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Grande y pequeña política: Zelenski en Madrid

Este artículo es una reproducción de una tribuna publicada en El Mundo, disponible aquí.

Transcurridas ya varias semanas desde la invasión de Ucrania y tras la intervención del presidente Zelenski a través de videoconferencia en el Parlamento español podemos hacer unas breves reflexiones sobre la política en tiempos de crisis, o quizás convendría decir en tiempos de catástrofes, pues no otra cosa es una guerra de agresión con tintes genocidas en un país europeo en la tercera década del siglo XXI. Para los que hemos intentado comprender, a través de libros, documentales y testimonios cómo fue posible la barbarie que vivió Europa antes y durante la II Guerra Mundial el comportamiento que estamos viendo estos días de una parte significativa de políticos democráticos y de una parte no menos significativa de intelectuales, opinadores y ciudadanos de a pie resulta, lamentablemente, muy clarificador.

Además de los que siempre se apuntan a teorías conspiranoicas varias, hay un porcentaje nada desdeñable de personas (básicamente de extrema izquierda o de extrema derecha) que están dispuestos a negar la realidad por la sencilla razón de que no se ajusta a sus prejuicios ideológicos. Es más fácil recurrir a explicaciones carentes de cualquier racionalidad, contradictorias o que ignoran los hechos que tantos corresponsales y reporteros se esfuerzan en hacernos llegar sobre la Guerra de Ucrania (poniendo en riesgo sus vidas) que revisar o sacrificar esas creencias previas. ¿Por qué es tan difícil reconocer la dictadura de Putin no es más que la siniestra continuación de la dictadura soviética que, a su vez, sucedió a la dictadura de los zares? ¿O que las atrocidades que deja a su paso el ejército ruso son idénticas a las de Chechenia?  Parafraseando a Vasili Grossman cuando hablaba de su patria, Rusia ha conocido muchos gobiernos a lo largo de 1000 años, pero lo que nunca ha conocido es la libertad. Pero es que para la extrema izquierda y la extrema derecha la libertad tiene poco valor.

Pero quizás más preocupante por más numeroso es el grupo de políticos y ciudadanos de las prósperas democracias occidentales (aunque, a juzgar por las encuestas, más los primeros que los segundos) que, pese a las evidencia de la invasión rusa, de la destrucción de ciudades enteras y  de las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania contra la población civil, no están dispuestos a arriesgar demasiado por defender los valores europeos en forma de sanciones más contundentes contra las exportaciones de gas y petróleo ruso. Mención especial merece Alemania, que con su política energética y su tolerancia con la Rusia de Putin -me temo que el legado de Angela Merkel va a ser juzgado, con razón, muy duramente- ha contribuido a fomentar su sensación de impunidad. Interesante que el país del “nunca más”, tan atento frente al posible resurgimiento del fascismo dentro de su país, haya sido tan complaciente con Putin. Pero, para ser justos, podemos mencionar también a otros líderes occidentales igualmente complacientes: Boris Johnson y sus amistades peligrosas, cuando en el Reino Unido se asesinaba tranquilamente a opositores rusos, o el ex Presidente Donald Trump, tan admirador de Vladimir Putin. Y podríamos seguir mencionando toda una extensa lista de políticos occidentales fascinados por el mito del “hombre fuerte” por antonomasia.

Puede ser que todos estos políticos no hayan tenido tiempo de ver los documentales de Netflix sobre el personaje o de leer los libros de Peter Pomerantsev, Timothy Snyder y otros autores que llevan años alertando sobre la deriva autoritaria del país o (como reza el subtítulo del libro del primero “La nueva Rusia”) o de que, en la Rusia de Putin, nada es verdad y todo es posible. O puede que sí, pero que pensaran que todo era una exageración. Probablemente también les pareció exagerado reaccionar frente a lo sucedido en Grozni, en Siria, con la invasión de Crimea, en 2014, o exigir cuentas por el lanzamiento del misil ruso que abatió el avión de Malaysia Airlines que se estrelló en Ucrania lleno de pasajeros procedentes de Amsterdam.

Desgraciadamente, todo esto ya lo hemos vivido, o, para ser exactos, ya lo hemos leído en los libros de Historia. La catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto no surgió de la nada. Fue producto, entre otros factores, de muchos años de políticas erróneas de apaciguamiento frente a Hitler por parte de las potencias occidentales, que culminaron en el vergonzoso acuerdo de Münich de 30 de septiembre de 1938, en el que Francia y Gran Bretaña intentaron evitar la guerra cediendo frente a Hitler en la crisis de los Sudetes. Se suponía que, una vez anexionado este territorio para defender a los alemanes étnicos que vivían allí (¿les suena?) se quedaría satisfecho y la paz en Europa estaría asegurada.  Menos de un año después, Alemania invadía Polonia.

Tampoco entonces habían faltado las voces advirtiendo de lo que estaba sucediendo con el nazismo en Alemania y la clase de líder que era Hitler. Además de la muy famosa de Winston Churchill había muchas otras. Lo contaba perfectamente Wiliam L. Shirer en directo, como reportero desde Berlín para la Universal News Service y la CBS desde 1934, desesperándose porque no conseguía que sus conciudadanos, allá en Estados Unidos, le tomasen en serio. El libro en que recoge su experiencia del ascenso del nazismo y sus consecuencias, “Diario de Berlín”, pone de manifiesto que quien quería saber lo que estaba pasando en Alemania -sin necesidad de viajar allí, que era la otra opción- podía hacerlo.  Por otra parte, no es que los nazis lo ocultasen. Los discursos de Hitler, como los de Putin, o la propaganda de Goebbels, como la rusa, no dejaban mucho margen para las interpretaciones. Pero los occidentales de entonces, como los de ahora, prefirieron mirar para otro lado: después de todo, se trataba del gobierno de un país europeo y civilizado de la mitad del siglo XX.

Puede que la comparación no sea exacta, pero en el fondo lo que importa es constatar que a los políticos de las democracias occidentales siempre les cuesta abandonar la creencia de que los líderes autoritarios pueden ser “amansados” si se les trata adecuadamente y que, de esta forma,  se comportarán de forma más predecible o, al menos, respetarán las reglas básicas del juego internacional. Si además hay relaciones económicas importantes por en medio, esto se da por supuesto. Por eso se sorprenden tanto cuando no sucede.  Por otra parte, nuestros políticos también tienden a creer, y con ellos nosotros, que los valores democráticos siempre han estado ahí y ahí seguirán, aunque no se haga nada por mantenerlos. Y tampoco es así; nunca se pueden dar por sentados. Por último, nuestros políticos tienen miedo de exigirnos no ya grandes, sino también pequeños sacrificios para defenderlos. Y tampoco esto es así, o al menos eso es lo que dicen las encuestas. En todo caso, no se nos está pidiendo jugarnos la vida y la libertad como están haciendo los ucranianos.

Por tanto, ha llegado el tiempo de la gran política. La que requiere no tanto de condiciones políticas sino morales. Como demuestra el presidente Zelenski cualquier político, sea cual su trayectoria previa, es capaz de convertirse en un gran líder con una sola condición: la honestidad y el valor. Lamentablemente, este tipo de conductas que permiten poner los intereses generales por encima de los particulares, ya sean de individuos o de partidos, suelen estar reñidas con la política del día a día, la de las facciones, la de las maniobras partidistas, la del cálculo electoral, la del corto plazo, en definitiva, con la pequeña política tan habitual en nuestras democracias. Esa política a la que estamos tan acostumbrados- en Occidente en general y en España en particular- incluso en tiempos extraordinarios como los que estamos viviendo es la misma que se ha desarrollado incluso ante tragedias como la del 11M (muy recomendables los documentales de Amazon y de Netflix al respecto sobre cómo la falta de honestidad y de valor pasó una factura tremenda al PP de Aznar en víspera de las elecciones) o la actual  epidemia del coronavirus en que el actual Gobierno de coalición ha intentado, ante todo eludir, su responsabilidad para que la crisis no le pasase factura con idéntica falta de honestidad y de valor.

El problema, claro está, es donde encontrar en estos tiempos de crisis líderes honestos y valientes. Porque es fácil darse cuenta de que a los políticos profesionales les cuesta bastante más exhibir este comportamiento que a los simples advenedizos como Zelenski. Pero no está de más recordar la diferencia entre la reacción del Reino Unido y la de Francia frente a la agresión alemana tuvo mucho que ver con el liderazgo de Churchill. Y es que en una democracia en una época como la que estamos viviendo la categoría de los líderes es un factor esencial.  De ella puede depender su supervivencia como tal.

 

Las criptomonedas en la guerra

Las criptomonedas han recobrado su protagonismo en el contexto de la guerra ruso-ucraniana. Ambos países se encuentran entre aquéllos que o bien las han regulado o bien las permiten, y sus ciudadanos son de los que más las usan en todo el mundo.

El caso es además particularmente ilustrativo de la historia de las criptomonedas. Por dos razones: porque muestra que pueden utilizarse tanto para lo bueno como para lo malo y porque demuestra que es necesario avanzar definitivamente en su regulación.

Que las criptomonedas pueden destinarse a nobles fines lo demuestra el caso de Ucrania. El país aprobó el pasado 17 de febrero la Ley sobre Activos Virtuales para legalizarlas, convirtiéndose así en el quinto país del mundo por uso de criptodivisas. Poco después, el ministro de Transformación Digital de Ucrania informó en su cuenta de Twitter que su gobierno aceptaba donaciones en criptomonedas, en una especie de crowdfunding que ya ha recolectado varias decenas de millones de dólares. En cuestión de unos pocos minutos, cualquier persona del mundo que simpatice con la causa ucraniana puede prestar apoyar económico a la misma. Es algo verdaderamente revolucionario.

Rusia es la otra cara de la moneda, nunca mejor dicho: es verdad que su regulación parece estar en camino y que el banco central ruso quiere impulsar el rublo digital, una especie de criptomoneda oficial. Pero lo que está claro es que el uso de estos activos en Rusia está sobre todo relacionado con el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas, lo cual se realiza con perfecta impunidad y contra los intereses de Occidente.

Se ha dicho que los millonarios rusos las están utilizando para evitar las sanciones aparejadas a la expulsión de Rusia del sistema Swift, y así proteger sus fortunas. Es cierto que existen criptomonedas como Bitcoin que son transparentes y trazables, y se pueden rastrear fácilmente por las autoridades, pero otras ofrecen un anonimato casi absoluto a sus usuarios (aunque seguramente no les exime de inconvenientes futuros, como los de convertir dichas monedas digitales a otras de uso corriente). Además, parece que los ciudadanos rusos tienen más de 20.000 millones de dólares invertidos en criptomonedas y que alrededor del 12% de la población total las tiene en propiedad. Por otra parte, esto ya se había hecho en un contexto parecido en Irán y Corea del Norte para evitar sanciones económicas de terceros Estados.

Ante lo anterior solo cabe reclamar una evidencia: que no puede permitirse que las criptomonedas sigan funcionando al margen del sistema y, menos aún, que desempeñen un papel propio en una guerra internacional. Las consecuencias de ello son muy graves.

Ello nos conduce a la segunda cuestión, que no por recurrente pierde vigencia: es preciso avanzar en la regulación de estos criptoactivos para prevenir la comisión de delitos financieros y garantizar la estabilidad financiera de los mercados internacionales y la seguridad jurídica.

La Unión Europea ha dado un importante paso hacia adelante al proponer dos reglamentos que buscan incentivar y otorgar seguridad en el desarrollo de la tecnología. Por una parte, el Reglamento MiCA y, por otra, el Reglamento para la creación un régimen piloto de las tecnologías de registro descentralizado. Se prevé que ambos sean definitivamente aprobados a lo largo del presente año.

De igual modo, y en el mismo contexto de la guerra y de las criptomonedas, procede señalar que el pasado 3 de marzo el Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario hizo entrega del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Como es sabido, el Libro Blanco contiene recomendaciones no vinculantes, pero goza de una influencia destacable en el plan normativo del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que con seguridad pronto empezará a preparar anteproyectos de ley que podrían seguir las recomendaciones del Comité.

El informe de expertos señala dos preocupaciones principales relacionadas por los criptoactivos: la falta de transparencia e información sobre las operaciones con criptoactivos y las personas y entidades que intervienen en ellas, lo cual facilita su inmunidad fiscal; y la incertidumbre generada por la rápida evolución de la tecnología subyacente en la que se basan y sus diferentes usos (como medio de pago, como instrumento de inversión, etc.), a la hora de abordar su calificación jurídica correcta y, por tanto, su tributación.

Ante esta situación, el Comité estima necesario disponer cuanto antes de un marco normativo sustantivo sobre este tipo de activos y las actividades y transacciones relacionadas con ellos, que permita la adecuada calificación jurídico-tributaria de unos y otras. Dada la naturaleza transfronteriza de la cuestión, el Comité también propone al Gobierno español apoyar activamente las iniciativas de la OCDE y de la UE para reforzar la cooperación administrativa y el intercambio automático de información en el ámbito de los criptoactivos, en línea con la propuesta DAC 8 (en la que la Comisión Europea ya está trabajando) y el referido reglamento MiCA. Concluye, por tanto, que las medidas a adoptar necesitarán de la colaboración internacional para la concreción y perfeccionamiento de las iniciativas.

Sin duda la innovación tecnológica es inseparable del progreso y evolución de la humanidad y no tiene sentido intentar frenar su aplicación cuando contribuye a incrementar nuestro bienestar mediante la optimización de actividades y recursos. Pero el uso generalizado de criptomonedas lleva aparejados riesgos notables, ya no solo para la tributación y la seguridad jurídica, sino -como vemos- para asuntos de mayor gravedad, tales como la estabilidad financiera o el equilibrio global de poderes.

Tal vez por ello convenga acoger varias de las recomendaciones del Comité -siempre en coherencia con las propuestas de la UE antes citadas- y abordar una reforma regulatoria que, entre otras cosas, se cuide bien de no favorecer los intereses de aquéllos a quien no corresponde premiar.

 

Imagen: Expansión.

La Directiva europea de protección temporal contra la diáspora en Ucrania

Si 2020 daba entrada a una nueva década con un inédito e impactante escenario provocado por la crisis sanitaria derivada del Covid-19, apenas iniciado el nuevo año 2022, en Europa nos enfrentamos ante un nuevo acontecimiento que marcará el porvenir de innumerables personas, no solo en el este de Europa, sino también en el resto del continente y del mundo.

El pasado 24 de febrero de 2022, Putin declaraba tomar la decisión de “realizar una operación militar especial”, atacando al país vecino de Ucrania, y culminando así un proceso de degeneración política y diplomática que se retrotrae al año 2013, con las protestas y enfrentamientos producidos en Ucrania contra el Gobierno y el entonces presidente del país, Víktor Yanukóvich[1]. Desde ese fatídico día de febrero, se vienen sucediendo continuos ataques estratégicos en todo el territorio ucraniano, provocando la muerte de cientos de civiles y el éxodo de millones de ucranianos del país.

Para dar una solución a todas estas personas que, de la noche a la mañana, se han visto en la terrible situación de tener que abandonar sus hogares y dejar tras de sí todas sus vidas y pertenencias, hace unos días conocimos que la Comisión Europea iba a plantear al Consejo la aplicación de la “Directiva de protección temporal”, alcanzándose el pasado jueves 3 de marzo el histórico acuerdo entre los 27 países de la Unión, cuya decisión se hizo pública en el Diario Oficial de la Unión Europea al día siguiente, el 4 de marzo de 2022[2].

La Directiva 2001/55/CE, del Consejo, de 20 de julio de 2001, tiene como objeto, tal y como se recoge en el artículo 1 de la normativa, el conceder protección inmediata a personas desplazadas en caso de afluencia masiva y evitar desbordar los sistemas de asilo de los Estados miembros[3].

 A fecha de 10 de marzo de 2022, más de 2,3 millones de personas se habían desplazado desde Ucrania a la Unión, llegando a países limítrofes como Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía[4]. El propio Consejo de la Unión Europea, o el mismo ACNUR en base a las estimaciones actuales, consideran que se podrían alcanzar entre 2,5 y 6,5 millones de desplazados, de los cuales alrededor de 1,2 y 3,2 millones solicitarán protección internacional.

Esta situación supone un claro riesgo en el correcto funcionamiento de los sistemas de asilo de los Estados miembros, que amenazan con colapsar en caso de absorber las cifras reseñadas sin disponer de un sistema de gestión para ello. Para paliar este escenario se ha activado la mencionada Directiva, aprobada desde el año 2001, cuando se firmó tras la crisis derivada de la guerra de los Balcanes.

La Directiva de protección temporal conlleva, a quien se aplica, el reconocimiento inmediato de la autorización de residencia, así como, el permiso temporal de trabajo, el acceso a la asistencia social o la asistencia médica, entre otras ayudas. Todo ello supone una eficiente manera de catalizar el flujo de personas desplazadas en los diferentes países de la Unión, así como una inmediata solución a las personas que huyen del conflicto. Pero, ¿a quién se aplicará finalmente esta medida?

La Directiva en cuestión establece en su artículo 5, que en la propuesta que la Comisión eleve al Consejo de la Unión Europea, deberá de indicar y describir los grupos concretos de personas a los que se aplicará la protección temporal. El objetivo primario de la Comisión era poder dar cobertura a todas las personas desplazadas por la guerra provocada por Rusia, sin distinción de nacionalidades. Sin embargo, a esa propuesta se opusieron con matices algunos de los Estados más críticos con la inmigración y acogida de refugiados en la Unión Europea. Países como Hungría o Polonia, descartaban el conceder dicha protección temporal a personas que no dispusiesen de pasaporte ucraniano. Finalmente, tras la presión de estos países, se ha considerado que, además de los sujetos recogidos en el apartado 1 y 2 del artículo 2 de la Decisión del Consejo[5]: “los Estados miembros podrán aplicar asimismo la presente Decisión a otras personas, incluidas las personas apátridas y los nacionales de terceros países distintos de Ucrania, que residieran legalmente en Ucrania…”.

 Por lo tanto, con la incertidumbre e inseguridad que ello implica, se deja al arbitrio de cada Estado miembro, el aplicar la Directiva a aquellos residentes legales en Ucrania pero que no disponían del carácter de permanente.

En España, finalmente, el ámbito de aplicación de la Directiva implicará también a los residentes legales (no permanentes) en Ucrania, así como a los ucranianos que se encontraban en España en situación irregular con anterioridad a la invasión rusa[6]. Por contra, veremos qué ocurre en otros países de aplicación de la Directiva, donde, probablemente, estos perfiles no vayan a recibir dicha protección, por lo menos de manera automática, y donde se les abogue a un proceso de solicitud lento y tedioso, obviando que se trata de personas en situación crítica que, repentinamente, a causa de la guerra, han tenido que abandonar su territorio por miedo a perder su vida y la de sus familias.

Como se ha expuesto previamente, la Directiva de protección temporal fue aprobada en julio de 2001, con el objetivo de dar solución a la diáspora producida en los 90’s en el territorio de los países Balcanes. Sin embargo, ¿por qué después de las distintas crisis migratorias que se han producido desde entonces, y que han buscado cobijo en nuestro viejo continente, no ha sido hasta hoy, 21 años después de su elaboración, cuando se ha activado por primera vez esta Directiva?

La clave a dicha cuestión la encontramos en el concepto mismo de afluencia masiva. La propia norma no nos ofrece una definición objetiva sobre qué se considera afluencia masiva. Así, en su artículo 2 d) recoge como definición de dicho concepto: “la llegada a la Comunidad de un número importante de personas desplazadas, procedentes de un país o de una zona geográfica determinada…”.

Lo cierto es que desde el año 2001 se han producido en la Unión Europa numerosas situaciones de afluencia masiva, con “un numero importante de personas desplazadas” buscando protección en nuestros territorios. El estallido de la Primavera Árabe; la guerra de Siria, Irak o, recientemente, Afganistán; el declive económico, social y humanitario en Venezuela y Centroamérica; o el continuo flujo y afluencia masiva de migrantes intentando alcanzar territorio europeo a través de las funestas aguas del Mar Mediterráneo. Todas estas situaciones podrían habernos llevado a la activación de la Directiva de protección temporal. Si bien, como decimos, nunca antes se había llegado a implementar.

El artículo 5 de la Directiva en cuestión, como se ha reflejado en líneas previas, así como en el apartado 14 de su exposición de motivos, recoge que será el Consejo quien apruebe y emita, tras propuesta de la Comisión Europea, una Decisión donde se establezca la condición de afluencia masiva de personas desplazadas, así como los grupos de personas concretos de aplicación de la protección. El no disponer en la norma de un numero objetivo de personas desplazadas para ser considerado como afluencia masiva, hace que la Directiva no pueda ser aplicada de manera automática cuando se sobrepase dicho número, lo que nos lleva a la conclusión de que, para poder aplicarse una herramienta como la planteada, hace falta un nivel de solidaridad, armonización y conciliación política  que, hasta hoy, nunca antes se había visto entre los países miembros de la Unión Europea en un tema tan controvertido como la inmigración y los refugiados.

Esta inactivación previa se debe precisamente a la falta de unión e insolidaridad demostrada por ciertos países a la hora de gestionar la inmigración en nuestro continente. Resulta paradójico que los Estados que históricamente han renegado de políticas migratorias abiertas y han dado la espalda al desarrollo de un sistema europeo común de asilo, negándose incluso a acoger a refugiados, sean hoy los países que más presión migratoria están sufriendo tras la crisis derivada de la guerra con Rusia.

Bien por falta de consenso político, o bien por falta de entusiasmo e implicación gubernamental, la realidad es que esta normativa nunca antes había sido utilizada. Sin embargo, en estas semanas, todos estos baches se han conseguido salvar de una manera sorprendente. La voluntad y solidaridad política actual ha demostrado que sí es posible. Las herramientas para actuar de manera excepcional e inmediata ante una crisis de refugiados existían, existen y existirán. Esperemos que nuestros representantes tomen nota de estos acertados pasos y, no solo se fomente, sino que, igualmente, se logre el ansiado esfuerzo y colaboración equitativa entre los Estados miembros a la hora de acoger y proteger a personas desplazadas que huyen de un conflicto.

 

 

 

[1] https://www.eldiario.es/internacional/cronologia-rusia-ucrania-guerra-fechas-clave-conflicto-25f_1_8779155.html

[2] http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj

[3] http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj

[4] http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

[5] Personas a las que se aplica la protección temporal

[6] Ministerio de Interior. Sala de Prensa: El Gobierno pone en marcha un sistema ágil y sencillo para que los desplazados de Ucrania puedan acceder a la protección temporal

Europa y el nuevo orden internacional

Circula desde hace unos días en redes sociales, entre fotos de tanques, mensajes de apoyo institucionales, y muchas banderas ucranianas, un video de la reunión entre el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el secretario general de la OTAN, el ex-primer ministro noruego Jens Stoltenberg. El video de la reunión (o más bien, un desayuno oficial) que tuvo lugar en 2018 en Bruselas, muestra como nada más sentarse, Trump le espeta a Stoltenberg lo siguiente:

“Me parece muy triste que Alemania esté haciendo un gran acuerdo para comprarle petróleo y gas a Rusia. Se supone que usted tiene que protegerse contra Rusia, y Alemania va y paga miles y miles de millones a Rusia. No lo encuentro apropiado.”

No parece por el video que Trump tuviera del todo claro que Stoltenberg era noruego, y no alemán, pero lo que sí tenía muy claro era el mensaje que quería transmitir:

“Nosotros les protegemos (¿a los alemanes? ¿europeos?) de Rusia, pero al mismo tiempo le están pagando ustedes (¿los alemanes? ¿europeos?) miles de millones a Rusia todos los años. No lo encuentro apropiado. Alemania va a estar controlada por Rusia porque va a obtener el 70% de su energía de Rusia y de un nuevo oleoducto. Dígame usted si es apropiado, porque yo creo que no lo es.”

El video me parece más interesante por la cara de circunstancias del pobre Stoltenberg que por lo acertado del análisis, aunque se ha visto que lo era, y bastante. Entiendo que ese tipo de reuniones suele empezar con unos ‘buenos días’ y si se trata algún tema espinoso, no suele ser a vista de del mundo entero. En cualquier caso, no creo que Stoltenberg, uno de los hombres más influyentes del mundo, se levantara esa mañana esperando la tremenda bronca que luego le iba a caer, y por algo que, teóricamente al menos, no tiene nada que ver con él. Quizá se consolaba pensando que Trump en algún momento saldría de la Casa Blanca, y la política internacional volvería a la normalidad.

Cuatro años más tarde, Trump ya no es presidente de los Estados Unidos, pero la normalidad no ha vuelto, o por lo menos, la normalidad de los últimos 30 años. La invasión de Ucrania por Rusia, de forma unilateral y sin provocación alguna, es un hecho histórico que marca el fin de una época; la Pax Americana, y quizás del orden liberal internacional. La guerra ruso-ucraniana es el primer conflicto bélico entre dos Estados desde la guerra de Iraq, el primer conflicto en Europa desde la guerra de los Balcanes, y, si Putin se sale con la suya, Ucrania será la primera democracia que cae ante el ataque de un país enemigo desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero también es muy significativa la reacción de Occidente: lo primero que cabe destacar es la estupefacción de los políticos y analistas europeos, que nunca creyeron en la posibilidad de la invasión hasta que se despertaron con sus noticias, pese a saber que el ejército ruso se estaba concentrando en las fronteras ucranianas y pese a las advertencias de los servicios secretos americanos que decían que la decisión ya se había tomado. Lo segundo, los titubeos a la hora de decidir qué hacer.

Ante esta disonancia cognitiva, hoy algunos consideran que Putin ha calculado mal, o incluso que está loco. Putin, ex-teniente del KGB, es un agente político consumado de la era post-soviética (un entorno bastante más peligroso que el de las democracias occidentales: cuando se habla de cuchillos para deponer al líder de la oposición no se trata de una figura retórica) no está loco. Y por el momento, pendientes del desenlace militar que tendrá la invasión, -aunque la disparidad entre las fuerzas parece conducir a un solo resultado- le está saliendo la jugada. Apostó a que la interdependencia energética de la que tanto se quejaba Trump en el video debilitaría el régimen de sanciones europeas, y por el momento, lleva toda la razón.

En ese sentido, fue decepcionante el discurso que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pronunció el mismo día de la invasión. No solo excluyó de su paquete de medidas aquellas precisamente que más daño podían hacer a Rusia, como prohibir su acceso al sistema de pagos SWIFT, sino que además dijo que “nadie pensaba” que las sanciones iban a tener un efecto disuasorio. Esto invita a preguntarse, si las sanciones no tienen un efecto disuasorio, ¿cuál es su propósito? Y peor aún; si las sanciones no son efectivas, entonces ¿Qué se puede hacer? Dado que el conflicto armado entre dos potencias nucleares es impensable, lo único que queda es la inacción. Y eso parecía que justificaba Biden; la inacción de Estados Unidos. No debería resultarnos extraño, ya lo advertía Obama en 2013: “Estados Unidos no es la policía del mundo.”

Y aquí el análisis político se une al jurídico, pues como sabe cualquier persona que haya estudiado derecho, o cualquier persona con sentido común, cualquier sistema de normas se sustenta en la capacidad del Estado en hacerlas cumplir. Durante ya mucho tiempo, las élites europeas (¿alemanas?) se han autoengañado considerando que el orden liberal internacional (la paz, la cooperación internacional, el libre comercio, un sistema basado en acuerdos internacionales e instituciones como la ONU, y donde la guerra entre Estados soberanos era impensable) era la consecuencia de una progresión natural de la historia, o, como decía Francis Fukuyama, el fin de la misma. Dicho de otra manera; que no hacía falta un policía. Hoy se dan cuenta de su error.

Estados Unidos (o el Imperio Americano, para sus detractores o historiadores como Niall Ferguson) antaño policía del mundo, está en declive. América tiene hoy, aparte de problemas domésticos significativos, un rival geopolítico serio en Asia, en el otro lado del mundo y no tiene ni las ganas ni la capacidad de involucrarse en conflictos que le caen ya muy lejos. Dejó a Iraq a merced del ISIS, a Afganistán en manos de los talibanes y ahora deja a Ucrania en manos de los rusos. Como decía Ian Fleming, autor de James Bond, en su novela Goldfinger: ‘una vez es un accidente, dos son coincidencia, tres son fruto de la intención.’

Lo que no comprendía aquel ex-ministro europeo, en esa reunión en Bruselas en 2018, aguantando el chaparrón que le estaba cayendo como mejor podía, es que Trump no era una anomalía en la política internacional, sino una advertencia de su cambio irreversible. Ucrania ya no es un aviso. Es la nueva realidad. Con independencia de quien sea el presidente de Estados Unidos en 2025, demócrata o republicano (aunque probablemente no sea Biden  dada su edad) el Imperio Americano seguirá retirándose del mundo, y con él, su orden internacional.

Europa ha tenido el privilegio en las últimas tres décadas de beneficiarse de este orden sin pagar su coste. Ese privilegio se acabó. Ahora mismo tenemos la posibilidad de afrontar parte de ese coste, empezando con medidas que reduzcan la dependencia europea del gas y el petróleo ruso a corto y medio plazo (que lo tendrá y mucho) tal y como piden referentes europeos como Luis Garicano, que han explicado claramente qué medidas habría que adoptar y qué impacto tendrían en Rusia, pero también para nosotros. Es eso o Europa continuará su larga marcha hacia la irrelevancia geopolítica y la destrucción del orden liberal, dejando al mundo a merced de aquellos que como Putin, tienen muchos menos principios  pero los ojos más abiertos. Esperemos que esto no ocurra, porque de ser así, el mundo que viene puede terminar pareciéndose mucho más al principio del siglo XX, que a la normalidad a la que nos hemos acostumbrado.

Con Ucrania, por la democracia, la libertad y el Estado de Derecho

La invasión de Ucrania nos ha pillado a casi todos los dichosos ciudadanos  que vivimos en democracias occidentales por sorpresa. Aunque las características de la dictadura de Putin son más o menos conocidas y su voluntad de desequilibrar las democracias liberales occidentales en general, y las europeas en particular, está más que probada (recordemos a título de ejemplo lo sucedido con las elecciones americanas de 2016 o, más cercano a nosotros, sus relaciones con entorno de Puigdemont) las imágenes que estamos viendo hoy representan un salto cualitativo. Ha invadido un país soberano en base a una propaganda que recuerda mucho a la que utilizó Hitler para invadir Checoslovaquia en 1938: la protección de las supuestas minorías oprimidas (alemanes de los Sudetes entonces, rusos del Dombas ahora) por el gobierno democrático de otro país. Lo más llamativo es que Putin hable de «desnazificar» Ucrania, cuando precisamente se comporta como los nazis. Porque, no lo olvidemos, en Ucrania existe un gobierno democráticamente elegido y con un Presidente, Zelinsky, que ganó las elecciones en 2019 con una cómoda mayoría. Por si fuera poco, resulta que es judío.

El desastre humano, en forma de pérdida de vidas y migraciones a otros países parece ya inevitable desgraciadamente. Pero lo que no está escrito son las consecuencias que debe de tener esta agresión injustificable para el autócrata ruso. Las democracias occidentales, empezando por las que integran la Unión Europea, deben de plantar cara con firmeza. Conocemos lo que ocurrió después de la invasión de los Sudetes; en septiembre de 1939 se firmó el Acuerdo de Munich por el que Francia y Alemania permitieron a Hitler anexionarse los Sudetes pensando que compraban la paz en Europa.  Apenas un año más tarde, los alemanes invadieron Polonia y empezó la segunda guerra mundial. Algo deberíamos aprender.

Parece poco probable, al menos por ahora,  que la OTAN responda con un ataque militar  dado que Ucrania no forma parte de ella. Pero la Unión Europea lo que sí puede hacer (junto con Estados Unidos y otros países democráticos) es tratar a la Rusia de Putin como se trató a Sudáfrica en los años del apartheid. En ese sentido, Biden ha dicho que hay que convertir a Putin en un paria; y sobran los métodos para hacerlo, empezando por los más obvios que se refieren al sistema financiero y a los sectores de la energía y el transporte y la política de visados. Es evidente que estas medidas también repercutirán negativamente en la economía de muchos países europeos, pero es lo menos que podemos hacer por nuestros conciudadanos europeos de Ucrania; ellos se juegan mucho más por defender su libertad, su democracia y su Estado de Derecho.

En cuanto a las incomprensibles reacciones en torno a esta crisis de los partidos políticos de izquierda y de ultraderecha tanto en España como en otros países de la Unión Europea lo que ponen de relieve, lamentablemente, es  o que algunos se creen la propaganda rusa más que los propios ciudadanos rusos, lo que ya sería bastante grave, o que su iliberalismo o antiamericanismo visceral es mayor que su compromiso con el Estado de Derecho democrático, lo que es bastante peor. En cualquier caso, no deja de ser muy preocupante que tantos ucranianos se jueguen hoy la vida y la libertad por un ideal que minusvaloran unos políticos incapaces de darse cuenta, pese a las impactantes imágenes que nos llegan desde Ucrania, de hasta qué punto la democracia y la civilización son frágiles.

Con Ucrania, por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.