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Los «peculiares» concursos universitarios, el mérito y la legalidad: el caso Sandra León como ejemplo

La dra. Sandra León ha saltado a la palestra pública como consecuencia de que obtuvo una plaza de profesora titular sin disponer de la acreditación previa que exige la ley. Adelanto que no pretendo en este artículo adentrarme en las cuestiones referidas al caso en concreto, sino que, a colación del mismo, creo que se abre una oportunidad para reflexionar sobre los concursos a puestos académicos.

Vaya por delante también que no dudo de la valía de la dra. Sandra León, cuyo currículum, sin lugar a dudas, habría merecido la acreditación a profesora titular si lo hubiera solicitado. Ahora bien, me parece bastante inverosímil la explicación que ha ofrecido sobre el hecho de que de forma extraña y para ella desconocida hubiera desaparecido el requisito legal de la convocatoria de su plaza. Igual que también dudo de que haya sido un mero «error burocrático» de la universidad, cuando se trata de un requisito cuya exigencia legal es palmaria y que venía apareciendo en convocatorias similares. Y, sobre todo, este relato inocente es inverosímil cuando uno conoce cómo se cocinan estas cosas. Y es ahí donde quiero ir.

Desde hace unas décadas, en la infernal peregrinación burocrática para alcanzar una plaza estable de profesor universitario hay dos momentos clave: en primer lugar, la acreditación por una agencia externa, la ANECA a nivel nacional (algunas CCAA tienen agencias propias), que revisa el currículum de los candidatos. Esta evaluación es exigente -lo cual no es malo-. Su problema reside en que es una evaluación muy formalista, valorando más cantidad y factores formales que la calidad real del trabajo. La parte buena es que hay una valoración externa bastante objetiva que, al menos, fija algo así como un mínimo común denominador de calidad. Luego, la segunda parte, consiste en que, una vez acreditado, hay que ganar una plaza convocada por la correspondiente universidad. Y es aquí donde vienen los absurdos, las cocinas y las prácticas proteccionistas

Los absurdos, porque hay universidades que, para preservar una pretendida objetividad en el procedimiento, se han inventado baremos y sistemas informáticos semiciegos, guiados por estulticia (que no inteligencia) artificial, los cuales evalúan a los candidatos limitando al máximo la discrecionalidad de los miembros de la comisión de selección. Conozco casos con resultados disparatados, en los que el candidato más valioso no pasaba ni la nota de corte, mientras que otros con abultados méritos mediocres se llevaban plazas. Este es el problema de crear sistemas formalistas, diseñados desde la desconfianza, que no permiten valorar la excelencia real.

Pero también tenemos el otro extremo: las cocinas y las prácticas proteccionistas. Es raro que una plaza universitaria no salga ya con candidato (con «bicho»). Además, cuando hay candidato local, lo normal es que se perfile la plaza (hay perfiles que son rayanos con lo obsceno) y que se busque un tribunal «amigo». La LOSU de 2023 ha introducido alguna herramienta para limitar perfiles y para tratar de prevenir estos tribunales amigos (con sorteo de algunos miembros), aunque, en la medida que ha dejado el desarrollo a las propias universidades, son muchas las que ya han encontrado la trampa. Por ejemplo, salvo contadas excepciones, las universidades, incluida la mía, han atribuido a los de siempre la potestad para nombrar a quienes integrarán la bolsa para el sorteo: rectorado, sindicatos, decanato y el propio departamento. Parece obvio que el candidato local, salvo extrañas excepciones, seguirá controlando su tribunal.

Esta realidad es especialmente dolorosa cuando se trata de plazas para el primer acceso a la universidad. Es decir, para conseguir el primer puesto en el escalafón de profesor. Ya que de este modo se distorsiona totalmente la competencia y el principio de mérito y capacidad. Hay muchos profesores excelentes, que además hicieron una criba muy dura con el acceso al doctorado, para quienes esa primera plaza ya forma parte de un iter previo. Pero, aún así, la realidad es que no sabemos cuántos candidatos alternativos mejores podrían haber merecido ganar una determinada plaza frente al candidato local. 

Cuando tales prácticas proteccionistas se usan en plazas de los subsiguientes niveles (permanente laboral, titular o catedrático) hay una razón adicional que no se puede despreciar. La universidad española es uno de los pocos ámbitos del empleo público en el que la carrera profesional se configura de forma tal que, en algunos de los ascensos, puedes jugarte el puesto. Es decir, un ayudante que promocionara a permanente, si alguien le ganara ese concurso, podría verse en la calle después de muchos años en la universidad. Una sinrazón que en cierto modo viene a justificar tales «trampas» proteccionistas, con la excusa, además, de que el candidato al menos ha sido acreditado previamente por la ANECA.

Se trata, por tanto, de un sistema perverso o, cuando menos, pervertido. Reconocerlo así no supone negar que hay personas valiosísimas en la vida universitaria, las cuales habrían ganado sus puestos en el más severo y abierto de los concursos. Y que se esfuerzan y realizan ejercicios brillantes aunque sean candidatos únicos. De hecho, los académicos somos los primeros perjudicados por un sistema como el actual, cuyas desviaciones no dejan de ser parches con los que cubrir la precariedad de la carrera académica: un camino en el que hay que enlazar becas y contratos precarios y en el que se ha dilatado mucho en el tiempo el acceso a puestos estables; mal pagados, para colmo; y sometidos a una intensa burocracia. Pero también es cierto que, con el actual sistema, cada vez es más común que pueda colarse la mediocridad. Sobre todo, porque los incentivos de los mejores estudiantes para dirigir su camino hacia el peregrinaje académico son pocos. Cualquier acceso a la función pública presupone un peregrinaje de estudio, pero alcanzada esta, llega el paraíso de la estabilidad -algo que no ocurre en la universidad- y salarios normalmente más altos.

Por todo ello, hace unos años, junto al profesor Gabriel Moreno (aquí), ya lanzamos una propuesta que apostaba por intervenir en un doble sentido: por un lado, diseñando una carrera académica que ofreciera estabilidad y posibilidades de promoción en tiempos razonables. Y, por otro lado, propusimos un sistema de provisión de plazas a través de un concurso-oposición auténticamente competitivo, limitando la autonomía de las universidades en la conformación de los tribunales y en el establecimiento de perfiles, y armonizando los baremos y las pruebas selectivas que deban realizarse. Añado ahora, en línea con lo señalado, que este concurso abierto es especialmente importante para el acceso a la primera posición académica como profesor permanente. Es ahí donde me parece irrenunciable un concurso-oposición que, además de la evaluación de los méritos, obligue a examinarse de un temario y presentar adecuadamente una programación docente, como hacen los profesores de secundaria. Luego, la promoción ya no tendría por qué ser competitiva, aunque exigiera pasar evaluaciones en procesos rigurosos. Además, habría que encontrar vías para favorecer la movilidad entre universidades y para posibilitar la incorporación de investigadores y académicos extranjeros (quizá, como ocurre en el ámbito judicial, con una suerte de «cuarto turno»). 

En un momento en el que la universidad española se enfrenta a un extraordinario relevo generacional, este tendría que ser el gran debate a mantener. Por desgracia, los intereses corporativos y la falta de valentía del legislador apuntan a que, a pesar de que tengamos una ley nueva, los viejos y perversos usos van a persistir.

Un modelo de gobierno profesional para RTVE

El modo en que se ha producido el reciente cambio en la presidencia interina de RTVE (Concepción Cascajosa por Elena Sánchez) y la contratación de David Broncano constituyen la enésima evidencia de que la colonización, ya sea gubernamental o partidista, de los medios públicos no hace más que degradarlos y dar argumentos a quienes abogan por su supresión.

El politólogo británico Peter Humphreys elaboró una tipología de sistemas de gobierno de los medios públicos atendiendo a los criterios que priman a la hora de designar a los miembros de sus principales órganos de decisión. Se trata de los modelos gubernamental (cuando los nombramientos se realizan desde el Poder Ejecutivo), parlamentario (cuando dependen de las cámaras legislativas), profesional (cuando se priman los méritos curriculares) y cívico o corporativo (cuando intervienen en los procesos de designación partidos, sindicatos y otros colectivos sociales o profesionales). 

En España, RTVE, desde la aprobación del Estatuto de 1980, ha contado con un modelo gubernamental hasta 2006 (el entonces director general de nuestra radiotelevisión pública, dotado de amplios poderes, era nombrado por el Gobierno por un periodo que coincidía con la legislatura); un modelo parlamentario, de 2006 a 2012 (la reforma impulsada por el Ejecutivo de Zapatero estableció una mayoría cualificada de 2/3 para la elección del Consejo de Administración y el Presidente, y un mandato para ambos de seis años); un modelo que implica un giro regubernamentalizador, de 2012 a 2017 (el Ejecutivo de Rajoy reformó por decreto-ley el sistema de gobierno anterior, permitiendo la elección de los referidos cargos por mayoría absoluta en segunda votación); y finalmente, un modelo que combinaba elementos del profesional y el parlamentario, al contemplar un concurso público seguido del nombramiento de los consejeros y el presidente de RTVE por una mayoría cualificada de Congreso y Senado (previsto en la Ley 5/2017, que contó con un amplísimo apoyo parlamentario, en buena parte por la presión de Podemos y Ciudadanos).

Muchos acogimos con entusiasmo esta última reforma, que parecía recuperar el acierto de apelar a los grandes consensos parlamentarios (incorporado en la Ley 17/2006, a partir de las recomendaciones del denominado Comité de Sabios, y que dio lugar al periodo más exitoso de RTVE), añadiéndole un componente de mérito y capacidad, de modo que no serían los partidos políticos los que seleccionasen directamente (en función de su peso parlamentario) a los consejeros y al presidente, sino que su poder decisorio quedaría limitado por un concurso público al que concurrirían espontáneamente los candidatos que, reuniendo los requisitos, tuvieran interés en implicarse en el gobierno de la radiotelevisión pública nacional.

Tuve el privilegio de formar parte del Comité de Expertos para el concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, designado por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en julio de 2018. El Comité evaluó durante aproximadamente cinco meses el currículum y el proyecto de gestión de 95 candidatos, librando al Parlamento, en diciembre, un listado con los 20 mejor puntuados para que, tal como establecía la referida Ley 5/2017, las cámaras procediesen a nombrar, entre ellos, a los 10 consejeros (seis el Congreso y cuatro el Senado) y, a continuación, entre esos 10, al presidente. 

El proceso se dilató inexplicablemente más de dos años, desentendiéndose finalmente los grupos parlamentarios (aunque no todos) del trabajo de un Comité de Expertos nombrado por ellos mismos y cuyas evaluaciones siguieron los criterios fijados también por ellos mismos. El argumento utilizado fue que, con los candidatos preseleccionados (ya 19 por el fallecimiento de Alicia Gómez Montano, que había obtenido la calificación más alta), no se podía garantizar la paridad de género, al quedar solo tres mujeres. Una paridad que en absoluto se respetó al configurar el Comité de Expertos (siendo entonces igualmente exigible y mucho más fácil de articular) y que tiene muy mal encaje con el concurso público, como bien deberían saber los legisladores.

Así las cosas, la referida Comisión Mixta de Control de RTVE optó por convocar ante las comisiones de nombramientos de Congreso y Senado a los 95 candidatos, filtrándose a los medios, ¡antes de que se realizasen las comparecencias en el Senado!, el acuerdo entre PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV por el que se repartían, con el tradicional sistema de cuotas, las sillas del Consejo de Administración (incluida la del Presidente). Entre los elegidos (ya en marzo de 2021), solo tres de los 20 seleccionados por el Comité de Expertos y un candidato con cero puntos en su proyecto de gestión.

Transcurrido un año y medio, en septiembre de 2022, dimitía el presidente, José Manuel Pérez Tornero, siendo nombrada presidenta interina, por el propio Consejo de Administración, la consejera Elena Sánchez (cuota PSOE en el citado acuerdo). Inmediatamente después, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre, modificó los Estatutos Sociales de RTVE para ampliar las competencias de la Presidenta interina, algo que contrasta llamativamente con lo ocurrido con los vocales (en funciones) del Consejo General del Poder Judicial.

Ahora, Elena Sánchez ha sido cesada por el mismo Consejo de Administración que, en su lugar, ha nombrado a Concepción Cascajosa, también cuota PSOE y declarada militante del partido. La nueva Presidenta interina, pese a su meritoria trayectoria académica, ocupó el puesto 86 en la evaluación de los expertos, siendo curiosamente la mujer con menos puntuación de todas las candidatas que concurrieron.

Nos encontramos, pues, con un Consejo de Administración de nueve miembros (por la dimisión de Pérez Tornero) del que sigue formando parte (aunque no asista a las reuniones) Elena Sánchez y que cuenta ya con cinco consejeros en funciones, pues este organismo se ha de renovar por mitades cada tres años. Y lo que es peor, con una imagen pública de foro de batallas partidistas, como lo muestra el alineamiento (salvo en el caso de la Presidenta cesada) de los consejeros propuestos por los partidos que dan apoyo al Gobierno para la designación de Cascajosa.

Para desencallar esta situación, desaparecido el concurso público (recogido en una transitoria de la reforma realizada en 2017 de la Ley 7/2006), se requiere una mayoría de dos tercios de Congreso y Senado, que se vislumbra imposible de alcanzar en el corto plazo. ¡Solo nos faltaría una modificación por decreto-ley que redujese las mayorías requeridas para cubrir las seis vacantes existentes por el momento y para ratificar a la Presienta interina! 

En este contexto, soy claramente partidaria de recuperar el concurso público, corrigiendo, eso sí, las múltiples fallas del anterior. Urge implementar un sistema de gobierno que descanse sobre la cualificación profesional y que prevea un mecanismo (por ejemplo, el sorteo) para evitar bloqueos como el que vivimos

El drama es que esa apremiante reforma debería ser aprobada por quienes tanto han faltado al respeto a candidatos y expertos y, tras todo lo ocurrido, siguen hablando sin ningún rubor de la imprescindible independencia de los medios públicos. No deja de ser paradójico que el mencionado reparto de sillas del Consejo de Administración de RTVE sea uno de los pocos asuntos en los que se recuerda un entendimiento entre los que se presuponen dos grandes partidos de Estado.

La irrelevancia de las instituciones

En España se habla desde hace mucho tiempo del declive institucional. En fechas recientes, Rafael Jiménez Asensio ha publicado un libro dedicado a las Instituciones rotas que refleja de manera breve, pero clara y contundente, algunas de las razones de ese declive institucional que llega hasta nuestros días. Sin duda, es una lectura de sumo interés.

Muchas de las preocupaciones que tenemos como ciudadanos se deben al deterioro de nuestro entramado institucional y a los ataques a la separación de poderes, como se ha puesto de manifiesto en este prestigioso blog. La relevancia de la lucha por el derecho que encarna la Fundación Hay Derecho se pone de manifiesto cuando el Tribunal Supremo, precisamente atendiendo a la ejecutoria de la Fundación, le reconoce en un hito histórico la legitimación en el recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto de nombramiento de la anterior Presidencia del Consejo de Estado con el resultado ya conocido para los lectores de este blog.

El ataque institucional también tiene lugar cuando personas sin la más mínima cualificación alcanzan no ya puestos políticos, para los que esa cualificación no se exige y depende de la libre voluntad de los ciudadanos libres e iguales en derechos, sino puestos técnicos para los que se presume la posesión de la cualificación que habría de ser acreditada ante las instancias competentes. Quizá que se produzca el acceso a determinados puestos directivos en empresas públicas por personas carentes de la formación adecuada, es por lo que desde hace tiempo se fantasea con la supresión del sistema de oposiciones como filtro de acceso a la Función Pública, basada en los principios constitucionales de mérito y capacidad.

Pero el deterioro institucional no se produce solamente en la esfera política y pública, en el sentido del entramado de los órganos constitucionales y las administraciones territoriales y entidades públicas a ellas vinculadas, sino también en tantos otros ámbitos de nuestra organización como comunidad política y como sociedad.

Un ejemplo reciente que puede pasar inadvertido para el común de los ciudadanos pero que no debería pasar desapercibido para la comunidad jurídica, es la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 5 de febrero de 2024, recurso 9/2019, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Vigo de 5 de marzo de 2019 por el cual se acordó imponer a una abogada una sanción de suspensión de un mes en el ejercicio de la abogacía como autora de una infracción grave del artículo 85.a) de los Estatutos Generales de la Abogacía Española, así como frente al acuerdo del mismo órgano de 2 de septiembre siguiente, que rechazó el requerimiento previo de anulación realizado por la CNMC, anulando los acuerdos colegiales.

En un alegato procesal que la Sala rechaza y que la doctrina cualificada califica de esperpéntico, el Colegio de Abogados de Vigo trató de «atraer» al recurso ante la Audiencia Nacional al Consejo General de la Abogacía, invocando como excepción procesal el litisconsorcio pasivo necesario, extraño a la jurisdicción contencioso-administrativa. El repaso de la Sala al Colegio de Abogados es digno de ser leído.

Pero lo llamativo no es solo ese intento desesperado sino, sobre todo, que pone de manifiesto que el Consejo de la Abogacía ni estaba ni se le esperaba en un pleito sobre la aplicación a la organización colegial de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, asunto de indudable trascendencia para la actual conformación normativa y operativa de los colegios profesionales en España.

Lo que se dilucidaba en dicho pleito era si la obligación de correspondencia entre el Colegio de la Abogacía de primera incorporación a la profesión y el lugar de ubicación del despacho profesional, conforme a la regla del artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios profesionales, ha de mantenerse a lo largo de la vida profesional y, por ello, en los sucesivos cambios de domicilio profesional que puedan producirse, de modo que el cambio de ubicación del despacho implica la del Colegio de residencia, con los consiguientes desembolsos económicos.

La cuestión no es baladí. De mantenerse en nuestro ordenamiento la solución adoptada de la CNMC confirmada por la Audiencia Nacional – porque la Sala Tercera del Tribunal Supremo no admite o no estima el presumible recurso de casación del Colegio de Vigo – se ven potencialmente afectados, entre otros, los artículos del Estatuto general de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, relacionados con las clases de colegiados, los deberes de los colegiados, las cuotas que han de abonar y el régimen sancionador.

El impacto descrito, a buen entendedor, hubiera merecido un poco más de atención por parte de la institución que culmina la organización profesional de la Abogacía. Las consecuencias para ésta y el resto de organizaciones profesionales del indicado fallo son difíciles de calibrar en el momento actual. Pero no parece que las preocupaciones corporativas hayan estado bien encaminadas en los últimos años.