Es fácil torcer el gesto la primera vez que se escucha alguna propuesta como otorgar personalidad jurídica a una laguna, o a los robots. No en vano, parece una ruptura evidente de los dogmas elementales que sostienen el sistema jurídico privado. Una idea más próxima al anatema que a la consideración. Y, sin embargo, si se considera la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a nuevos entes no humanos, algunas conclusiones pueden sorprender a esa impresión inicial. No sólo porque no sea tan obvia la ruptura con todo el clasicismo civilista, sino porque ya pasamos antes por algo parecido. Vaticinando que poco duraría tal aventura de personificación, ya opinó De Castro en la primera mitad del pasado siglo que «(…) la doctrina no encuentra dificultad en ensanchar el concepto de persona jurídica, para encajar en él a la Sociedad Anónima, pues le bastaba volver a la equivocada y antes desechada idea de que la personalidad consiste sólo en ser sujeto de derechos y obligaciones; lo que le permitía convertir a la persona jurídica en un concepto puramente formal». Y, sin embargo, las sociedades siguen siendo personas jurídicas, sin que parezca haber ahora ni una firme oposición, ni un trastorno evidente del sistema. Convendría revisar si acaso ocurre ahora igual.

La principal premisa de la personalidad, como categoría jurídica, es la propia naturaleza jurídica de la misma. No se trata de una calificación que otorgue ninguna categoría moral o estatus ético, sino de una herramienta con la que atribuir efectos jurídicos a los supuestos de hecho previstos. Un instrumento para solucionar problemas u optimizar resultados. Sin embargo, la elevación de la personalidad a una condición o símbolo de dignidad ha sido, en no pocos casos, más poética que jurídica, y poco útil en la práctica. Ni hace falta atribuir personalidad a entes no humanos de los que se quisiera predicar un valor singular, como podrían ser los animales; ni tampoco la atribución de la misma a entes patrimoniales de posible funcionalidad autónoma habría de suponer dotarles de dignidad alguna. Es probable que estas confusiones sean fruto de una trampa del lenguaje: si en vez de haberse llamado a la categoría “personalidad” se la hubiera nominado como “sujeto jurídico”, acaso no persistirían parte de los problemas y discusiones al respecto, en uno y otro sentido. Y es que, ni todos los seres humanos han sido siempre personas, ni todas las personas han sido siempre humanas.

Sin perjuicio de lo afirmado, cabe reconocer tres extremos que vinculan, de forma estructural, humanidad con personalidad jurídica. En primer lugar, en nuestro sistema jurídico, y en los de nuestro entorno, todo ser humano se considera persona, pues a la personalidad se vinculan efectos hoy esenciales para la configuración jurídica fundamental de los ciudadanos, partiendo de la propia aptitud de tener derechos. En segundo lugar, como autor de todo derecho, el ser humano es la medida y, directa o indirectamente, fin de toda norma. No porque se quiera establecer una primacía de los seres humanos o sus intereses frente a cualquier otra entidad, sino porque no nos es posible a los seres humanos crear un derecho que no sea obra humana. El propio concepto de “interés” es esencialmente humano y, por ello, hasta el interés de acabar con el antropocentrismo sería, en fin, un interés humano también. En tercer lugar, el sistema jurídico privado parte de actos jurídicos en los que la voluntad, inmediata o mediata, cumple una función esencial. Como quiera que el ser humano es el único ente capaz de tomar decisiones voluntarias, tal y como las entendemos, toda persona jurídica necesitará intervención humana, de una u otra forma, para poder desarrollar su función.

A partir de ahí, asumiendo que la ley vigente, y sólo ésta, puede dotar de personalidad jurídica a nuevos entes, que no tienen por qué ser humanos, la cuestión se desplaza a qué significa tal personificación. Esto es: qué efectos jurídicos supone. Porque, si no hubiese ninguno, no habría dimensión jurídica en el mero título de “persona”. Desde ahí cabe plantearse, de una parte, si existe un contenido mínimo que informa el concepto jurídico actual de personalidad jurídica; así como si se trata de un contenido flexible, y hasta dónde puede llegar la configuración del mismo. Ciertamente, la norma que dotara a un ente de personalidad podría concretar las eventuales especificidades de la personalidad que se tratara, ampliando o limitando alguno de los efectos que seguirían a la personificación. Mas, como de hecho ha ocurrido en la Ley 19/2022, para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor, cabe que la norma limite su contenido a una mera declaración genérica de personificación.

Siempre desde una perspectiva limitada a las personas jurídicas privadas, si hubiera que buscar una regulación general y básica de la personalidad jurídica, acaso podría encontrarse en los arts. 28, 35 a 39 y 41 del CC. Algunos preceptos, como el art. 38 CC, son directamente y expresamente aplicables a toda persona jurídica. Otros, entre analógicamente aplicables y demasiado específicos para poder aplicarse con generalidad. En fin, sí es posible deducir un parco régimen general tipificado como punto de partida para todas las personas jurídicas, principalmente determinado por la capacidad jurídica general (arts. 37 y 38), la capacidad especial patrimonial (art. 38) y la finitud de la persona jurídica (art. 39).

Añadiendo a tales preceptos los caracteres comunes a las personas jurídicas hoy existentes, así como el análisis doctrinal y los pronunciamientos judiciales sobre las mismas, cabría deducir unos posibles elementos mínimos de la personalidad que toda persona habría de tener: Primero, identidad e identificabilidad, como condición de individualidad, de concreción jurídica necesaria. Segundo, la existencia de órganos representativos, en los que seres humanos aporten voluntad al ente personificado. Tercero, capacidad jurídica, acaso sinónimo de personalidad en su sentido más básico. Cuarto, patrimonio, y no sólo como expresión primaria en el ámbito del derecho privado de la capacidad jurídica, sino como vehículo necesario para ejercitar los derechos propios, así como para responder de la propia responsabilidad. Quinto, la personificación que se otorgue ha de suponer un interés jurídico relevante. Además, el ente personificado, carente de intereses intrínsecos o de una voluntad caprichosa, necesita que se determine su finalidad y la orientación sus actuaciones de conformidad con el interés jurídico que la informa. De otra forma, los órganos que lo representaran carecerían de instrucciones, directrices o criterios para poder realizar acto alguno.

Además, los elementos anteriores no tienen por qué manifestarse en todas las personas jurídicas de forma absoluta, sino que se trata de elementos flexibles. Podrán concretarse tanto por la naturaleza de la persona de que se trate -así, por ejemplo, no haría falta disposición que limitase el derecho a la vida de entes no vivos-; como por la norma que otorgue personalidad, apta para limitar la capacidad otorgada sólo para algunos ámbitos, como podría ser el patrimonial.

La ley, con un mínimo de estructura y técnica jurídica, y siempre que salve eventuales conflictos de competencia que pudieran afectar al ente a personificar -sobre todo cuando se trate de entes con una base territorial, como los naturales-, puede otorgar personalidad jurídica a entes no humanos. Que pueda hacerlo, empero, no implica que se trate de una buena opción. Hay muchas posibilidades en manos del legislador que no habrían de convertirse en herramientas jurídicas útiles. Al juicio de posibilidad ha de añadirse el más relevante juicio de idoneidad. A tal efecto, lo relevante será determinar qué utilidad aporta la personalidad como institución jurídica; y valorar si tal utilidad habría de concretarse en el ente que se pretenda dotar de personalidad.

No basta la mera intención de “proteger” al ente a personalizar. Por una parte, porque hay muchos bienes jurídicos dignos de protección, efectivamente protegidos, sin necesidad de hacerlos personas. Baste pensar en el patrimonio artístico como ejemplo. Por otra, porque, aunque la personalidad pudiera servir para alcanzar una vía de aparentemente autotutela, a través de sus órganos representativos -de los seres humanos que intervinieran en éstos-; esta protección no tiene por qué ser mejor. No basta la consigna, ni la novedad. Por posible que resulte, para crear un elemento nuevo, inevitablemente disruptor del sistema, hace falta una justificación cabal de una utilidad suficiente que esa novedad pueda aportar. No necesariamente en cuanto a la protección del ente, sino también sobre otros extremos, como una mayor eficiencia en la actividad que el ente pudiese desarrollar -como ocurre con las sociedades personificadas-. En ocasiones, sin embargo, es más fácil encontrar un bienintencionado optimismo respecto a lo nuevo —o un pesimista desengaño frente lo viejo—, antes que un serio planteamiento de lo concreto.

Gabriel Macanas

Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Murcia