Manifiesto por la mejora institucional: Neutralidad y profesionalidad de las instituciones de contrapeso
Las instituciones de contrapeso juegan un papel clave en una democracia. Ya se trate de la CNMC, la CNMV, el CIS, el Banco de España, RTVE, el Consejo de Transparencia o, no digamos, el poder judicial o el Tribunal Constitucional. No son instrumentos de ejecución de una determinada política gubernamental, como podría ser una Dirección General de cualquier ministerio, sino que sus fines fundamentales vienen predeterminados por la ley o la Constitución en aras a un interés general que puede ser de lo más variado (lucha contra los cárteles, transparencia de los mercados o de la actuación administrativa, información general o sociológica sobre la realidad española, control de la sujeción a la ley y a la Constitución, etc.) y se espera de ellos que los ejecuten con la mayor objetividad posible, precisamente para ser fieles a los mismos.
Es obvio que esos intereses generales pueden entenderse de una manera u otra (dentro de ciertos límites) pero, desde luego, lo que es totalmente incompatible con la función que deben desempeñar esas instituciones es su captura para ponerlas al servicio del partido del Gobierno (cualquiera que este sea) con el fin de apuntalar su política clientelar. Es obvio que concentran mucho poder, y de ahí el interés de los partidos políticos por controlarlas, pero debemos ser conscientes de que ese poder, imprescindible para ejercer su función, solo es verdaderamente democrático si se ejercita conforme a esos fines predeterminados por la ley, y no conforme a los caprichos e intereses particulares del que ostente el poder político en un momento determinado. El ejemplo del CIS habla por sí solo, pero no es el único, ni mucho menos.
Por ese motivo, desde la Fundación Hay Derecho demandamos la elaboración de una ley para establecer las fórmulas que garanticen la publicidad de las vacantes y los procesos de concurrencia competitiva sin perjuicio de la posterior designación política; el establecimiento de periodos de mandato no ligados a ciclos electorales allí donde no existan todavía y de límites a las puertas giratorias para cargos políticos, así como la restricción de los puestos de libre designación y de confianza y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
No olvidemos que estas instituciones de contrapeso, además de servir al cumplimiento de los objetivos materiales para los que han sido diseñadas, ayudan a extender el sentido de comunidad y de responsabilidad entre los ciudadanos. Gracias a preservar su neutralidad no sentimos que las decisiones que se toman en nuestro nombre y que nos afectan son decisiones adoptadas por “ellos” –ya sea la casta, el establishment o el adversario político- sino por nosotros, lo que refuerza nuestra vinculación con ellas, nos gusten más o menos. Por eso, cuando un partido político captura una institución introduce un nuevo clavo en el ataúd de la legitimidad democrática, al fomentar la desvinculación con el orden público e institucional y la disolución del sentimiento de ciudadanía compartida.
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
