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¿Qué ha ocurrido en Chile?

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Hace un mes escaso tuvo lugar en Chile el llamado ‘plebiscito de salida’, un referéndum en el que se sometió a aprobación de la ciudadanía una propuesta de nueva constitución. Al diseñarse el proceso constituyente que terminaría en este hito, allá hacia fines de 2019, este referéndum siempre tuvo un propósito muy claro: servir de resguardo institucional ante los eventuales excesos en que pudieran incurrir quienes resultaran electos para integrar la Convención Constitucional a cargo de su redacción.

En tanto proceso constituyente post-soberano (para recurrir a la expresión de Andrew Arato), todo el diseño procedimental del experimento constitucional chileno descansa sobre una sencilla premisa: en sociedades complejas como la chilena, es imposible que una asamblea –incluso una electa popularmente– sea capaz de recoger o representar la pluralidad de visiones de aquello que llamamos pueblo. Por consiguiente, un proceso constituyente debe estructurarse en torno a diversas instancias, en algunas de las cuales existirá una intensa participación ciudadana, mientras que en otras primará la deliberación política asistida del saber técnico. Todas ellas, sin embargo, tienen el propósito proveer de reservas de legitimidad al texto constitucional resultante hacia el final del proceso.

En este contexto, el llamado plebiscito de salida constituye la última instancia de este proceso concatenado en la que se entrega a la deliberación ciudadana el resultado en todo lo obrado en las etapas anteriores. Así, el reciente referéndum constituía un resguardo institucional en un doble sentido. Primero, en tanto funciona como un incentivo a evitar excesos para todos quienes intervengan en las instancias anteriores del proceso constituyente y, en seguida, por cuanto busca evitar futuros de reproches de legitimidad en contra del texto ratificado ciudadanamente. Esto último es particularmente importante, por cuanto el problema constitucional chileno –si puede hablarse de tal– no radica tanto en arreglos institucionales específicos de la constitución vigente, sino más bien en la falta de legitimidad que amplios sectores de la representación política le imputan a ésta.

Teniendo en consideración su propósito, el referéndum del cuatro de septiembre parece haber cumplido plenamente su propósito garante: la alternativa por el rechazo obtuvo un 62,86% de las preferencias, mientras que en favor de la constitución solo se manifestó un 38,14% del electorado, lo que supone una contundente diferencia de más de veinte puntos porcentuales. Es cierto que existieron episodios de desinformación, pero el resultado es tan categórico que difícilmente puede atribuirse a estos hechos. Sin ir más lejos, es difícil imaginar un suceso similar en la historia electoral chilena. En términos de movilización ciudadana, participó el 85% del padrón electoral, algo solo equiparable a las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias desde el retorno a la democracia (1989). En términos de magnitud, esto supone que solo quienes se manifestaron por el rechazo superan en número a la participación total de quienes concurriendo a votar en el referéndum de 2020 (cuyo propósito era determinar si iniciar o no un proceso constituyente). Igualmente importante, se trata de un resultado transversal: la propuesta de nueva constitución fue rechazada en todas las regiones del país y en un 97% de los municipios (todos los resultados electorales pueden ser consultados aquí).

Como antecedente de contexto, debe señalarse que es extremadamente excepcional a nivel comparado que una propuesta de nueva constitución sea rechazada en un referéndum de esta naturaleza, en tanto su tasa de aprobación ronda el 94% (Elkins y Hudson, 2019). En un estudio reciente, Zachary Elkins y Alexander Hudson (2022) sugieren que, con anterioridad, solo once referéndums de esta naturaleza a nivel comparado han concluido con un resultado similar.

Ciertamente son muchas las causas que explican este resultado, las que tomarán tiempo desentrañar en detalle. Por ejemplo, se cometieron graves errores en el diseño del proceso constituyente que contribuyeron a este desenlace (algo de eso puede leerse aquí). De igual forma, muchas de las normas en materia indígena –o, al menos, la forma en que éstas fueron comunicadas a la ciudadanía– produjeron un rechazo generalizado en la ciudadanía, según sugieren algunas encuestas. Por supuesto que en este resultado contribuyen factores exógenos al proceso mismo, como la desaprobación del gobierno actual o la situación inflacionaria.

Hay, sin embargo, una causa que es particularmente interesante de mencionar: aquella relativa a la legitimidad procedimental. Diversas encuestas sugieren que la principal motivación de la ciudadanía para votar rechazo no radicó tanto en el contenido sustantivo de la propuesta constitucional sino en el desempeño de los constituyentes. Una de ellas, por ejemplo, sugiere que el 40% de quienes fueron consultados votaron rechazo porque ‘el proceso fue llevado de muy mala manera por los constituyentes’. Esto es consistente con el incremento progresivo en la percepción negativa de la ciudadanía hacia la Convención Constitucional que evidenciaban desde diciembre pasado estas encuestas, y que ellas  sugerían la posibilidad del rechazo ya desde marzo, mucho antes que el proceso de escrituración constitucional hubiese concluido. Un antecedente adicional en este sentido: un estudio basado en métodos de humanidades digitales muestra una explosión en los sentimientos negativos en redes sociales hacia la Convención Constitucional en febrero de este año, fecha que coincide con el cierre del proceso de participación pública y en el que las diversas propuestas ciudadanas comenzaron a ser rechazadas por las comisiones de la Convención. ¿Simple coincidencia?

A lo menos preliminarmente, este plebiscito de salida nos enseña una lección fundamental sobre el proceso constituyente chileno: la importancia de los procedimientos y las formas en las discusiones constitucionales. No solo por las consecuencias que éstos tendrán en el resultado final de un proceso constituyente –un punto en el que ha enfatizado Gabriel Negretto ( ) –, sino también porque son las formas y procedimientos las que permitirán tener una discusión en igualdad de oportunidades entre posiciones políticas antagónicas. Más importante aún, son ellas las que permitirán que el pluralismo propio de sociedades complejas como la chilena se exprese bajo guías predecibles de funcionamiento y también bajo el atento escrutinio ciudadano. Como sugiere con dramatismo la experiencia chilena, descuidar las reglas y los formas está lejos de ser una consideración de importancia solo para abogados, porque ellas son precisamente una condición de posibilidad del pluralismo político.

 

 

HD Joven: No, el Estado no ha tomado el control sobre los Mossos

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El desafío al Estado de derecho por parte de algunos de los representantes del pueblo catalán y parte de este lleva siendo leitmotiv informativo en nuestro país desde hace varios meses. El sábado, y siguiendo la escalada de tensión entre Estado y Generalidad en vistas del referéndum ilegal del 1 de octubre, que se agravó con el deplorable espectáculo antidemocrático vivido en el Parlamento catalán, la Fiscalía Superior de Cataluña reunió a los altos mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra. Los medios de comunicación de inmediato se hicieron eco de la decisión que supuestamente había comunicado José María Romero de Tejada, fiscal jefe de Cataluña, a los tres cargos policiales, incluido el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero: el Estado asumiría el control sobre la policía autonómica.

No era la primera vez que el fiscal se reunía con dichas autoridades este mes: el 8 de septiembre Romero de Tejada ya ordenó a los tres cuerpos, mediante la Instrucción 2/2017, adoptar cualquier medida para evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, incluido el requisamiento de urnas, papeletas y propaganda electoral.

Lejos de la realidad, es falso que el Estado, mucho menos el Ministerio del Interior, haya asumido el control sobre los Mossos d’Esquadra, lo que supondría liquidar de un plumazo el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su legislación de desarrollo en materia de seguridad. El Estado, a pesar de lo ampliamente difundido, no ha retirado las competencias de seguridad que corresponden al Ejecutivo regional, supuesto que únicamente se podría dar tras la aplicación del famosísimo artículo 155 de la Carta Magna —que, por cierto, no supone la eliminación de la autonomía de ninguna comunidad—.

La Ley del Parlamento de Cataluña 10/1994, que regula el funcionamiento de los Mossos d’Esquadra, establece que, entre otras funciones, el Cuerpo asume las de policía judicial, en los términos establecidos en la Constitución, el Estatuto, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la normativa complementaria. Dicha ley también establece en su artículo 11 que los mossos cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente y que estarán sujetos a los principios de jerarquía y subordinación, principios que no ampararán en ningún caso «órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes». Obviedades para cualquier ciudadano responsable, no tan obvias para los que se han propuesto acabar con el Estado democrático de derecho por la vía de los hechos.

El Real Decreto 769/1987, sobre regulación de la Policía Judicial, establece en su primer capítulo que corresponden a todos los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad las funciones de policía judicial, y para ello quedarán sometidos a los requerimientos de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal. En la actualidad son las fiscalías de Cataluña las encargadas de la investigación del referéndum suspendido, y, para ello, deben tomar, en cumplimiento de su deber de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, cuantas decisiones estimen para impedirlo, dando cumplimiento a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

La legislación vigente, por tanto, permite al fiscal dirigir todas las policías adscritas a la investigación —incluidos, en este caso, los Mossos d’Esquadra— y, para este fin, debe indicar quién asume la coordinación de las tres fuerzas policiales. Y es aquí donde reside el quid de la cuestión, ya que el fiscal no es libre al tomar esta decisión, pues el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece: «[C]uando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta [entiéndase impedir el referéndum] concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación».

Es por ello que la toma de control que causó tanto revuelo entre el sector secesionista no es más que la coordinación por parte de un único mando policial —el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos— de todas las actuaciones de los tres cuerpos encaminadas a paralizar e impedir la consumación de un acto ilícito, como entraña la celebración de un referéndum al margen de la ley. Todo ello bajo la total y estricta supervisión del Ministerio Público. En el resto de actuaciones que los Mossos desarrollen en su marco competencial será la Generalidad, con el total amparo de la ley que tanto denosta, la que ostente el mando supremo de su policía.

Los propios Mossos d’Esquadra, mediante una nota informativa a sus policías que ha trascendido a algunos medios, niegan que la instrucción de la Fiscalía suponga la intervención del Cuerpo por parte del Estado. «El Cuerpo de Mossos d’Esquadra a lo largo de toda su historia ha mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que le llegaban de jueces, tribunales y ministerio fiscal, posicionamiento que evidentemente seguiremos manteniendo», reza el documento.

Una nueva vez, el victimismo independentista, patente en este caso en las declaraciones vertidas por Joaquim Forn, consejero catalán de Interior —«Desde el Govern, no aceptamos esta injerencia del Estado, saltándose todos los mecanismos de coordinación y existentes con el Estado», publicó en su cuenta de Twitter—, se torna en espectáculo sin fundamento. El Estado de derecho es tan perfecto, justo y garantista que incluso ampara y protege a quien pretende dinamitarlo.

HD Joven: La caída del joven orador

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Día 5 de diciembre, 24:00 horas. Tras la noche de la comunicación del resultado del famoso referéndum, Renzi ha anunciado su dimisión como Primer Ministro de la República Italiana. Se acaba así “el gobierno de los 1000 días”, como ya lo llaman aquí en Italia.

Un gobierno que ciertamente no parece que dé para mucho, pero que ha sido uno de los más largos de toda la historia de nuestra República, que comenzó el 2 junio de 1946. Lo sé, es increíble. No es casualidad que nosotros, los italianos, solamos decir que siempre estamos en campaña electoral. Y es que ya hemos tenido 63 gobiernos en sólo 70 años de vida.

La realidad es que, en términos generales, se percibe un profundo desdén (incluso animadversión) por los políticos y por eso siempre deseamos que cambie el partido del Gobierno, en algo nuevo que verdaderamente tenga la fuerza suficiente como para terminar con la inmovilidad política de nuestro país. Gracias al buen manejo de las redes sociales, a su astuta manera de relacionarse con el público e incluso a su propia edad (no olvidemos que Renzi es el Primer Ministro más joven de la historia de la República), nuestro recientemente dimitido Primer Ministro realmente había conseguido convertirse en algo distinto. El problema es que su plan era demasiado ambicioso.

En el referéndum del 4 de diciembre, yo he votado SÍ, como el 40% de los que votaron aquel día, que alcanza a un 69% de los italianos en total. La participación y el interés por el asunto ha sido, por tanto, muy alto, teniendo además en cuenta que ya estamos hartos de ir a las urnas. Mi compañero y amigo, editor de esta sección HD Joven, me ha informado no obstante que también los españoles han conocido de cerca ese sentimiento, al menos durante este año, de modo que seguramente saben a lo que refiero.

En nuestro caso, aunque se refería a la reforma de una única norma, la Constitución (o quizás precisamente por eso), se votaban muchos temas; el objetivo era modificar nada menos que 29 artículos, lo que equivale a una quinta parte del articulado de la misma. Una de las reformas más importantes se refería a transformación del sistema bicameral de la República y de todo el aparato legislativo diseñado para la aprobación de las leyes, aunque por algunas se pretendía conservar el mismo sistema, con el objeto de disminuir el número de parlamentarios, así como modificar la forma de elección de algunos de estos representantes. Otras consistían en rediseñar el sistema de competencias entre el Estado y las regiones; en eliminar instituciones como el Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), un órgano nacional de carácter laboral; en modificar los requisitos necesarios para la iniciativa legislativa popular, en especial en lo que al número de personas necesarias se refiere; etcétera. Como ven, el asunto entraña una especial relevancia… y complejidad.

De un lado, pienso que no me equivoco al afirmar que muchos italianos estaban de acuerdo con las reformas o, al menos, con iniciar un debate público y parlamentario al respecto; reducir los gastos de las Instituciones ha sido un objetivo central de muchos gobiernos y un recurso muy utilizado por el partido Movimiento 5 Estrellas, principal partido de la oposición, a fin de obtener apoyos electorales. El CNEL y los poderes de las provincias ya están cambiando, de hecho, y creo que muchas aspectos de esta reforma probablemente se abordarán en un futuro próximo.

El caso es que Renzi había ofrecido una gran oportunidad de cambiar el país, pero ha confiado demasiado en sí mismo. Gracias a su liderazgo, su partido ganó las elecciones generales de Italia con nada menos que un 40% de los votos hace tan sólo dos años. Y, de pronto, todo es historia. Justo es decir que, poco a poco, mucha gente se había alejado ya de su figura, especialmente al comprobar que su programa político inicial no coincidía con los planes de su Gobierno. Pero, en definitiva, tanto de su triunfo, como, lo que es más triste, de su derrota sólo él ha sido culpable. Ha quedado apartado de los colaboradores con los cuales terminó el texto de la reforma, como Berlusconi y su partido, alejado de una minoría interna en su propio partido y criticado de manera muy dura y provechosa por el partido Movimiento 5 Estrellas.

Renzi mintió y omitió muchos elementos durante su campaña electoral, lo que a poco a poco la gente ha ido descubriendo, y además ha impulsado una reforma de las cámaras, a través de la reforma de buena parte de la Constitución. Pero, sobre todo, ha tratado de debilitar la democracia, limitando a la gente la posibilidad de elegir a sus propios representantes y restringiendo la posibilidad de impulsar iniciativas legislativas populares. También ha intentado eliminar la responsabilidad de las regiones, lo que, en un Estado donde la gente no tiene confianza en el gobierno central, ha sido un grande error. No es casualidad que Lega Nord, un partido de extrema derecha, esté ganando apoyos a través de la propuesta de constituir un federalismo fiscal.

¿Y ahora qué? Ahora, Italia será gobernada por un “gobierno técnico” hasta las próximas elecciones. El Movimiento 5 Estrellas es el segundo partido en las urnas, y con muchos apoyos, pero, a mi juicio, no tienen la capacidad real de gobernar un país. Hablando con un ex-miembro de este partido en un viaje en coche, él mismo me confesó que, al final, ser la principal fuerza política de la oposición era casi más conveniente para ellos. Supongo que es sólo una opinión. Supongo también que dejar el país en las manos de partidos extremistas de la derecha tampoco es lo que más conviene a Italia.

En mi opinión, Italia ha perdido una gran ocasión para renovarse, en una ley que de todas formas tiene que ser reformada. Pero, sobre todo, ha perdido una gran oportunidad de conseguir la estabilidad interna e internacional que el país necesita. En toda mi vida, no puedo recordar un Primer Ministro que tuviera en Italia un apoyo tan alto y una credibilidad tan fuerte de cara al exterior.

Como en las elecciones anteriores, Renzi ha creído que, mezclando la propuesta del referéndum con su persona, conseguiría obtener más apoyos. Pero ha sido un error y una irresponsabilidad, porque la ley sigue aún muy lejos de ser perfecta e Italia necesitaba ahora un Primer Ministro como él. Un error que ha supuesto un gran daño para Italia y para Europa en general, que pierden a un representante que habría podido ser mucho más protagonista.

En fin, espero que el próximo gobierno tenga por lo menos las mismas ganas de renovar el sistema de este país, que claramente no funciona…