Entradas

Utopía y progreso de los pueblos

“La bondad del carnicero no es sincera, ni la del cervecero, ni tan siquiera la del panadero, de quienes esperamos que cubran nuestras necesidades, puesto que ellos lo hacen por puro interés personal” . Adam Smith. La Riqueza de la Naciones

Conviene, previamente, recordar la importancia de la Economía en la vida de los pueblos.

La producción de un país es determinante para su nivel de vida y con él su nivel cultural y educativo y hasta la calidad de su sistema político.

Un país que descuida su producción está condenando a sus habitantes a un futuro decadente, con el consiguiente peligro para su estabilidad social y política interna e incluso para su independencia nacional.

El éxito de los productos de las empresas nacionales en los mercados es la única simiente que hará brotar nuevos puestos de trabajo en sus economías y la calidad de la formación de sus trabajadores la que evitará que estos pasen a manos exteriores, en  un mundo cada vez mas globalizado y con espacios geográficos mas abiertos para la libre circulación de bienes y de personas.

El crecimiento de la producción y del empleo se afianzará  en todos los sectores si los gobernantes mejoran las condiciones financieras y legales del sector productivo nacional haciéndolo más atractivo.

En un escrito anterior comentamos la ruina histórica que provocó la nacionalización de la pequeña empresa en Cuba. El 13 de marzo de 1968, Fidel Castro ordenó la confiscación masiva de pequeños establecimientos dentro de las medidas de la “ofensiva revolucionaria” con el objetivo de luchar contra el capitalismo ( “ no tendrán porvenir en este país ni el comercio ni el trabajo por cuenta propia ni la industria privada ni nada…)” y la creación del “ hombre nuevo” que sustituiría al grupo de  “privilegiados.. improductivos… parásitos… y holgazanes” que gestionaban los negocios.

En marzo de ese año, se confiscaron 55.636 pequeñas empresas (bares, lavanderías, barberías, talleres mecánicos…) Todos los estudios destacan el enorme deterioro que ocasionó sobre el nivel de vida de la población.

Creo que, en estos casos, hace falta la coincidencia de una minoría habilidosa en la exposición de un ideario atractivo emocionalmente y una población sin demasiada experiencia . La primera hace soñar a sus oyentes que el suministro no se interrumpirá con el nuevo orden y que, además, se beneficiarán de unos productos a precios bajos y al alcance de todo el mundo,

Normalmente, estos antecedentes derivan en una situación de desencanto social cuando la población comprueba que estos planteamientos no se cumplen, viendo como se va empobreciendo su nivel de vida.

Pero, cuando adquiere la experiencia de la realidad de los planteamientos utópicos, suele ser tarde, especialmente cuando el sistema político no permite su corrección.

Lo que sucede es que los comportamientos humanos suelen habituarse rápidamente a las nuevas circunstancias y privados los esfuerzos de una compensación adecuada, es lógico que nadie quisiera asumirlos.

Este ejemplo nos evidencia la limitación de la ordenación del comportamiento humano en la Economía. El buen gobernante es el que se adapta a la psicología de los ciudadanos y les saca el máximo de provecho para la Comunidad.

La manera que los ciudadanos asuman voluntariamente funciones complejas y de alto interés social, es que encuentren una recompensa a sus esfuerzos, sino dejarán de atenderlas, ya que el número de ciudadanos “desinteresados” es mínimo.

El culpable de la situación de desabastecimiento no es, como normalmente suelen decir los dirigentes fracasados, de los que dejaron las actividades empresariales que realizaban, sino del nuevo orden, impuesto por ellos, que lo impidió.

La generación de beneficios, normalmente, anima a otros emprendedores, incrementando la oferta de productos y ello posibilita la reducción de los precios .De esta manera se hubiera conseguido lo más importante en aquellos momentos, solucionar la pobreza interna y el abaratamiento  se hubiera obtenido por un cauce más natural y más efectivo.

Como la función empresarial es libre para cualquier persona,  los propulsores de un nuevo orden sin avaricia ni beneficios, pueden dar ejemplo iniciando nuevas actividades  a los precios y condiciones laborales  fijados por ellos, lo que contribuirá a una mejora para la población trabajadora, transformándose, de dirigentes de sueños y de palabras en emprendedores eficientes al servicio del Pueblo.

Pero, como habitualmente, el número de ellos que da este paso es insuficiente, hay que recurrir a la  vía clásica.

El número de experiencias empresariales va generalmente ligado a las condiciones del entorno empresarial. Cuanto más favorables sean las condiciones, mayor número de actividades empresariales se pondrán en marcha. Todo ello es una garantía para el mantenimiento y expansión de la oferta de productos y servicios, para el crecimiento del empleo y la estabilización de precios.

Una política agresiva en relación al mundo empresarial puede satisfacer, momentáneamente, ciertos sentimientos y frustraciones de la población, pero a medio plazo se convierte en una política enormemente negativa para el progreso y el nivel de vida de las naciones.

No es extraño, pues, que las políticas económicas antiempresariales a medio plazo degeneren en procesos inflacionistas, al mermar la oferta de bienes, en elevaciones de las tasas de paro, al contraer el número de experiencias productivas, en la reducción de las bases imponibles de los impuestos y de sus contribuyentes a la financiación de los gastos sociales y, en definitiva, en hacer inviable el Estado del Bienestar.

Esto, tal vez explique el fracaso de los proyectos utópicos en la Economía, que sirvieron más para afianzar el progreso social y económico de las clases dirigentes de la Utopía, que para asegurar y mejorar el nivel de vida y de libertad de sus pueblos.

II Premio Hay Derecho: ¡Presenta y vota a tus candidatos!

En Hay Derecho buscamos personas u organizaciones que se hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho. Queremos reconocer el mérito de quienes se han sacrificado por defender este pilar básico de nuestra convivencia democrática.

Los candidatos al premio Hay Derecho deberán ser:

a) Personas físicas mayores de edad que tengan la nacionalidad o la residencia española.
b) Personas jurídicas con sede en España.

En ambos casos que hayan realizado actuaciones relevantes en defensa del Estado de Derecho y de las instituciones en nuestro país.

Las candidaturas deberán ser propuestas por personas físicas o jurídicas distintas de los propios interesados. Deberán presentarse acompañadas de una memoria justificativa de los méritos de una extensión no superior a 850 palabras y de un breve CV de los candidatos.

Se invita a los proponentes a que informen a los posibles candidatos de dicha presentación y, en la medida de lo posible, obtengan la conformidad del interesado. El envío de una candidatura supone la aceptación de estas bases.

Las cinco candidaturas más votadas por los lectores del blog y amigos de Hay Derecho pasarán a formar parte de la deliberación de un jurado compuesto por miembros del equipo de gobierno de la Fundación, así como por un miembro de cada una de las entidades con las que hemos firmado convenios de colaboración.

De entre las candidaturas finalistas, saldrá el nombre del ganador del premio, que será entregado en un acto organizado por Hay Derecho. El premio consistirá en un trofeo de metacrilato similar al entregado en la primera edición (no suponiendo así dotación económica para la persona o entidad galardonada).

Para proponer su candidatura al II Premio Hay Derecho a la defensa del Estado de Derecho basta con enviar un mail a info@fundacionhayderecho.com y explicarnos en qué ha consistido su labor o hacerlo a través de esta sección de la web. ¡Puedes hacerlo hasta el 31 de octubre!

 

  • 10 de septiembre-31 de octubre de 2016: Plazo de presentación de candidaturas.
  • 1-30 de noviembre de 2016: Plazo de votación de candidaturas.
  • 1-15 de diciembre de 2016: Deliberación del jurado.
  • Febrero de 2017: Entrega del II Premio Hay Derecho

 

Una propuesta para mejorar la calidad de nuestros dirigentes políticos

  En anteriores artículos,  hemos venido reiterando ideas que consideramos básicas:

“ La competitividad del Estado dependerá de la relación entre el coste fiscal y la calidad del salario en especie    (servicios y prestaciones sociales) que proporciona a sus ciudadanos.

   Un estado  ineficiente es el que descuida la calidad de su sistema productivo en todas sus bases ( educación, costes energéticos, sistemas de contratación laboral, promoción empresarial….) que es el fundamento de la riqueza nacional, del empleo y del sistema de protección social, el que se apropia de los recursos que tiene en administración, desviándolos a intereses partidistas y hasta personales y el que descuida la calidad  y los costos en la gestión de los servicios y prestaciones sociales.

   Y para ello es esencial la competencia del gestor público, la calidad técnica de su equipo y la elaboración de un programa serio y solvente, dirigido al bien común y no a ganar las elecciones. Un Estado no puede ser eficiente si sus dirigentes no lo son.

    De ahí que el problema del político no es lo que cobra sino el daño que hace a la sociedad cuando es un incompetente. La incompetencia histórica de nuestros dirigentes es la responsable de nuestra gran crisis económica y financiera y uno de los mayores problemas de nuestra democracia es el progresivo deterioro del nivel de nuestros políticos “.

    En mi revisión que estoy haciendo de la prensa del período  2010/2 he encontrado este artículo “Las elecciones catalanas del día 28” , de Joaquim Muns en La Vanguardia ( 14.11.10) del que os entresaco lo siguiente :

    “Es el momento de dejar de lado la manoseada retórica partidista que ya prácticamente no significan nada -derechas, izquierdas, progresistas, etc.- y prestar especial atención a la categoría intelectual y a la experiencia de los candidatos.

   En nuestra sociedad se está produciendo un fenómeno lamentable y paradójico. Me refiero al continuo descenso del nivel de preparación de nuestros políticos en el preciso momento en que la gestión pública deviene más compleja y exigente.

    La evolución cultural, social y económica de los últimos años a todos los niveles es vertiginosa. La crisis económica global que el mundo padece desde hace tres años, fruto de los desajustes y tensiones que produce este proceso acelerado de cambio, tiene dos consecuencias que, como electores, deberíamos tener en cuenta. Por un lado, la relativización de los programas electorales. Cada vez es más difícil que éstos puedan seguir la aceleración de la realidad. En segundo lugar y como corolario de ello, la competencia y la experiencia de los dirigentes pasan a ser la mejor garantía para afrontar con esperanza razonable de éxito las consecuencias de los problemas y crisis que nos han sacudido y que, desgraciada pero inevitablemente, seguirán azotándonos durante mucho tiempo.

   El progreso de las naciones depende de muchos factores, pero creo que la experiencia de los últimos años está demostrando el creciente protagonismo de los líderes políticos bien preparados.

   El caso de China es paradigmático. Aunque se comenta poco, el gran despegue de este país coincide con la llegada al poder de una clase política joven y muy preparada, en contraste con la gerontocracia forjada exclusivamente en las luchas internas del Partido Comunista que gobernó el país hasta los años ochenta. En la actualidad, tanto el Presidente Hu Jintao como el primer ministro Wen Jiabao son ingenieros; el primero especializado en temas hidráulicos y el segundo en geología.

   Si nos desplazamos a la otra gran potencia emergente asiática, India, comprobamos con admiración que su primer ministro, Manmohan Singh, es graduado por las Universidades de Panjab, Cambridge y Oxford, con un doctorado en esta última. Si saltamos de continente a otro país que, como hemos podido comprobar recientemente, está haciendo las cosas muy bien, Chile, descubrimos que su presidente, Sebastián Piñera, es doctor por la Universidad de Harvard. No creo que se trate de casualidades; es más, cuesta encontrar un líder de un país serio y dinámico sin un título universitario.

  Pero si los ciudadanos elevamos el grado de exigencia respecto a la preparación, competencia y experiencia de los gobernantes que elegimos y no nos dejamos deslumbrar por la cada vez más hueca retórica electoralista, podemos convertir las elecciones del día 28 en un punto y aparte.”

   Creo que es un buen momento para iniciar una reflexión  sobre lo que tenemos que hacer para integrar  a la gente más válida a la política.

Ya que, si ante los graves problemas económicos y sociales  descargamos nuestra ira en los que hemos escogido y les insultamos indiscriminadamente sin valorarles su dedicación personal, que en muchos casos es desproporcionada, les retiramos la compensación económica que corresponde a su verdadera valía y ocupación y les exigimos tanta responsabilidad ¿Estamos seguros que estamos allanando el camino para que en el futuro se dediquen a la política los mejores? ¿No nos estaremos equivocando nuevamente?

Cinco lecciones de un año de política española

(Publicado en el periódico semanal AHORA el día 14 de octubre pasado).

Si tuviéramos que extraer cinco enseñanzas de la experiencia de este último año de política española, yo les propondría las siguientes:

Primera: las propuestas políticas no importan, sólo interesan los cargos. Efectivamente, las reformas contenidas en el acuerdo de investidura entre el PP y Cs son en gran medida coincidentes con las plasmadas en el fallido acuerdo entre este último partido y el PSOE. Pero al igual que Rajoy no consideró ni por un momento entrar a discutirlas cuando se trataba de hacer presidente a Pedro Sánchez, todavía estamos esperando una contrapropuesta socialista al pacto actualmente planteado. Por su parte, Pablo Iglesias estaba dispuesto a negociar su puesto de vicepresidente, pero ni una coma del primer pacto de investidura, a pesar de que hubiera supuesto desalojar al PP del poder. La conclusión es evidente: a nuestros líderes solo les interesan sus cargos y evitar cualquier coste personal, y muy poco las reformas políticas que piden sus electores.

Segunda: cuando solo interesan los cargos, los partidos verticales y cerrados resisten mejor que los (semi) abiertos. Únicamente es posible mantener de manera manifiesta y continuada la preocupación por el propio cargo por encima de cualquier otro interés, cuando se mantiene muy bien sujeto al partido; es decir, cuando se ha tejido una red clientelar de carácter personal generadora de lealtades inquebrantables. Aquellos que no han tenido poder, tiempo o habilidad suficiente para ello, se quiebran por la presión del bloqueo antes que sus adversarios, aunque les lleve demasiado tiempo hacerlo. Hemos comprobado que a medida que pasaban los meses de parálisis surrealista sin propuestas sobre la mesa, el peligro se incrementaba para cada líder en proporción inversa a su capacidad de fuego clientelar. Pedro Sánchez, claramente el que menos cañones tenía a su disposición, ha sido el primero en sucumbir, mientras que Rajoy, presidente in pectore, apenas ha sufrido amenaza interna de ningún tipo.

Tercera: cuando existen partidos verticales y cerrados los “mainsteam media” se ceban principalmente en los (semi) abiertos y vulnerables. Puede ser injusto, por cuanto se desvía el foco público del verdadero problema, pero resulta completamente lógico. El tiempo para las soluciones apremia y no tiene sentido darse contra un muro, así que lo rentable es presionar en el punto de menor resistencia. No es nada personal, porque todos actúan de la misma manera con independencia de su espectro ideológico.

Cuarta: la ley electoral es un lastre, pero por razones distintas de las que se pensaba. Hemos comprobado por dos veces consecutivas que nuestra denostada ley d´hont no ha impedido parlamentos plurales con partidos minoritarios de carácter estatal capaces de hacer de bisagra en sustitución de los nacionalistas. Es cierto de que en vez de uno han surgido dos, lo que obliga en este concreto caso a un pacto a tres, pero eso no es directamente imputable a dicha ley. El verdadero problema es que la circunscripción provincial no solo atribuye un peso desmesurado a las provincias más pequeñas, sino que obliga a sus electores a decidir por el juego del voto útil únicamente entre los dos partidos mayoritarios, todavía más al repetirse elecciones. Estos se ven favorecidos en el reparto con más premio del que merecerían, especialmente en el caso del PP. Al no verse tan castigado electoralmente como ocurriría con otro sistema más equilibrado, el sistema tiende a fomentar el inmovilismo interno y externo de su líder. La impresión final, quizás errónea, es que la corrupción apenas se tiene en cuenta a la hora de votar, pese a que el propio Partido Popular y un centenar de sus cargos y clientes se encuentren procesados.

Quinta: cuando concurren incentivos perversos, las normas son siempre insuficientes. Nuestra arquitectura constitucional es homologable a la de nuestros vecinos, pero no ha impedido diez meses de parálisis, dos elecciones y la amenaza de una tercera. Sin duda, algo se podría avanzar con determinadas reformas (establecer un sistema de investidura a la vasca, por ejemplo) pero debemos ser conscientes de que nuestros políticos han demostrado capacidad de sobra para subvertir cualquier norma jurídica, por muy clara que esté. Para algo tiene que servir la captura partitocrática de los poderes controladores del Estado.  Los ejemplos más evidentes han sido la espantada de Rajoy ante la primera propuesta del rey, que casi desencadena una crisis constitucional, y la negativa del Gobierno en funciones a someterse a ningún control por parte del Parlamento. Pero si eso pasa con las normas escritas, qué decir con las no escritas, como prueba el caso de la designación de Rita Barberá para la diputación permanente con la finalidad de garantizar su aforamiento ante cualquier eventualidad procesal y el nombramiento de Soria para el Banco Mundial. No cabe duda de que estas actitudes generan un grave descredito institucional  y envían a la ciudadanía un mensaje poco adecuado en esta época de crisis de confianza en el sistema.

Conclusión: más que normas, cambiemos incentivos. O con mayor precisión: toquemos especialmente aquellas normas capaces de generar incentivos positivos, especialmente en el ámbito de los partidos políticos, sistema electoral, aforamientos, transparencia, ayudas institucionales a los medios, Tribunal Constitucional, etc. El objetivo debe ser que la regulación formal coincida con la realidad informal, cosa que en la actualidad no ocurre.

Estas lecciones definen de manera genérica nuestro actual sistema político, y la imagen final no parece muy positiva. A nosotros corresponde decidir si queremos cambiarla.

HD Joven: ¿Regeneración democrática? Primero eliminad el aforamiento

En la década de los 70, después de 40 años de dictadura, con muchos políticos que volvían de la clandestinidad y del exilio, que los mismos estuvieran protegidos por las acciones derivadas de su cargo era una buena idea. El recuerdo del franquismo era reciente y, como es sabido, el constituyente quiso blindar a los partidos políticos de la forma más férrea posible.

Si observamos la voluntad del constituyente, entre Diputados y Senadores (artículo 71), los miembros del Gobierno (artículo 102) y el Rey (artículo 56) ya habría más de 600 aforados. Como pueden observar no es un número nada desdeñable. Ahora bien, dicho número es una nimiedad si observamos la realidad jurídica española.

Antes de ponerlos en situación, si me permiten, voy a citar al Sr. Rodrigo Tena Arregui, que escribió un artículo sobre la materia que nos ocupa, de una forma mucho más técnica que la mía: “(…) esto no pasa en ningún país serio” -refiriéndose en el número de aforados en España-. “Como en el fútbol, somos los campeones del mundo. (…) a la orgullosa Alemania ¡le metemos diez mil a cero! ¡Menuda humillación!”- bromea.

Supongo que muchos lectores se estarán preguntando a qué se refieren el Sr. Tena. Bien, se refiere al número de aforados en España actualmente en comparación con el número de aforados alemanes. “Espera. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Antes has dicho que había unos 600 aforados!

Bien, sí, como mínimo era esta la voluntad del constituyente. Por tanto, ¿de dónde salen los otros? En primer lugar, las sucesivas aprobaciones de los Estatutos de Autonomía, y sus respectivas modificaciones, extendieron esta condición a los parlamentarios autonómicos. Además, las reformas de la LOPJ han aumentado el número de personas que gozan de esta institución, entre las cuales, se incluyen: los reyes actuales, los salientes, el Presidente del Senado, del Congreso, del Gobierno… en total, hay más o menos 2000 políticos aforados y otros 10.000 que son jueces y fiscales. Este artículo pretende centrarse en los “aforados políticos”, por esta razón, no hablaré de los jueces y fiscales aforados. Pero consideraba necesario remarcar de estas más de 10.000 personas aforadas, sólo, sólo no es la palabra más adecuada- 2000 son políticos.

La pregunta es tan simple de formular como difícil de contestar -sin citar a ningún exentrenador del Real Madrid y que actualmente no milita en el Mourinho United-: “¿Por qué?” ¿Por qué este país debe ser diferente a cualquier democracia occidental? No hay una respuesta unánime, pero seguro que no es por la publicidad a Unicef.

Es posible que mucha gente no vea el motivo por el cual el aforamiento es tan criticado. Simplificando consiste en que los políticos nacionales los juzga el Tribunal Supremo y los autonómicos su TSJ correspondiente. Al fin y al cabo, a simple vista, parece, simplemente, “que a los peces gordos les deben juzgar los peces gordos” y ya está. Bien, voy a intentar cambiar su opinión.

En primer lugar, es evidente que los políticos manchados por la corrupción se agarran a la silla del Congreso y Senado para no perder su condición de aforado. Por poner unos ejemplos: ya sea quedándose en la Comisión Permanente o sin renunciar al acta.

En segundo lugar, a pesar de lo que diga la reiterada jurisprudencia constitucional, la mayor parte de la doctrina defiende que la institución del aforamiento vulnera el principio de igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución.

En tercer lugar, la modificación o supresión del aforamiento es un mensaje común en las campañas políticas. Si nos centramos en el acuerdo de investidura entre PP&Ciudadanos (pág.30), por ser el más reciente, el partido emergente hizo mucho hincapié en la supresión del aforamiento, en concreto, el fallido acuerdo señalaba la: “Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos”. Ahora bien, cabe remarcar que la supresión de dicha institución sería parcial en tanto en cuanto sólo afectaría al ámbito nacional al ser un pacto de investidura. Pero ni eso, ya que la intención era suprimir el aforamiento del Gobierno Central y los parlamentarios nacionales, salvaguardando el privilegio de otros altos cargos del Estado. La decisión de no suprimir el aforamiento de los parlamentarios autonómicos es justificada alegando la necesaria revisión de los diferentes Estatutos de Autonomía, lo cual, según mi opinión, es una auténtica cortina de humo para mantener este privilegio, ya que, puestos a reformar la Constitución, bastaría con introducir un precepto señalando la prohibición del aforamiento a ninguna clase de representante político para después que entrara en vigor, el aforamiento autonómico fuera inconstitucional.

En resumen, el punto del acuerdo no dejaba de ser una intención de reforma a medias, hoy en día ya sin efectos, si es que algún día los tuvo. ¿A qué me refiero? Simplemente que ninguno de los dos grandes partidos han apoyado reformar significativamente esta institución cuando han estado en el poder (no puedo opinar sobre Ciudadanos y Podemos respecto este tema). Es decir, si siempre han tenido la mayoría suficiente, incluso para cambiar la Constitución entera, y sólo han habido dos reformas por exigencias europeas, dudo que vayan a cambiar la Carta Magna para reducir sus privilegios. Lo que parece evidente de la histórica perpetuación del aforamiento es que algún beneficio obtienen de esta condición. Pero es un beneficio caro, muy caro. Un beneficio ligado a unas grandes pérdidas: pues la transparencia política y la independencia judicial están al borde del concurso de acreedores.

En cuarto lugar, creo, firmemente, que el aforamiento menosprecia a la capacidad que tienen los jueces de instancias inferiores. ¿Por qué no puede ser capaz una persona, que ha logrado conseguir una plaza después de años de estudio, de conocer sobre un tema que trate sobre un diputado? ¿Estamos dudando de la independencia o de la capacidad de esta persona? Personalmente, creo que es una falta de respeto de magnitudes mayúsculas.

Finalmente, a pesar de las razones que he comentado, y muchas más que me he dejado en el tintero por falta de espacio, sin lugar a dudas, la razón por la que más se critica la institución del aforamiento es, precisamente, por quién los juzga. Es tan indudable la calidad y el prestigio de los juristas que forman el Tribunal Supremo, como de las sospechas -y algunas evidencias- que está politizado-. ¿La razón? Por qué los magistrados son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este hecho, ya de por sí, puede parecer sospechoso, pero aún queda más, ¿Quién nombra a los miembros del CGPJ? Voilà. El Congreso y el Senado. 10 cada uno. Seis entre jueces y magistrados y cuatro entre juristas de reconocido prestigio. Por tanto, vemos como los políticos deciden los magistrados que van a juzgar sus delitos, aunque sea de forma indirecta. Por este motivo se pone en duda el aforamiento. No soy nadie para poner en duda la imparcialidad de los miembros del Tribunal Supremo, aunque no dudaría en hacerlo de algunos órganos colegiados. Lo que es innegable es que la institución del aforamiento debería desaparecer, modificarse o, como mínimo, ganar en legitimidad democrática.

Para conseguir este fin se podría reformar el criterio sobre quién nombra los miembros del CGPJ medida que, otra vez a medias, ya contemplaba el fallido acuerdo de investidura. A medias porque simplemente se conformaba con que “los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados”. Según mi humilde opinión, espero que cuando haya Gobierno, sea del color que sea, se debería ir un poco más allá. Me refiero a que todos y cada uno de los vocales sean elegidos por los propios Jueces y Magistrados. Así matamos dos pájaros de un tiro. Independencia en el CGPJ y también las últimas instancias jurisdiccionales. Ganamos todos. Todos… excepto aquellos que tienen la potestad para modificar las leyes.

Artículo de Rodrigo Tena en Ahora: ¿Puede el PP de Rajoy liderar la regeneración?

(Publicado en el Ahora de 16 de septiembre)

“No he tenido elección, es mi naturaleza”, recordaba el escorpión a la rana tras incumplir para mal de ambos el pacto al que habían llegado en la famosa fábula atribuida a Esopo. Los partidos políticos no tienen genes que determinen su naturaleza, pero sí estructuras e historia que pueden permitir predicciones ajustadas. En estos tiempos de pactos políticos, analizarlas correctamente se revela como algo imprescindible para la supervivencia de todos.

Existe hoy un consenso generalizado, tanto entre los especialistas como en la opinión pública, sobre la necesidad de mejorar la calidad de nuestro débil entramado institucional: favoreciendo su neutralidad y funcionamiento eficiente, el acceso de los mejores a los puestos de responsabilidad, la rendición de cuentas y la participación pública. Sin olvidar sus naturales beneficios sociales y económicos, conseguiríamos resultados inmediatos en la lucha contra la corrupción, mejorando así nuestra vida democrática. Desde los partidos políticos a la Justicia, pasando por la Administración Pública, los organismos reguladores y hasta el propio Parlamento, casi todas nuestras instituciones necesitan reformas, seguramente puntuales, pero inaplazables. No se trata de derribar para construir de nuevo, como ha sido tradicional en España con efectos casi siempre traumáticos, sino de practicar algunas obras de apuntalamiento que refuercen el diseño original, a veces tan sutiles que no necesitarían más que un reglamento o una orden ministerial.

Resulta obvio, entonces, que la responsabilidad máxima a la hora de realizar ese impulso regenerador va a descansar en el partido que controle el próximo Gobierno, aun cuando se encuentre en minoría en el Parlamento. Por su atribución de la potestad reglamentaria, por sus facultades de dirección de la Administración, por sus prerrogativas de propuesta, por el amplio control informativo que se atribuye al Poder Ejecutivo, es inevitable que el diseño final de la mayoría de las reformas y la ejecución de todas ellas queden bajo su poder exclusivo. No se pretende negar la importancia política a medio plazo de los compromisos asumidos en un pacto de investidura, o los que puedan imponerse por la oposición en su tarea legislativa, sino solo destacar que frente a la renuencia o simplemente pasividad del partido en el Gobierno, los avances prácticos a corto están condenados a ser muy limitados. Además, una vez investido el Presidente la posibilidad de sancionarle por incumplimiento del pacto es casi nula, dado que las mociones de censura en nuestro ordenamiento constitucional deben ser constructivas. Si ya está siendo difícil nombrar a uno, imagínense ponerse de acuerdo para designar a la alternativa.

Para ilustrarlo pongamos como ejemplo el pacto nº 95 del acuerdo entre el PP y Cs: “No se concederán indultos a personas condenadas por delitos de corrupción, financiación ilegal de partidos, violencia de género o delitos de terrorismo”. En este punto, como en tantos otros, la última palabra la va a tener siempre el Gobierno, y dado que la “corrupción” no es un tipo penal delimitado como tal, podría incluso alegarse en el supuesto concreto que el acuerdo se ha respetado. Por eso hay que reconocer que por mucho que queramos sujetarlo todo con pactos y normas, en una democracia es obligado confiar en las actitudes y aptitudes de los elegidos para ostentar el poder, al menos a ese nivel. De ahí la importancia de analizar los incentivos concurrentes que afectan al Partido Popular dirigido por Mariano Rajoy.

Durante todos estos años de bipartidismo tanto el PP como el PSOE han ejercido el poder de manera ferozmente clientelar. En el caso del PP obedecía a una larga tradición de la derecha española, a la que el PSOE no tuvo inconveniente en sumarse a la primera oportunidad, especialmente en determinados lugares. Pero ya sea por esa tradición secular, por haber ostentado un extenso poder territorial e institucional durante la época de la burbuja, por su inquebrantable resistencia electoral en ciertas circunscripciones, por sus naturales conexiones con el poder económico, o por el acusado carácter jerárquico y vertical de las estructuras del partido (seguramente por todos estos factores combinados), el PP no ha perdido ninguna oportunidad de exprimir hasta la última gota el jugo de las instituciones del Estado. Todo el funcionamiento interno y externo del partido parte de la lógica clientelar. El sistema de premios y castigos a contratistas, militantes y allegados recompensa la lealtad (a cargo del contribuyente) y no el mérito (al menor coste posible). Al favorecido por el cargo o la adjudicación correspondiente no se le pide otra cosa a cambio que reconocer la prioridad de intereses de su mandante, obviamente por encima de los generales. Mariano Rajoy es un producto puro de ese esquema de actuación. Su carrera, su ascenso al poder supremo (designado a dedo por Aznar) su conservación (después de dos derrotas electorales tras el Congreso de Valencia) y el ejercicio que hace de él (solo el último ejemplo es el caso Soria) están apuntalados sobre esos parámetros. Para el PP esta forma de actuar es tan natural que se sorprenden sinceramente de la sorpresa que genera.

Pues bien, el principal inconveniente de estrujar tanto a las instituciones es que se crea una dinámica perversa en la que se vive en todo momento enfrentado a la norma, vista siempre como un obstáculo para la actividad política “ordinaria”. Los más honestos aprenden a interpretarla de manera creativa y a sortearla decorosamente cuando sea posible, los menos a infringirla a la menor oportunidad. Es necesario repetirlo una vez más: la mayor parte de nuestras normas están bien diseñadas y son perfectamente homologables con las de nuestros vecinos. Lo que falla son los incentivos de quién deben aplicarlas (que por eso son el objeto principal de toda reforma institucional). De ahí que los casos de corrupción no sean manzanas podridas en un barril sano, como afirma Rajoy. Se trata más bien de un barril en muy mal estado que facilita la contaminación de lo que contiene, sin desconocer en absoluto la resistencia ofrecida por la dignidad y honestidad personal de muchos.

Solo así se explica la extraordinaria avalancha de procesos abiertos que tiene en este momento el PP y la enorme multitud de cargos institucionales afectados. Hablamos aproximadamente de treinta procesos judiciales –entre ellos algunos tan trascendentes como el caso Bárcenas, Gürtel, Bankia, Púnica, Taula, Brugal…-  en los que se encuentran implicados, según cálculos realizados por la Cadena SER, cuatro exministros, tres expresidentes autonómicos, 11 exdiputados y exsenadores, 17 exconsejeros autonómicos, 7 expresidentes de diputaciones, 10 exalcaldes y cuatro extesoreros nacionales, por citar únicamente los cargos más significativos. En la trama Gürtel, cuya vista empieza el próximo 4 de octubre, ya han sido citados más de trescientos testigos, entre ellos seis exministros del PP. Solo entre los políticos designados por la expresidenta Esperanza Aguirre hay 34 imputados por corrupción, según informa el periódico semanal AHORA. Además, caben pocas dudas de que lo que observamos puede ser solo la punta del iceberg. Y aunque no es fácil contar ni con la información necesaria ni con la ayuda de denunciantes que quieran asumir los costes correspondientes, la probabilidad de que vayan apareciendo paulatinamente nuevos casos es muy elevada.

Por ese motivo, pensar que el PP puede tener interés en propulsar medidas de regeneración como, por ejemplo, apoyar y favorecer a los denunciantes de la corrupción (punto nº 119 del acuerdo de investidura), es un sinsentido. Sería tanto como proporcionar gasolina al pirómano que amenaza quemar su propiedad. Para comprobarlo basta recordar cómo se ha tratado a los denunciantes de algunos de los casos más conocidos, como Gürtel o Aquamed. Si el propio superministro Guindos confiesa en su reciente libro que “le silbaban las balas muy cerca” tras impulsar la denuncia de las tarjetas black de Bankia, que pese a su notoriedad es uno de los casos con menos poder destructor, pueden ustedes imaginarse el calvario que se le ha hecho pasar a Ana Garrido, denunciante de la trama Gürtel. Tampoco, lógicamente, hay ningún interés en eliminar los aforamientos (nº 94) y dejar de designar a la cúpula del Poder Judicial (nº 102), dos cuestiones íntimamente unidas, ya que esa cúpula es la que decide sobre los nombramientos de los jueces encargados, como consecuencia del aforamiento, de juzgar a los políticos investigados. Y en cuanto a favorecer la democracia interna de los partidos (nº 104) se pueden ustedes imaginar. Como todo antiguo régimen, también el clientelar atraviesa su fase más inestable cuando empieza a reformarse, por lo que no parece previsible que la impulsen precisamente los que ahora ocupan los resortes del poder.

El PP de Rajoy puede firmar lo que necesite para continuar gobernando, pero en el fondo, como el escorpión, no tiene elección, especialmente si su Gobierno es monocolor: picará a la rana e incumplirá el pacto. Seguramente a sus dirigentes, muchos de ellos honestos, les gustaría que las cosas fueran distintas, pero han construido el partido que han construido y lo que está en juego es su propia supervivencia política, individual y colectiva. En el fondo, no entienden por qué España no puede seguir funcionando de manera clientelar. Al fin y al cabo, no le ha ido tan mal.