El largo camino hacia la BBC o la disputada renovación de RTVE española
Vaya por delante que en este blog hemos defendido siempre un modelo de televisión pública neutral e independiente. Hemos escrito posts sobre el tema, algunos demasiado optimistas como éste y algunos más pesimistas como éste a medida que pasaban los meses y la propuesta para reformar RTVE -siguiendo el paradigmático modelo de la BBC, según nos decían- encallaba. Mientras tanto, en RTVE un presidente de partido (el PP en este caso) seguía con las viejas tácticas de siempre, y los trabajadores comenzaron una campaña de protestas por tanta manipulación y falta de profesionalidad. Por si fuera poco, RTVE se negaba a facilitar datos sobre su gestión pleiteando con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no informar a los ciudadanos por ejemplo de los costes de Eurovisión, entre otros. RTVE es la entidad pública que más veces ha ido a los Tribunales de Justicia contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Los que vean sus telediarios supongo que tendrán además una opinión formada sobre otras cuestiones como el grado de sometimiento a las directrices políticas.
Pero la veamos o no, a nosotros y a muchos de nuestros conciudadanos nos gustaría que, como muestra de madurez de nuestra democracia y puesto que la pagamos con nuestros impuestos, la RTVE estatal respondiese, de una vez por todas, a un modelo de tele pública profesional y no partidista. Y sobre todo, nos gustaría que tuviera una dirección profesional y que su Presidente no cambiase cada vez que cambia el Gobierno y que además se eligiera por concurso abierto entre muchos candidatos, cuanto más solventes mejor. ¿Un sueño fuera del alcance de los españoles? Pues desde luego está costando. En el momento de escribir estas lineas, parece que se avanza aunque a trompicones hacia ese objetivo, aunque por en medio se ha aprobado nada menos que un Real Decreto-ley , del Real Decreto-ley 4/2018 de 22 de junio por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente.
Como breve “excursus”, hay que señalar que también hemos hablado también en este blog del mal uso sistemático de los Decretos-leyes cuando no se da el presupuesto de la situación de extraordinaria y urgente necesidad como es obviamente el caso (más que en la imaginación o en la conveniencia de los políticos de turno, claro está). Desde ese punto de vista, este Real Decreto-ley viene a ser uno más de los muchos en que el Gobierno se tira a la piscina, sabiendo que está llena de agua porque tiene los votos para convalidarlo y porque aunque se recurra por algún partido (como suele suceder) ante el Tribunal Constitucional para cuando llegue la sentencia -si como previsiblemente ocurre lo declara inconstitucional- dará bastante igual ya que habrá pasado un tiempo y unas cuantas elecciones. Y como de costumbre, nadie asumirá ninguna responsabilidad política. No es el primer caso, ni será el último en que esto suceda y es que en España gobernar mediante decretos-leyes en contra de la Constitución no tiene coste político alguno. Es más, sale baratísimo.
Claro está que el PP, que durante su gobierno utilizó a mansalva el Decreto-ley (incluido el de la famosa amnistía fiscal de Montoro declarado inconstitucional hace un año sin que tampoco pasara nada) alega que interpone el recurso contra el Real Decreto-ley porque reduce la democracia a su mínima expresión y desconoce la separación de poderes (en este caso entre el Legislativo y el Ejecutivo). No deja de tener su punto que lo diga ahora que está en la oposición. Se ve que desde allí aumenta la sensibilidad por la neutralidad institucional y las quiebras al Estado de Derecho se perciben con mucha más nitidez que cuando se está en el Gobierno.
En nuestro caso, nuestro Real Decreto-ley proclama nada más y nada menos lo siguiente: “En definitiva, el presente real decreto ley tiene como objetivo resolver una situación provocada por la falta de cumplimiento por parte de las Cámaras del mandato contenido en la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Los contenidos del artículo único resuelven con urgencia la
situación permitiendo, de manera provisional, a la Corporación ejercer eficazmente su función de servicio público hasta la elección del nuevo Consejo de Administración a través del procedimiento que las propias Cámaras aprobaron en 2017. En consecuencia y a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto ley resulta plenamente justificada.”
Es decir, como sus señorías incumplen los mandatos legales, el Gobierno incumple la Constitución para garantizar el cumplimiento de la ley. La argumentación no resiste el más mínimo análisis jurídico pero al parecer ha surtido efectos desde el punto de vista político.
Efectivamente, durante semanas hemos contemplado la escenografía puesta en marcha por sus señorías consistente básicamente en echarse la culpa unos a otros sobre la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre el comité de expertos previsto en el concurso público para elegir al Presidente y al Consejo de Administración de la RTVE española. Sí, así, como lo leen. No es que no se pongan de acuerdo en los nombres de los Consejeros o el del Presidente o en tener un modelo de televisión pública u otra, lo que sería más o menos comprensible. Ese acuerdo ya se alcanzó en la Ley 5/2017. En lo que no se ponían de acuerdo ni en quienes debían nombrar a los expertos que les asesorasen para evaluar a los candidatos, o para ser más exactos, qué número de expertos podría nombrar cada partido y si con esos nombramientos algunos partidos (conjuntamente) tendrían o no “mayoría absoluta” (sic) en el comité de expertos.
Por lo que se ve, nuestros representantes temían -probablemente con razón porque les nombran ellos- que los nombrados por los partidos fueran en realidad “expertos de parte” o más bien “expertos de partido” y no expertos a secas. Ya sabemos que los políticos manejan con soltura estas categorías que a los profanos nos resultan incomprensibles. Si alguien es realmente un experto actuarán como tal, es decir, con neutralidad, profesionalidad e independencia a la hora de determinar los mejores candidatos posibles. Entre otras cosas porque se juega su reputación profesional, que para un experto es bastante valiosa. Y si no son expertos, sencillamente nos podemos ahorrar este viaje incluido el Decreto-ley y seguir nombrando a los Presidentes y al Consejo de Administración de RTVE a dedo. Es menos estético, sin duda, pero por lo menos es más honesto y se marea menos a la ciudadanía.
Pues bien, según las últimas noticias los partidos políticos han conseguido desbloquear el concurso público. Efectivamente, las Mesas del Congreso y del Senado, reunidas este martes en sesión conjunta en la Cámara Baja, han aprobado por unanimidad el concurso público de RTVE para elegir un nuevo Consejo de Administración en tres meses mediante un comité de expertos que evalúe a los candidatos que se presenten para presidir la radio televisión pública. El comité de expertos es elegido (como no) por los grupos políticos, pero mediante un procedimiento que garantice que ningún partido tengo mayoría. Aleluya.
Lo gracioso del caso es que el Congreso da luz verde al procedimiento del concurso cuando todavía se está nombrando al Consejo de Administración interino del famoso Real Decreto-ley para renovar de forma “urgente” a los actuales consejeros. Se trataba, básicamente, de sustituir a los consejeros afines al PP por otros afines a los grupos que votaron la moción de censura, con mención destacada a Podemos que colocaba algunas personas muy afines. El modelo tradicional, vamos, quizás con la esperanza de que la transitoriedad llegue hasta las próximas elecciones.
Está claro que la transición promete. Supongo (y me encantaría equivocarme) que presenciaremos todo tipo de escaramuzas y triquiñuelas jurídicopolíticomediáticas antes de alcanzar el resultado final del concurso. El camino de la BBC, como el de la virtud, es definitivamente estrecho y dificultoso. Pero es importante considerar que es el único posible en una democracia avanzada y, sobre todo, que es el que reclamamos los ciudadanos que las pagamos. Y además con un poco de suerte cunde el ejemplo en las televisiones autonómicas. ¿Se imaginan una TV3 neutral y despolitizada? Yo tampoco pero tengo claro que sí los ciudadanos catalanes (y los trabajadores) la exigen a los políticos no les quedará otra. Y es que en democracia el cargo más importante es el de ciudadano.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?