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En el centro está la virtud

Las consecuencias de la crisis sanitaria desatada por el nuevo coronavirus no se han hecho esperar. Además de las pérdidas humanas, a la inminente crisis económica se le ha adelantado la crisis política. La crispación y la polarización aumentan incontroladamente cada día, destrozando una moderación que es vital tanto para la convivencia como para el progreso. Y afianzando la política de bloques.

Las consecuencias de la política de bloques

Durante muchos años (y en estos momentos) en España ha imperado una férrea política de bloques. La izquierda y la derecha no pactan. No matter what. Y claro, esto genera tres graves consecuencias:

  1. La primera: la sobrerrepresentación de los nacionalistas periféricos.

Para alcanzar la mayoría, pagaban el precio que hiciera falta a los nacionalistas periféricos. Lo cual no sólo genera evidentes agravios comparativos entre regiones (ahí sigue el cupo vasco y el convenio navarro), sino también tensiones territoriales y reivindicaciones secesionistas (miren las consecuencias de la educación sesgada en Cataluña). ¿Estaríamos sufriendo el ‘procés’ sin todas estas concesiones a la CiU de Jordi Pujol a lo largo de los años?

  1. La segunda: la instrumentalización de las instituciones.

Al llegar al poder, trataban de controlar todas y cada una de las instituciones del Estado. Y esto es mucho más importante de lo que parece. Porque la instrumentalización de las instituciones por parte de los partidos genera el descrédito de éstas entre los ciudadanos. Y porque una democracia avanzada necesita instituciones independientes que se controlen mutuamente. Lo contrario nos lleva al capitalismo clientelar y ahonda ese descrédito. Esto es precisamente lo que nos llevó al 15M y su grito por una “democracia real”. Pero es que, además, si dejamos de creer en las instituciones corremos el riesgo de acabar apoyando a partidos totalitarios que aboguen por su supresión, conduciéndonos a una autocracia. Y esto nos lleva a la siguiente consecuencia:

  1. La tercera y más peligrosa: el poder de los totalitarios.

Si los bloques no son capaces de pactar entre ellos, pactarán con esos extremos totalitarios, haciéndoles concesiones y, por tanto, dañando nuestra democracia y nuestros derechos y libertades.

Las dos alternativas

De acuerdo. Hemos comprobado que la política de bloques entraña graves riesgos, pero ¿cómo podríamos cambiarla?

  • La primera y más sencilla opción sería convencer a los grandes partidos de cada bloque (PSOE y PP) para que se levanten el veto. Para que antes de pactar con ultras (sean los de Vox, sean los de ERC) se permitan el uno al otro gobernar en solitario. Esto ya pasó en octubre de 2016, con la abstención del PSOE para el segundo gobierno de Rajoy. Pero no se repitió el gesto por parte del PP ni en la propuesta de presupuestos de 2019 de Sánchez, ni en su investidura de 2019. Tampoco en la de 2020.
  • La segunda opción, más complicada, sería contar con un partido bisagra, de centro, nítidamente institucionalista, capaz de sumar lo suficiente para pactar con ambos bloques, quitando poder a los nacionalistas periféricos, frenando la instrumentalización de las instituciones y evitando que los extremos cojan el mínimo poder.

El centro a lo largo de los años

Esta solución del partido de centro se ha intentado ya varias veces. Pero no por ello deja ser absolutamente necesaria. Vamos a repasarlas:

  • La UCD (Unión de Centro Democrático) consiguió liderar la transición y poner de acuerdo a personas que se profesaban verdadero odio. No lo tuvo nada fácil. La hoy reconocida figura de Adolfo Suárez en su día sufrió ataques furibundos desde todos los ángulos, hasta de su propio partido. Habiendo ganado la primera legislatura en 1979 con 157 escaños, pasó a tan sólo 11 en la segunda, en 1982. Pero ahí queda su legado: España cuenta con una democracia plena y consolidada, por mucho que la política de bloques le genere fallos.
  • Siguió intentándolo CDS (Centro Democrático y Social), que en 1986 obtuvo 19 escaños y en 1989 14. No sirvieron para la investidura, pues el PSOE no necesitó pactar.
  • De 1993 a 2008 no hubo ningún partido de centro en el Congreso:
    • En 1993 Felipe González tuvo que hacerse con el apoyo de CiU y PNV.
    • En 1996 José María Aznar otra vez con CiU y PNV y, esta vez, también con CC.
    • En el 2000 no le hizo falta porque tenía absoluta, pero CiU y CC le volvieron a apoyar.
    • En 2004 José Luis Rodríguez Zapatero necesitó el apoyo de ERC, CC, BNG y la Chunta.
  • En 2008 volvió el centro gracias a UPyD (Unión, Progreso y Democracia), pero su único escaño no fue suficiente. Zapatero requirió la abstención de CiU, PNV, BNG, CC y NaBai. En 2011 pasó a 5 diputados, pero la absoluta de Mariano Rajoy los hizo innecesarios. Aún así, hicieron un gran trabajo centrista y regenerador, hasta que en 2014 empezaron a quedar fuera de juego y en 2015 se acabaron autoliquidando. (Todo esto último lo conté en su día aquí)
  • En 2015 Ciudadanos cogió el testigo y entró con 40 diputados en el Congreso. Y la negociación liderada por Jordi Sevilla y Luis Garicano propició el conocido como Pacto del Abrazo, en el que los 40 escaños de Cs se unían a los 90 del PSOE, posicionándose como primera fuerza del Congreso, pero aún a 46 escaños de la mayoría. El acuerdo entre la izquierda y el entonces centro rompía la política de bloques, pero la negativa de Podemos derivó en una repetición de elecciones que permitió a Rajoy seguir en la Moncloa.
  • En dicha repetición, ya en 2016, Ciudadanos obtuvo 32 escaños. Pactó esta vez con el PP a cambio de medidas muy similares a las pactadas con el PSOE unos meses antes, ejemplificando su papel de centro bisagra. La suma volvía a ser insuficiente, pero esta vez la abstención del PSOE hizo innecesaria la participación de los nacionalistas periféricos.
  • En 2018 Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, observa cómo crece en las encuestas a costa de un PP en caída libre y rompe su pacto con ellos. Pedro Sánchez, de nuevo líder del PSOE, aprovecha la oportunidad y presenta una moción de censura. Le ofrece a Rivera convocar elecciones a cambio de su apoyo. Éste se niega. Consigue finalmente el apoyo de todos los partidos menos de Cs, que vota no, y de CC, que se abstiene. Rivera no reconoce este recurso perfectamente legal y legítimo de la moción de censura y abandona la postura de respeto a las instituciones para comenzar a calificar al nuevo presidente como un ‘okupa’. Es sólo el principio de la larga deriva que emprendería Ciudadanos, desde su centrismo socioliberal de origen, hasta un conservadurismo con tintes nacionalpopulistas. El centro volvía a quedarse sin nadie que lo representara.
  • Sánchez, sin necesidad ya de convocar elecciones ante la negativa de Cs, forma un gobierno para agotar la legislatura. Viendo el cambio de rumbo de Rivera, lo utiliza para hacer guiños al electorado centrista, nombrando a Josep Borrell, Nadia Calviño o Pedro Duque. Pero a principios de 2019 Ciudadanos mantiene su derechización y decide no sentarse a pactar los presupuestos con el PSOE. Como Sánchez se niega a pactarlos con los secesionistas, única alternativa, el resultado no es otro que la convocatoria de elecciones.
  • El resultado de las elecciones de abril de 2019 es, por primera vez desde la primera legislatura, la oportunidad para que el centro vuelva al poder. Rivera podía desdecirse de su discurso conservador de los últimos meses y sumar sus 57 diputados a los 123 de Sánchez. España podría tener un gobierno de coalición de centro izquierda y centro derecha, apoyado por una holgada mayoría de 180 escaños, que representara a la mayor parte del electorado. Podía… pero no quiso. Inexplicablemente Rivera decide que no va ni a reunirse con Sánchez. Ignora todas las peticiones que, desde muchos y diferentes ámbitos, le llegan. Se enroca. Sánchez vuelve a tener como única alternativa a los secesionistas, además de a Podemos. Se vuelve a negar a pactar con ellos. Volvemos a elecciones.
  • En noviembre Ciudadanos paga su total similitud con el PP, al que apoya en todas las CCAA y ayuntamientos incluso aceptando sus pactos con la ultraderecha de Vox. Pierde más del 80% de sus escaños, quedándose en 10. Rivera dimite e Inés Arrimadas coge el mando. Para decepción del electorado centrista mantiene la derechización de Cs y se niega a pactar con Sánchez su investidura. Éste, frente a la alternativa de convocar unas terceras elecciones, acaba pactando con los secesionistas de ERC.
  • Hasta ahora. A principios de mes Arrimadas pacta con Sánchez su apoyo a las 4.ª prórroga del Estado de Alarma a cambio de una serie de medidas que Cs considera indispensables. Se levanta el veto a los partidos de izquierdas autoimpuesto en 2018. Cs rompe de nuevo la política de bloques.

Y ahora, ¿qué?

Todavía es pronto para cantar victoria. Ciudadanos sigue siendo un partido conservador y el centro sigue estando huérfano. Pero los gestos de Arrimadas durante esta crisis y los pactos para las 4.ª y 5.ª prórroga del Estado de Alarma podrían frenar la integración de Cs en el PP y alumbrar un nuevo Cs centrado. El hecho de que algunas de sus figuras más ultras hayan causado baja, como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto, también ayuda. Pero ¿cómo podría ejemplificar realmente Ciudadanos su vuelta al centro? Con dos contundentes acciones:

  1. Ofreciendo su predisposición a pactar los presupuestos. No sólo para conseguir varias de las medidas de su programa, sino también para condenar a los partidos secesionistas a la irrelevancia en el Congreso.
  2. Rompiendo los pactos de gobierno en aquellas CCAA y ayuntamientos en los que dependen de la ultraderecha. Esta estrategia, además de devolverles al centro, les puede hacer conservar el Gobierno de la Comunidad de Madrid antes de que Díaz Ayuso convoque elecciones y les eche. Y ganar la alcaldía de la capital, que recordemos ofrecieron PSOE y Más Madrid a cambio del apoyo a Gabilondo.

Y, para terminar: si el reciente cambio de Cs no fuera más que un espejismo, siempre quedará la posibilidad de un nuevo intento. Quizás así gente como Toni Roldán (centro), Edu Madina (centro izquierda) o Borja Sémper (centro derecha) puedan volver a la política. O Manuel Valls encuentre por fin su sitio. La clave es acabar con esta peligrosa y autodestructiva política de bloques. ¡A ello!

Una comisión frente a la crisis

Fue el jueves 9 de abril cuando en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el presidente Sánchez lanzó la idea de una Mesa de partidos políticos en la que fraguar los Pactos de la Moncloa del siglo XXI. La idea era convertir ese gran pacto en el motor fundamental con el que hacer frente, desde la unidad política, a la que el mismo Presidente calificó como la crisis económica y social de nuestras vidas, la pandemia derivada del COVID-19. Puede afirmarse que con ello no hacía sino recoger lo que ya entonces emergía como un clamor social.

Ha pasado un mes y la posibilidad de ese gran pacto parece haber muerto antes incluso de ver la luz. Primero, por exigencias del PP, aquella idea inicial se transformó de Mesa de partidos liderada por el Gobierno en una Comisión parlamentaria; luego, los que inicialmente acordaron su constitución, PP y PSOE, ni siquiera fueron capaces de promoverla conjuntamente. Finalmente su andadura se inició el pasado jueves 7 de mayo con la celebración de su sesión constitutiva; eso sí, sin privarnos de la correspondiente batalla sobre quién debiera presidirla y, al parecer, con ideas muy distintas sobre sus objetivos. En todo este tiempo se han seguido tomando decisiones de enorme calado en medio de los habituales acordes y desacuerdos, sin que hayamos sabido de una sola reunión o escuchado una propuesta sustantiva sobre el contenido de ese gran pacto.

Y no es porque el marco elegido no sea el adecuado: al contrario, sin duda es un acierto que sea el Congreso de los Diputados la sede de estos Pactos por la Reconstrucción Social y Económica (fatalista denominación elegida por PSOE y Podemos). Nuestro modelo constitucional de Estado, la Monarquía parlamentaria, reconoce como única sede de la voluntad ciudadana a las Cortes Generales, representadas por Congreso y Senado (art. 66 CE) y es precisamente del Congreso de donde surge la legitimidad del Gobierno, mediante el otorgamiento de la confianza precisa para llevar a cabo su programa. En nuestro caso el programa de un Gobierno, nacido con fórceps apenas dos meses antes de declararse la pandemia, que ha quedado completamente desbordado por la realidad. De ahí que no resulte nada desdeñable el efecto de recuperar la centralidad del Parlamento, en un momento donde urge afianzar la legitimidad democrática de nuestras instituciones, máxime una vez prorrogados los poderes extraordinarios que acumula el Ejecutivo con el estado de alarma.

El instrumento parlamentario elegido ha sido una Comisión Parlamentaria no permanente de las recogidas en los artículos 51 y 53 del Reglamento del Congreso. Son aprobadas por la Mesa de la Cámara, tras escuchar a la Junta de Portavoces, se crean para un trabajo concreto y se extinguen a la finalización del mismo. En este caso los promotores conjuntos han sido el Grupo Parlamentario del PSOE y Unidos-Podemos, su propuesta fue aprobada de forma unánime por la Mesa el pasado 28 de Abril. En el texto de su iniciativa, de forma escueta y genérica, se fijan como objetivos de la Comisión: la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social, como consecuencia de la crisis del COVID-19”.

La concreción de sus siguientes pasos se difiere a un plan de trabajo que a estas alturas aún no se ha aprobado, a ello está emplazada la Comisión en una próxima sesión.

Según el borrador filtrado por sus promotores, se habla de crear en su seno una serie de comisiones que aborden cuatro bloques temáticos: 1) El reforzamiento de la sanidad pública; 2) La reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; 3) El fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y 4) la posición de España ante la Unión Europea. Los resultados de esos cuatro bloques se refundirían en un documento de conclusiones que tras ser votado favorablemente en la Comisión se elevaría al Pleno para su aprobación definitiva. Ese dictamen serviría como orientación de las futuras políticas de reconstrucción económica y social con las que afrontar la crisis. Muchas de esas propuestas deberían traducirse en acciones del Ejecutivo, pero la mayoría de las reformas que se acuerden deben transformarse en proyectos o proposiciones de ley (desde luego la primera de todas la Ley de Presupuestos) cuyo debate y aprobación tendrá que recorrer nuevamente la vía parlamentaria.

El plazo establecido para el desarrollo de los trabajos de la Comisión es de dos meses, debería acabar su función a finales del mes de junio con la remisión de sus conclusiones al Pleno, aunque cabe su prórroga. Más allá de que esa suerte de comisiones dentro de otra comisión, a modo de matrioshkas rusas, no tienen acomodo en las normas reglamentarias, que sí recogen la creación de subcomisiones y ponencias; lo cierto es que la propia dinámica de todas las comisiones parlamentarias hace extremadamente difícil el cumplimiento de ése plazo, máxime cuando ya se ha perdido un mes en los prolegómenos y el desacuerdo ha presidido sus pasos hasta la fecha. Y sin embargo la magnitud de los propósitos de ésta Comisión quedó expuesta en las palabras del presidente de la Comisión, Patxi López, al ser elegido: “Esta Comisión tiene que ser la manifestación de un esfuerzo colectivo para buscar juntos una salida global, económica y social a nuestro país. Con la que superar las rencillas desde la convicción de que si fracasa la vida de los españoles será peor”.

Ante tan altas aspiraciones sólo cabe asegurar que pocas veces fue tan necesario evitar el fracaso de una comisión parlamentaria. Esos propósitos, sin embargo, chocan con lo limitado de sus márgenes de actuación. Tal parece que se quisiera escenificar nuevamente el desacuerdo o una suerte de impotencia parlamentaria que deje vía libre a caminos ajenos a nuestro modelo constitucional, más próximos quizás al presidencialismo o a la “democracia aclamativa” de la que hablaba Carl Schmitt.

Lo cierto es que esta Comisión no puede ser un instrumento más de la polarización política, otra oportunidad para imponer mecánicamente escuálidas mayorías según bloques predefinidos. Ni tampoco un foro duplicado, una mera coartada con la que validar acuerdos alcanzados al margen de la propia institución parlamentaria. Porque lo cierto es que, mientras transcurren los días, las decisiones políticas de transcendencia y que condicionan el futuro y el posible pacto no se detienen. Como ejemplo, el acuerdo sobre la prórroga de los ERTEs anunciado a bombo y platillo hoy por Gobierno, patronal y sindicatos. O los datos que vamos conociendo sobre la Renta Mínima Vital, que parece de inminente aprobación. Si no se quieren compartir las decisiones, ¿para que se promueve una Comisión de este tenor? Para este viaje no hacen falta alforjas; si esas son las intenciones, mejor se emplazaban ya, Gobierno y oposición, a la negociación presupuestaria sin mayores dilaciones, no hay tiempo que perder: ¿qué fue de aquellos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública tan trabajosamente pactados por la ministra Montoro con los nacionalistas, apenas dos semanas antes de decretarse el estado de alarma?

Pero si de verdad se pretende cumplir con los altos designios con los que nace esta Comisión, que por supuesto comparto, será preciso conjugar agilidad, rigor, eficacia y flexibilidad. Y para eso un cambio en el modelo elegido puede ayudar: sería necesario transformar la que ahora es una Comisión no Permanente, en una Comisión Permanente Legislativa de las recogidas en el art. 46.1 del Reglamento. Veamos los efectos que se producirían:

  • En primer lugar, esto permitiría ampliar su horizonte de duración a toda la Legislatura. Ese cambio facilitaría priorizar sus trabajos, sin tener que descartar cuestiones importantes en aras a atender sólo lo urgente.

La totalidad de las Comisiones del Congreso, excepto la que nos ocupa, tienen, a fecha de hoy, el carácter de Comisiones Permanentes, es decir, durarán lo que dure la actual XIV Legislatura. ¿Acaso hay alguna otra prioridad política para lo que reste de mandato que no pase por proteger la salud de los ciudadanos y defender nuestro tejido productivo, reduciendo al mínimo posible el impacto social de la crisis?. Y si eso es así, ¿no merece ese objetivo tener una Comisión Permanente en el Parlamento? Esta ampliación de horizontes haría posible compatibilizar tres objetivos ahora excluyentes: a) El debate urgente e inmediato sobre ese pacto de reconstrucción económica y social que no admite demora; b) La evaluación y rendición de cuentas sobre la gestión de la crisis, después; y c) El seguimiento y valoración de la implementación de las medidas y reformas que en su caso se acuerden, como corolario imprescindible de toda política pública.

Cada cosa a su debido momento, si, pero sin renunciar a ninguna de ellas. Es posible conciliar objetivos a corto y medio plazo, facilitando un espacio para que todos los partidos, al menos a los que se invoca para el gran pacto, encuentren acomodo a sus pretensiones y no se vean excluidos de inicio. De no conciliar estos objetivos, seguramente que asistiremos al preludio de un acuerdo menor, lo suficientemente genérico y rápido como para contentar a la mayoría que gobierna, pero inservible para sumar un solo apoyo más. Paralelamente se abriría un frente de batalla más, al que llegarían pronto las peticiones de Comisiones de Investigación con la correspondiente letanía de reproches mutuos, mientras se ensancha la grieta entre los españoles y sus representantes.

El PP ya propuso el 11 de marzo crear una “Comisión de seguimiento del Covid-19” que materializase el control parlamentario sobre la gestión de la crisis desde una óptica multidisciplinar. Entendiendo, y no le faltaba razón, que eran totalmente insuficientes las comparecencias del ministro de Sanidad en la comisión correspondiente; en tiempos de crisis sanitaria, estado de alarma y acumulación de poderes extraordinarios en el Ejecutivo, una democracia sana no puede rebajar el control parlamentario, en todo caso aumentarlo.

Por otro lado, si algo tiene esta crisis es que afecta a prácticamente todas las áreas de la sociedad, ya sean del sector público o privado; un momento disruptivo de ésta magnitud necesita una Comisión específica en el Congreso que aborde sus efectos más allá de los dos próximos meses y desde un enfoque integral y no meramente coyuntural.

  • En segundo lugar, dotar de competencias legislativas a ésta Comisión elevaría su rango, la dotaría de mayores instrumentos de actuación y permitiría ganar en agilidad a la hora de tramitar los proyectos o proposiciones de ley que recojan los contenidos de los posibles acuerdos.

Como ya señalamos, la función de una Comisión no Permanente como la creada es sólo elaborar un dictamen, una propuesta de actuación, más o menos detallada, sin duda de gran calado e importancia política, pero la iniciativa legislativa subsiguiente recae en el Gobierno o si acaso en los Grupos Parlamentarios. En todo caso, cuando esos proyectos legislativos lleguen al parlamento seguirán los cauces parlamentarios habituales, y esa Comisión, en cuyo seno nacieron, no intervendrá en su tramitación, para entonces estará disuelta. Lo que seguramente hará que se dupliquen los debates, dilatando la entrada en vigor de muchas de las medidas.

Cosa distinta es que estuviésemos ante una Comisión Permanente Legislativa, aquellas que tienen precisamente como núcleo de actividad la función legislativa derivada del art. 66.2 de la Constitución, es decir la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, mediante el procedimiento conocido como “aprobación con competencia legislativa plena”. Un procedimiento en el que después del debate de totalidad o de toma en consideración por el Pleno, es la Comisión correspondiente la que se ocupa de la tramitación hasta la aprobación definitiva. En el Congreso funciona casi de forma automática (arts. 148 y 149 RC), ya que existe una presunción a favor de la aplicación de esa técnica cuando las iniciativas no afecten a materias constitucionalmente indelegables. En ese caso podría ser la Comisión encargada de tramitar muchos de los proyectos legislativos y reformas consecuencia del pacto fraguado en su seno, lo que les dotaría de mayor agilidad y coherencia.

Todo esto unido a que dispondría también de los mecanismos para desarrollar las otras dos funciones típicamente parlamentarias: la función de control al Gobierno (comparecencias de miembros del Gobierno, autoridades, funcionarios, expertos, solicitud de información, preguntas orales, tramitación de Proposiciones no de Ley…) y la función de representación institucional como interlocutor con la sociedad civil; sin duda reforzaría su papel.

Puede objetarse que las Comisiones Permanentes Legislativas suelen coincidir con la estructura ministerial que adopta el Gobierno, y es cierto. Pero admite excepciones, cada vez más, prueba de ello fue el caso de las Comisiones de Estudio del Cambio Climático y la de Políticas Integrales de Discapacidad durante la XII Legislatura (2016-2019). Inicialmente ambas se crearon también por la vía del art. 53 del Reglamento, como Comisiones no Permanentes, pero finalmente se procedió por el procedimiento habitual de una proposición de ley tramitada en lectura única, procedimiento rápido y sencillo, a la modificación del art. 46.1 del Reglamento para reconocerlas como Comisiones Permanentes Legislativas.

Nuestro sistema parlamentario no atraviesa un buen momento; curiosamente, una vez que se han cuarteado las mayorías y nos hemos instalado en la pluralidad, lo que debiera haber supuesto un aggiornamento y revitalización de nuestros parlamentos, ha provocado un efecto contrario, mas bien la huida de las instituciones representativas. Un desequilibrio evidente a favor del Poder Ejecutivo que va ocupando espacios e imponiendo su control. Como muestra el abusivo uso de los Decretos Leyes del que han hecho gala los últimos gobiernos de PP y PSOE, ambos han convertido un instrumento excepcional en el modo ordinario de legislar. Asusta comprobar cómo el último Proyecto de Ley aprobado en nuestras Cortes data del 13 de diciembre de 2018. Por el contrario, en el 2020 llevamos ya 17 Decretos Leyes; en el 2019 fueron 18; y en el 2018, 28.

Otra muestra de cómo se deprecian las instituciones representativas fue el bochornoso espectáculo de la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrada en el Senado la semana pasada para tratar las medidas contra el coronavirus: sólo asistieron cinco presidentes autonómicos y la ministra de Administración Territorial. El presidente Sánchez ha decidido sustituir ese debate en el Senado por las multiconferencias dominicales desde su despacho, como si una cámara de representación territorial fuese poco más que un cable óptico y una pantalla plana. Luego hablarán de federalismo.

Para terminar, y ante una Comisión que inicia su andadura y a la que se ha cargado con el imponente nombre de “Comisión no Permanente para la Reconstrucción Económica y Social”, en tiempos duros y con tendencia a empeorar, sería conveniente que aquellos que la van a manejar recuerden éste párrafo del profesor Manuel Aragón Reyes a propósito de la polémica clásica entre Kelsen y Schmitt: [1]

“Tampoco en esto hay nada nuevo, puesto que resulta sobradamente conocido que, en el poder democrático, la legitimidad por el origen ha de ir acompañada, necesariamente, de la legitimación por el ejercicio. Hoy, ante lo que algunos llaman crisis del constitucionalismo democrático, resulta necesario insistir en ello.

En estos tiempos en los que la democracia constitucional está asediada por populismos, nacionalismos o fundamentalismos, que son el nuevo rostro del totalitarismo, conviene insistir en que la democracia no suele morir por la fuerza de sus enemigos, sino por la desidia o vileza de sus amigos, esto es, por la corrupción de las propias instituciones democráticas, que pierden, así, su capacidad de resistencia, dejando el campo libre a quienes pretenden destruirlas.”

 

 

Confianza y pactos: reproducción de la tribuna en EM de Elisa de la Nuez

Parece razonable pensar que para llegar a un acuerdo en cualquier circunstancia por muy excepcional que sea -como es la que vivimos- es imprescindible que exista una mínima confianza entre los agentes llamados a colaborar. Según las encuestas nueve de cada diez españoles reclama unos nuevos acuerdos políticos económicos y sociales (unos nuevos pactos de la Moncloa o unos pactos de la reconstrucción, el nombre da bastante igual) que permitan abordar con el consenso de todos la reconstrucción económica, social e institucional que va a resultar imprescindible después de esta pandemia. Sin embargo, según las mismas encuestas la mayoría de los ciudadanos no cree nuestros representantes sean capaces de alcanzarlos. Y es fácil comprender sus razones.

El juego de la polarización, al que se apuntaron todos y cada uno de los partidos políticos, incluso los que se presentaron en un primer momento como el cortafuegos entre rojos y azules, y el paralelo juego de suma cero en que el adversario políticos siempre es un enemigo de la democracia, las libertades, los intereses de los ciudadanos, etc, etc avivado por las sucesivas elecciones fallidas ha dejado un panorama político desastroso. Los políticos están más radicalizados y alejados que nunca cuando precisamente se necesita su moderación y su acercamiento más que nunca. Por otro lado, que el actual Presidente del gobierno presida un gobierno de coalición con Podemos después de haber convocado unas nuevas elecciones para evitarlo ha socavado, como era inevitable, su credibilidad. La torpe gestión de la crisis sanitaria tampoco ha ayudado, particularmente en el ámbito de la transparencia, la información veraz y rigurosa y la comunicación que son esenciales para recuperar la confianza ciudadana en sus gobernantes.

En definitiva, los partidos que están llamados a ponerse de acuerdo de una forma u otra para salir de esta crisis no se fían en absoluto los unos de los otros: la oferta del presidente del Gobierno se ve como una trampa por la oposición, las descalificaciones y los insultos mutuos siguen y no se atisban motivos para el optimismo. Los medios de comunicación con su toma de partido previa y su sectarismo agudizado a favor de unos u otros, con pocas excepciones, tampoco colaboran en la difícil pero ineludible tarea de tender puentes. Por otra parte, es razonable pensar que un gobierno en minoría y con elementos populistas en su interior que tensionan y retardan inevitablemente las respuestas es una peor opción para abordar los enormes retos que se avecinan que cualquier gran pacto o acuerdo transversal que se pueda alcanzar entre gobierno y oposición.

En todo caso, estamos donde estamos y tenemos la política, las instituciones y la ciudadanía que tenemos. Como dice el profesor Fernando Jiménez, estamos una política del siglo XIX, unas instituciones del siglo XX y una ciudadanía del siglo XXI. Y sinceramente pienso que con estas premisas son con las que hay que trabajar. Pero antes conviene recordar una historia de éxito en una situación parecida o peor. En 1977 se estaba realizando el tránsito de la dictadura a la democracia en medio de una monumental crisis económica que hacía peligrar la propia transición política entonces muy incipiente. Podemos pensar que quizás los políticos eran más capaces y más generosos y estaban más dispuestos a colaborar, pero ciertamente las instituciones eran las heredadas de la dictadura y la ciudadanía estaba dando sus primeros pasos en democracia, lo que representaban enormes dificultades. Y tampoco teníamos a la Unión Europea para echarnos una mano. Pues bien, con esos mimbres se alcanzaron en un tiempo récord en octubre de 1977 los acuerdos transversales, económicos y sociales conocidos como Pactos de la Moncloa.

Merece la pena recordar un poco como se gestaron, por si podemos aprender algo de nuestros mayores. Empezando por el famoso discurso de febrero de 1977 del entonces Ministro de Economía de UCD y muñidor de los acuerdos, Enrique Fuentes Quintana que merece la pena escuchar en estos tiempos difíciles y que está disponible en Youtube. Es un discurso muy alejado de los de hoy por su concisión, su claridad, la información que trasmite (se proporcionan muchos datos a los ciudadanos) pero sobre todo por algo que suele brillar por su ausencia en los discursos actuales: el de dirigirse a los ciudadanos como personas mayores de edad, con experiencia y sentido común y perfectamente capaces de comprender y afrontar las adversidades y los retos que se les exponen, así como de asumir los sacrificios que se les piden. Desconozco qué credibilidad tenía entones el Gobierno de Adolfo Suarez y ni siquiera sé si entonces se realizaban encuestas de este tipo; pero ciertamente es un discurso que inspira confianza.

Algunas frases me parecen especialmente relevantes a estos efectos: el reconocimiento de que no hay soluciones fáciles, porque los problemas que hay que abordar son complejos y profundos. La advertencia de que quien diga lo contrario es un demagogo (hoy diríamos un populista). El aviso de que los problemas no se resolverán en pocos meses y de que en la vida pública no hay milagros. La apelación a la colaboración de todos los ciudadanos porque los problemas económicos de un país solo se pueden superar mediante el esfuerzo y la colaboración de todos. La promesa de que dentro de los esfuerzos colectivos se protegerá a los más desfavorecidos, de que el gobierno utilizará a fondo todos los mecanismos para redistribuir la renta y la riqueza. Su creencia en la fuerza creadora de la libertad y en la libertad de mercado, pero sin temor a las intervenciones adecuadas para cortar las “aberraciones” (sic) del mercado. Y su conclusión, que comparto plenamente: solo puede esperar la colaboración un Gobierno en el que los españoles confíen como veraz y les merezca credibilidad. Pero esa credibilidad, reconoce Fuentes Quintana, se la tendrán que ganar con palabras de verdad y con hechos que respondan a esas palabras. Lo hicieron.

¿Es posible algo así en la actualidad? Pero quizás esa no es la pregunta correcta sino que la que tenemos que plantearnos es otra :¿Es imprescindible algo así en la actualidad? Y si es así, como pensamos muchos ¿Cómo hacerlo posible? Aún a riesgo de ser tachada de ilusa, creo que hay algunas claves importantes que pueden servir de hoja de ruta.

La primera es obvia: corresponde al Gobierno tomar la iniciativa, cosa que ya ha hecho aunque haya aceptado a propuesta del PP que el debate se realice en el seno de una comisión parlamentaria. Más allá de que no se le eligiera para lidiar con una catástrofe de estas dimensiones es el Gobierno legítimo que hemos elegido. Pero se trata de una situación extraordinaria en la que debe de ser capaz de tender la mano a la oposición y también a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Además de las palabras –puestos a pedir se agradecería una mayor austeridad e información en los discursos del Presidente y menos descalificaciones e insultos en los de la portavoz parlamentaria del PSOE por no hablar de los representantes de Podemos dentro y fuera del gobierno – debemos empezar a ver hechos, y pronto. Los hechos no son fotos de reuniones donde no se acuerda nada o comisiones interminables o propaganda imputando a los demás la falta de consenso: son grupos de trabajo específicos por materias donde puedan estar presentes técnicos y expertos de cada ámbito.

La segunda clave también me parece evidente. Es mucho más fácil que se pongan de acuerdo los políticos después de que lo hagan los técnicos y los expertos sobre medidas concretas. Entre profesionales de una misma materia existen siempre unos consensos básicos sobre lo que los juristas llamamos “la lex artis”, es decir, el conjunto de normas o criterios que definen la corrección de una actuación profesional. Esto no quiere decir que la tecnocracia sustituya a la política; pero estamos hablando de medidas económicas y sociales y para diseñarlas se necesitan expertos que tienen que basarse en la evidencia empírica disponible. A los políticos les corresponde la función más relevante, que es la de llegar a acuerdos para aprobarlas, reformarlas o matizarlas en función de los consensos sociales necesarios para que tengan la mayor legitimidad posible. No olvidemos que si pedimos sacrificios y esfuerzos a los ciudadanos cuando más consenso tengan estas medidas de más legitimidad gozarán.

La tercera clave es la transparencia. Una información veraz, completa, rigurosa y puntual de todo lo que se esté haciendo y lo que se está negociando. Tenemos una sociedad civil cada vez más organizada y especializada y más capaz de realizar análisis y ofrecer comentarios y propuestas sensatas en tiempo real que deben de ser aprovechadas al máximo. Su cooperación es imprescindible a efectos de alcanzar el mayor consenso posible. Es lo contrario de lo que se oye estos días sobre los acuerdos “a puerta cerrada” o entre bambalinas. Los ciudadanos no somos menores de edad y tenemos mucho que aportar.

La cuarta clave es quizás la más relevante, y me remito de nuevo al discurso de Fuentes Quintana porque lo expresa mucho mejor que yo. “Se trata de abordar los problemas de conformidad con el contexto democrático, negociando y buscando acuerdo y transiciones. Porque el país ha demostrado que no quiere imposición para resolver el conflicto y porque la oposición es parte del poder. Y los problemas afectan al interés general y necesitan colaboración responsable de todos los grupos y de todos los partidos. Encontraremos el camino abierto que este país tiene hacia un futuro de bienestar y libertad.”