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Lecciones públicas de una agresión que no fue

La conmoción creada hace unos días por la noticia de la homófoba agresión en el madrileño barrio de Malasaña y a plena luz del día a un veinteañero quedó solo superada por otra notica: aquella que la desmentía por haber sido, según los mismos medios, una invención destinada a ocultar una relación sexual sadomasoquista -y, según parece, pagada- frente a su pareja.

Huelga decir que una simulación de delito no puede llevar a conclusión alguna sobre la existencia de tales delitos. En todo caso, me parece que el suceso sí nos debe hacer reflexionar sobre la calidad de nuestro debate público y, especialmente, sobre el papel que han jugado los medios de comunicación, los poderes públicos, las redes sociales y los movimientos sociales.

Quizás a alguno le sorprenderá, pero muchos de los grandes avances del movimiento feminista y del movimiento LGTB+ se produjeron sin que fueran protagonistas en las noticias las víctimas de agresiones machistas u homófobas en tanto que víctimas. Sin embargo, los movimientos, en algunos casos pobres de programa tras grandes conquistas, divididos ante cuestiones fundamentales y con dificultad para concienciar de lo mucho que queda por hacer, se pliegan a los poderosos medios, guardianes de la esfera pública. Entre detalle escabroso y detalle escabroso, los activistas aprovechan para señalar el suceso como prueba de que los problemas persisten, pedir medidas que los palien y señalar a quienes se resisten al cambio.

En ello, juega un papel clave la función de la filtración policial a los medios que, en este caso, ha sido terrible. Sin querer alimentar ninguna teoría de la conspiración, sí que quedan algunas preguntas por responder y algunas responsabilidades por asumir ¿quién se apresuró a filtrar la información de un caso en el que las piezas no encajaban? ¿Con qué intención? ¿A favor del movimiento o para perjudicarlo? ¿Quizás queriendo dominar el ciclo de noticias y tensar el enfrentamiento contra Vox? ¿Cómo de arriba vino la decisión? ¿Por qué se hizo, según apuntan todos los indicios, contra la voluntad de la víctima?

Una de las “virtudes” de estos sucesos es que el ciclo mediático es habitualmente demasiado rápido para realmente conocer en detalle qué ha pasado y, las víctimas, demasiadas: ¿quién puede seguir cada caso? Nos quedamos habitualmente con los más graves, con los que indignan por alguna razón (especialmente si el protagonista es joven y bien aparente). Aunque la verdad es que España está entre los países con menos agresiones de Europa, cada agresión es evidentemente una derrota.

Pero es que, sospecho, a nadie en el espacio público le interesa mucho acercarse a la verdad: unos, porque están rellenando minutos y vendiendo audiencias con fast news. Otros, porque pueden encontrar su anhelada unidad interna posicionándose contra la violencia y han conseguido 20 segundos para colocarle a los medios su problema y, con suerte, movilizar. En mi caso, y creo que no somos pocos, me repele tanto detalle personal circulando públicamente. Sin embargo, la velocidad con que se ha autodesmentido el joven ha hecho flagrante la siempre gran diferencia entre la verdad publicada y la verdad.

Confundir la verdad mediática (o la demostrable jurídicamente) con la verdad (con mayúscula) empobrece profundamente nuestra esfera pública, por mucho que pueda resultar una muy efectiva manera de movilizar. Al eliminar las dudas que necesariamente introduce la aceptación de esa diferencia, la reacción emocional es inmediata. Atados a estas verdades de todo a 100, los movimientos y los debates son cada vez más obtusos y pobres: llamar a la prudencia y a pensar antes de actuar está proscrito. Considerar versiones alternativas está proscrito. Quien lo hace, se convierte en paria. El héroe es el que mejor y más ruidosamente llora.

No me toca a mí, que no soy ni activista ni experto en movilización, decidir si esta es la mejor forma para acercarnos a la justicia. Parece cierto, en todo caso, que no hay acción sin emoción y que los fríos datos por sí solos no levantan a nadie del sofá. Pero no es una cuestión de todo o nada y, además, el orden de los factores altera el producto. ¿No parece conveniente, al menos, intentar mejorar a los ciudadanos para que sean capaces de reaccionar emocionalmente a los argumentos racionales? Plegados a que “las cosas son así”, se han depuesto las armas en la batalla por el progreso moral e intelectual, condenándonos a ser cada día menos racionales. Al final de ese camino ni siquiera podremos darnos cuenta de que no es posible ser justo sin saber qué es justicia y cómo aplicarla.

No. Los datos deben movilizar y las organizaciones deben ser élites intelectuales que ayuden a comprender a quienes no tenemos el tiempo para profundizar ni el acceso a todos los datos. No deben ser meros reactivos a la noticia y, aún menos, manipuladores a golpe de emoción e identidad.

En cuanto la noticia tocó lo público, muchos políticos se lanzaron a su denuncia pública, transformando el suceso rápidamente en material para el conflicto político. Efectivamente, todo esto ha ocurrido en un contexto marcado por el enfrentamiento con el escurridizo Vox, quien, con puntuales gestos de homofobia, sabe muy bien atraer el voto de los homófobos. Su técnica parece inspirada en ese arte marcial llamado “aikido”:  aprovechando la fuerza de la indignación del adversario, logra situarse donde quiere en el imaginario del votante, presentándose además como… víctima.

En este caso, Vox ha adoptado además el discurso de “nuestros maricones”, ya usado por Le Pen en Francia, y que pone en la diana a los inmigrantes. Para la ocasión, han lucido las mejores galas de su miseria, difundiendo sospechas sobre la nacionalidad de los atacantes de un suceso que, ahora lo sabemos, ni siquiera ha ocurrido. Un repugnante gesto por el que ni se han disculpado ni se disculparán. Atacarles por ello es inútil, pues se victimizan, y ya ha quedado legitimado a fuerza de presión social que ante el relato de las víctimas (propias) no cabe cuestionamiento alguno.

Y, sin embargo, quienes sí se disculpan son algunos de quienes acusaron a Vox de ser responsable del suceso. ¡Como si no fuera cierto que su discurso legitima la antesala de la que pende la homofobia (y parte de sus votos)! Pero aquí aparece otra confusión tremendamente extendida: aquella entre el evento particular y el fenómeno mismo.

Si el evento es inventado, entonces Vox es inocente. Lo que me lleva a concluir que la culpa atribuida previamente no estaba bien identificada: se le atribuía una especie de “autoría intelectual” del delito concreto, en lugar pedir cuentas por, por ejemplo, atacar a toda la sociedad civil organizada descalificándola como “chiringuitos”; una sociedad civil que, con sus aciertos y errores, es fundamental en democracia; en este caso, para combatir la homofobia.

El riesgo de esta estrategia de los movimientos, como se ha visto, es grande en cuanto hay tiempo para mirar con detalle cada caso (o cuando se desmiente con tanta rapidez y tan rotundamente). Sobre todo, porque el desmentido pone en jaque todo el discurso una vez que el problema (estructural y extendido especialmente en lo micro) se había visto sintetizado en lo que sólo es la punta del iceberg: los sucesos extremadamente violentos, que son por suerte excepcionales (aunque siempre demasiados). Pero ya se encargan los movimientos de afirmar, como Pedro y el lobo, que estamos en el peor momento y en una escalada, digan lo que digan los datos y la experiencia diaria [1].

Desde luego, resulta muy legítimo tomar un evento particular como excusa para emprender un debate y reforzar una reivindicación. El problema es asumirlo como síntesis del problema. Y esto se hace en uno y otro lado. Primero, los que tomaban el suceso como prueba de una escalada de agresiones. Los segundos, quienes al descubrir que la historia era inventada se apresuraron a ufanarse de que no hay homofobia. Y, tercero, volvían a hacerlo los primeros tras el chasco del engaño: “Claro que hay homofobia: no olvidamos que hace un mes mataron a un chico mientras le llamaban maricón”. Incurrían así de nuevo en la imprudencia de convertir en prueba última de su posición lo que es objeto de una investigación aún inconclusa.

El suceso en cuestión, ahora que parece que nos acercamos más a la verdad, puede incluso servir legítimamente para conversar sobre el consentimiento en la prostitución (masculina), sobre los límites legítimos de las prácticas sadomasoquistas o sobre el concepto de fidelidad en la pareja. Ahora bien, insistamos: hacerlo tomando los nuevos datos que aportan los medios sobre la situación del joven como si fueran verdad irrefutable es volver a caer en el mismo error acerca de la “Verdad”. Y, además, profundiza en el daño a la posible víctima.

Para esos debates, solo queda abstraerse del caso: si no, todos esos comentarios versan sobre la vida de una persona de carne y hueso, que siente y padece. El modelo de inmoralidad made in “Sálvame” se extiende en virtud de las redes sociales contra todos: nos hace a todos potenciales protagonistas de un correveidile de patio de vecinos, además de en comentaristas, sin ninguna vergüenza. Lo más sangrante es que ello pueda ocurrir precisamente en los momentos más delicados para un ser humano: cuando ocupa la posición de víctima.

Pero hay una diferencia fundamental entre el patio de vecinos y las redes sociales: uno muy bien puede hacerse sus opiniones (¡sabiendo que son meras opiniones y no conocimiento!) y comentarlas con sus amigos en la terracita o en un grupo de WhatsApp; nadie resulta dañado por ello, salvo quizás la reputación de cada uno ante sus amigos. Ahora bien, cosa distinta es airearlas en una red social como Twitter, donde todo es público por defecto y donde todo queda escrito. Donde la persona objeto del comentario es también espectador potencial.

He visto en redes bajezas morales de profundidad insondable al respecto del caso: desde quien aprovechaba para vender su libro hasta quien mostraba su turgente glúteo rotulado en busca de seguidores y deseo. En disculpa de nuestra ciudadanía, digamos que aún no hemos desarrollado normas morales acordes a la brutal revolución tecnológica que hemos vivido. Lo que es imperdonable, sin embargo, es la actuación de algunos medios pues, como profesionales universitarios, los periodistas están especialmente sujetos a la reflexión deontológica.

Que hayamos visto imágenes del portal donde vive la víctima e incluso una imagen borrosa del joven ha sido deleznable, y no lo es menos porque la historia haya resultado ser mentira. Transmutados en carroñeros, trituran a sus protagonistas para alimentar la insaciable curiosidad de nuestras mentes aburridas y enganchadas a las redes. Aún ha habido quien públicamente justifique filtrar la imagen del joven porque mintió y perjudicó al movimiento. Buena muestra de lo legitimados que están los sentimientos de venganza y su cómplice, la crueldad.

Nadie niega que el muchacho ha quedado retratado ante sí mismo y ante la deformante opinión pública, algo que sin duda le costará superar, poniéndose en una situación que a mí solo me puede despertar piedad. Pero nuestra opinión pública ha quedado también retratada, y no sale muy bien parada: aparece como simple, pobre, emocionalista, histriónica, militante, frentista, precipitada, manipuladora, inmoral y cruel.

Por quedarnos con el lado bueno: tenemos una oportunidad para hacer examen de conciencia. Y habrá futuras ocasiones en que demostrar si algo hemos aprendido de los terribles errores cometidos.

 

Notas

  1. En 1995 “el colectivo” hablaba de un aumento de agresiones (posiblemente vinculado a la progresiva salida del armario y visibilización). https://elpais.com/diario/1995/01/21/madrid/790691087_850215.html Pero es que en 2016 también se hablaba de repunte. https://www.abc.es/espana/madrid/abci-cinco-agresiones-chicos-gays-sola-noche-plaza-espana-201602152238_noticia.html La experiencia sin embargo ha sido sencillamente de progresiva mejora -al menos, hasta la llegada de Vox-. En todo caso, recuérdese que comparar los primeros 6 meses de 2021 con los de 2020, cuando estábamos confinados, es poco honesto.

Cancelación por algoritmo

Estas semanas estamos viendo una concentración de casos de cuentas cerradas, bloqueadas o marcadas como “sensibles” por distintas empresas de redes sociales. Facebook se ha cubierto de gloria con el cierre de las cuentas de Félix Ovejero y Augusto Ferrer Dalmau (tan aberrantes que la sociedad civil se ha movilizado hasta recuperarlas), Twitter ha vuelto a las andadas bloqueando la de Consuelo Ordóñez (por publicar fotos de recuerdo de atentados; recordemos que ya bloqueó la de COVITE en su día supuestamente por escribir “bomba”), y hasta Google ha metido la pata marcando como “sensible” y restringiendo el blog de Patxi Mendiburu, Desolvidar, que no podría ser menos objetable.

 Todo esto en un contexto en el que las barbaridades, insultos y difamaciones en redes no han dejado de crecer. Las “parodias” separatistas contra Inma Alcolea superan récords cada semana mientras Twitter cierra cuentas a la acosada. 

Las causas no podrían ser más sencillas ni más preocupantes. Desde que existen los foros y redes sociales, la moderación manual de textos ha sido un problema por el coste de tiempo y criterio que requieren, de modo que las empresas que impulsan su masificación actual han optado por la solución más basta del libro: la moderación automática por criterios de denuncia, con desenlace de exclusión.

Se supone que Facebook y otros usan “inteligencia artificial” para identificar los contenidos realmente problemáticos, pero eso no es más que un agravante: la IA no hace más que extrapolar sobre decisiones de moderadores en función de criterios que ella misma identifica. Es decir, va a palpo y reproduce los prejuicios de los moderadores que la entrenan. Una forma muy poco sensata de administrar algo tan serio como la pérdida de tu presencia en redes sociales, que hoy en día está muy cerca de ser un servicio esencial y que toca muy de cerca los derechos de propiedad intelectual. Quien quiera reducir esto a una cuestión interna de las empresas y sus condiciones de servicio, puede engañarse a sí mismo, pero a nadie más.

 A ese fallo de los sistemas de moderación automáticos (mal entrenados, mal preparados y demasiado poderosos para tomar decisiones de ese alcance sin supervisión) se suma un problema básico de criterio. No se puede censurar en función de lo que otros, sin cualificar, opinen de tus textos o contenidos. Lo sabe cualquiera que haya llevado foros o redes y lo sabe cualquiera que haya observado a la especie humana: es el equivalente de entregar la llave de la expresión pública a los más radicales.

Quien se moviliza contra una página web (o una película o un profesor) habitualmente no es quien respeta la opinión ajena, sino quien sólo respeta la propia. Quien denuncia a Consuelo Ordóñez por recordar a los que murieron por defender la libertad de todos no es una persona de cuyo criterio puedas fiarte. El resultado de gobernarse por el nivel de gritos que desatan tus acciones es que gobierne quien más grita; y, si bien es cierto que hay cosas que hacen gritar a la gente normal, a quienes más se oye suele ser a los extremistas.

Hay una derivada aún más grave, y es que este criterio del “gobierno por queja” ya viene usándose fuera de redes en demasiados casos -en EEUU, por ejemplo- con consecuencias conocidas. Desde antes de que le pusieran el nombre de “cancelación”, ya había puesto patas arriba la libertad de opinión, expresión y cátedra en muchas universidades, donde la búsqueda de “zonas seguras” (entornos en los que nadie se sintiera ofendido) ha tenido consecuencias funestas. La “cultura woke” no es más que eso: exigir que no sea permitido nada que resulte ofensivo para los valores de la postcorrección política, sin relación con detalles como la ley o la demostración de lasCensura, acusaciones.

En definitiva, consiste en exigir que se “cancelen” opiniones e incluso personas que alguien ha decidido que no encajan, condenando a muerte profesional y civil a disidentes académicos, o incluso actores. “Cancelar” la historia destruyendo las raíces a partir de las que hemos evolucionado (como nuestros nietos evolucionarán a partir de estas aberraciones), juzgando a personajes históricos por criterios actuales hasta eliminarles de los libros de texto, de las bibliotecas y de las plazas.

 Si algo hemos aprendido desde la Ilustración es que la libertad depende de exigir el respeto a la disidencia, a la divergencia de opinión. De poner coto a los que más gritan e incluso a la mayoría para evitar que pisoteen a los demás. Hemos aprendido que no se puede prohibir una película porque sea ofensiva para los cristianos, ni una novela porque glorifique modos de vida alejados de la moral general ni un ensayo porque cuestione la interpretación actual de un hecho histórico. El único límite es la defensa de derechos más básicos y la preservación del sistema que los garantiza: el negacionista del Holocausto es un ejemplo; la mentira o los ataques al honor son otros.

Las quejas deberían servir para alarmar, para generar una intervención cualificada, proporcionada y sensata, de la que la empresa se haga siempre responsable. No pueden servir para privar automática y ciegamente de voz y presencia a una persona en función del griterío de intolerantes, con el único recurso real de gritar más. Por el lado contrario, un sistema que se olvida de defender lo básico si no escucha quejas suficientes no va a funcionar bien nunca.

Quiero pensar que esta expansión de la “cultura de cancelación” a la red es una simple cuestión de beneficios que podrá resolverse con mejor tecnología, y no algo mucho más grave. Si realmente los gestores de las redes piensan que se puede dejar la libertad de expresión en manos de detectores de humo manipulables por los más fumadores, el problema es de fondo, y la regulación externa de las redes, una necesidad. No sólo para garantizar que no se excluye al disidente, sino para garantizar la protección de derechos básicos. En resumen, que se cumpla la ley.

 

Mientras tanto, toca redoblar la vigilancia desde la sociedad civil.

Las redes sociales como amenaza a la libertad de expresión

La libertad, en todas sus vertientes y manifestaciones, constituye una de las grandes conquistas de las sociedades modernas y una aspiración consustancial al ser humano. En concreto, la libertad de expresión se yergue como uno de los pilares de las democracias liberales o plenas, y en un elemento sine qua non para el progreso y desarrollo de los hombres. En términos similares a estos, se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos : “la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de las sociedades democráticas, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres” (Asunto Handysiide c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976.).

Desde hace varios años, acontecimientos diferentes pero todos ellos íntimamente relacionados con la libertad de expresión, han colocado a esta figura en primera plana. Desde los enjuiciamientos de Pablo Hasél y Valtonyc, al cierre o suspensión masiva de cuentas en redes sociales, incluida la del expresidente americano Donald Trump, la libertad de expresión y sus límites están en la primera línea del debate público en todo el globo.

Si bien la libertad de expresión es una temática sumamente amplia, con multitud de aristas sobre las que merece la pena cavilar, la finalidad de este artículo es hacer una pequeña reflexión en torno a las consecuencias derivadas de la irrupción de internet y las redes sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y como ello ha supuesto que estas plataformas tengan a día de hoy la capacidad de limitar o impedir el ejercicio pleno de este derecho.

El punto debe partida debe situarse en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el Asunto Packingham v. North Carolina de 19 de junio de 2017.

En dicha resolución, el Tribunal Supremo estadounidense abordó por vez primera la constitucionalidad de los límites al acceso a las redes sociales. Lo interesante de la citada resolución a efectos de cuanto ahora interesa, es el papel que el Tribunal reconoce a las redes sociales para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues entiende que estas son el cauce principal en el que a día de hoy se ejercitan los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución americana- entre los que se incluye el derecho a la libertad de expresión-. Afirma el Tribunal Supremo que internet “es el equivalente en el siglo 21 de las calles y parques públicos” (“the entirety of the internet or even just “social media” sites are the 21st century equivalent of public streets and parks”).

De esta forma tan gráfica se reconoce lo que parece ser una realidad irrefutable, que es en el ciberespacio donde hoy en día se produce el intercambio de opiniones e ideas, se accede a la información y noticias, y en definitiva, el medio a través de cual se ejerce y canaliza en última instancia el derecho a la libertad de expresión.

En la misma línea, cabe citar la resolución dictada por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en el Asunto Ahmet Yildirim c. Turquía, de 18 de diciembre de 2012, donde en relación a rol de Internet, se establece que: “en la actualidad el principal medio de la gente para ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información […]”.

A mi juicio cabría incluso ir un paso más allá, y es que esta visión de Internet como un mero espacio de intercambio de información responde a una visión anticuada y desfasada de este fenómeno. A día de hoy, el ciberespacio constituye un verdadero “hábitat” pues es un lugar en el que las personas conviven y de forma consistente y plena desarrollan su vida-o al menos una parte de ella, la virtual-.

Así, las sociedades modernas se mueven y operan en dos planos, el físico y el virtual, que va ganado mayor importancia cada día.

En este escenario, las redes sociales se han convertido en verdaderas sociedades, los usuarios en ciudadanos de las mismas y los dueños de las gigantes tecnológicas, al más puro estilo de los monarcas absolutistas, en ostentadores de un poder cuasi despótico con capacidad para decidir qué puede publicarse y quien tiene derecho a acceder y permanecerse en dicha sociedad. De este modo, los responsables de estas plataformas no controlan meras compañías sino de facto uno de los dos planos en los que se mueve el mundo.

Y es que si reconocemos que existe un verdadero “hábitat virtual” en internet en general y en las redes sociales particular, en el que los individuos desarrollan una parte cada vez más significativa de sus vidas, debemos al mismo tiempo reconocer los riesgos que se derivan de la concentración de poder que ostentan los dueños de las tecnológicas. Riesgos que por otro lado no se limitan únicamente a las limitaciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión.

A mi juicio, episodios como la censura de determinados discursos, la suspensión temporal y/o definitiva de cuentas o perfiles de estas plataformas, son cuestiones jurídica y constitucionalmente relevantes que podrían constituir limitaciones ilegitimas al derecho a la libertad de expresión y que por ende merecen nuestra preocupación y atención.

En síntesis, la reflexión que pretendo transmitir con el presente artículo es que en la medida en la que cada vez desarrollamos una parte mayor de nuestras vidas en las redes sociales, y que estas se consolidan como el espacio por antonomasia para el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, deberemos estar muy atentos a que estas plataformas no coarten o limiten irregularmente este derecho.

¿Los políticos que bloquean a los ciudadanos en las redes sociales vulneran su derecho a la libertad de expresión?

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida de los ciudadanos, un hábitat en el que se informan, comparten, critican y defienden sus ideas. Así, Facebook o Twitter, se han convertido en un termómetro, más o menos fiable, del estado de la opinión pública en nuestro país, con más de 23 millones de usuarios el primero y casi 5 millones el segundo.

Muchos de esos ciudadanos han visto las redes sociales como una oportunidad para interaccionar de manera directa con los diferentes servidores públicos, para loar su buena gestión o para reprobar sus actuaciones. Para evitar esto último, algunos políticos deciden bloquear a los detractores y algunos han acudido a los tribunales por considerar que esta conducta no se ajusta a Derecho y han obtenido una respuesta favorable.

Una de las Cortes de Apelaciones de Estados Unidos dictó sentencia en verano de 2019 indicando que la actitud del presidente Donald Trump, bloqueando a los ciudadanos en twitter, era contraria a la Primera Enmienda, referida a la libertad de expresión.

La defensa de Donald Trump señaló que se trataba de una cuenta privada y que la facultad de bloquear podía utilizarla cualquier usuario, asegurando, además, que el presidente creó la cuenta en 2009, antes de ocupar un cargo público. Sin embargo, la Corte rechazó este argumento, dejando claro que (i) Twitter es un foro público en el que los políticos pueden controlar el espacio interactivo que se corresponde con su cuenta, (ii) que está abierta en general y (iii) que Trump excluía a determinados usuarios por sus críticas. Según esta sentencia, para que una cuenta sea calificada de foro público no solo tiene que ser usada por alguien que desempeña un cargo público, sino que tiene que publicar información relacionada con ese cargo.

Los abogados de la parte demandada negaron que la libertad de expresión se viera afectada ya que los ciudadanos podrían acceder a la información a través de Google o crearse una nueva cuenta, puntualizando la Corte que “cuando el Gobierno discrimina a un interlocutor debido a su punto de vista, la posibilidad de iniciar otra discusión no subsana esa infracción desde el punto de vista constitucional”. Recientemente, el recurso contra esa sentencia ha sido inadmitido.

Después de esa sentencia pionera, han sido varios los casos en el que los políticos han tenido que rectificar antes demandas similares por parte de usuarios que fueron bloqueados, como la política Ocasio-Cortez y más allá de Estados Unidos, el alcalde de Ottawa.

¿Y qué sucede en Europa? El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.” Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre este asunto en concreto, ha asegurado que Internet es el principal medio para ejercer el derecho a la libertad de expresión y de información, ya que en ese espacio se encuentran herramientas esenciales de participación en actividades y debates relativos a cuestiones políticas o de interés público. De la lectura del artículo 10 del CEDH y de la jurisprudencia parece deducirse que los políticos que bloquean a los ciudadanos en redes sociales debido a sus críticas están conculcando uno de sus derechos fundamentales, ya que en esas cuentas existe información de interés público.

La libertad de expresión tiene diferentes vertientes (artística, musical…) pero la que debe gozar de una mayor protección es precisamente la libertad de opinar sobre temas políticos, que se constituye en pilar fundamental de la democracia. Tal y como indica el profesor de Oxford Jacob Rowbottom, la protección de este derecho puede apoyarse en un enfoque basado en el emisor, por un lado, o en los receptores de esa información, por otro. Al evaluar el problema que nos concierne tiene una mayor importancia este segundo enfoque, ya que la comunicación que se realiza en los medios de masas sigue el patrón one-to-many, de manera que los políticos se encuentran en una posición favorable respecto a los ciudadanos de a pie, ya que sus ideas gozarán de mayor difusión. Las cuentas que los políticos crean en las redes sociales les permiten expresarse libremente, pero su verdadero valor está en que ese contenido sirve para informar a un número indeterminado de ciudadanos.

Además, el TEDH ha afirmado que las restricciones a esa libertad de expresión tienen que ser necesarias para la subsistencia de una sociedad democrática y tienen que respetar el principio de proporcionalidad. Restringir a un ciudadano el acceso a un foro público por sus críticas ni es necesario para la subsistencia de la democracia (más bien lo contrario) ni resulta proporcional.

¿Y qué ocurre en España? Al igual que en el resto del mundo, aquí también hay políticos aficionados a esa práctica del bloqueo, sin embargo, los afectados no han interpuesto demandas y no existen pronunciamientos sobre el asunto. No es descartable que, si el asunto llega al Tribunal Constitucional, este pueda fallar en un sentido similar a la Corte de Apelación estadounidense. Tal y como indica Boix Palop: “A efectos de lograr emplear las redes sociales como un agente dinamizador del pluralismo conviene perfilar límites a la expresión que se realiza en las mismas que actualicen, adaptadas al nuevo entorno social y tecnológico, los principios constitucionales que informan nuestro sistema.”

Es decir, en un momento en el que las redes sociales se han convertido en una extensión de los debates públicos, que son utilizadas durante las campañas electorales a partir del targeting político, tiene que protegerse la posición del ciudadano en aras a una mayor transparencia. De lo contrario, estos foros dinámicos de discusión se acabarán convirtiendo en cámaras de eco cada vez más grandes, en las que los políticos y los ciudadanos solo escucharán retumbar sus propios argumentos.

Como su propio nombre indica, estamos hablando de redes, que también son sociales. Algunos políticos se centran excesivamente en el primero de los términos, tejiendo con un ingenio equiparable al de Aracne: una red impoluta en la que no haya tachaduras ni voces disonantes.