Es lo que dice un amigo mío, que como sabe todo el mundo, cuando un cacharro se declara en rebeldía, cuando se niega a funcionar, la mejor solución es apagar y encender, en la idea de que algo ha alterado su normal funcionamiento pero que, corregida la anomalía, los programas, como el sistema institucional de nuestro país, volverán a funcionar. 

Pero hay quien piensa que eso no va a ser suficiente, que llevamos demasiado tiempo con un sistema operativo de 1978, con algunos parches, y así los viejos programas van fatal, el ordenador se colapsa y los nuevos programas no pueden instalarse.

Lo que yo pienso es que ni los viejos ni los nuevos programas van a funcionar si los que tienen que hacerlos funcionar (los políticos) no quieren que funcionen, o no saben cómo arreglar el desgaste que ellos han provocado. Porque antes de cambiar nada, lo primero es respetar el funcionamiento de lo que tenemos. Y no se hace.

Ninguna de las instituciones de nuestro país funciona satisfactoriamente, pero, como vamos tirando y hay pocos incentivos para el cambio, nadie hace nada seriamente y creo que esta generación de políticos (de hace unos treinta años y hasta ahora mismo) pasará a la historia como una de las más cobardes a la hora de afrontar reformas institucionales, que se ha dedicado a echar el balón para adelante y el que venga detrás que arree.

Cuando ya el Tribunal Constitucional no da más de sí, cuando se ha estirado hasta lo insoportable su credibilidad con nombramientos no negociados sino pasteleados (algún grupo dijo en la última cobertura que había votado con la nariz tapada) el motor de las grandes reformas se ha quedado en punto muerto y el permanente proceso electoral las aplaza indefinidamente.

Según un informe del PSOE que recogía El País en 2003 la Constitución americana ha sido reformada 27 veces, la Constitución alemana 41 veces, la francesa 9 veces, la belga 7, la austríaca 60 veces, la italiana 44 veces y la griega ha sido modificada desde 1975 hasta la actualidad, en profundidad, en una gran revisión del texto en 1986. La portuguesa, tan cercana a la española, lo ha sido hasta tres veces.

En España sólo se ha modificado cuando la amenaza de cortarnos el grifo de dinero europeo asustó al personal al mando, y la reforma se hizo de un jueves a un lunes, por imperativo de tratados internacionales o para temas de alto valor simbólico, pero de apenas impacto institucional.

Como dice el refrán, «vengan días y vayan ollas». Los políticos encargados de proponer la actualización del sistema operativo, la reforma institucional, de negociarla, aprobarla e implantarla, no quieren hacerlo. ¿Y por qué será? 

La razón más evidente es porque no les interesa. Los partidos viven, como Cándido, en el mejor de los mundos posibles. Jamás han recibido tanto dinero público como ahora, han tenido tantos puestos para colocar a sus afiliados o afines y han tenido tan poca contestación interna como en el páramo actual, donde el que se mueve no sale en la foto y nadie cuestiona la falta de democracia interna. Para qué.

Otra razón puede ser una confesión implícita de impotencia: los grandes temas ya nos son controlados por los países sino por las grandes fuerzas multinacionales y no hay quien enganche al personal en un programa creíble de cambio.

Finalmente, yo creo que la explicación, además del desinterés de los partidos por cambiar lo que a ellos les va bien, obedece a un complejo de inferioridad mezclado con una enorme desconfianza de las élites hacia los españoles: no vamos a ser capaces de hacer algo mejor que lo que tenemos, abrir la caja de Pandora va ser peor, cualquiera pone de acuerdo a intereses tan contrapuestos, ni siquiera tenemos el mismo proyecto de país…

La eterna cantinela de la reforma del Senado, la corrección de la anomalía de la sucesión en la monarquía (¡y mira que nos hemos metido con Fernando VII!), la circunscripción provincial, y mil cosas más, ahí están, atascadas, y ya ni se espera su reforma.

Cada vez que algo depende del consenso entre los partidos entramos en modo avión. Y ya ni siquiera sin reformar la Constitución: financiación autonómica, ley del CGPJ, ley electoral, Estatuto del Directivo Público… Nada. 

Cuando Edmundo Dantés quería inmunizarse ante un posible envenenamiento, cada día tomaba un poco de cicuta y algo parecido creo que nos está pasando con la lenta pero imparable degradación institucional: Tribunales de cuentas repartidos en cuotas, Consejos de RTVE o imposibles o degradados a rotar entre sus consejeros o como el de Telemadrid TELEdirigidos, entes reguladores independientes con presidentes nombrados por el ejecutivo, gigantismo en el número de eventuales a dedo en Moncloa y departamentos (y encima ocultando sus retribuciones como ha denunciado recientemente CIVIO), pésimo funcionamiento de la maquinaria administrativa. 

Los disparos suenan por todos lados: nombran un absurdo e innecesario vicepresidente en IFEMA cobrando más de 100.000€, se incumplen las recomendaciones del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) en materia de independencia judicial, la cacofonía del «y tú más» sobre la corrupción entre partidos alcanza niveles de esperpento… 

Y también pecamos por omisión: en vez de tanto aspaviento ante un CGPJ bloqueado desde hace años, si mañana la mesa del Congreso y del Senado convocasen en el orden del día la votación de los candidatos propuestos por las asociaciones y los propios, sin esperar a un pacto oculto y secreto entre los partidos, el espectáculo se daría delante de todos los españoles, y no a sus espaldas. 

Y, por cierto, parece que nadie se acuerda ya de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 de 29 de julio por la que el tribunal dijo claramente que podría ser constitucional la elección de vocales por Congreso y Senado sólo si este no se convertía en un reparto partidista. Más claro agua. Y, sin embargo, delante de nuestras narices lleva renovándose (y ahora no) el CGPJ mediante el más obsceno espectáculo de reparto partidista que se pueda ofrecer. Ahora que la legitimación para recursos contenciosos parece abrirse un poco, creo que la siguiente renovación, si es que la hay, al modo de chalaneo partidista, igual puede impugnarse (¡lo que faltaba!).

Poco a poco nos estamos acostumbrando a un sistema infumable. No faltan las propuestas, las conocemos todos y cada vez que hay elecciones se refrescan como Las 100 medidas para arreglar España. Yo propongo dos o tres entre muchas otras.

El Senado, que hasta para muchos senadores no vale más que para recolocar sobrantes políticos, podría designarse mediante delegaciones de diputados autonómicos (cada Comunidad Autónoma su delegación proporcional y no escogiendo algunos senadores, además, como ahora) que cobrasen un sólo sueldo por hacer ambas tareas. Eso sí sería una cámara de representación territorial.

Yo propondría un turno de prejubilaciones de cargos políticos relevantes para que lo que dicen cuando ya se han ido lo digan un par de meses antes. Y pondré algunos ejemplos: alguien que ha ocupado todos los puestos en un partido o designado por él, como José Bono, en su libro de memorias va y dice que los partidos están muertos y que sólo pintan algo los cinco o seis que mandan; los militares que pasan a la reserva y sólo gracias a ese nuevo estado tienen la revelación de los males que aquejan a nuestro ejército; los directivos públicos que sólo cuando son cesados descubren las maldades del sistema. Con ello conseguiríamos que alguien hable claro y diga las verdades del barquero en este país de una vez, como, por ejemplo, acaba de hacer el actual presidente del CGPJ antes de cogerse unas vacaciones y dimitir sobre cómo arreglar el botín político del Consejo.

Y finalmente, ya digo, entre otras, pondría en marcha una reforma que elimine la gasolina de la manipulación política de los medios de comunicación que constituye la publicidad institucional, hoy sin control ni limitaciones. Esos millones discrecionales garantizan altavoces espurios o complicidades forzadas y tienen cautivos a medios que necesitan ese dinero para sobrevivir. ¿Qué tal objetivarlo en base a los datos oficiales de difusión?

Listas abiertas para el Congreso, mejor configuración de derechos de papel como el de la Viviendas, sin exigibilidad real… y decenas como estas. 

Parece lógico que no se pida a quien quiere independizarse que colabore a reforzar un sistema del que quiere separarse. Ok. Pero el resto, con un proyecto ilusionante y mejor que el actual, que no es difícil, puede engancharse, sabiendo la variabilidad de las efervescencias independentistas.

¿Qué eso limita la posibilidad de colocar a cientos de políticos? ¿Qué rebaja el poder de los partidos? Claro. ¿Qué mejoraría un sistema renqueante y atascado? También.

El consenso de la actual Constitución fue en parte provocado por el susurro en la oreja de las élites franquistas de truncar el proceso. Yo quisiera que los actuales políticos oyesen el susurro que mucho oímos de la ultraderecha amenazando con avanzar si este sistema no se renueva o se empeña en no funcionar.

Lleva siendo urgente varios años. Hay que atreverse. Lo demás es pura inercia.