamaban también por un cambio de rumbo en la empresa pública.

La criatura, en forma de Ley, tardó en gestarse “solamente” nueve meses desde la conformación del nuevo Gobierno (4 de noviembre de 2016). Parecía que la voluntad política de los cuatros grandes grupos parlamentarios y prácticamente toda la cámara, conseguía un consenso inédito. Parecía.

Cuando han transcurrido más de dos meses desde la aprobación del nuevo sistema de elección del Presidente y Consejo de Administración de RTVE y más de un año de la conformación del Gobierno, voces de alarma alertan sobre la buena salud de esa voluntad política. El parlamento, dicen algunas fuentes, se encuentra enfangado, sin apenas actividad legislativa y la poca que tiene, lastrada por la falta de celeridad en la toma de decisiones, es decir, falta de voluntad política.

El 31 de diciembre próximo termina el plazo acordado por sus Señorías para conformar el Comité de Expertos que debería dirigir el proceso de selección, por concurso público, de los nuevos máximos dirigentes de RTVE. Pues bien, a menos de un mes para agotar ese plazo no parece que los implicados demuestren demasiada prisa en cumplir con la Ley que ellos mismos aprobaron. ¿Si realmente no querían un concurso por qué lo aceptaron? ¿Si preferían “solamente” volver al consenso de la anterior forma de elección, por qué no votaron esa opción?

Algunos piensan que lo del concurso es un “lío” y que bastante “lío” tienen en Cataluña. ¿Todo un país parado por la crisis de Cataluña?. Mas bien se trata de una excusa, poco creíble, para justificar una marcha atrás en el consenso alcanzado.

Para emprender el camino de una regeneración democrática verdadera no hacen falta declaraciones grandilocuentes o leyes y acuerdos de investidura que se incumplen, se necesitan hechos ciertos y parece que nuestros representantes han olvidado demasiado pronto la palabra dada.

La regeneración democrática necesita de unos medios públicos independientes, plurales, rigurosos, diversos y alejados de toda interferencia de los poderes políticos y económicos, para ello sus gestores, a todos los niveles, deben gozar de un prestigio e independencias alejados del juego político. Si el consenso alcanzado en septiembre se viese frustrado en las próximas semanas los partidos políticos tendrán muy difícil explicar el porqué. Cataluña no puede ser la excusa. Ellos mismos se enorgullecen al decir que la situación en Cataluña ha vuelto a la “normalidad”, pues bien, llevemos a RTVE a la normalidad democrática europea. Sin dilaciones tácticas, sin juegos al escondite, de forma transparente, sin los “pasteleos” del pasado.

¿Queremos una democracia del siglo XXI? La regeneración de RTVE es el primer paso, necesario pero no suficiente, para emprender ese camino. Si la democratización de RTVE continuase empantanada y sin una solución rápida, algunos habrán traicionado su palabra y también a los ciudadanos que les apoyamos.

RTVE está dirigida desde 2012 por presidentes propuestos por el PP y sin consenso con la oposición. El actual presidente, José Antonio Sánchez, fue votado en solitario por su partido. El Sr. Sanchez se ha jactado en sede parlamentaria de votar al PP. El Consejo de Administración tiene mayoría de miembros del PP. Desde entonces, casi seis años, el recurso presentado por el PSOE ante el Tribunal Constitucional sobre el uso de un Real Decreto Ley para la reforma del sistema de elección anterior, por consenso (mayoría de 2/3), sigue pendiente de resolución. ¿Tanta celeridad entonces y tanta parsimonia ahora?

Algo nos estamos perdiendo. Cataluña, la crisis de Cataluña lo inunda todo. ¿No será una cortina de humo que sirve para tapar otras muchas cuestiones? ¿Son incapaces 700 parlamentarios de sacar adelante un reglamento? ¿O será que esa voluntad política regeneradora no era tal? ¿Será que algunos quieren repetir la experiencia de Telemadrid?  Un año y medio para nombrar a un director general elegido previamente por PP y Cs y que pasó un concurso por puro trámite con la aquiescencia del PSOE? Flaco favor sería ese a la democracia española.

Resulta insultante escuchar al Ministro Montoro de quien depende RTVE. En primer lugar es algo completamente inaudito que un medio de comunicación del Estado dependa del Ministerio de Hacienda. Cultura y Educación sería la dependencia deseable y solo a efectos administrativos que nunca políticos, como la BBC. Decir en sede parlamentaria que “RTVE ya es independiente, ya es plural y ya tiene un gran rigor en sus contenidos”  es simplemente faltar a la verdad y a la mínima ética exigible a un político.

Recordemos que el Sr. Montoro, con la aquiescencia del Sr. Rajoy, recortaron el presupuesto de RTVE hasta un 25% los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y solo abrieron la mano en los años 2015, 2016 y 2017 (que hubiera elecciones generales en el horizonte o la debacle a la que habían sometido a RTVE tuvieron bastante que ver). Es obvio que otra forma de control de rtve es su presupuesto. Le invito a conversar con su mano derecha en RTVE,  Enrique Alejo, Director General Corporativo que gracias a los fondos públicos de RTVE ha visitado algunas corporaciones públicas europeas y la UER (Unión Europea de Radiodifusión), donde efectivamente se cumplen los principios de independencia, pluralidad, rigor y diversidad.

Por último, una propuesta.

La Constitución española debe incorporar un nuevo estatus para RTVE, blindándola de posibles usos partidarios y asegurando una financiación estable y suficiente para el cumplimiento de sus funciones de servicio público. Cuando los legisladores afronten la reforma de la Constitución de 1978 que esta semana cumplió  39 años, deberían asegurar la estricta neutralidad de los medios públicos, de esa forma se aseguraría la igualdad de oportunidades de acceso a dichos medios para todas las diferentes opciones de vida, creencias, políticas, religiosas, etc…existentes en la sociedad.

Pre-juicios y perjuicios paralelos

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Contra las ruedas de prensa sin preguntas, o también: no le digas a mi madre que soy periodista

Periodismo: m. Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades.

Los políticos utilizan permanentemente los medios públicos y privados para confeccionar y emitir propaganda, pues no otra cosa son muchas de sus declaraciones, haciendo afirmaciones o estableciendo como datos fiables lo que en gran cantidad de ocasiones es, simple y llanamente, publicidad.  Se ha dicho por parte de asociaciones de prensa, y con razón, que son prácticas muy habituales el enviar a los medios periodísticos material previamente filtrado, la falta de transparencia, la pretensión de convertir a los gabinetes políticos en proveedores cuasi exclusivos de la información o la intención de manejar las agendas diarias, y en definitiva, la manipulación en el más amplio sentido. Todo eso es un misil en la línea de flotación de la independencia periodística, lo que implica que la información –no ya solamente la opinión- llegue al ciudadano tergiversada, alterada, disminuida, falseada.

Un ejemplo supremo de práctica lamentable en este sentido es ese engendro mal llamado ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas. Pueden desarrollarse en su modalidad básica (yo hablo y vosotros me escucháis sin molestarme con vuestras objeciones),  modalidad mira quién pregunta  (hay preguntas pero las hace mi jefe de prensa o están previamente pactadas, que es como saberse antes las preguntas del examen), y, finalmente, la modalidad premium,  (ya ni estoy delante, me veis a través de una pantalla de plasma).

Es un espectáculo verdaderamente desolador contemplar cómo el político de turno hace un mitin en el que los espectadores silenciosos son decenas de periodistas con sus ordenadores y sus cámaras. Y lo es por varios motivos, no siendo el menos importante la imagen de subordinación del periodista al político.

Las ruedas de prensa sin preguntas son un no-sitio si se quiere ejercer la profesión periodística. El periodista es alguien que recoge la información, efectúa un tratamiento sobre ella, la ordena, analiza críticamente, contextualiza, complementa y aclara si fuere necesario, y la ofrece a sus destinatarios. Nada de esto se hace en aquéllas. El que acude se limita a trasladar una serie de datos que le proporciona alguien, en el tiempo, modo y contexto que a ese alguien le es más conveniente, y ni siquiera recoge materialmente la información, eso lo hacen las cámaras o los micrófonos. Su presencia no es necesaria.

Es realmente sorprendente y sintomático que una situación de este tipo, que tanto deteriora la imagen y el trabajo de la profesión periodística, no haya sido atacada de frente y en bloque por el estamento de prensa, planteando una negativa absoluta a acudir a estas mascaradas.  Si los políticos quieren decir algo pero sin someterse al escrutinio periodístico, que sus gabinetes remitan una nota de prensa, pero que no se les dé voz e imagen gratuitas para hacer llegar su propaganda a la sociedad, sin filtros y sin réplicas.

Lo cierto es que ya hace muchos años que los propios medios de comunicación se plantean cómo hacer frente a esta plaga, vean por ejemplo este artículo de 2004,  o esta denuncia al respecto de una asociación de periodistas en 2012, o estas declaraciones de la prestigiosa periodista Carmen de Riego en 2009, admitiendo que los periodistas son cómplices por admitirlas, o incluso hay animosas etiquetas de queja en twitter, como #sinpreguntasnohaycobertura…

…Pero, a pesar de todo, siguen existiendo. Un caso recientísimo de rueda de prensa sin preguntas se produjo el día 29 de octubre de 2016, en el que el ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso  su renuncia al acta de diputado. No admitió preguntas ante una sala abarrotada de periodistas que se limitó a escucharle, pero al día siguiente apareció en el programa de televisión Salvados, de Jordi Évole, quien le hizo una entrevista amiga. Esto tuiteó al respecto Pilar Salvador, periodista de la Cadena Ser: Sánchez no acepta preguntas y mañana tiene cerrada la entrevista con Évole. Bravo por Évole. Pero así no. #investidura.

Efectivamente, así, no.

El Diccionario Oxford ha considerado que la palabra del año es postruthpostverdad, que define como una situación en que “los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”, es decir, básicamente una apelación a la irracionalidad para no aceptar en ningún caso opiniones de el otro: el otheringalgo contra lo que el periodismo serio debe combatir. Una rueda de prensa sin preguntas es, además de un oxímoron, una fuente de postverdades. Y con el uso que se hace de las redes sociales, estamos sobrados de ellas, o si no que se lo pregunten a @realDonaldTrump…

No se vea todo esto una crítica a los propios periodistas sino a los propietarios de los medios, ellos son los responsables de estas anomalías. La profesión periodística se encuentra en estos momentos en una situación de gran debilidad, peor pagada –y a veces ni eso- más inestable laboralmente que hace algunos años, sobrepasada por la frivolización de las noticias, por los clics en las webs, por los titulares de internet de usar y tirar, por tener mucho menos tiempo que antes para hacer mucho más que antes… Su labor esencial, captar y tratar la información para ofrecer un retrato veraz de los hechos, está trabada, no solamente por las dificultades propias y naturales de una tarea así, sino porque están continuamente segando el suelo bajo sus pies.

La enorme crisis económica de los medios, derivada en gran parte –aunque no de manera exclusiva – por la crisis general que empieza en 2008, provocó y sigue provocando despidos masivos en todos ellos, y una notable degradación del trabajo para los que se han quedado.  Se calcula que desde 2008 a 2015 han cerrado en España más de 350 medios de comunicación y más de 12000 periodistas han sido despedidos. Prestigiosas redacciones han quedado desmanteladas, y quienes hacen el trabajo son en muchas ocasiones autónomos o becarios mal pagados. En ocasiones se pretende que no cobren nada, que trabajen gratis porque tienen suficiente remuneración con el prestigio de escribir, o participar en general, en un determinado medio (en muchas redes sociales se ha acuñado por parte de los periodistas un lema a este respecto: “gratis no  trabajo”). Se pretende, además, que la producción de cada periodista sea muy elevada, y de asuntos muy variados.

Producir mucho, de todos los temas, muy barato y muy rápido, y bajo una gran presión laboral, es un cóctel explosivo que degrada notablemente el trabajo y el prestigio de la profesión periodística. Para denunciar y combatir este tipo de comportamientos o de prácticas es imprescindible una prensa independiente y con medios e intención de controlar al poder, sea el político, sea el económico o ambos.  Si no hay periodismo de calidad hecho por profesionales competentes, se desactiva uno de los instrumentos de control y denuncia más importantes. Y si no hay control, ancha es Castilla.

Se atribuye al periodista y escritor Tom Wolfe la frase no le digas a mi madre que soy periodista. Ella cree que trabajo como pianista en un club de alterne.  No es seguro que esos clubes necesiten aún pianistas, pero no hay nada de postverdad en decir que los ciudadanos necesitamos, más que nunca, periodismo y periodistas.

Espinete ya no existe. La situación de RTVE.

Alguien preguntó, con motivo del 60 aniversario de tve, dónde se encontraba Espinete. Nadie encuentra al famoso muñeco que durante años entretuvo las tardes de los niños españoles. Al parecer, ha desaparecido de Prado del Rey. No se sabe si estará en algún almacén o entre los escombros de algún edificio con amianto. El hecho es que Espinete no aparece por ningún lado. ¿Qué ocurriría si fuéramos a buscar un incunable a la Biblioteca Nacional o un óleo en los almacenes del Museo del Prado? rtve y su historia son parte del acervo cultural de nuestro tiempo, así debemos entenderlo y ser consecuentes con su importancia.

Esta pequeña anécdota nos sirve para ilustrar la situación en la que se encuentra rtve. Rtve está desaparecida, perdida, no la reconocemos, no la encontramos, está desdibujada, difuminada, sin rumbo. Es nuestra responsabilidad luchar por su recuperación.

Lo que fuimos. Quien tuvo, retuvo.

España ya tiene nuevo gobierno. Hay que ponerse a trabajar rápidamente para recuperar el tiempo perdido. Dentro de las tareas más importantes del nuevo ejecutivo se encuentran aquellas encaminadas a recuperar la credibilidad de las instituciones públicas que han salido muy deterioradas de la crisis que además de económica, ha sido y es, de confianza.

Uno de los sectores más sensibles a la pérdida de esta confianza son los medios de comunicación, construir su credibilidad e independencia pueden significar años de esfuerzo; perderla, apenas un suspiro. La sociedad española tiene una asignatura pendiente con sus medios públicos.

La implosión de la importancia de los medios de comunicación en las sociedades europeas tuvo lugar al mismo tiempo que España sufría una dictadura. De aquellas aguas, estos lodos. Radio Nacional de España (rne) inició sus emisiones durante la Guerra Civil, Televisión Española (tve) hace 60 años, en plena dictadura del General Franco y la web de rtve (rtve.es) nació apenas hace 9 años, en 2008.

Nadie duda de la importancia que para los españoles tuvieron sus medios públicos durante la dictadura y la transición. Mientras el régimen se mantenía firme, a través de las ondas de rne y sobre todo, de las pantallas de tve, los españoles observábamos otras formas de vida que envidiábamos. Esa paulatina modernización de la sociedad española, en parte gracias a rne y tve, facilitó lo que más tarde se produjo; la llegada de la democracia y el fin de la anomalía que significaba una dictadura en Europa.

Llegó la democracia y aparecieron nuevos periódicos y nuevas emisoras de radio y por fin, nuevas televisiones; primero las autonómicas y después las privadas. Y muy poco cambió en rtve; nadie fue capaz de darse cuenta que rtve debía ser protegida, como un bien de todos. La alegría de la libertad recién estrenada nos hizo perder el cuidado a aquello que nos pertenece como propio. rtve entró en una continua crisis de identidad.

No sabía o no podía o le dejaban encontrar su sitio. En 2007 se produjo un hecho inédito, el primer intento serio de desgubernamentalización de rtve. Se introdujo la elección de su presidente por consenso. En aquel momento, el gobierno socialista invitó al PP a consensuar un consejo de administración y presidente por mayoría cualificada. rtve renació, los ciudadanos empezaron a sentirse identificados de nuevo con sus medios públicos, con su forma de informar, entretener y formar.

El sueño duró muy poco. Los dos presidentes elegidos por consenso (Luis Fernández y Alberto Oliart) renunciaron a sus cargos. Los ataques a su independencia y la falta de una financiación suficiente y estable hicieron naufragar el intento.

Lo que somos. La marcha atrás.

Se nombraron dos nuevos presidentes (Leopoldo González-Echenique y José Antonio Sánchez) básicamente con el apoyo del gobierno (el PP y la antigua Convergencia y Unió también votó a favor) la consecuencia fue la pérdida de prácticamente todo lo construido durante el periodo anterior (2007-2011). Por decisión del nuevo gobierno se redujo la aportación del Estado a la empresa en alrededor de 1.200 millones de euros durante el periodo 2012-2016. rtve es la empresa pública cuya aportación del Estado se redujo de forma más abultada. De un plumazo se perdió la independencia, no consensuándose el nombre del presidente, y se atestó el golpe definitivo a la suficiencia y estabilidad en su financiación, el antecedente fue la supresión de la publicidad.

El último CIS es demoledor, los informativos de tve, que eran referencia mundial, ya no son la primera referencia informativa en su país. Han perdido nada menos que 20 puntos en apenas cinco años (2011-2016) en el ranking como opción informativa preferida para informarse.

Los españoles elegimos libremente donde queremos informarnos, entretenernos o formarnos. Estos tres objetivos básicos de los medios públicos que nacieron con la televisión pública pionera en Europa, la BBC, no sé cumplen a día de hoy en rtve. Su canal principal no llega al 10% de audiencia (9,8 en 2015) y el resto de sus emisiones son irrelevantes (los cinco canales de tve (La1, La2, Clan, tdp, 24h) apenas superan el 16,6% de share. Nuestras televisiones hermanas de Reino Unido, Francia, Italia o Alemania se encuentran muy cerca o incluso superan el 30% de cuota de mercado.

Si miramos a nuestra radio pública la situación no es mejor, solo un 9,5 % de los españoles la prefieren para informarse frente a un 33% de la SER y un 15% de COPE.

Aún más dramática es la realidad de rtve.es que pierde el tren del presente gracias a una nefasta gestión huérfana de visión, estrategia, ambición e inversión. Hasta aquí lo que ya sabemos y ahora qué hacemos?

Lo que seremos. Mirando al futuro

Primero, aprender de los errores. Nunca más los medios públicos pueden estar al servicio del gobierno de turno. Los medios públicos están al servicio de toda la sociedad, de todos los ciudadanos. Debe dar voz a la diversidad de la sociedad, debe tender puentes entre los territorios y diferentes sensibilidades.

Los medios públicos tienen que mantener una relación de lealtad con la Jefatura del Estado, los tres poderes del mismo (legislativo, ejecutivo y judicial) y además con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Desde su independencia institucional rtve debe ser impulsor de la industria del conocimiento y del mundo audiovisual. Debe establecer estrechas relaciones con otras instituciones culturales, científicas, artísticas, etc…de forma que rtve sea su ventana a España y al mundo.

Especial importancia tiene el servicio público que rtve debe prestar en el exterior, tanto para los españoles que viven fuera, los que viajan, los que quieren aprender el español y también los otros idiomas del Estado, los que nos visitan y aquellos que quieran conocer nuestra cultura. Destacar la ayuda que rtve debe prestar a la expansión de nuestras empresas en el mundo.

También es esencial la labor que tiene que llevar a cabo dentro de España para un mejor conocimiento entre las Comunidades Autónomas con respeto a sus diferencias que suman, nunca restan.

Si no queremos perder el tren de las nuevas tecnologías rtve debe desarrollar sus servicios interactivos a través de su web, rtve.es. Las nuevas generaciones nos lo exigen, sus formas de acceder al conocimiento ya no es como era antes e internet es su mejor aliado para ellos. rtve será digital o no será.

Los medios públicos deben entretener, claro que si. Deben informar, eso sí, deben proporcionar una información de calidad, plural, independiente que ayude a construir una opinión pública libre. Y debe incorporar a todos sus formatos la formación en valores de convivencia democrática, de crítica constructiva, creatividad, respeto a la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad, todo ello con total transparencia al servicio de una sociedad cada vez más compleja.

rtve debe encontrar su sitio.

Los políticos que nos representan tienen que tenerlo claro, nunca más pueden tener la tentación de utilizar los medios públicos de forma partidaria y si ponerla a trabajar al servicio de una sociedad cada vez más plural y diversa. Si lo hacen, los ciudadanos se lo reconocerán, si no se lo demandarán. Por cierto, la tan admirada BBC depende funcionalmente del equivalente a lo que sería el ministerio de medios de comunicación, cultura y deporte. Ahí lo dejo, no es casual.

Dótenla de unos órganos realmente independientes y profesionales. Presidente y Consejo. No hagan un paripé; si los consejeros son correveidiles de los partidos que les propongan, ese consejo hará inoperantes el principio de independencia y la gestión de la empresa. El control parlamentario, en el parlamento, con luz y taquígrafos, no en un órgano de control político en forma de Consejo de Administración. Establezcan una financiación suficiente y estable. Permitan al Presidente presentar su proyecto frente al Parlamento. En resumen, den certezas, seguridad, sosiego, respeto y tiempo. El resto, déjenlo en manos de los profesionales.

Y por último, «la responsabilidad de los medios públicos va más allá de la audiencia pero sin, en ningún caso, renunciar a ella, es más, no tienen sentido sin aquella».

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