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Enemigos del pueblo, por Germán M. Teruel Lozano en ‘Letras Libres’

“Enemies of the people” fue la portada del Daily Mail cuando, en el fragor del Brexit, la Corte Suprema resolvió que la decisión de abandonar la Unión Europea exigía la aprobación del Parlamento, a pesar de que el pueblo ya se había pronunciado a su favor. Se contraponía así democracia a legalidad, se situaba al Parlamento y los jueces frente al pueblo. De esta forma se manifestaban con absoluta claridad los postulados del populismo iliberal que corroe las bases de nuestras democracias. Y es que, en nuestra lógica democrática, aunque puedan existir tensiones, no caben tales contraposiciones. Todo lo contrario. Como reza el nombre oficial de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa: “For democracy through law”. Porque solo es auténtica democracia aquella regida por el imperio de la ley; y solo es legítimo el Estado de Derecho cuando se engarza en una sociedad democrática abierta y plural. Democracia e imperio de la ley son así dos conceptos inescindibles. Una democracia que se realiza, fundamentalmente, a través de la representación parlamentaria.

Ahora bien, presentar a los jueces como una casta togada y conservadora que se enfrenta al espíritu del pueblo es un truco muy viejo, también en democracia. Ya los revolucionarios franceses se preocuparon porque los jueces no fueran un obstáculo para la consecución de los avances que exigían la ruptura con el régimen anterior y de ahí la doctrina del juez como viva vox legis. Sin embargo, más recientemente, estos mensajes tienen unas connotaciones claramente iliberales en boca de quien ostentando un poder público no quiere rendir cuentas ni ser controlado. Así, podemos recordar el “jueces comunistas” que invocaba Berlusconi o cómo Trump y su séquito han sembrado la desconfianza en el sistema judicial norteamericano y en otro ámbito fundamental para una democracia, el orden electoral, por poner solo dos ejemplos. Y es que, como les explico a mis alumnos, la primera lección del manual del populista iliberal es capturar el poder judicial y, ante la resistencia del mismo, minar su credibilidad para luego poder justificar su asalto.

Por ello, creo que debe preocuparnos ver cómo en los últimos tiempos se ha deteriorado la confianza en el poder judicial en nuestro país. En general, España es uno de los países de Europa donde la confianza ciudadana en las instituciones es más baja y, en lo que aquí interesa, hay una extendida percepción entre la ciudadanía de que la justicia en España está politizada. De acuerdo con los datos de 2021 facilitados por el propio CGPJ, un 66% de los españoles considera que los jueces reciben presiones, lo que contrasta con la apreciación de los propios jueces donde tan solo un 10% comparten tal impresión. Y, según los datos publicados en 2023 sobre la imagen de la justicia en nuestro país, un 87% de los encuestados considera que los políticos tratan de influir en el poder judicial. Al final, el mantra de la “politización de la justicia” va haciendo mella en la ciudadanía.

Se trata, en mi opinión, de una desconfianza inducida de forma no ingenua, sino intencionada, por unos políticos que, para colmo, son los responsables fundamentales de muchos de los problemas que tiene nuestra justicia, empezando por la pérdida de credibilidad de algunos de sus órganos a consecuencia de la sistemática captura de los mismos por los partidos vía nombramientos.

En cualquier caso, no podemos quedarnos en señalar la culpa de los políticos. Si no queremos que se nos desmorone el sistema, debemos afrontar, con razones y sentido crítico, esa “percepción” de que la justicia está politizada, la cual tiene una cierta base real que la fundamenta, aunque creo que menor de lo que aparenta. No podemos permitirnos el lujo de que la ciudadanía siga desconfiando en la justicia. Lo escribía Balzac: “desconfiar de la magistratura es un comienzo de disolución social”. En realidad, desconfiar de nuestras instituciones, en general, es la semilla de esa disolución.

Pues bien, para afrontar este debate lo primero es sentar una premisa y desmentir un tópico falaz. La premisa es que la confianza en la justicia no es una creencia o fe ciega, sino que se sustenta en la existencia de todo un orden legal y de un sistema judicial que permite ir corrigiendo las desviaciones. Como en cualquier colectivo, puede haber un juez politizado que actúe movido por sus sesgos, pero, hasta llegar a Estrasburgo, tenemos mecanismos eficaces para corregir tales decisiones e, incluso, en los casos más graves, para exigir responsabilidades penales. Por tanto, por principio, no puede haber lawfare en un Estado de Derecho, porque, si un juez actúa de forma contraria a derecho, podrá ser corregido y castigado. Eso sí, la actuación desviada de un juez se observará, fundamentalmente, en cómo motive sus decisiones, sin que pueda juzgarse aquello que le haya movido en su fuero interno. De ahí que las actuaciones judiciales puedan criticarse, pero a partir de argumentos jurídicos centrados en la justificación que toda decisión judicial ha de tener, sin recurrir a descalificaciones ad hominem ni a especulaciones sobre unos motivos íntimos que desconocemos.

Luego, el tópico a desmentir: los jueces y magistrados son conservadores. Una cierta razón hay en señalar no ya a los jueces, sino a los juristas, como conservadores. El estudio del derecho inculca algo de ese espíritu, entendido como convicción de que el progreso exige también preservar, porque uno es consciente del legado que hemos recibido desde nuestros fundamentos en el derecho romano y cómo nuestro orden jurídico ha ido evolucionando y adaptándose, pero con problemas y principios que tienen mucho de inmutable cuando se trata de organizar la convivencia humana. Más allá, los datos revelan que no hay razones para sostener la afirmación de que nuestros jueces sean conservadores en un sentido ideológico fuerte. De hecho, más de la mitad de los jueces no se encuentran asociados y las dos asociaciones judiciales más directamente vinculadas con partidos (la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, con el PP, y la de Jueces y Juezas para la democracia, con el PSOE) no suman ni un tercio de los jueces y magistrados totales.

En cuanto al sistema de oposición, este puede dar lugar a un cierto sesgo de clase social (no ideológico), algo que es un problema compartido con toda la alta función pública española (sin que ello lleve a acusar a los abogados del Estado o a los TAC de ser “conservadores”). A mayores, solo un 5,96% de los jueces que acceden por oposición tiene algún familiar que sea juez o magistrado e, incluso, un 20-30% de los nuevos jueces, según la promoción, tiene padres sin estudios superiores. Eso sí, en torno al 95% de los jueces han necesitado el apoyo económico de sus familias, aunque poco a poco se va incrementando la política de becas.

A partir de aquí, el análisis de la politización de la justicia tendría que centrarse, a mi entender, en observar el Tribunal Supremo y, aunque no sean poder judicial, en dos órganos especialmente vinculados, por un lado, el Consejo General del Poder Judicial, que no ejerce función jurisdiccional, pero tiene una importante influencia en los nombramientos judiciales, y el Tribunal Constitucional. Y debe hacerse teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos. Si los ingleses sufrieron su Brexit y los americanos tuvieron el asalto al Capitolio, en España sufrimos la embestida del populismo iliberal en la forma del procés el otoño de 2017, que nos ha dejado una política desbocada y un orden institucional herido.

Así, el Consejo General del poder judicial, que nació con el objetivo de alejar del Ministerio de Justicia determinadas decisiones sensibles (como nombramientos, ascensos o régimen disciplinario de los jueces), creo que a lo largo de estos años no ha cumplido con ese desiderátum como habría sido deseable. Sus vocales han dado demasiadas muestras de división por bloques y, cuando de nombramientos se trataba, aunque no creo que se haya producido una captura política de los altos puestos judiciales, sí que ha primado una lógica de cabildeo corporativo donde el patronazgo asociativo ha tenido un peso excesivo. Pero, sobre todo, este último periodo de bloqueo y de turbulencias políticas ha hundido la credibilidad del órgano, contaminando a todo el poder judicial. Veremos si los nuevos vocales son capaces de revertirlo, aunque sea mínimamente.

En relación con el Tribunal Constitucional, la situación es especialmente preocupante. No tengo estudios demoscópicos, pero creo no equivocarme si afirmo que su pérdida de credibilidad es muy profunda. La lectura jurídica de sus sentencias es cada vez menos importante, empañada por su división en bloques alineados ideológicamente cuando deciden casos sensibles ideológicamente. Una realidad inédita en nuestro país. Incluso, cuando se invocan precedentes polémicos (Rumasa, Estatuto catalán…), se obvia que en aquellos casos hubo división, pero no un alineamiento ideológico absoluto de sus magistrados. A este respecto, los culpables primeros de esta situación son los principales partidos que, de forma cada vez más acusada, han ido eligiendo magistrados con un alto perfil político y, aun peor, con probada docilidad hacia sus patronos políticos. Ahora bien, la responsabilidad última es de los propios magistrados que, una vez con la toga puesta, no se desprenden de ese patronazgo olvidándose, parafraseando a P. Rosanvallon, de que su primer deber es el de ingratitud con quien los nombró. Hoy, más que nunca, resulta imperioso releer aquel primer discurso de García Pelayo como primer presidente del Tribunal Constitucional para recordar su esencia como órgano jurisdiccional que corona un Estado constitucional de Derecho.

¿Y qué ocurre con nuestro Tribunal Supremo, que en los últimos tiempos se ha situado en el centro del debate político? Lo primero que sucede es que, en un contexto de turbulencias iliberales, las tensiones políticas terminan convirtiéndose en problemas jurídicos que le corresponde resolver a nuestro Alto Tribunal. La manida “judicialización” de la política es, en realidad, la consecuencia del auge de una política iliberal cada vez más expansiva, que desconoce los límites y controles al poder. Así que las salas de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo del Supremo han tenido trabajo extra. La gran patata caliente fue el juicio penal a la insurgencia independentista, resuelta por unanimidad y con un proceso impecable –todo sea dicho–, pero también ha habido notables decisiones del Supremo controlando al Gobierno y a la Fiscalía, y, ahora, ha llegado el vendaval de la amnistía.

No es fácil para un órgano jurisdiccional lidiar con un contexto y unas causas como estas y creo que, en general, el Supremo lo ha hecho con tiento y acierto. Aquellos que lo acusan de estar “politizado” chocan contra la evidencia de que la mayoría de sus decisiones en casos polémicos han sido dictadas por unanimidad o por amplias mayorías (y no vale pensar que todos los magistrados del Supremo son conservadores, porque no es así). Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo debería ser cuidadoso para no caer en lo que podríamos llamar la tentación del “justiciero”.

Ocurre, a mi entender, que el Supremo es consciente de su singular posición en la defensa del Estado de Derecho en un contexto como el ya descrito. Además, su Sala de lo penal ha intentado cubrir importantes espacios de impunidad a los que la ley no daba adecuada respuesta en casos en los que se observaba un bosque de actuaciones fraudulentas (caso ERE) o de graves ataques ante los propios cimientos de nuestra convivencia democrática (caso procés). Pero, al mismo tiempo, este encomiable afán le ha llevado a, si se me permite la expresión, jugar al fuera de juego en algunos casos (no en todos), extendiendo los contornos de su propia jurisdicción. Algo de ello creo que está presente en su última decisión sobre la no amnistía de la malversación. El problema es que este afán (a lo que ayudan poco algunos excesos retóricos de ciertas decisiones) puede terminar contribuyendo al mal que se quiere paliar, convirtiéndose en diana de alguna justificada crítica (y de muchas injustificadas o excesivas).

Por todo ello, en estos momentos en los que al régimen del 78 se le están abriendo las costuras, creo que debemos escuchar con detenimiento las admoniciones de nuestro Rey, reserva última del sentido de nuestras instituciones, quien está cumpliendo con escrupulosidad, sobriedad y prudencia con su papel como jefe del Estado en una monarquía parlamentaria. En concreto, en su discurso de la pasada Nochebuena recordaba que “cada institución, comenzando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala”. Una apelación a la autocontención institucional que en estos estresados tiempos resulta fundamental. Ya nos enseñó J. Bryce, y es predicable de nuestra Constitución, que las constituciones rígidas están construidas “como un puente de hierro de ferrocarril, hecho sólidamente para resistir la más grande presión del viento o del agua que probablemente caerán sobre él. Si los materiales son sólidos y la hechura buena, el puente resiste con aparente facilidad y quizá sin mostrar signos de esfuerzo o movimiento, en tanto la presión quede dentro del límite previsto. Pero cuando este límite es rebasado, puede romperse en pedazos de repente y completamente”. Ayudemos a descargar la nuestra con moderación, sabiendo cada uno, ciudadanos e instituciones, cuál es nuestro lugar.

Artículo originalmente publicado en Letras Libres (05/07/2024).

Si no priman los méritos, aparece la desigualdad en la Justicia, por Irene de Noriega y Cecilia de la Serna en ‘Artículo 14’

El techo de cristal no escapa al mundo de la judicaturaEl 56% de los jueces y magistrados en activo en el sistema judicial español son mujeres, según los datos de 2023 del informe sobre la estructura de la carrera judicial elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, ellas siguen siendo minoría cuando llegamos a la cúpula del poder judicial.

España, un país que ha vivido una gran transformación social y que abandera el movimiento feminista, suspende sin embargo en esta materia: es uno de los estados miembros de la Unión Europea con menor número de mujeres en su Tribunal Supremo –el órgano que se encuentra en la cúspide del sistema judicial–, solo por delante de la República Checa, Dinamarca, y Malta.

Todos estos datos, recogidos en el Informe del Estado de derecho que elabora anualmente la Fundación Hay Derecho y cuya nueva edición se publicará próximamente, ponen de manifiesto una problemática estructural: la de la desigualdad de género, que tiene muchas explicaciones. Una, la más evidente, es la de la discrecionalidad de los nombramientos. Es decir, cuando estos nombramientos se realizan sin atender a requisitos objetivos, concretos y claros.

La discrecionalidad de los nombramientos en la cúpula judicial está directamente relacionada con la brecha de género que prevalece en la misma. Los datos no engañan: cuando las promociones profesionales se realizan con base en criterios objetivos, entonces se produce una distribución más equitativa de los cargos entre hombres y mujeres. Así, por ejemplo, cuando las promociones se realizan por escalafón –antigüedad– para órganos unipersonales, o por elección directa entre otros jueces –para las salas de gobierno de tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo–, la distribución es casi paritaria: 2475 hombres, 2686 mujeres en las primeras y 65 mujeres, 70 hombres en las segundas. Sin embargo, ahí donde entra la discrecionalidad, el equilibrio se pierde: 50 hombres frente a 15 mujeres en el Tribunal Supremo o 43 hombres frente a 28 mujeres en la Audiencia Nacional.

Por otro lado, la discrecionalidad exige a los jueces y magistrados con aspiraciones de apuntar más alto un esfuerzo en la construcción de una agenda de contactos e influencias. Y, tal y como apuntaban las magistradas María Isabel Llambés Sánchez y Amparo Salom Lucas en el Blog Hay Derecho, «si ya nos resulta muy difícil el conciliar vida familiar y profesional, resulta impensable tener tiempo extra para mantener relaciones y contactos».

Mientras tanto, las mujeres siguen liderando las listas en el acceso a la carrera judicial y fiscal. Desde 2014, más mujeres que hombres superan en cada convocatoria la oposición. A nadie se le escapa que la oposición, con sus promotores y detractores, es un proceso objetivo basado en la capacidad de los aspirantes de superar las duras pruebas y largos años de preparación. En la última convocatoria, 96 mujeres accedieron a la carrera judicial, frente a 42 hombres. ¿Podrán llegar ellas también a lo más alto de la carrera judicial?

La reciente renovación del CGPJ, que termina con más de cinco años de bloqueo institucional, ha sido ampliamente celebrada. Con sus luces y sus sombras, es una buena noticia que se desbloquee el órgano. Pero no bajemos la guardia: la discrecionalidad sigue vigente, y sigue detrás de la desigualdad de género que impera en la cúpula judicial. A falta conocer cómo se van a desarrollar algunas de las medidas anunciadas, será crucial, por ejemplo, que la nueva comisión de calificación del CGPJ establezca criterios objetivos basados en el mérito y la capacidad que permitan, de verdad, que las personas más preparadas accedan a los puestos de responsabilidad. Veremos entonces si hay una distribución más equitativa.

Por el momento, sólo ocho de los 20 nuevos vocales acordados son mujeres. Además, ante el Tribunal Constitucional, el nuevo nombramiento no cambiará las tornas. Resulta paradójico que sólo una mujer, María Emilia Casas, lo haya presidido en sus más de 40 años de historia.

En 2021, la Asamblea General de la Naciones Unidas declaró el 10 de marzo como el Día Internacional de las Juezas (International Day of Women Judges) para promover la representación de las mujeres en el poder judicial. Quedan ocho meses para saber si el próximo 10 de marzo tendremos algo que celebrar.

Artículo originalmente publicado en Artículo 14 (29/06/2024).

​​La renovación del Consejo (y del TC), los cromos y la cosmética del bipartidismo en el régimen del 78, por Germán M. Teruel Lozano en ‘Letras Libres’

Después de varios años de un irresponsable bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, desde la capital europea hemos visto una fumata que anunció el acuerdo entre nuestros principales partidos. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Estamos ante una auténtica fumata blanca?

La premisa creo que puede ser compartida por todos: urgía acabar con esta situación de bloqueo. Llevamos ya un lustro largo de devastación institucional consecuencia de una polarización que incapacita para alcanzar consensos con el adversario político, la cual está minando las bases de nuestros regímenes políticos (uso el plural, porque no es un problema solo de España). Las constituciones nacidas de las cenizas de la II Guerra Mundial fueron constituciones de “consenso”, no solo porque en su momento original nacieran con un apoyo político transversal especialmente amplio, sino porque en su propio diseño presuponían una forma de concebir la política que reclama el entendimiento de las principales fuerzas políticas que en el centro-derecha y centro-izquierda aglutinan a una amplia mayoría social, al menos cuando se trata de decidir sobre las reglas del juego democrático y su arquitectura institucional. Bloqueos como el vivido no son más que la muestra de cómo se ha deteriorado esa “empatía” que resulta imprescindible para la supervivencia del régimen político del 78. Si, para colmo, el bloqueo se acompaña de propuestas con aroma indudablemente iliberal (como reformar sin consenso el estatuto de un órgano constitucional capándolo de sus competencias constitucionales o se amenaza con rebajar las mayorías para “colocar” a los propios si no había acuerdo), el resultado es explosivo. En nuestro caso, ha supuesto no ya solo el descrédito político, sino también un hondo deterioro de la confianza en el Poder Judicial.

De ahí que, a mi entender, debamos felicitarnos por el solo hecho de que PP y PSOE hayan alcanzado un acuerdo. Algo que, por cierto, ha sentado bastante mal a aquellos partidos que no pierden oportunidad de entonar su delenda est 78. Por tanto, como primera conclusión, aunque con muchas cautelas porque las dinámicas políticas son las que son, celebremos que ¡todavía hay esperanza para el régimen del 78! Se trata, además, de un acuerdo en el que no hay borrones que lo oscurezcan de forma radical. No estamos, como en la renovación del Constitucional de noviembre de 2021, ante un pacto votado con “la nariz tapada”. Eso sí, a aquellos que deseamos larga vida al régimen del 78 nos deja un sabor agridulce porque sus luces no ocultan sus muchas sombras.

Los borrones

En primer lugar, una cuestión estética pero que afecta a la sustancia: resulta desolador ver a nuestros representantes políticos tutelados por la Comisión Europea para cumplir con una obligación constitucional capital para la vigencia del Estado de Derecho. La imagen deja a nuestra clase política a la altura del betún, pero, sobre todo, ha supuesto un acto de auténtico vilipendio a nuestro Parlamento, relegado a mera comparsa, sin que ninguno de los presidentes de las dos Cámaras haya pestañeado a lo largo de todos estos años. Un proceso que no ha hecho sino constatar que la democracia parlamentaria que nominalmente proclama nuestra Constitución ha sido sustituida por una partidocracia (en realidad fue sustituida, porque viene de lejos).

En segundo lugar, la luz del desbloqueo se ve ensombrecida porque el acuerdo no se extiende al segundo de los grandes problemas que pesaban sobre el Consejo: su forma de nombramiento. Algo en lo que venía insistiendo la Comisión Europea en sus informes anuales sobre la situación del Estado de Derecho en España era en que la preocupación era doble: por un lado, la falta de renovación, pero, por otro, la necesidad de adoptar medidas para adecuar su forma de elección a los estándares europeos. Y sobre esta última cuestión el acuerdo PP-PSOE pega una patada hacia adelante al diferir en el tiempo y en el sujeto la concreción del modelo, encomendando al nuevo Consejo la responsabilidad de aprobar un informe, en el plazo de seis meses, sobre la elección de los vocales judiciales, que deberá contar “con la participación directa de jueces y magistrados que se determine”, y que deberá vestirse de forma que contente a la vigilante Comisión Europea. Un compromiso crítico (y críptico) que, para colmo, el propio Bolaños y Patxi López han descafeinado en declaraciones públicas. Aun así, creo que el margen de maniobra es estrecho, ya que en el marco europeo se ha forjado un estándar ya consolidado que impone que, allí donde hay consejos judiciales, su composición sea mixta, de forma que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por y entre los propios jueces y magistrados. Ese era también el sentido de nuestro diseño constitucional, tal y como quedó reflejado en la primera regulación orgánica, que fue reformada en 1985 para llevarnos al modelo actual que tantos problemas ha dado: que los veinte vocales sean elegidos por el Parlamento. Por tanto, el sentido de nuestra Constitución y los estándares europeos marcan el dictado de la reforma con un signo claro: volver a que los doce vocales judiciales sean elegidos por y entre los jueces y magistrados, siguiendo una lógica de representación corporativa, y los ocho no togados, juristas de reconocido prestigio, sean nombrados por las Cortes. Así que más le vale al PSOE dejar de seguir insistiendo en la idea de que el Consejo tiene que ser elegido democráticamente, porque no es como una “asociación de petanca”. Un mantra que dista de ser así: su legitimidad no está en la elección parlamentaria de sus vocales, sino en lograr la autonomía del órgano, cuya legitimidad se sostiene en la idea de imparcialidad descrita por P. Rosanvallon. Donde sí que habrá que afinar será en el diseño del sistema electoral que se articule para votar a los vocales judiciales, en el cual deberían incluirse cautelas para evitar el predominio de las asociaciones judiciales. Por otro lado, para la elección de los vocales no togados, juristas de reconocida competencia, el gran avance sería exigir que se abriera un concurso público para que se pudieran presentar candidatos y que, antes de la designación política, hubiera una evaluación por una comisión técnica (como se previó para RTVE, por mucho que el sistema se haya terminado pervirtiendo), en lugar de teatrillos en audiencias parlamentarias. Pero nada de esto está en el acuerdo.

Partitocracia

Por lo demás, entrando de lleno en el contenido de lo acordado para el desbloqueo, la lista de los vocales del Consejo y del propio magistrado constitucional también tiene sus propias luces y sombras. La luz, quizá tenue, es que en general se ha rebajado el perfil político de los designados, evitándose que sean muchos los “sapos” a tragarse (Echenique dixit en la renovación de 2021 del Constitucional). Igual que, al menos por pudor, esta vez no se ha confirmado (aunque intuimos que esté pactado), el nombre del futuro (seguramente futura) presidenta del TS y del CGPJ. Ahora bien, estos motivos de “discreta” celebración no deben esconder que la lógica que sigue imperando es la partitocrática de las cuotas para ir colocando afines: el ya “clásico” (y desgraciado) reparto de cromos. Tú pones diez y yo otros diez, el TC para ti y la presidencia del TS para mí… Una lógica que en su día el Tribunal Constitucional, con una cierta dosis de ingenuidad, advirtió que resultaba incompatible con el espíritu de la Constitución.

De hecho, aunque entre los designados hay algunos perfiles interesantes por su independencia y prestigio profesional, apenas se acerque un poco la lupa a la lista se pueden rastrear con facilidad los vínculos políticos y las filiaciones asociativas de la mayoría de los nominados. Nuevamente, el prestigio profesional palidece ante la afinidad que, en el caso de los judiciales, se traduce en cómo ciertas asociaciones judiciales se garantizan sus cuotas de poder, mientras que se orilla a jueces no asociados o a aquellos afiliados a asociaciones con menos sintonía con los partidos. Además, el nombramiento de José María Macías como magistrado constitucional confirma un cursus honorum en el que el Consejo es un banco de pruebas de la lealtad al partido que acredita para saltar luego al Constitucional. Amén de que, en este caso, optar por una persona que se ha manifestado públicamente muy crítica y ha informado en contra de la ley de amnistía puede suponer un error estratégico del PP, ya que su apariencia de imparcialidad puede ser contestada cuando tenga que resolver los correspondientes recursos.

Responsabilidad histórica

Aun así, creo que el nuevo Consejo merece un voto de confianza y ojalá que sea consciente de la responsabilidad histórica que pesa sobre sus espaldas para recomponer la confianza en el sistema judicial español. Algo que exigirá que sus vocales ejerciten ese “deber de ingratitud” hacia quien les nombró, como nos recuerda siempre Jiménez Asensio, siguiendo al ya mencionado P. Rosanvallon. En especial, su gran desafío será eludir componendas de conciliábulo y dejar de jugar a ese nocivo reparto de cromos político-asociativo, aunque ello suponga que, el día de mañana, tengan que volver con modestia, pero con la cabeza alta a sus correspondientes destinos profesionales, sin el patronazgo ya de los partidos a sus respectivas carreras.

Además, también hay una moderada luz en las medidas de “acompañamiento” que se contemplan en la proposición de ley orgánica de reforma del poder judicial y del estatuto orgánico del ministerio fiscal. Bien está exigir 20 años de experiencia profesional en la carrera judicial para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo y, sobre todo, como veníamos solicitando desde Hay Derecho y otras entidades civiles, que se dificulten las puertas giratorias política-judicatura (el salto a la política ya no se hará con servicios especiales, sino como excedencia voluntaria en la mayoría de los casos) y que se impongan unos periodos de enfriamiento para quienes hayan estado en la política y quieran volver a ejercer como jueces y para pasar a Fiscal General del Estado. Ya no más ministros saltando de inmediato a la cabeza de la Fiscalía. Una pena que no se haya extendido a magistrados constitucionales.

De igual forma, bien está extender la mayoría de 3/5 para nombramientos del Consejo en casos hasta ahora no cubiertos (presidentes de audiencias provinciales y del magistrado del TS que controla al CNI), pero la clave no es tanto la mayoría como la práctica: da igual que se exija una mayoría muy cualificada si luego se hacen “cestas” de cargos en las que se los reparten por cuotas.

Pero, sobre todo, esta ampliación de las mayorías y la creación, también prevista, de una Comisión de Calificación en el seno del CGPJ para informar sobre los nombramientos judiciales no debe distraernos de cuánto más tendría que haberse avanzado en estos ámbitos para garantizar una valoración objetiva del mérito y la capacidad. Por un lado, como propuso el todavía presidente del CGPJ, el sr. Guilarte, tiene sentido estudiar que los cargos gubernativos (presidentes de audiencias, TSJ y salas) sean elegidos directamente por los propios jueces del territorio o sala afectados. Y, por otro lado, habría que ir más allá a la hora de limitar la discrecionalidad del Consejo de magistrados del Tribunal Supremo. Porque, como sabemos, esta es la facultad que hace tan goloso políticamente al Consejo. A este respecto, más que una comisión de calificación integrada solo por vocales del propio Consejo, se tendría que haber apostado por un comité evaluador semejante al que se conforma para un tribunal de oposición, y habrá que ver en qué se traduce esa invocación genérica que incluye la propuesta de que la selección se realizará atendiendo a una “valoración objetiva” de la trayectoria profesional.

Por último, vistas las disparatadas propuestas de alguno de los socios del actual Gobierno sobre las oposiciones judiciales, es un consuelo comprobar que en la proposición de ley presentada por el PP y el PSOE se afirme que “se mantiene el sistema actual de acceso a la carrera judicial y el vigente sistema de formación”. Creo que habría mucho que mejorar en el mismo y siempre he apostado por una lógica tipo MIR para nuestras oposiciones a los altos puestos funcionariales, pero, a la vista de las circunstancias, mejor no remover. Lo que sí que se muestra manifiestamente insuficiente es el anuncio de una provisión anual de 200 plazas al año para jueces y fiscales. Nuestro país es uno de los que menos plantilla de jueces per cápita tiene de Europa y, en general, la Justicia ha sido la hermana pobre de los servicios públicos de nuestro país. Va siendo hora de que nos la tomemos en serio.

Por tanto, fumata gris, si lo que nos preocupa no es ya el bloqueo, sino las causas profundas del mal funcionamiento del Consejo y preservar la independencia del Poder Judicial. De forma más general, toda esta experiencia evidencia la “resiliencia” de nuestro bipartidismo (necesaria para sostener el régimen del 78, aunque no necesariamente con los partidos que ahora la forman –ya en su día el PP sustituyó a la UCD–). Pero, al mismo tiempo, la vocación regeneracionista de los principales partidos cotiza hoy muy a la baja y se muestra puramente cosmética. Cómo insuflar el compromiso con las instituciones a nuestra vida política actual sigue siendo una tarea pendiente para nuestro país.

Artículo originalmente publicado en Letras Libres (28/06/2024).

Falta profesionalidad en la dirección de las empresas públicas, por Safira Cantos en ‘El Español’

Se busca directivo de empresa pública. Volumen de negocio: 1.000 millones de euros; empleados a cargo: 5.000; salario: 158.000 euros anuales. Requisitos: Formación: la que tenga. Experiencia de gestión: la que se pueda. Experiencia en el sector: ninguna. 

Parece broma, pero no lo es. ¿Cómo es posible que en las empresas públicas no haya requisitos y procedimientos de selección de sus máximos directivos? Estamos ante responsabilidades de primera división de gestión pública, y no hay un sistema que asegure que los responsables a quienes se pone al frente tengan un perfil acorde a esa responsabilidad. No son puestos subalternos en los que se pueda admitir una experiencia cualquiera, porque alguien espabilado y con empuje se pueda poner al día pronto.

No, dirigir una empresa pública no puede ser ni un cómodo retiro ni una oportunidad singular de aprendizaje y contactos para quien ocupa el cargo. Porque es una oportunidad para el país. Esa oportunidad es de los ciudadanos, que merecemos que la gestión pública empresarial esté en las mejores manos posibles. Y que no sea así tiene un enorme coste de oportunidad para sectores estratégicos en los que se ha reservado la forma pública precisamente por la función de interés general a la que deben servir.

La igualdad ante la ley, y su correlativo de igualdad en el acceso a la función pública (art. 23 de la Constitución) no significa que cualquiera vaya a cualquier puesto de responsabilidad. No hay mayor perversión y allanamiento a la tropelía que concebir la igualdad de oportunidades como supresión de requisitos. Por el contrario, con ello se asegura que la desigualdad regirá, pues el acceso queda al albur del servicio al partido de turno.

Cuando una acción impacta de manera individualizada sobre nosotros lo tenemos claro: no nos dejaríamos operar por alguien sin formación en medicina y cirugía, o no queremos que nuestros hijos en su etapa escolar estén en manos de personas sin conocimiento en la materia o sin competencias pedagógicas. ¿Y qué sucede cuando trasladamos esta obviedad al terreno de la gestión pública general?

Entonces, ¿por qué la discrecionalidad propia del liderazgo político de lo público puede ser utilizada en contra del propio interés público? Una cosa es tener margen de confianza en quien se nombra y otra, bien distinta, asaltar los entes públicos como espacio cainita de poder en el que colocar a los afines, poniendo recursos públicos al servicio de intereses partidistas. ¿Se puede generalizar? No. Ni sería ni justo ni conveniente.  Por eso es de sumo interés analizar en detalle y medir lo que está pasando. Es lo que hemos hecho en la Fundación Hay Derecho con El Dedómetro: un estudio que mide el mérito y la capacidad de los máximos responsables de entidades públicas. 

La muestra es de 40 entidades, entre las que hay empresas públicas (Correos, Adif, Renfe, Loterías del Estado o Paradores son algunas), museos, autoridades independientes y organismos reguladores (la AEPD, la CNMV o el Banco de España, entre otros). El periodo incluido es de 20 años, abarca ocho legislaturas, con gobiernos de diferente color político, tanto de partido único como en coalición. El total de directivos examinados: 215.

En la investigación se evalúan la formación, la experiencia profesional general, la experiencia de gestión y la específica en el sector; sobre ello se pondera un factor de vinculación política. En la foto resultante, solamente 39 de los 215 directivos alcanzan el 8 sobre 10, que sería una calificación deseable para cargos de esta envergadura. Pero hay otros datos mucho más relevantes: la politización de los perfiles nombrados es una tendencia en aumento y la rotación se ha disparado. La mitad de los máximos dirigentes de estas entidades públicas no alcanza los tres años de permanencia al frente de las mismas. Y hay algún ejemplo de escándalo: la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), que ha tenido ocho responsables distintos en solo 15 años. ¿Cómo va a ser posible llevar a cabo un plan estratégico mínimamente cabal en estas circunstancias?

También se han evidenciado casos en los que se elige a sus responsables por su solvencia técnica. Son ejemplo positivo la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) o –hasta ahora– el Banco de España. En general, los entes regulados como “autoridades independientes” son más exigentes en el perfil y también más estables al tener un mandato con duración preestablecida. En cambio, entre las empresas públicas nos encontramos con un grupo que tiene en común estar presididas una y otra vez por personas no idóneas para el puesto, como si se tratase de retiros políticos. Otro grupo de empresas, el más numeroso, lo mismo tiene al frente a una persona cualificada que a otra que nada tiene que ver con la materia que va a dirigir. Y esto es lo más preocupante: que sea posible cualquier cosa al frente de las empresas públicas. Esta falta de profesionalidad en la dirección pública empresarial no tiene parangón en nuestro entorno comparado, pero sí tiene solución. 

La primera es no asumir desde la ciudadanía que las empresas públicas dependan del mangoneo político de turno, exigir convocatorias públicas y abiertas, con procedimientos selectivos transparentes con base en requisitos objetivos previamente definidos. Es común que en empresas privadas haya procesos de selección competitivos. ¿Por qué, sin embargo, para dirigir las empresas públicas no puede generalizarse este flujo de talento?

El Estatuto Básico del Empleado Público habla de mérito y capacidad, criterios de idoneidad, procedimientos de publicidad y concurrencia, así como evaluación de acuerdo con criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad de gestión y control de resultados. Suena bien, luego, ¿por qué las empresas públicas están excluidas de esto?

El mejor incentivo que podría tener un directivo público profesional es saber que va a ser valorado por su gestión, no por su docilidad para satisfacer intereses ajenos a la misión de la entidad que dirige.

Y el mejor incentivo social es tener acceso a una rendición de cuentas de la gestión pública con absoluta transparencia.

La investigación y todos sus datos se encuentran accesibles en https://www.hayderecho.com/dedometro-2024/.

Artículo originalmente publicado en El Español (23/06/2024).

EDITORIAL: Trump, Sánchez y los jueces

En nada se parece la situación procesal de Donald Trump a la de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mientras que el primero se enfrenta a decenas de procedimientos civiles y penales y ya ha sido condenado varias veces, nuestro presidente no tiene ningún asunto pendiente con la justicia, ni se espera que lo tenga.

Por eso resulta tan chocante que las reacciones (nada menos que mediante dos cartas a la ciudadanía) ante una apertura de diligencias previas y citación a declarar a su mujer hayan sido tan extremas, y no tan distintas de las de Trump o de las de cualquier otro líder populista, ya sea de izquierdas o de derechas.

La apertura de diligencias previas provocó una primera carta a la ciudadanía y el retiro del presidente durante cinco días para meditar sobre su futuro, con amenaza de abandonar su puesto. Tras este sorprendente periodo de reflexión, unas manifestaciones de adhesión a su persona por parte de ciudadanos afiliados o votantes del PSOE y una visita a la Zarzuela para finalmente comunicar al Rey que continuaba en el puesto, hizo una alocución imputando el ataque a la oposición y a una supuesta conspiración mediática ultraderechista dirigida a destruirle.

Creemos que algunas de las preocupaciones del presidente en aquella alocución están justificadas, como explicamos en este editorial: los abusos del Derecho Penal por denunciantes temerarios que no sufren después ningún castigo, la falta de respeto de los medios a la presunción de inocencia, la creciente polarización de la sociedad y de los medios. Polarización, por otra parte, impulsada desde los partidos políticos, sin excluir al PSOE.

El problema es que el presidente concluía que el principal problema era la existencia de una supuesta conspiración contra él, aunque haya miles de personas que sufren la misma situación todos los años. El segundo problema es que el mensaje era extremadamente polarizador,  pues presentaba a una sociedad estaba dividida en buenos y malos, y daba por supuesto que la «mayoría social» era la que estaba de su lado. Por otra parte, las medidas de regeneración anunciadas a día de hoy no se han concretado.

Parece que este tipo de comunicaciones directas con el pueblo, tan típicas de caudillismos y tan alejadas de las democracias representativas, se va a convertir en la norma.

Ayer, tras la citación a declarar de su esposa, mandó otra carta a la ciudadanía, de nuevo a través de twitter. En ella podemos encontrar los mismos signos preocupantes: referencias a una conspiración mediática, el relato de un único y maligno enemigo que engloba a todos los medios y partidos que no apoyan a su gobierno, el personalismo y los eslóganes (máquina de fango, coalición reaccionaria).

Todo esto es peligroso para la libertad de prensa y la convivencia, pero es mucho peor que los ataques se estén dirigiendo cada vez más claramente no ya contra las resoluciones de jueces individuales (cuya crítica es perfectamente legítima) sino contra el Poder judicial en su conjunto y sean tan parecidos a los de Trump. Este ha atribuido a los jueces intenciones políticas y en relación con uno de ellos ha señalado que su hija era una «rabiosa odiadora de Trump». Pues bien, en el primer párrafo de su carta, el presidente atribuye al juez una intencionalidad política a la citación, dada la cercanía de las elecciones. Aunque no ha sido el mismo presidente, desde el partido se ha descalificado al mismo juez porque su hija era concejal del PP. El conjunto de la carta implica que el juez es un instrumento más de la conspiración ultraderechista contra el presidente.

Podríamos considerar que esta carta no es más que una estrategia electoral, pues los últimos párrafos son una defensa de sus políticas y un llamamiento al voto a su partido. Quizás piense que, igual que a Trump, los juicios le dan votos en lugar de quitárselos pues le permiten asumir el papel de víctima de una conspiración. Pero nos estamos jugando mucho más que unas elecciones: que el presidente de Gobierno haga declaraciones acusando a jueces de interferencia política es un ataque gravísimo a la separación de poderes, al prestigio del poder judicial, y en último término al imperio de la Ley.

Todos los españoles, también la mujer del presidente, están sometidos a la Ley, y gozan de los recursos que esta les da para proteger su inocencia y exigir responsabilidades si se demuestra la temeridad de los denunciantes o la mala actuación del juez. Pero declaraciones como estas ponen en riesgo el Estado de derecho en su conjunto, que es la única defensa que tenemos los ciudadanos que no ostentamos el poder.

EDITORIAL: Propuesta para el desbloqueo de la renovación del CGPJ a través de un sorteo

En relación con la insoportable situación del bloqueo del CGPJ queremos presentar una propuesta desde la sociedad civil dado que nuestros políticos parecen incapaces de alcanzar un acuerdo para renovarlo primero y reformarlo después, tal y como nos exige la Unión Europea.

Hay que partir de que el reconocimiento como Estado democrático comporta que, entre otras funciones, las Cortes Generales están llamadas a designar a miembros de otros órganos constitucionales confiriéndoles así una legitimación democrática, aún indirecta. Ahora bien, cuando se trata de nombramientos para vocales que integran el órgano de gobierno del Poder Judicial, encargado de defender la independencia de Jueces y Magistrados, como advirtiera el Tribunal Constitucional, no cabe repartirse los cargos a cubrir «en proporción a la fuerza parlamentaria» de las distintas fuerzas políticas y es exigible que se supere la lógica del Estado de partidos para preservar la mayor independencia de los seleccionados (STC 1081986, de 29 de julio). Precisamente por ello, la Constitución exige para este tipo de nombramientos su adopción por mayorías políticas reforzadas que exigen alcanzar amplios consensos.

Por esa razón, ante el bloqueo actual es necesario buscar mecanismos alternativos que permitan superar una situación enquistada. La solución planteada por Podemos de rebajar las mayorías reforzadas (en la actualidad 3/5 partes) no es, obviamente, el camino para superar la extremada politización del órgano, que es la razón última del incontestable fracaso del modelo actual. Además ya fue rechazado en su momento por la UE, y recordemos que los jueces españoles son también jueces europeos encargados de la aplicación del Derecho comunitario: de ahí el profundo interés de la UE en preservar la separación de poderes en los Estados miembros. Este tipo de soluciones pueden verse, y con razón, como un ataque a esta separación de poderes.

Por ello, en Hay Derecho pensamos que el sorteo se presenta como un mecanismo de designación que, por neutralidad, plantea indudables ventajas. Este no sólo ha sido un método que cuenta con relevantes antecedentes históricos, sino que en nuestro país ha demostrado su funcionalidad en el ámbito de las Juntas Electorales, encargadas de algo tan fundamental en una democracia como es la preservación de unas elecciones limpias. De esta forma, no solo se sale del bloqueo, sino que se evita que los candidatos deban directamente su nombramiento a un partido.

La solución que proponemos no exige reformas legislativas, sino simplemente un pacto de los principales partidos de votar a los candidatos que resulten del sorteo. Lo planteamos como solución transitoria que permita devolver la normalidad al CGPJ mientras se acuerda un nuevo sistema de elección que evite al tiempo el bloqueo y la politización del órgano. Se abriría por tanto un periodo de reflexión que permitiría, o eso esperamos, alcanzar con sosiego y sin urgencias un modelo de elección que evite los problemas evidenciados con el actual, que ha fracasado sin paliativos. En este contexto, más que de hablar de modelos conceptuales opuestos y binarios “elección parlamentaria o democrática” vs “elección corporativa o censitaria” -que a día de hoy sirven más de bandera de enganche para los distintos bandos que para una reflexión digna de tal nombre- se trataría de abordar los cambios que, a la luz del Derecho comparado europeo, permitan asegurar que no volveremos a llegar a una situación tan esperpéntica como la actual.

Como de lo que se trata es de que la solución sea aceptable por todos, ofrecemos dos alternativas. La primera supone una cierta moderación del azar permitiendo a los representantes parlamentarios excluir de las bolsas de candidatos aquellos que se consideran menos idóneos. La segunda consiste un sorteo sencillo entre los candidatos.

Recordemos en primer lugar que hay 20 vocales, 12 son vocales judiciales (elegidos entre Jueces y magistrados) y 8 no judiciales (juristas de reconocida competencia).

I.- ALTERNATIVA 1 (preselección con descarte y sorteo)
Se realizaría un sorteo dentro de unas bolsas de candidatos que estarán integradas por el quíntuple de puestos a cubrir. En concreto:

a. Veinte candidatos a vocal del Consejo a nombrar por el Congreso en el turno de juristas de reconocida competencia.

b. Veinte candidatos a vocal del Consejo a nombrar por el Senado en el turno de juristas de reconocida competencia.
c. Treinta candidatos a vocal del Consejo a nombrar por el Congreso por el turno judicial, distribuidos por categorías para respetar las proporciones mínimas establecidas por el art. 578.3 LOPJ.
d. Treinta candidatos a vocal del Senado a nombrar por el Congreso por el turno judicial, distribuidos por categorías para respetar las proporciones mínimas establecidas por el art. 578.3 LOPJ.

Para la conformación de las correspondientes bolsas de candidatos, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Formación de las bolsas de candidatos: Para la preselección de los candidatos se atenderá al procedimiento legalmente establecido para cada uno de los órganos. En especial:
a. Para la renovación de vocales no judiciales del Consejo, los Presidentes del Congreso y del Senado instarán a cada grupo parlamentario a realizar sus propuestas de candidatos. El número de candidatos será de cincuenta y le
corresponderá a cada grupo un número de candidatos proporcional a los diputados de cada grupo.
b. Para la renovación de vocales judiciales del Consejo, los Presidentes del Congreso y Senado acordarán la conformación de las correspondientes bolsas, sin exclusiones, las personas incluidas en la lista facilitada por el Presidente del Tribunal Supremo de acuerdo con el art. 578 LOPJ y que se hayan postulado conforme al art. 567 LOPJ.

2. Descarte por la Comisión de nombramientos de Congreso y Senado: si los candidatos presentados superan el número de integrantes que corresponde a cada una de las bolsas, en las Comisiones de nombramientos de Congreso y Senado se procederá al descarte de candidatos a través de votaciones sucesivas. En cada votación, los parlamentarios elegirán un nombre para su descarte, siendo excluidos de la bolsa de candidatos los dos que obtengan más votos. Las votaciones se irán repitiendo hasta alcanzar el número de integrantes que han de componer la bolsa. A tales efectos, se podrán realizar audiencias parlamentarias con el objeto de examinar a los candidatos.

3. Sorteo: la elección de los vocales, así como de sus suplentes, se realizará por sorteo entre los candidatos incluidos de forma definitiva en la correspondiente bolsa, con el compromiso de los grupos parlamentarios de ratificar el resultado final.

II.- ALTERNATIVA 2 (presentación de candidatos y sorteo, sin descartes)
– Para los no judiciales: cada grupo propone 4 candidatos. Se haría una bolsa con los 8 del PP-PSOE, de la que saldrían 3, y otra bolsa con los del resto de grupos parlamentarios, de la que saldría 1.
– Para los judiciales: se procede directamente al sorteo entre los que incluidos en la lista del punto 1.b anterior

Cabría incluso simplificar esta alternativa aún mas, limitándola a los miembros de la carrera judicial, y aún más si se limitara la bolsa a la que en su día se presentó (aunque consideramos más lógica y más ajustada a Derecho su actualización).

En todo caso, esta renovación debe venir acompañada de la reforma del sistema de nombramientos que hace el CGPJ en la línea propuesta por Guilarte, y que inicialmente fue bien recibida por el Gobierno.

Como ha señalado el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la crisis que los partidos han provocado en este órgano es tal que no basta su renovación para solucionarla. Es necesario también modificar la intervención del Consejo en los nombramientos, dando mayor protagonismo a los jueces y reduciendo la discrecionalidad de esos nombramientos. La propuesta del profesor Vicente Guilarte de crear al efecto una comisión de expertos para proponer los candidatos, de manera semejante a como sucede en Alemania, nos parece acertada. También es necesario reformar el sistema de elección, siguiendo los criterios que marca la Unión Europea, y sobre ello también ha hecho propuestas esta fundación, con cautelas para evitar que la elección por los jueces lleve a la politización de la que tratamos de salir, esta vez a través de las asociaciones.

Pero eso no quiere decir que la renovación no sea urgente, sobre todo porque ante el bloqueo, el PSOE y sus socios aprobaron una modificación legal que impide al CGPJ  en funciones realizar nombramientos, lo que ha dejado al Tribunal Supremo y a otros tribunales con más de un 30% de plazas vacantes, con gravísimo perjuicio para la Justicia y los ciudadanos. Esta es la razón de la urgencia de esta propuesta. También pensamos que una vez desbloqueado el CGPJ, el ritmo de los nombramientos debería producirse en un periodo de tiempo razonable y no de golpe, valga la expresión. Esto permitiría también aquilatar el nuevo sistema de nombramientos si, como esperamos, se llega a adoptar.

Esto garantizaría la no politización de esos nombramientos y reduciría el efecto de que el azar propiciara unas mayorías de uno u otro signo. Teniendo en cuenta que con el sistema de sorteo no se sabe quien saldrá favorecido (el «velo de la ignorancia Rawlsiano»), conviene a todos reducir la discrecionalidad de los nombramientos por el CGPJ, objetivando los nombramientos de los más altos cargos judiciales. En ese sentido, el acuerdo es absolutamente mayoritario.

Esperamos que esta propuesta sea de interés para nuestros políticos y para todos los agentes involucrados, empezando por las asociaciones judiciales. Desde Hay Derecho mostramos nuestra total disposición a actuar como organización facilitadora de cualquier posibilidad de acuerdo sobre nuestra propuesta o sobre cualquier otra que intente superar la actual situación con ánimo constructivo. Y recordemos que para llegar a un acuerdo si hay dos posiciones incompatibles, las dos tienen que ceder en algo.

¿Un Poder Judicial multicolor?, por Germán M. Teruel Lozano en ‘El Mundo’

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es uno de los grandes asuntos pendientes de nuestro orden institucional, en el cual se evidencian algunos de sus principales males: la politización de los órganos de garantía y el bloqueo ante una polarización que imposibilita los acuerdos entre los principales partidos. Como ha señalado la Comisión Europea en sus últimos informes sobre la situación del Estado de derecho en España, esta cuestión suscita “serias preocupaciones”.

El problema, según la Comisión Europea, es doble. Por un lado, es necesario salir del bloqueo (aunque, debemos insistir, no hay que dar por buena cualquier salida si es a costa de politizar aún más la justicia). Por otro lado, debemos afrontar una reforma del sistema de elección de vocales del Consejo para adecuarlo a los estándares europeos que, en este sentido, se corresponden con el espíritu del propio diseño constitucional. Ello exigiría volver a un sistema mixto, con vocales judiciales elegidos por y entre los jueces, al tiempo que el resto de vocales fueran juristas nombrados por el Parlamento. Recordemos que este fue el sistema original en España hasta que se cambió en 1985 para que todos los vocales del Consejo fueran elegidos por el Parlamento -la excusa, antes como ahora, era “democratizar” la justicia para neutralizar el conservadurismo de los jueces-, y así se ha mantenido, con variantes, hasta el momento.

Además, habría un tercer problema, y no menor, que la doctrina ha venido señalando desde hace años (en estas páginas han podido leerse iluminantes tribunas del profesor Francisco Sosa Wagner al respecto) y que el actual presidente del Consejo ha apuntado: la necesidad de limitar la discrecionalidad de los nombramientos de la élite judicial que realiza el CGPJ. Este último es, en realidad, el gran elefante que tenemos en la habitación.

El Consejo es objeto de codicia por parte de los partidos y de las asociaciones judiciales, precisamente porque de él dependen suculentos nombramientos. Más aún en un momento en el que, tras años de bloqueo, se han ido acumulando más de un centenar de vacantes que deberán ser cubiertas por el nuevo Consejo. Por eso nos estamos jugando tanto con esta renovación.

Pues bien, dar respuesta a estas preguntas exige plantearse una previa: ¿hasta qué punto es necesario que un órgano como el Consejo y que los nombramientos judiciales tengan legitimidad democrática? Esta pregunta es especialmente pertinente porque en un sector de la opinión pública (principalmente en la izquierda) parece haber cuajado que tal exigencia de legitimación es casi un imperativo democrático ineludible. El Consejo no es una “asociación de petanca”, decía recientemente un sindicalista. Con una construcción más elaborada, el ex ministro Tomás de la Quadra-Salcedo ha defendido la “preeminente participación de las Cortes Generales” en los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional y también de los vocales del Consejo, que es quien luego designa a los magistrados de distintos órganos judiciales (en especial, el Tribunal Supremo), con el objetivo de que así “en los tribunales estén presentes magistrados que reflejen proporcionadamente la diversidad de convicciones morales presentes en cada momento en la sociedad”. En definitiva, se defiende un Consejo General del Poder Judicial multicolor, que dé lugar a unos tribunales igualmente coloridos.

Por mi parte, me permito discrepar de esta aproximación. Creo que en una democracia liberal el desiderátum es un Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, unos tribunales vestidos con el monótono color negro de la toga, que encuentran su legitimación en su imparcialidad, extendiendo la idea estudiada por Pierre Rosanvallon. Y, a este respecto, conviene no confundir la singularidad de la interpretación constitucional y la particular posición del Tribunal Constitucional, cuya legitimidad democrática parece inexcusable, aunque, en mi opinión, deberíamos abogar por establecer garantías para primar el mérito sobre la afinidad en los procesos de selección; con la función que corresponde a los jueces y tribunales en su labor de aplicar la ley. Ciertamente los jueces y magistrados deben interpretar la ley de acuerdo con los principios y valores ínsitos en la Constitución y han de aplicarla recurriendo, entre otros criterios, al “contexto” y a la “realidad social del tiempo”, como prescribe el Código Civil. Pero han de hacerlo con la asepsia del jurista, sin que ello suponga abrir la puerta a que por esta vía se cuelen preferencias o sensibilidades ideológicas. Sus tres estrellas guías han de ser la independencia frente al poder político, la imparcialidad con respecto a las partes y la absoluta sujeción a la ley, operando con criterios estrictamente jurídicos.

Por ello, en un momento en el que la captura partidista de los órganos de control en nuestra democracia es una peligrosa realidad, el camino a seguir debe pasar por cortar el cordón umbilical entre justicia y política, y por levantar todo tipo de cortafuegos. Dígase claro: la única propuesta aceptable, hoy por hoy, es la formulada por el actual presidente del Consejo, Vicente Guilarte: sustraer o limitar los nombramientos que realiza el Consejo, atribuyendo la elección de cargos gubernativos (presidencias de Audiencias, Tribunales Superiores y Salas) a los propios jueces del territorio, y que la elección de magistrados del Tribunal Supremo la realice una comisión técnica, potenciando unos criterios que garanticen el mérito y la capacidad, y evitando la mácula política. Una reforma que debería aplicarse de inmediato a los nombramientos pendientes y que podría tramitarse por vía de urgencia con un acuerdo entre el PP y el PSOE.

Además, en relación con el sistema de nombramientos de vocales -y sin perjuicio de estudiar reformas más profundas, incluso constitucionales-, ceñiría las alternativas a la que hoy nos marca Europa: un Consejo mixto, donde los vocales togados sean elegidos por los propios jueces y magistrados, con correctivos que neutralicen el excesivo protagonismo de las asociaciones judiciales, y con garantías para que el resto de vocales nombrados por el Parlamento fueran auténticos juristas de reconocido prestigio. Sin descartar fórmulas de sorteo, como han propuesto algunas organizaciones.

Si, por el contrario, llegaran a realizarse las propuestas que hoy orbitan en La Moncloa, aprovechando la situación de interinidad de la Comisión Europea, podríamos estar ante la puntilla a la democracia del 78. Reformas que, aunque no violen la letra de la Constitución, van contra su sentido y fundamentos. Rebajar las mayorías parlamentarias para los nombramientos de vocales judiciales, con el objeto de que sean elegidos por mayoría absoluta y no por tres quintos, supondría alterar la esencia “consensual” de nuestra democracia, que requiere acuerdos muy cualificados para preservar la independencia de ciertos órganos de garantía. Apartar al Senado de estos nombramientos, como también parece que se apunta, introduciría una inédita descompensación a favor del Congreso, que se aleja de la lógica del constituyente que, para este tipo de nombramientos (magistrados del Tribunal Constitucional, vocales no judiciales del Consejo, Defensor del Pueblo…), previó una posición paritaria de las dos Cámaras. Hacerlo, además, por razones de pura coyuntura política, por una mayoría parlamentaria que ha demostrado su afán depredador de las instituciones, nos sitúa en la senda del iliberalismo más preocupante.

El incumplimiento del PP, que lleva años sin facilitar la renovación del Consejo y se mantiene en la dialéctica del reparto de cromos, es sin duda grave. Algo a lo que, todo sea dicho, también juega el PSOE, como prueba que tenga paralizada la renovación del magistrado vacante del Tribunal Constitucional. De ahí que, para que no nos terminemos tirando por el despeñadero, alguno de los líderes nacionales tiene que abandonar esa dialéctica y esas prácticas viciadas, y abanderar las propuestas sensatas que hay sobre la mesa. Reivindiquemos el negro de la toga. De ello depende la credibilidad del Poder Judicial y, junto a ella, la subsistencia de nuestra democracia.

Artículo originalmente publicado en El Mundo (14/05/2024).

La mejor manera de impulsar la educación para la ciudadanía en políticos y periodistas

La propuesta de introducir en el currículum educativo de la enseñanza secundaria una asignatura específica dedicada a fomentar los valores comunes de los ciudadanos (“Educación para la ciudadanía”) ha sido formulada de manera reiterada en los últimos años, aunque con escaso éxito. Fernando Savater, quizás su principal valedor, la considera “fundamental” para fomentar la aceptación de que “hay opiniones diferentes y diversas” pero que, debajo de ello, hay un “fondo común que hay que respetar”(aquí).

Sin duda alguna, el Estado democrático de Derecho es un claro ejemplo de ese “fondo común” a respetar. Jean Françoise Rével se quejaba de lo difícil que resultaba hacer comprender a la gente que la democracia es el régimen en el que no hay una causa justa (puesto que cada uno considera así la suya) sino solo métodos justos. Esos métodos constituyen el fondo común.

Tener ese fondo en alta estima sería muy importante. Nos facilitaría escapar de la tentación de sacrificarlo en aras a nuestro propio interés a corto plazo, a modo del dilema del prisionero. Es decir, desde un punto de vista egoísta, nos interesa que los demás respeten siempre los métodos comunes, pero también eludirlos nosotros cuando puntualmente podemos obtener una ventaja con ello. Por eso, si hemos sido educados para valorarlos, no solo podremos identificarlos mejor, sino que, además, comprenderemos también mejor que esas actitudes oportunistas, cuando inevitablemente terminan por generalizarse, ponen en peligro la convivencia en perjuicio de todos.

A la vista de la actualidad política y mediática en España, que pienso que no hace falta describir, cabría preguntarse si las cosa habrían mejorado algo en el caso de que nuestros líderes políticos y directores de periódicos hubieran cursado dicha asignatura, pues últimamente se escribe mucho sobre la conveniencia de moderar el lenguaje y ser riguroso en los conceptos. La verdad es que cabe dudarlo, porque es difícil pensar que personas que se dedican profesionalmente a la cosa pública puedan ser unos completos ignorantes funcionales en esa materia. De hecho, personas muy formadas, cuando no ilustres profesores de Derecho Constitucional, son capaces de tergiversaciones y de contorsiones intelectuales absolutamente asombrosas con el fin de hacer avanzar unos milímetros la propia causa. Resulta difícil pensar que es debido a que hicieron pellas en educación para la ciudadanía.

Pero, quizás, podríamos pensar que no es tan importante que la hubieran cursado políticos y periodistas, al fin y al cabo contaminados por el poder, como el resto de los ciudadanos, capacitándoles así para no votar a los partidos ni comprar los periódicos que desprecien el fondo común. Pero de nuevo cabe dudarlo, a veces por los mismos motivos, pero especialmente porque todas las opciones políticas y periodísticas disponibles hoy en España incurren en parecidos vicios, y las que pretendieron escapar alguna vez de ellos (el famoso regeneracionismo de los nuevos partidos) incurrieron en algunos todavía peores.

Es difícil que una humilde asignatura pueda revalorizar de manera efectiva el aprecio por el fondo común, cuanto absolutamente todas las tendencias socioculturales presionan en un sentido contrario. La educación, tanto la buena como la mala, es casi siempre indirecta, al menos cuando se refiere a las cosas humanas. Y esa asignatura va a contracorriente de ciertos postulados omnipresentes que hemos heredado de la Modernidad y que pueden resumirse en la idea capital del pesimismo antropológico (visión del ser humano caracterizada por su egoísmo elemental). Pesimismo que, para unos, se resuelve en permitir a los ciudadanos seguir su propio interés sin trabas, con la esperanza de que de allí saldrá algo bueno y, para otros, en sujetarles a normas sin trabas para reconducirle en un sentido positivo, o muchas veces en una mezcla de las dos cosas. En cualquier caso, la conclusión es que el ciudadano siempre es un menor de edad, un animal irracional incapaz de motivarse por otra cosa que no sea el palo y/o la zanahoria.

Esa idea capital es la que explica el comportamiento de nuestros políticos y periodistas, algunas veces incluso bienintencionado. No es que los políticos y periodistas sean unos ignorantes funcionales (también de eso hay, claro) sino que quieren gobernarnos y dirigirnos en nuestro propio interés porque ellos sí nos consideran unos ignorantes funcionales. No por desprecio, claro, sino porque estamos ocupados en nuestros asuntos, sacando adelante el país con nuestro trabajo especializado, y no tenemos tiempo ni interés para otra cosa. Alguien nos debe gobernar, reconducir, apelando a nuestros sentimientos más bajos y elementales, que es la forma adecuada de movilizar a los grandes números. De esta manera el insulto, la exageración, la hipérbole, están plenamente justificados, y por mucho que protestemos van a seguir entre nosotros.

Esto explica también que la verdad tenga siempre en política una importancia muy relativa, al menos totalmente subordinada al progreso de la causa particular. No se busca hablar al ciudadano como un adulto e informarle con rigor, sino reconducirlo en un sentido adecuado, aunque sea forzando la realidad de los hechos, no se vaya a desviar y votar al partido equivocado. Por eso el político está totalmente legitimado para actuar en contra del espíritu e incluso de la letra de la ley, y el periodista cliente para justificarlo, porque lo hacen en beneficio de la causa justa. Pero, claro, cuando lo hace el contrario es un fascista, un golpista, un bolivariano o un filoterrorista.

En cualquier caso, conviene no confundir el lado emocional con el intelectual del asunto. No se trata de una pura representación teatral, porque la mayoría de los políticos y periodistas están verdaderamente indignados y escandalizados con los abusos del contrario, de tal manera que ven los propios como reacciones plenamente justificadas, cuya importancia es necesario minimizar en comparación. De esta manera, la indignación conduce a la mentira. Pero tampoco nos debemos llamar ingenuamente al engaño. Esto ha ocurrido siempre en política. Desde los orígenes de la democracia en Atenas, pero especialmente en la democracia moderna en casi cualquier lugar del mundo. Por supuesto ha pasado antes en nuestro país, casi con la misma virulencia.

¿Qué cabe hacer entonces al respecto, con el fin de contrarrestar este tipo de situaciones que amenazan llevarse a lo común por delante? Por supuesto que estoy totalmente a favor de implantar esa asignatura de educación para la ciudadanía, y hasta convertirla en master necesario para acceder a un cargo político o a la dirección de un periódico, pero mientras tanto se me ocurre un remedio mejor a corto plazo: reducir institucionalmente los motivos y las oportunidades de fricción que afectan a ese fondo común. Tapar los huecos institucionales que fomentan las luchas oportunistas entre facciones para controlar lo que debería ser de todos. No podemos olvidar que esta enorme crisis ha venido motivada por las luchas partitocráticas para dominar nuestras instituciones de control, especialmente el Poder Judicial. Si hubiésemos seguido hace tiempo los insistentes requerimientos de las autoridades europeas para reformar el Poder Judicial con el fin de apartarlo de las luchas partidistas, siguiendo las adoptadas unánimemente por nuestros vecinos (con la excepción de Polonia) nos hubiéramos ahorrado esta crisis. Nos hubiéramos ahorrado también las acusaciones de golpismo y de fascismo y este ambiente absolutamente irrespirable en el que vivimos. Hasta el caso catalán se hubiera gestionado mucho mejor y con menos acritud. Y lo mismo cabe decir del Tribunal Constitucional. Si unos y otros hubieran nombrado a personas de reconocida solvencia sin vinculaciones expresas con los partidos políticos, incluso de su propia línea ideológica, pero independientes de los aparatos, y no a esbirros al servicio del señorito de turno, esta crisis se hubiera desactivado casi sola. En definitiva, si carecemos del civismo necesario para respetar lo común, al menos limitemos al mínimo nuestras luchas tribales dejando al margen a las instituciones de control.

Por supuesto, las reformas institucionales no van a eliminar la hipérbole ni la mentira de la política. Para eso se necesita acabar con muchos de los prejuicios que nos ha legado la Modernidad, especialmente con el citado del pesimismo antropológico, y eso no se hace fácilmente, ni con asignaturas ni sin ellas. Pero, si hacemos las reformas oportunas, al menos seríamos capaces de bajar un poco la temperatura ambiente, tan importante en estos tiempos de ahorro energético, quizás lo suficiente para que lo común no salte por los aires.

Así que a los indignados y ofendidos de uno y otro bando les propongo dejar de denunciar emocionalmente los abusos ajenos y justificar intelectualmente las propias reacciones, y a cambio clamar por solucionar los problemas institucionales que nos han conducido hasta aquí. Seguro que las cosas mejorarían bastante.

¿Y si aplicáramos a la sanidad pública las recetas del Ministerio de Justicia para el “servicio público” justicia?

En los últimos tiempos se nos trata de imponer la errónea idea de que la Administración de Justicia no es un Poder del Estado, el tradicional Poder Judicial, sino un “servicio público” más, al estilo de la Sanidad o de la Educación. Los responsables del Ministerio de Justicia aún van más lejos y, en vez de contentarse con la consideración del Poder Judicial como un mero servicio público, ya hablan, en sus panfletos ministeriales, de transformar el “Ecosistema Justicia”, para hacerlo más accesible, eficiente y contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad, en un horizonte 2030.

Y para conseguir esta mejora sustancial del “Ecosistema” de togas y puñetas, se propugnan, como “bálsamo de Fierabrás”, tres tipos de medidas, que redundarán, según ellos, en una indudable mejora del servicio público justicia, mucho más cercano a la realidad social sobre la que se proyecta. En concreto, se proyectan tres programas de mejora en la eficiencia del servicio: 1) eficiencia organizativa; 2) eficiencia procedimental; y 3) eficiencia digital.

El primer programa para mejorar el servicio-ecosistema justicia, según esas fuentes ministeriales, el organizativo, consistiría, básicamente, en la transformación y agrupación de los juzgados unipersonales (por ejemplo los juzgados de primera instancia, civiles, o los juzgados de instrucción, penales) en un gran órgano jurisdiccional colegiado, denominado Tribunal de Instancia -uno por cada partido judicial- en el que se agruparán todos los Jueces, Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y demás personal auxiliar (Proyecto, en tramitación, de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia).

El segundo programa es el de eficiencia procedimental, orientado a una mayor agilización de los pleitos, y se fundamentaría en exigir, con carácter previo al proceso jurisdiccional, el intento de un acuerdo “amistoso” a través de los denominados MASC (Medios Adecuados para la Solución de Conflictos, como la mediación, la conciliación, la transacción, etc., o cualquier otro medio que propicie el acuerdo. Sí, avezado lector, se habla de medios “adecuados”, como si la sentencia de un juez no fuera una forma “adecuada” de Administración de Justicia). Y para el justiciable que no se muestre lo suficientemente “colaborador” en la consecución de un acuerdo previo (aunque la otra parte le haya perjudicado gravemente, a causa de innegables ilícitos civiles) corre el riesgo cierto de ser condenado en costas, por “abusar” del servicio público, cuando podría haberse evitado el pleito con una actitud más conciliadora (Proyecto, en tramitación, de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia).

En tercer lugar, hay otro programa dirigido a la transformación digital de la Administración de Justicia, sustituyendo la mayoría de los juicios y vistas judiciales en unas actuaciones telemáticas, mediante la generalización del uso de la videoconferencia, si los jueces lo consideran oportuno (Proyecto, en tramitación, de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia).

Y algunos, pocos, de los que seguimos con interés esta evolución prelegislativa en materia de Justicia, reflexionamos y nos preguntamos, si estos van a ser los remedios infalibles para mejorar un servicio público colapsado: ¿por qué no aplicar las mismas “recetas” a otro servicio público también sobrecargado de trabajo, como es la sanidad, que tantas protestas y controversias está produciendo en los días que corren?

En este contexto, si se nos permite la ironía, y el “animus iocandi” (pidiendo disculpas de antemano, por la gravedad del asunto), ¿qué nos parecería si, por ejemplo, en Madrid, los responsables de la sanidad, o en Andalucía, copiaran el modelo de eficiencia del servicio público justicia diseñado por el Ministerio de Justicia, puesto que, al fin y al cabo, se trata igualmente de otro servicio público, y promovieran reformas legislativas de semejante proyección? La verdad es que no podemos ni imaginar la virulenta reacción que se produciría en gran parte de la ciudadanía, y con toda la razón, si se propusiera algo parecido a lo siguiente: en primer lugar, desde un punto de vista organizativo, imaginemos que en cada provincia desapareciera la distinción entre hospitales generales, hospitales intermedios, centros de salud de zona y los ambulatorios, y todos los centros sanitarios se unificaran, nominal y orgánicamente, en uno sólo (aunque cada uno mantuviera su sede física actual), denominado Hospital de Instancia Provincial, bajo la dependencia de un Director general nombrado políticamente, el cual pudiera redistribuir a su antojo todos los efectivos médicos, de enfermería y demás personal sanitario subalterno; por otra parte, en cuanto a la forma de acceso a los centros de salud, qué pensaríamos si se les impusiera a los usuarios del servicio público sanitario (por ejemplo, a los enfermos de la covid, a los heridos y contusionados menos graves, a los conductores que han sufrido un politraumatismo grave, o a aquel ciudadano que recibido un navajazo en la arteria femoral…) que antes de ser examinados por un médico de atención primaria, o por un médico especialista en traumatología, o antes de ser intervenidos de urgencia en un quirófano, debieran acreditar, documentalmente, que han intentado curarse previamente por sus propios medios o, al menos, que han acudido, sin haber obtenido la deseada sanación, a los MASC (Medios Adecuados de Sanación Cercana), tales como ir a una oficina de farmacia, o solicitar la intervención de un experto paramédico, acupuntor, curandero, etc. (todos los anteriores, por supuesto, habrán tenido que ser homologados previamente mediante la realización de cursos, o habrán obtenido unos certificados de calidad expedidos e impartidos por las autoridades sanitarias). Además, en caso de que los enfermos no hayan acreditado un verdadero empeño en evitar la visita al centro de salud o al hospital, o en caso de sobrevivir a la hospitalización y/o a la intervención quirúrgica, tendrían que pagar todos esos gastos sanitarios, por haber “abusado” del servicio público sanitario.

Finalmente, como tercera medida, se pretendería conseguir la descongestión hospitalaria mediante la utilización sistemática, salvo en los casos de intervenciones quirúrgicas y similares, de la videoconsulta médica. Esto es, la regla general será la atención al paciente por vía telemática, previa cita telefónica o a través de la página web habilitada al efecto. Sólo se accederá a la consulta médica presencial en los casos más graves, previamente autorizados por el Jefe Médico del Servicio de que se trate.

En definitiva, con la implementación de estas tres medidas, por supuesto, a coste económico cero, como viene siendo costumbre en la reforma de los servicios públicos, se acabaría con el problema de la congestión hospitalaria en poco tiempo, pero ¿cuál coste social? Pues bien, lo que nos parece una broma aplicado al servicio público sanitario, está pasando desapercibido porque el servicio público zarandeado es la Administración de Justicia, la “Cenicienta” de los servicios públicos, en la actualidad.

Nadie repara en la gravedad del asunto. No nos damos cuenta de que el maltrato sistemático a la Administración de Justicia, que es el Poder Judicial, repercute irremediablemente en una drástica disminución de la calidad del resto de los servicios públicos, dejando a los ciudadanos, sobre todo a los más necesitados, inermes ante las tropelías del poder político. ¿Dónde están los manifestantes?

 

Sobre Mónica Oltra y el término «imputada»

Podemos bautizar el auto n° 41/2022, notificado este jueves a las partes y por el que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cita en calidad de investigada a Mónica Oltra, como el nuevo foco de atención del panorama político actual. La noticia ha causado estupor en la sociedad y ocupado posición central en las portadas de todos los grandes medios de tirada nacional. Por si es del interés del lector, procedemos a resumir el contexto del caso que nos ocupa, pero lo haremos de forma breve y resumida, pues no es este el objeto de análisis de la presente publicación.

Luis Eduardo Ramírez, exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, era educador de un centro privado de acogida con plazas concertadas con el Gobierno valenciano. Ramírez fue condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 13 años tutelada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que Oltra es titular. A continuación, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia presentó una exposición razonada al TSJCV, asegurando que la vicepresidenta del Gobierno valenciano “debe ser oída como investigada en la presente causa para que la Sala adopte la resolución que estime procedente”. Los motivos esgrimidos por el magistrado giran en torno a la idea de que existen “indicios racionales y sólidos” de su participación en los hechos.

Finalmente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha determinado que dicha exposición razonada relata “una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien de proteger la carrera política de la aforada”. En el auto notificado este jueves a las partes, el Tribunal ha asumido su competencia en la investigación del caso y acordado la incoación de diligencias previas. Asimismo, ha notificado una providencia por la que cita a declarar a Oltra, en calidad de investigada, el próximo 6 de julio.

Al margen de los hechos aludidos, llama poderosamente la atención que, a la hora de relatar este episodio singular, la prensa española haya empleado – nueva y erróneamente – el término «imputada», en lugar del término «investigada». Por supuesto, se trata de un detalle que atiende a la necesidad periodística de emplear un vocabulario coloquial y accesible para todos los públicos, únicamente excéntrico para los maniáticos juristas. Sea como fuere, aprovecharemos la oportunidad para hacer hincapié en la sustitución terminológica derivada de la reforma introducida por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

En su preámbulo, la LO 13/2015 declara que la reforma que acomete “también tiene por objeto adaptar el lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los tiempos actuales y, en particular, eliminar determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado en la ley, sin ningún tipo de rigor conceptual, tales como imputado”. La sustitución terminológica incorporada encuentra sentido, por tanto, en la necesidad de implantar cierto rigor lingüístico que permita distinguir con claridad aquello que conceptualmente es distinto. A tal fin se convocó la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico, con conclusiones que la reforma hace suyas, como la necesidad de evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras del término «imputado». A ojos del legislador, se trata en definitiva de acomodar el lenguaje a la realidad de lo que acontece en cada una de las fases del proceso penal.

Con carácter general, la doctrina penalista distingue cuatro fases en el seno de este proceso: la instrucción (investigación), la llamada fase intermedia (o de preparación del juicio oral), el juicio oral y, por último, la fase de ejecución (de penas o medidas de seguridad). Las fuertes sanciones que impone esta rama del Ordenamiento, conocidas técnicamente como «penas», exigen la necesaria observancia del principio de legalidad y, junto a él, de toda una serie de derechos, principios y garantías procesales que deben ser en todo momento tenidas en cuenta durante el transcurso de las diversas fases. Destaca, entre ellos, el derecho a la presunción de inocencia y el llamado “derecho de defensa”, consagrado en el art. 118 LECRIM y reconocido como una de las causas más directas de la sustitución terminológica impulsada por la reforma.

Los defensores de emplear el término «investigado» sostienen que de la expresión «imputado» se desprende un choque indirecto con tales derechos, pues afirman que la connotación negativa que inevitablemente alberga el término elimina todo tipo de precisión a la hora de definir la realidad. Recuerdan estos impulsores que, tal y como recoge la LO modificadora de la LECRIM, el imputado (ahora investigado) no es más que aquel meramente sospechoso – y por ello investigado –, pero respecto del cual no existen suficientes indicios para que se le atribuya judicial y formalmente la comisión del hecho punible. No obstante, «investigado» no es el único término que la LO 3/2015 prevé como sustitutivo. Lo es también la expresión «encausado». La alternancia en el uso de un u otro concepto atiende, en líneas generales, al momento procesal en el que nos situemos. Más específicamente, precisa identificar si nos encontramos en un punto anterior o posterior al auto formal de acusación.

En conclusión, el término «imputado» forma parte indiscutible del lenguaje popular, pero su uso resulta técnicamente incorrecto, por lo que irremediablemente debemos suprimirlo. Por contra, parece que el término «investigado» evita connotaciones, imprecisión y, en resumidas cuentas, contaminación de la situación procesal real del sujeto. En este sentido, creo importante hacer un esfuerzo por despedirnos de aquel y, en aras de la precisión y corrección técnica, incorporar paulatinamente a nuestro vocabulario los términos sustitutivos previstos legalmente.