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La Europa de los charlatanes

“Cuando Alicia, perdida en el País de las maravillas, le preguntó al Gato qué camino debía seguir, él le respondió que dependía de a dónde quisiera ir. Cuando ella, como Europa, replicó que le daba casi igual dónde acabar, su respuesta fue inmediata: “Entonces no importa qué camino sigas”.

Pablo R. Suanzes

 

Escribía el hoy denostado exprimer ministro británico David Cameron [1], en el año 2014, que “para muchos ciudadanos europeos, el tema más interesante en estos momentos es quién se llevará la Copa del Mundial 2014. Tan solo una pequeña minoría seguirá el debate sobre la presidencia de la Comisión Europea. Pero este es un tema importante, porque está íntimamente ligado a la forma en la que la UE toma sus decisiones, a la necesidad de que se respeten sus normas, y a una relación adecuada entre las naciones de Europa y las instituciones de la UE. Los votantes de toda Europa lanzaron un mensaje bien claro en estas últimas elecciones al Parlamento Europeo. Se sienten desilusionados por cómo funciona ahora Europa. Exigen un cambio, que la UE se centre en los problemas que les afectan a ellos: la competitividad, el crecimiento y el empleo. Y quieren que la UE les ayude, no que se limite a dar instrucciones. Esto ha quedado claro con el auge de los partidos antieuropeistas, el descenso de los que acuden a las urnas y el menor apoyo a los partidos políticos más importantes en el Parlamento Europeo”.

Lo dicho por quien hoy es considerado por los europeístas de salón como uno de los culpables del Brexit, sigue hoy –más que ayer- plenamente vigente, máxime teniendo en cuenta “la respuesta” que está dando Europa a la crisis del Coronavirus.

El problema viene dado, principalmente, porque buena parte de los ciudadanos europeos (entre ellos la mayoría de los españoles) se han despreocupado y están ausentes de la política europea. Bruselas les queda demasiado lejos y no tienen la más mínima idea de lo que hacen esos 705 bienpagados eurodiputados que nos representan, con su acompañamiento de asistentes y funcionarios; entre otras cuestiones, porque la política de multilingüismo ha fracasado (con la bendición incluso de la Defensora del Pueblo Europeo) por exigencias de la austeridad. Austeridad que no impide los derroches de sus señorías; el Parlamento Europeo dispone, nada menos, que de tres sedes: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. En un informe a disposición del Parlamento del año 2011 se puede leer que “si el Parlamento tuviera una sola sede, se podrían obtener ahorros de verdad; de hecho, en el informe del Secretario General sobre el anteproyecto de estado de previsiones para el ejercicio 2011, la estimación del coste anual de la dispersión geográfica del Parlamento es de unos 160.000.000 de euros, lo que representa el 9 % aproximadamente del presupuesto total del Parlamento; llama la atención sobre el hecho de que ahora mismo la decisión de modificar esta situación –y de ahorrar unos 160.000.000 euros al año, así como de reducir considerablemente la huella de carbono del Parlamento– recae exclusivamente sobre el Consejo Europeo (Estados miembros)”[2]. A los dirigentes europeos parece que les sigue importando poco el despilfarro y la contaminación que provoca esto. No hay dinero para el multilingüismo, pero si para estas sandeces.

Sobre la Comisión Europea se puede decir tres cuartos de lo mismo: ¿cuántos ciudadanos conocen a sus miembros –y lo que hacen-, especialmente al designado por su propio país? Se ha escrito incluso que en la época del histriónico presidente Juncker quien verdaderamente mandaba era el entonces Secretario General, Martin Selmayr [3]. Descocemos lo que dará de sí la nueva Comisión de la señora Von der Leyen, quien ha apelado en sede parlamentaria a la solidaridad entre países de la UE para actuar “con un corazón grande, no con 27 pequeños”, y ha advertido de que la pandemia de coronavirus podría “dividir definitivamente” a los países de la Unión entre ricos y pobres [4].

Una Comisión burocratizada, ajena a los problemas de los ciudadanos. Por poner un ejemplo, no respeta su propia normativa sobre relaciones con los ciudadanos/empresas denunciantes de infracciones del Derecho de la UE. Algunas denuncias tardan hasta nueve años en tramitarse, y la Defensora del Pueblo Europeo considera que eso no es mala administración. No se hacen respetar las decisiones y acuerdos adoptadas en el seno de la UE: a título de ejemplo las sanciones impuestas a políticos venezolanos y el bochornoso Delcygate en suelo español, del no hemos vuelto a tener noticias. Menuda política exterior (común) de la UE.

De gran interés es la carta que el ciudadano Eduardo Vigil remite a la directora de El País (¿Existe la Unión Europea para los ciudadanos?[5]), cuya lectura aconsejo: ¿Sienten los ciudadanos de Italia y España que la Unión, su Parlamento y su Consejo están preocupados por nosotros? Recuerdo mucha mayor preocupación en la crisis financiera que la que percibo ahora. Si no nos demuestran ahora que las instituciones europeas se preocupan por los ciudadanos, volvamos a lo que conocíamos como Mercado Común, resultaba mucho más creíble, ya que claramente su objetivo era el mercado y los capitales”.

En el año 2013, la hoy directora de El País, Soledad Gallego-Díaz, daba su “Adiós a la peor generación de directivos europeos” [6] y decía que “las instituciones europeas han atravesado, en mitad de la peor crisis económica posible, la peor crisis de falta de protagonismo y de falta de capacidad política que se recuerda en la UE, ocupadas, para desgracia de los ciudadanos, por personajes sin carácter ni convicciones que han producido un daño considerable al proyecto europeo. Y que es urgente cambiar esa situación. Es urgente que los ciudadanos europeos nos vayamos fijando en los posibles candidatos porque ya sabemos, por las heridas que nos dejan en la piel, que quienes hacen política en Europa hacen política sobre nosotros, sobre nuestro futuro y nuestros derechos”. Me temo que los que vinieron después no mejoraron en nada la situación y está por ver que los que ahora están lo hagan, aunque haya un Vicepresidente-comisario cuya cartera se denomina “Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo (sic)”.

Par terminar, me remito al espléndido análisis que hizo recientemente el corresponsal de El Mundo en Bruselas, Pablo R Suances[7]: “La ausencia de un debate profundo, maduro y crítico sobre la UE, la construcción, las instituciones, las ambiciones, es sangrante y no inocua. En los países de nuestro entorno, grandes y pequeños, la discusión existe. A veces en términos razonables y otras muchas no, pero los ciudadanos conocen posturas y argumentos que los españoles no han escuchado nunca. Los que están en contra, con la UE como chivo expiatorio, pero también los que están a favor, más allá de la paz o la prosperidad. Que son los elementos esenciales, la raison d’être de la Unión, pero insuficientes por sí mismos para satisfacer a generaciones que no pueden concebir la idea de guerra o muros internos. “Nuestro gobierno ya no se puede apuntar a un consenso que no existe en muchos asuntos importantes. Debe presentar iniciativas que conformen la agenda del futuro de la UE, explicar cuáles los intereses españoles y su visión de qué Europa queremos en las instituciones de Bruselas y dentro del país”, apunta José M. de Areilza, Profesor de ESADE y experto en Derecho europeo. Porque si no haces Europa, te la acaban haciendo. Ha sido típico meter en un mismo saco a todos los que tienen opiniones que se alejan de la convención, equiparando a partidos o voces extremistas o nihilistas, que abogan por la destrucción de la UE, con quienes están cómodos en ella pero aspiran simplemente a menos integración o añoran los tiempos del mercado único y poco más. Se da por hecho que la única vía aceptable es una Unión cada vez más fuerte, marginando y despreciando posiciones escépticas sobre el ritmo o el destino. Un discurso que genera descontentos y que empuja a quienes están hoy más alejados del sentir mayoritario todavía más hacia el extremo. Hasta ahora han sido pocos, o no han estado organizados, pero su discurso, que tiene eco y altavoz en la Eurocámara, empieza a coger forma y fondo”.

No comparto la idea que tienen algunos [8] de que el inter-gubernamentalismo es el responsable de que no se dé una respuesta común europea a la crisis del Covid-19. El método inter-gubernamental es un mecanismo más de actuación dentro de la UE y el problema no es de forma, sino de fondo: si se quiere o no actuar en común en determinadas cuestiones.

Por mi parte, me declaro entre los que aspiran a menos integración y añoran los tiempos del mercado único y poco más; considerando que es un grave error que la única vía aceptable es una Unión que cada vez haga más cosas de las que tenemos poca noticia o simplemente perjudican lo importante, lo que ha dado éxito a la UE.

 

NOTAS

[1] “La presidencia de la Comisión Europea”. https://www.gov.uk/government/news/presidency-of-the-european-commission-article-by-david-cameron.es 13 de junio de 2014.

[2] (https://hayderecho.expansion.com/2011/07/12/despilfarro-en-el-parlamento-europeo-tres-sedes/).

[3] https://elpais.com/internacional/2019/07/26/actualidad/1564155449_513809.html

[4] https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/26/5e7cbb44fdddff429b8b465e.html

[5] https://elpais.com/elpais/2020/03/21/opinion/1584811445_210203.html

[6] https://elpais.com/elpais/2013/10/04/opinion/1380890014_306220.html

[7] “España: del europeísmo naíf a la amenaza euroescéptica”. El Mundo, 23 de febrero de 2020. http://felipesahagun.es/wp-content/uploads/2020/02/Espa%C3%B1a-y-Eyuropa-por-Suanzas-Feb-22-2020.pdf

[8] Andoni Montes: “No culmen a la Unión Europea…” http://agendapublica.elpais.com/no-culpen-a-la-union-europea/

La defensa de “nuestro” Estado de Derecho

Salvo con intención maliciosa, nadie se atrevería a afirmar que en España no rige un Estado de Derecho parangonable al de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y que cumpla con los cánones del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, según el cual el Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea (UE). Consiste en la idea de que tanto la UE como los países que la componen se rigen por un corpus jurídico (códigos y procesos) adoptado mediante procedimientos establecidos en lugar de decisiones discrecionales o individualizadas” (ver aquí). Ello con independencia de las mejoras y progresos que el mismo reclama.

Ni España ni los españoles debemos aceptar ningún tipo de paternalismo foráneo en esta materia y, menos aún, si proviene de nuestros socios europeos. El conocido jurista italiano Luigi Ferrajoli lo ha practicado recientemente, en su artículo Deshaciendo un posible equívoco (ver aquí). Por ello escribí el siguiente comentario en el artículo de este blog del 28 de diciembre de 2019:

“Estimado Diego. Por si te sirve de algo, creo que en ningún caso debemos sucumbir o caer en la trampa que nos propone Luigi Ferrajoli, hoy, en El País (Deshaciendo un posible equívoco): una grosera e inaceptable banalización de los hechos y del Derecho (constitucional y penal), en la que todo quede como si no hubiera pasado nada (o, al menos, nada grave). Parece vergonzoso que gente de este prestigio se preste a este tipo de patrañas”.

Sobre el artículo de Ferrajoli es de gran interés el de Alfonso Ruiz-Miguel (Luigi Ferrajoli y Cataluña: una correspondencia ). En un comentario al mismo Josep Joan Moreso dice que “Hay algunas afirmaciones de Ferrajoli sobre el derecho procesal español que deben ser matizadas (a nadie se le puede exigir conocer exactamente el derecho procesal de otro país”. Personalmente creo que a un erudito del Derecho como el señor Ferrajoli sí que debemos exigirle el conocimiento de este tipo de cuestiones cuando afecta a un problema tan grave como el que comenta (tiene colegas en España con lo que contrastar previamente el asunto, para evitar equívocos).

Defender con maestría “nuestro” Estado de Derecho en el seno de la Unión Europea es lo que hace Tomás de la Quadra-Salcedo en su artículo “Inmunidad y presunción de inocencia” (El País, 3 de enero de 2020), en el que, entre otras pertinentes consideraciones dice que en el dilema entre cumplir la sentencia del TJUE e incumplir nuestra Constitución no sirve el argumento tradicional de que la adhesión a la UE supuso la cesión de competencias a órganos de la UE -entre ellos el TJUE- para tomar decisiones que nuestra Constitución atribuía a órganos internos; y de ahí concluir que la propia Constitución consiente siempre la prevalencia de la sentencia del tribunal europeo.

No sirve porque esa cesión solo es válida si se respetan sus propios términos: los términos del Tratado y del Protocolo. No cabe pues decir, sin más, que el Derecho de la UE interpretado por su TJUE, prevalece sobre el Derecho de los Estados miembros. Eso es generalmente así, pero no cuando la interpretación del Derecho de la UE desborda y viola el propio Derecho de la Unión (ultra vires) e infringe la Constitución, como ha afirmado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán varias veces (asunto deuda pública comprada por el Banco Central, entre otros) reconociendo la competencia del TJUE, pero advirtiendo que se reserva su última competencia cuando considere que el TJUE ha ido más allá (ultra vires) del propio Derecho de la UE”. Y después realiza pertinentes propuestas. Considero de gran interés leer este artículo junto con el Andrés Betancor, “No son diputados”, publicado en El Mundo el mismo día 3 (ver aquí), en el que se explica claramente nuestra legislación electoral, que debería ser respetada por comentaristas y por el TJUE.

Dice en su artículo de la Quadra-Salcedo que su propuesta nada tiene que ver, desde luego, con el euroescepticismo, sino, al contrario, con la convicción de que una Europa unida fuerte es el único futuro posible: ello exige una Europa de Derecho y que respete el Derecho. En la lucha por esa Europa ser complacientes o dejar pasar los errores graves en que pueda incurrir el TJUE, en lugar de denunciarlos, es la peor forma de construir el futuro para Europa”.

Como recuerda Alberto Tapia Hermida, el segundo “mandamiento” del BREXIT recogido en el documento La salida y la nueva relación del Reino Unido con la Unión Europea” que ha orientado desde su inicio tan lamentable proceso ha sido el siguiente: “Tomar el control de nuestras propias leyes. Tomaremos el control de nuestro Derecho estatutario y acabaremos con la jurisdicción del TJUE en el RU”. Para evitar este tipo de actitudes es necesario la cooperación leal y el respeto a los ordenamientos democráticos de los Estados miembros; pues como ha subrayado de la Quadra-Salcedo en meritado artículo: En todo este asunto no ha sido el TJUE quien ha dado, precisamente, ejemplo de lealtad, sino nuestro Tribunal Supremo que ha dado pruebas de su cooperación leal, dignidad y respeto a la ley y al Derecho”. Y que se olviden de innecesarios paternalismos.

La prescripción en infracciones del Derecho de la competencia. El cártel de fabricantes de camiones.

A raíz de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/104/UE que regula el régimen de las acciones de daños por infracción del Derecho de la Competencia (Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo), surge la necesidad de interpretar el régimen jurídico aplicable a aquellas acciones ejercitadas como consecuencia de las prácticas colusorias realizadas por los fabricantes de camiones y constatadas por la Comisión Europea en resumen de la Decisión de 19 de julio de 2016 publicado en el D.O.U.E. el 6 de abril de 2017 (Asunto AT.39824 — Camiones).

Bien es sabido que antes de la entrada en vigor del RD 9/2017 que transpuso la Directiva 2014/104/UE, el régimen de prescripción aplicable a las acciones follow on ejercitadas por daños en Derecho de la competencia era el contemplado para la responsabilidad extracontractual en el Código Civil, esto es, el del artículo 1.968 CC, el cual establece el plazo de prescripción de un año. La Directiva amplía el plazo para este tipo de acciones a cinco años, incorporando en su transposición un nuevo Título VI a la Ley de Defensa de la Competencia (artículo 74), junto con otras modificaciones igual de relevantes como el dies a quo fijado en el momento en que la víctima pueda conocer la infracción, el perjuicio causado y la identidad de los infractores, o la interrupción de la prescripción por la actividad de la autoridad de la competencia.

Para conocer el régimen aplicable a aquellas acciones ejercitadas después de la transposición de la Directiva, debemos acudir al régimen transitorio dispuesto en la misma y el RDL 9/2017, del que adelantamos su falta de claridad y difícil interpretación.

Los artículos 21 y 22 de la Directiva nos llevan, a mi entender, a las conclusiones siguientes:

1º. La Directiva debió haberse transpuesto antes del 27 de diciembre de 2016, es decir, antes de la publicación de la Decisión de la CE resumiendo los hechos y argumentos de las prácticas anticompetitivas señaladas (art. 21).

2º. Se configura una irretroactividad de las normas sustantivas contenidas en la Directiva pero atendiendo a la fecha señalada en el apartado segundo del art. 22. Es decir, la prohibición del efecto retroactivo establecida en el régimen transitorio de la Directiva surte efectos para aquellas acciones ejercitadas antes del 26 de diciembre de 2014, en las que se estará al plazo anual establecido en la norma nacional. Y desde luego, en caso de que esta interpretación exceda del espíritu de la norma –que no lo creo-, la prohibición del efecto retroactivo no alcanzará a aquellas acciones ejercitadas con posterioridad a la fecha de transposición del art. 21, el 27 de diciembre de 2016.

Por su parte, la Disposición Transitoria Primera del RDL 9/2017, a mi parecer de forma apresurada y sin el desarrollo necesario, pues no atiende a lo dispuesto en los arts. 21 y 22 de la Directiva, establece que “las previsiones recogidas en el artículo tercero de este Real Decreto-ley [donde se incluye el art. 74 de la LDC] no se aplicarán con efecto retroactivo.”

Desde luego no es claro, porque si la Directiva se transpuso con retraso, como casi siempre, y si el art. 22 de la misma fija su régimen transitorio y establece la irretroactividad de la norma a partir del 26 de diciembre de 2014, entonces la interpretación de la norma nos debe llevar a concluir necesariamente que los afectados por el cártel dispondrán de un plazo de prescripción de 5 años, pues la Decisión de la CE se hizo pública con posterioridad, en abril de 2017.

En mi opinión, otra interpretación iría en contra tanto del régimen transitorio general de la norma nacional (Código Civil), como de las normas y principios de la Unión Europea y la propia interpretación de la Directiva 2014/104/UE que realiza el TJUE:

En contra del régimen transitorio del Código Civil, pues en virtud de la DT 4ª de dicho cuerpo legal, “las acciones nacid[a]s y no ejercitad[a]s (nacidas con la publicación del resumen de la Decisión de la CE, pero ejercitadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Directiva), se regirán por la norma en vigor “en cuanto a su ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer”. En el mismo sentido se pronuncia el art. 1.939 del CC, por el que sensu contrario se colige que la nueva norma en vigor desplegará sus efectos si el plazo de prescripción de la misma aún no ha alcanzado a su fin.
En contra de las normas y principios de la UE, pues los principios de equivalencia, interpretación conforme y efectividad chocan frontalmente con aplicación del derecho nacional, y es que el derecho nacional debe disponerse de manera en que facilite la aplicación de los objetivos perseguidos por la legislación comunitaria. Además, los Estados miembros velaran para que todas las normas y procedimientos nacionales relativos al ejercicio de las acciones por daños se conciban y apliquen de forma que no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la Unión al pleno resarcimiento por daños y perjuicioslas normas nacionales que regulen el resarcimiento “no se deben formular o aplicar de manera que en la práctica resulte imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a resarcimiento garantizado por el TFUE, o de modo menos favorable que las aplicables a acciones nacionales similares” (Directiva 2014/104/UE). Véase igualmente STJUE, de 08.10.1987, as. Kolpingis Nijmegen BV; STJUE de 04.07.2006, as. K. Adeneler; y D.A. 2ª del propio RDL 9/2017; 75.STJUE caso Manfredi, 13 de julio de 2006.

Pero a mayor abundamiento de todo lo anterior, el cómputo del plazo de la prescripción de 5 años, ni siquiera habría comenzado, y es que a fecha actual, no es firme la sanción contra uno de los supuestos infractores, Scania, por haber sido la misma recurrida ante el Tribunal General, por lo que no se conoce en extensión a todos los infractores, existiendo, por otro lado, una responsabilidad solidaria entre todos ellos. De este modo, será cuando se conozcan los infractores en toda su extensión, cuando comience a computar el plazo de prescripción recogido en el art. 74 de la LDC.

Especial mención merece en este sentido la reciente Sentencia del TJUE de 28 de marzo de 2019, asunto C-637/17, pues estima aplicable la Directiva en favor de los afectados y del principio de efectividad, ya que “es indispensable, para que la persona perjudicada pueda ejercitar una acción por daños, que sepa quién es la persona responsable de la infracción del Derecho de la competencia.” Resuelve pues el Tribunal que una norma nacional […] con el Derecho de la Unión que el artículo 102 TFUE y el principio de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional, que, por una parte, establece que el plazo de prescripción de las acciones por daños empieza a correr a partir de la fecha en la que la persona perjudicada tuvo conocimiento de su derecho a indemnización, aun cuando no se conociese el responsable de la infracción [todavía no conocemos a todos los responsables pendiente firmeza] y, por otra parte, no prevé posibilidad alguna de suspensión o de interrupción de ese plazo en el transcurso de un procedimiento seguido ante la autoridad nacional de la competencia [pendiente firmeza, como es el caso, la prescripción deberá interrumpirse hasta la resolución del recurso de Scania].

En fin, toda esta argumentación y el debate levantado al respecto, serían sin duda evitables si en este caso España, sistemáticamente, dejara de transponer de forma extemporánea las directivas dictadas por la Unión Europea. En cualquier caso, la interpretación del Derecho que hagan nuestros tribunales deberá hacerse conforme a la normativa comunitaria y nacional sin perder la visión del caso en concreto pues, como hemos visto, existen armas suficientes para evitar que el incumplimiento de un Estado miembro sea asumido por los administrados en perjuicio de sus derechos.

La “suspensión” del Parlamento británico y sus implicaciones jurídicas

El pasado miércoles 28 de agosto, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, decidió “suspender” las sesiones del Parlamento británico desde un día, a determinar posteriormente, entre el 9 y el 12 de septiembre y hasta el 14 de octubre. Técnicamente no es una suspensión como tal, aunque utilizaré ese término en esta entrada, sino que es lo que en Westminster se denomina prorogation, es decir, anticipar el final del período de sesiones del Parlamento y establecer la apertura de uno nuevo, caducando todos los trabajos parlamentarios y abriéndose el siguiente período de sesiones con el Discurso de la Reina, elaborado por el Gabinete, en el que se fija el próximo programa legislativo. El actual período de sesiones comenzó en junio de 2017 y ha sido el más largo en más de 300 años. La suspensión del período de sesiones la dicta formalmente la Reina ya que forma parte de la “prerrogativa regia”. La prerrogativa regia es el residuo que va quedando a través de los siglos de la antigua omnipotencia del Rey y que en la actualidad ejerce el Gabinete en nombre del Soberano, es decir, en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo Miller sobre el Brexit de 2017, “engloba el residuo de poderes que permanecen bajo la Corona y que son ejercidos por los ministros, siempre que ese ejercicio sea consistente con la legislación parlamentaria” (Lord Neuberger, con el que coinciden Lady Hale, Lord Mance, Lord Kerr, Lord Clarke, Lord Wilson, Lord Sumption and Lord Hodge, en R (on the application of Miller and another) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5, p. 47, ver aquí).

En el caso de la suspensión del período de sesiones el que toma materialmente la decisión es el Gabinete, aunque formalmente ha de canalizarse, como en todo ejercicio de la prerrogativa regia, mediante una propuesta del Privy Council (órgano creado en el s. XVIII para aconsejar al Rey, compuesto por más de 600 miembros, aunque solo se convoca  a los miembros del Privy Council que están en el Gobierno, como el 28 de agosto en que solo se reunieron tres miembros del Gabinete) y se materializa en una Order in Council, aprobada formalmente por la Reina (ver aquí). Es una convención constitucional que la Reina no puede negarse a lo que le propone el Privy Council (en realidad, el Gabinete), como es lógico en una Monarquía parlamentaria en la que el monarca no puede entrar a decidir en cuestiones de contenido o efecto político. Solo si en días previos al pasado 28 de agosto, la Cámara de los Comunes hubiera retirado la confianza a Johnson, la Reina podría haberse negado a la Orden. Eso no sucedió e Isabel II no tenía constitucionalmente otra posibilidad que autorizar la prorogatio.

Puede también resultar chocante que el Gobierno británico altere el funcionamiento parlamentario, pero, sin embargo, ha de recordarse las peculiaridades que tiene una Constitución no codificada como la británica. Históricamente el Rey podía poner fin a los períodos de sesiones parlamentarias y eso, como parte de la prerrogativa regia, pasó a manos del Gabinete. Cuando la forma de gobierno parlamentaria se consolida en el Reino Unido durante los siglos XVIII y XIX, el Ejecutivo, que solo puede mantenerse en virtud de la confianza parlamentaria, pasa a dirigir a la mayoría de los Comunes y, para conseguir llevar adelante su programa político durante la legislatura, controla los tiempos de actuación en el Parlamento para que no pueda ser torpedeado con maniobras que alteren ese programa.

Por lo tanto, jurídicamente no parece haber aparentemente obstáculos constitucionales a lo que ha planeado Boris Johnson. Sin embargo, la cuestión es algo más compleja. Suspensiones de los períodos de sesiones ha habido siempre, pero no de una duración tan prolongada, siendo lo normal una o dos semanas. Esta suspensión de cinco semanas será la más larga desde 1945. Si se entendiera que el objetivo de una suspensión tan prolongada fuera impedir que el Parlamento expresase su voluntad en relación con el Brexit duro del 31 de octubre, podría tener alguna posibilidad un recurso judicial. Se han presentado ya varios. El iniciado ante la Court of Session escocesa (equivalente a la High Court inglesa y ambas instancias judiciales civiles inmediatamente anteriores a la última que es la del Tribunal Supremo, creado en 2009) por un grupo de parlamentarios contra el consejo dado a la Reina de suspender el Parlamento (ver aquí) ha sido admitido, pero, de momento, rechazada la medida cautelar (interim interdict) que pedía la paralización inmediata de la suspensión parlamentaria. Se ha presentado otro ante la High Court inglesa por Gina Miller (que fue la que recurrió en el caso que dio lugar a la sentencia Miller de 2017 antes citada: R (on the application of Miller and another) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5: ver aquí), a la que se ha unido el antiguo Primer Ministro John Major (ver aquí).

En estos procedimientos judiciales habría que demostrar que la suspensión rompe con las convenciones y principios fundamentales sobre los que se sostiene la Constitución británica y que, fundamentalmente, son uno superior y que se constituye en la regla de reconocimiento del ordenamiento jurídico británico, la soberanía parlamentaria, y otro, el rule of law, que permite el control judicial de cualquier acto público, salvo el de las leyes. Así lo ha entendido Lord Lisvane, antiguo Letrado Mayor de los Comunes, calificando la suspensión como una “grave subversión de las relaciones entre gobierno y parlamento” (ver aquí). Demostrar esa ruptura de los principios constitucionales fundamentales no será fácil, ya que aunque ese parece ser el objetivo de Johnson, lo ha hecho inteligentemente no suspendiendo hasta el 31 de octubre, lo que habría hecho imposible el pronunciamiento del Parlamento. Tampoco ayudará que el Parlamento, cuando ha podido, no se ha pronunciado expresamente ni por prorrogar la fecha del 31 de octubre ni por censurar al Gobierno actual.

Si los recursos judiciales ya anunciados no se admitieran o se desestimasen después del 31 de octubre, las opciones que tendría el Parlamento británico para evitar un Brexit duro serían básicamente dos, la aprobación de una ley que modificara la Ley de notificación de retirada de la UE de 2017 (ver aquí) o de una  moción de censura. El problema para la primera opción, una ley, al margen de la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria, es la falta de tiempo para aprobarla. El nuevo período de sesiones que comenzará el 14 de octubre se abre, como ya he señalado, con el Discurso de la Reina, cuyo debate monopoliza varios días de vida parlamentaria, por lo que el tiempo restante sería absolutamente insuficiente para tramitar una ley.

La otra opción sería la de una moción de censura contra el Gobierno Johnson. Debe recordarse que en 2011 (The Fixed-term Parliaments Act 2011: ver aquí) se decidió en el Reino Unido establecer las legislaturas fijas de cinco años sin posibilidad de disolución discrecional por el Gobierno. Sin embargo, cabe una disolución podríamos decir que indirecta, que es la que activan los propios Comunes por mayoría de dos tercios, como hicieron en junio de 2017 a instancias de la entonces Primer Ministro, Theresa May. Si esto se produjera, por ejemplo, el martes 3 de septiembre, la moción podría aprobarse el miércoles 4 de septiembre y disolverse los Comunes el jueves 5 de septiembre, convocándose elecciones para el 10 de octubre (mínimo de 25 días laborables después: art. 14.1 Electoral Registration and Administration Act 2013, ver aquí).

La Ley de 2011 regula también la disolución por aprobación de una moción de censura y esto es lo que podría intentarse antes del 31 de octubre. La moción de censura de la Ley de 2011 exige que se produzca formalmente con la expresión “that this House has no confidence in Her Majesty’s Government” (esta Cámara no tiene confianza en el Gobierno de su Majestad) y por una mayoría simple de diputados a su favor, pero aprobada la moción no se produce la caída inmediata del Gobierno, sino que se abre un plazo de 14 días para que los Comunes puedan otorgar la confianza nuevamente al Gobierno anterior o a uno nuevo. Si no son capaces de otorgar la confianza a algún Gobierno en ese plazo, hay disolución automática del Parlamento, aunque Johnson ya ha anunciado que, en todo caso, fijaría las elecciones para después del 31 de octubre. Hay que tener en cuenta que ese plazo de 14 días no se paraliza por la suspensión del Parlamento, por lo que si se aprueba la moción poco antes del 9 de septiembre, los Comunes no podrían reunirse para otorgar la confianza a un nuevo Gobierno y se convocarían elecciones.

Si se aprobara la moción de censura después del 14 de octubre, los Comunes tendrían que otorgar la confianza a un nuevo Gobierno, probablemente interino, para que inmediatamente convocara elecciones con  autorización para diferir el Brexit hasta después de las elecciones. No debe olvidarse que esto tendría que obtener la conformidad de la UE y que estamos hablando de plazos muy cortos. No sería imposible, pero casi. Aunque un autor tan reputado como Vernon Bogdanor ha propuesto que en ese caso bastaría con derogar la Ley de notificación de retirada de la UE de 2017 (ver aquí) para que no se activara la fecha del 31 de octubre (ver aquí), Mark Elliott (a mi juicio el mejor constitucionalista británico actual) ha replicado, entiendo que muy atinadamente, que la derogación de una ley nacional no vincula a la UE y que la modificación o derogación de la Ley de 2017 no evitaría la fecha del 31 de octubre (ver aquí).

Frente a esto se ha especulado con que, como el nombramiento del nuevo Primer Ministro tiene que ser propuesto por el anterior, Johnson podría negarse a recomendar a la Reina que haga el nombramiento de un Primer Ministro interino. Sin embargo, en ese caso la Reina podría cesar directamente a Johnson y nombrar Primer Ministro al que goce de la confianza de la mayoría de los Comunes, de la misma forma que la Reina pueda ignorar la propuesta de un Gobierno de no sancionar una ley correctamente aprobada por el Parlamento. Es más, una actuación del Primer Ministro en tal sentido podría impugnarse ante los tribunales al ser contraria a la posibilidad de Gobierno alternativo abierta por el art. 2.3 de la Ley de 2011.

La última posibilidad sería la aprobación de una moción de censura al margen de la Ley de 2011, que no conduciría a la disolución y a elecciones, pero que, por convención constitucional (recogida expresamente en un documento de soft law como el párrafo 2.7 del Cabinet Manual, recopilación de convenciones elaborada por el Gobierno Cameron en 2011: ver aquí), ocasionaría la caída de Boris Johnson, aunque no tendría efecto de por sí sobre el Brexit del 31 de octubre, salvo que la propia moción incluyera el otorgamiento de la confianza a un nuevo Gobierno interino y se autorizara a éste, como en el caso antes visto, a solicitar una prórroga a la UE.

Cuestión diferente a todo lo anterior es saber lo que realmente busca Boris Johnson, si forzar un Brexit duro el 31 de octubre o que el Parlamento le censure para ir a unas elecciones como campeón de la salida del Reino Unido de la UE que la malvada oposición intenta impedir.

 

Directiva de fusiones, escisiones y transformaciones transfronterizas: novedades y mucha incertidumbre

En un entorno empresarial cada vez más cambiante y globalizado, es conveniente facilitar la reorganización de la empresa, y para ello facilitar las fusiones, escisiones y transformaciones no solo en el ámbito interno sino también en el internacional. Sin embargo, estas operaciones transfronterizas suponen un riesgo para los derechos de socios minoritarios, trabajadores, acreedores y terceros. Además, las reorganizaciones internacionales son vistas cada vez más por las ONGs y por las instituciones de la UE como instrumentos para eludir la legislación laboral y fiscal. La tensión entre estas posiciones ha sido evidente en la preparación de la Directiva sobre movilidad transfronteriza (en adelante: la nueva Directiva) aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de abril -véase aquí el texto, pendiente solo de correcciones técnicas- que modifica la Directiva 2017/1132 de sociedades.

La principal novedad es que se amplía el alcance de las operaciones transfronterizas reguladas, antes limitadas a las fusiones. Aunque el TJUE había declarado que las sociedades debían poder realizar otras operaciones transfronterizas como consecuencia de su derecho a la libertad de establecimiento (asuntos SEVIC, Cartesio, VALE Építési y POLBUD), la falta de regulación implicaba dificultades prácticas para la ejecución de escisiones y transformaciones transfronterizas, que ahora también se armonizan.

Las normas introducidas por la nueva Directiva parten de aplicar el procedimiento de las fusiones transfronterizas a las transformaciones y escisiones, con las adaptaciones necesarias.

Se introducen algunos cambios menores en ese procedimiento, destacando los siguientes: se intensifican los requisitos de información para socios y trabajadores (artículo 86.e); el proyecto de la operación debe incluir la compensación en efectivo que los miembros pueden obtener si deciden ejercer su derecho de separación, compensación que debe ser evaluada por un experto independiente (artículo 86.g)); los empleados tienen la oportunidad de expresar una opinión que se comunicará a los accionistas y se adjuntará al informe de administradores sobre la operación; acreedores y socios también pueden hacer comentarios sobre el proyecto (86.h).

Pero la novedad principal en el procedimiento es que se amplía el control de la operación por parte de la autoridad del país de origen de la sociedad. Hasta ahora, los Estados miembros designaban una autoridad nacional que controlaría “el correcto cumplimiento de todos los procedimientos y trámites en el Estado miembro de partida” (artículo 86.m.1). Si se había cumplido el procedimiento, expedía un certificado para acreditar ese cumplimiento en el Estado miembro de destino. La autoridad de ese Estado se limitaría, por tanto, a verificar los requisitos de constitución y registro con arreglo a su legislación nacional.

Este sistema se mantiene, pero sin duda por la preocupación por la utilización instrumental de estas operaciones, el control por parte del Estado de origen se amplía: no solo comprueba el procedimiento sino  cuestiones como “la satisfacción de los pagos … a organismos públicos o el cumplimiento de requisitos sectoriales especiales, incluida la garantía de los pagos o de las obligaciones derivadas de procedimientos en curso” (artículo 86.m.1). Esto puede dar lugar a la paralización de la operación y, sin duda, alargará el procedimiento, ya que la autoridad competente tendrá que consultar a otras autoridades públicas nacionales para obtener información sobre dichos requisitos y procedimientos. Consciente de eso, la nueva Directiva amplía de 1 a 3 meses el plazo de expedición del certificado.

Además, si la autoridad del país de origen tiene serias dudas de que la operación “se realiza con fines abusivos o fraudulentos que conduzcan o estén destinados a conducir a la evasión o elusión de la legislación nacional o de la UE, o con fines delictivos” (artículo 86.m.8), dispondrá de un plazo adicional de tres meses para realizar nuevas investigaciones que podrán incluir otras consultas o la exigencia de un informe de un experto independiente. El plazo total de 6 meses puede además ampliarse en función de la complejidad del caso, siendo solo necesario notificar al interesado de esa circunstancia.

En la propuesta de Directiva original la autoridad tenía que determinar si la operación implicaba un montaje artificial que perjudicaba los derechos de las partes interesadas. Este examen fue muy criticado (aquí y aquí) y la versión aprobada por el Parlamente ya no hace referencia a “arreglos articiales”. No obstante, la versión final sigue planteando problemas similares como consecuencia de ese control preventivo del fraude.

A mi juicio el procedimiento no solo se ha alargado sin que se ha hecho más incierto: El concepto de elusión de la legislación nacional o de la UE deja un amplísimo margen de discrecionalidad a las autoridades nacionales. Estas restricciones se aplican ahora también a las fusiones, a diferencia de lo que ocurría en la versión original de la propuesta. Esto significa que el efecto global del nuevo reglamento será probablemente el contrario de su intención: las operaciones transfronterizas serán más costosas, lentas e inciertas.

Además, creo que este control preventivo reforzado no garantiza que la operación no tenga finalidades de elusión, ya que es extremadamente difícil para una autoridad determinar ex ante la naturaleza abusiva o fraudulenta de una transacción, especialmente en materia fiscal. La preocupación por la utilización instrumental de estas operaciones transfronterizas no es infundada, pero existen otras -y mejores- alternativas que un control ex ante engorroso e ineficiente.

Una forma de evitar el abuso de estas operaciones es garantizar que algunos de sus efectos no sean oponibles a las partes perjudicadas, al menos durante un plazo prudencial: esto es lo que hace la nueva Directiva al permitir a los acreedores “incoar un procedimiento contra la sociedad también en el Estado miembro de partida en el plazo de dos años a partir de la fecha en que la transformación haya surtido efecto” (artículo 86.k.4).

Otro mecanismo es limitar los efectos no con carácter general sino cuando se demuestre el fraude. Aunque la Directiva dice que las operaciones que hayan surtido efecto no pueden ser anuladas (artículo 86.u), señala que eso “no afecta a las competencias de los Estados miembros, entre otras cosas, en el ámbito del Derecho penal, de la financiación del terrorismo, del Derecho social, de la fiscalidad y de la aplicación de la ley, para imponer medidas y sanciones, de conformidad con la legislación nacional, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la transformación transfronteriza”. Esto debe interpretarse en sentido amplio, de modo que los tribunales puedan determinar en casos de abuso o fraude la aplicación de la legislación del Estado de origen que se pretendía eludir, sin necesidad de anular la operación.

Es posible que las soluciones deban ir por caminos que la nueva Directiva no ha acogido: algunas cuestiones quizás no deberían depender de la ley de nacionalidad de la sociedad (lex societatis) sino de la del Estado en el que se desarrollan realmente sus actividades (producción, ventas, etc.).

Pero, si de verdad queremos promover la libertad de establecimiento y la competencia entre empresas y al mismo tiempo evitar la elusión normativa a través del arbitraje regulatorio o forum shopping, la única solución es una mayor armonización a nivel de la UE (y de la OCDE). En particular en materia fiscal, es evidente que el tradicional sistema de imposición de sociedades ha sido superado por la globalización y la tecnología y ha de ser sustituido por otro con principios radicalmente distintos. Pero eso es otra historia.

Nota: pueden ver una versión algo más larga y en inglés en este post en el European Law Blog

La reforma judicial polaca era contraria al derecho de la Unión Europea

Hace algunas semanas conocimos la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de declarar la polémica reforma judicial llevada a cabo por el gobierno polaco contraria al derecho de la Unión.

Como recordarán, la razón del procedimiento judicial iniciado por la Comisión Europea (CE), tras haber resultado ineficaz el requerimiento efectuado al gobierno para que rectificase, fue impugnar la decisión del gobierno de Polonia, encabezado por el partido Ley y Justicia, de reducir a 65 años la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo (Sąd Najwyższy) y aplicar dicha medida a los jueces del Tribunal en ejercicio, nombrados antes de la reforma, incluyendo a la Presidenta del referido Tribunal, atribuyendo al Presidente del país, la decisión de prorrogar en el cargo a los jueces que lo solicitaran. Hay que señalar que la regulación previa a la reforma, permitía a los jueces del Supremo el continuar en su cargo hasta los 70 años, prorrogables, a su voluntad, hasta los 72 años. Además, el propio presidente del Tribunal Supremo era elegido por un periodo de 6 años.

La Comisión consideró en su recurso que con esta reforma se vulneraba la tutela judicial efectiva y la independencia del Tribunal Supremo, y en concreto, el art. 9.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), en relación con el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Junto con la demanda, la Comisión solicitó en su día medidas provisionales, pidiendo la suspensión cautelar de la aplicación de los artículos de la reforma denunciados, así como la adopción de medidas para que los jueces afectados pudieran continuar en el ejercicio de sus funciones, y la abstención del nombramiento de nuevos jueces para el Tribunal Supremo, ni de nuevo presidente. Las solicitadas medidas fueron estimadas por el TJUE el pasado 19-10-2018 con carácter provisional, y de manera definitiva, en fecha 17-12-2018, como ya comenté en este artículo.

En lo atinente al recurso, al cual, por cierto, se unió Hungría en apoyo de las pretensiones de Polonia, el gobierno polaco alegó que el recurso se había quedado sin objeto, puesto que las leyes impugnadas habían sido derogadas y todos sus efectos eliminados, mediante la modificación de la norma que se aprobó el 21-11-2018, curiosamente tras estimar el TJUE las medidas provisionales solicitadas por la CE.

La Comisión mantuvo el recurso, y el propio TJUE recordó a Polonia que el incumplimiento se debe apreciar al tiempo de la finalización del plazo otorgado por la CE en el dictamen motivado enviado al país supuestamente incumplidor, instándole a adoptar las medidas necesarias para cumplirlo, el cual, en el presente caso, transcurrió en fecha del 14-9-2018, no teniéndose en cuenta los cambios posteriores. Para el Tribunal consta acreditado que en dicha fecha, todavía estaban en vigor las normas impugnadas, por lo que el procedimiento judicial debía continuar.

En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal de Justicia comienza reivindicando el principio de inamovilidad  de los jueces, como una de las principales garantías de la independencia y libertad de los propios jueces. El cual tiene como fundamento que “puedan permanecer en el ejercicio de sus funciones en tanto no hayan alcanzado la edad de jubilación forzosa o hasta que termine su mandato cuando este tenga una duración determinada”. Al respecto, considera el TJUE que ese principio sólo puede ser no respetado cuando haya motivos legítimos e imperiosos que lo justifiquen y siempre que se apliquen proporcionalmente.

Polonia justificó su decisión por motivos de armonización de la edad de jubilación de los jueces con la aplicable al conjunto de los trabajadores del país. Sin embargo, por el Tribunal se pone en cuestión que ese sea la verdadero finalidad de esta reforma y no el intento de apartar a un determinado grupo de jueces de ese Tribunal (no hay que olvidar que afectaba a un tercio de los magistrados, incluida la Presidenta). Asimismo, recuerda que esa medida iba acompañada de la concesión al Presidente de la República de la “facultad discrecional” de conceder o no las prórrogas, cuando fueran solicitadas por los propios magistrados. Esto último, considera que pone en duda que el objetivo de la medida fuera armonizar la edad de jubilación de los jueces del Alto Tribunal con la de los trabajadores del resto del país.

Al respecto, concluye el TJUE considerando que, efectivamente, la decisión del gobierno polaco de reducir la edad de jubilación a 65 años y aplicarla a los jueces en activo que superaban dicha edad, no estaba justificada por ningún objetivo legítimo y violaba el principio de inamovilidad de los jueces, contraviniendo el artículo 19.1 del TUE.

En segundo lugar, el Tribunal entró a valorar si el otorgarle al Presidente de la República la decisión de prorrogar o no a los jueces en su cargo infringía igualmente el referido precepto. Al respecto, refiere que otorgar tal facultad al Presidente no supone per se una violación automática del principio de independencia judicial. Si bien, establece que las condiciones o normas que regulen la decisión de conceder la prórroga deben impedir que haya “dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio”.

Pues bien, para el TJUE la nueva ley que fue aprobada no satisface tales exigencias, ya que la decisión del Presidente es puramente discrecional y no está supeditada a ningún criterio objetivo, no debe estar motivada y contra la misma no cabe recurso alguno. Ni siquiera el supuesto informe objetivo que debe recabar el Presidente del Consejo Nacional del Poder Judicial, objetiva esa decisión, ya que dicho órgano debe ser independiente del poder ejecutivo y legislativo, y a juicio del Tribunal no lo es, ya que en sus dictámenes ni siquiera debía motivar su decisión. Por lo que el Tribunal de Justicia entiende que la indicada potestad del Presidente “puede suscitar dudas legítimas” en los ciudadanos en cuanto a su valoración de la imparcialidad de los jueces.

Por último, ante la justificación del gobierno polaco de que esa facultad del presidente es similar a la que existe en otros Estados miembros, el Tribunal arguye que aunque otro país incumpliera lo dispuesto en el artículo 19.1 del TUE, al igual que Polonia, lo cual está por ver, “un Estado miembro no puede basarse en un eventual incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de otro Estado miembro para justificar su propio incumplimiento”.

En definitiva, el TJUE entiende que la modificación legal de la Ley del Tribunal Supremo polaco, vulnera, igualmente, lo dispuesto en el art. 19.1 TUE, al igual que la aplicación de la reducción de la edad de jubilación a los jueces en ejercicio, nombrados antes de la aprobación de la ley.

Más allá de la importancia de la decisión final tomada por el Tribunal de Justicia sobre la reforma llevada a cabo por el gobierno polaco, bajo mi punto de vista, resulta más destacable el hecho de que la decisión del propio TJUE de suspender cautelarmente la aplicación de dicha norma, unido a la presión de la CE y del resto de Estados miembros, a excepción de Hungría y algún otro, provocó que el propio gobierno polaco diera marcha atrás en su polémica reforma, incluso antes de la sentencia definitiva.

Estamos ante otro ejemplo de que la UE, que es en muchos aspectos mejorable, en otros es claramente útil, y tiene herramientas para hacer respetar los valores de la Unión, consagrados en el artículo 2 del TUE, entre los que está el Estado de Derecho, frente a cualquier atisbo de injerencia de partidos claramente antidemocráticos que lleguen al poder en alguno de los Estados. Lo cual es una buena noticia.

Recientemente, acabamos de conocer que la CE ha abierto un nuevo frente contra Polonia, por otro aspecto polémico de su reforma judicial, que permite investigar disciplinariamente y en última instancia, sancionar a los jueces por el contenido de sus decisiones judiciales. De momento la Comisión ha compelido al gobierno polaco a retirar dicho régimen disciplinario en un plazo de 2 meses, al considerar que “menoscaba la independencia judicial de los jueces polacos y no da garantías suficientes para protegerlos del control político” y es contraria al propio art. 19 TUE. Veremos si en esta ocasión, el gobierno de Polonia rectifica a tiempo o, nuevamente, tiene que ser el TJUE el que le obligue a hacerlo.

 

Imagen: El País

La jubilación de los jueces polacos (a switch in time saves nine)

El tres de abril de 2018 entró en vigor una ley aprobada por el Parlamento polaco que adelantaba en un lustro la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de dicho país. En ese momento, estaba prevista para los 70 años. Para algunos, una auténtica declaración de guerra contra la Justicia independiente. La medida se justificaba en la conveniencia de equipararlos al resto de los trabajadores, cuyo retiro estaba fijado con carácter general a los 65 años. Muchos lo vieron como un mero pretexto, un hipócrita casus bellli para batallar contra los jueces que plantaban cara a un gobierno de tendencias involucionistas, por no decir abiertamente antidemocráticas.

La historia se repite. En febrero del año 1939, Franklin Delano Rooselvelt, Presidente de los Estados Unidos, anunció una modificación profunda del Tribunal Supremo norteamericano: por cada uno de sus miembros de más de 70 años, el propio Presidente nombraría un juez adicional que ingresaría con pleno derecho en el órgano. La razón aducida era que, debido a su provecta edad, necesitaban ayuda, al ser incapaces de sobrellevar la onerosa carga de trabajo que debían despachar. La razón real, para otros, no era sino la voluntad de desbaratar una mayoría judicial que venía tumbando las iniciativas del New Deal, el paquete legislativo más progresista del equipo gubernamental. En la pasada legislatura, sus señorías habían declarado inconstitucional la normativa en materia de reforma agraria e industrial. Estas eran áreas donde el partido demócrata había cifrado sus esperanzas de modernizar la economía nacional.

En España también sucedió algo similar. El artículo 386 de la Ley Orgánica 6/1985, de uno de julio, redujo la edad de jubilación de la plantilla judicial desde los 70 hasta los 65 años, si bien para los magistrados del Supremo se dejaba en los 68. El objetivo, tal como se lee en las actas de los debates parlamentarios, habría sido preservar su “dignidad” profesional. Y estos señores, por mucha toga que vistiesen, a fin de cuentas eran trabajadores integrados en el conjunto de la masa laboral. En cambio, hubo quien entendió que lo que se pretendía de veras era descabezar una cúpula judicial sospechosa de connivencias franquistas. No olvidemos cuán reciente estaba la muerte del dictador, apenas una década atrás.

Son tres casos en los que la magistratura sintió ser objeto de un ataque procedente de las filas de la política. Resulta muy ilustrativo examinar cuál fue la reacción en cada uno de ellos. Veamos:

Charles Evans Hughes, magistrado jefe a la sazón del Tribunal Supremo norteamericano, se apresuró a publicar estadísticas demostrativas de que, pese a sus achaques, sacaban todo el papel que se les echaba encima. Asimismo, entró en contacto con un senador demócrata díscolo, Burton Wheeler, que no temía llevarle la contraria al mismísimo Rooselvelt. Tras sus maniobras entre pasillos, fue creciendo el número de congresistas dispuestos a votar en contra de la iniciativa del Ejecutivo.

Y he aquí lo más sorprendente, dos oportunas sentencias salvaron la constitucionalidad de unas propuestas legislativas de gran calado social cuyo pronunciamiento pendía de resolución justo en esos momentos. No solo eso, uno de esos jueces supuestamente tan avejentados comprendió ¿motu proprio? que había llegado el momento de colgar la toga para abrir la puerta a alguien más joven. Y quién sabe si más afín a la nueva mayoría política. El Presidente de la nación captó el mensaje, cada uno cedería un poco: los jueces desistían de su oposición frontal al New Deal; él, en cambio, aparcaba sine diela remodelación anunciada. Trato hecho. De ahí el juego de palabras que popularizó la prensa: “the switch in time that saved nine” (pues nueve son los miembros de su alto tribunal).

Seguro que semejantes rifirrafes guerrilleros entre jueces y políticos resultarán escasamente edificantes a los defensores del Estado de Derecho. En Polonia las cosas fueron de otro modo. Planteada cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia de 24 de junio de 2019 declaró que la norma impugnada atentaba contra el principio de inamovilidad judicial. Es más, desenmascaró las excusas del partido gobernante, al insistir en que no se había justificado suficientemente la alegada pretensión de homogeneizar la edad de jubilación. Existía, por lo tanto, el riesgo de que, en realidad, se buscase excluir de su cargo a un grupo predeterminado de jueces. Y eso que el gobierno polaco, cual aventajado alumno de Rooselvelt, dio marcha atrás y derogó la polémica ley antes de que Luxemburgo hubiese hecho pública su decisión.

Una retirada a tiempo es una victoria (A stich in time saves nine). Ni por esas. Los magistrados europeos estaban empecinados en sentar jurisprudencia. Y bien que lo hicieron.

¿Y entre nosotros?

España es diferente. Recurrida ante el Tribunal Constitucional la citada ley orgánica, la sentencia 108/1986 mantuvo íntegramente su validez. Los jueces tragaron, fin de la historia. Bueno, no exactamente el fin, ya que en 1992, cuando se había completado la purga, se volvió a elevar la edad de jubilación. Más aun, como es bien sabido, se entregó la designación de todos y cada uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial a las cámaras parlamentarias. En breve habrá que renovar sus vocalías. Otra ocasión para medirse en el cuadrilátero. Excepto la asociación “Foro Judicial Independiente”, las demás parecen dispuestas a participar en la farsa electoral, ofreciendo a sus afiliados para que los políticos jueguen al reparto de cromos. Como en la América de los años treinta. Al fin y al cabo tenemos lo que nos merecemos. Mejor dicho, tienen lo que se merecen.

La inmensa mayoría de nuestros jueces nada sabe ni quiere saber de las maniobras de los políticos togados. Tomemos nota pues tarde o temprano habrá que rendir cuentas.

#JuicioProcés: la malversación y la suspensión de los diputados procesados

La pasada semana en el Juicio del Procés asistimos a la práctica de diversas pruebas periciales sobre la “malversación”: la más extensa y relevante, la de las cuatro funcionarias del Ministerio de Hacienda sobre los gastos públicos incurridos en la preparación y ejecución de la consulta ilegal del 1-O.

Los gastos públicos que debían realizarse o comprometerse para la realización del referéndum que convocaron los integrantes del gobierno, se refieren fundamentalmente a los relativos al desarrollo de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto, los relativos a la campaña de publicidad y difusión del referéndum, los referidos al suministro de papeletas, al censo electoral y a las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizados por Unipost, así como los gastos incurridos por la participación de observadores internacionales y por el uso de Centros docentes públicos como locales de votación.

Aunque el centro de estos gastos se sitúa en las Consejerías de Presidencia, Economía y Hacienda y Exteriores, es decir, bajo el ámbito de competencia de Turull, Junqueras y Romeva, la acusación -por los tipos que veremos- se dirige contra todos los miembros del Gobierno de la Generalitat. Y ello porque, al igual que sucede con el tipo de rebelión, en la instrucción de la Causa Especial se ha considerado que la realización conjunta del hecho implica que cada coautor colabore en una aportación objetiva y causalmente eficaz dirigida a la consecución del fin conjunto, sin que sea necesario que cada partícipe realice todos los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización de éste se llega por la agregación de las diversas aportaciones de quienes se integran en el plan común, siempre que se trate de aportaciones decisivas. En este sentido, como razonó el Juez Llarena, el hecho de que los gastos deriven de la consecución de un objetivo para el que se concertaron todos los miembros del Gobierno y que todos ellos en su conjunto impulsaron con la aprobación del Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum, habiendo formalizado además -a propuesta del vicepresidente y de los consejeros de Presidencia y de Asuntos Institucionales y Exteriores-, un Acuerdo específico en el que todos ellos autorizaban a los diferentes departamentos para que realizaran las acciones y contrataciones necesarias para la realización del referéndum, asumiendo la responsabilidad colegiada y solidaria, puede entrañar una responsabilidad compartida en la desatención del interés al que estaban afectos los caudales públicos, con independencia de las partidas contables tras las que se ocultó el desembolso y el concreto departamento contra cuyo presupuesto se hizo descansar cada uno de los parciales desembolsos en los que se fracciona el total del gasto. Sobre este punto, el acuerdo por el que todos los Consejeros asumían “responsabilidad colegiada y solidaria”, compareció como testigo el Letrado-Jefe de la Asesoría Jurídica del Departamento de Gobernación, quien afirmó el carácter puramente político del acuerdo y su irrelevancia jurídico-administrativa sobre la base del artículo 8 de la Ley 40/2015, cuando dispone que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, de donde se pretende extraer la irresponsabilidad de los Consejeros cuando los gastos no se relacionaban con su ámbito material, pese a haber suscrito el citado acuerdo.

Los tipos penales por los que se acusa son diferentes: en el caso de los acusados por delito de rebelión, están acusados por el artículo 473.2 del Código Penal, que establece como tipo agravado de rebelión el haber “distraído los caudales públicos de su legítima inversión”.

En el caso de los ex Consejeros Mundó, Borrás y Vila, están acusados por delito de malversación. Hasta la reforma del Código Penal de 2015, el delito se restringía a quien “con ánimo de lucro, sustrajere” o facilitare a otro la sustracción de “los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo”. Pero a raíz de la consulta del 9-N abarca una conducta más amplia: la de la “administración desleal”, y castiga ahora a quien teniendo “facultades para administrar un patrimonio ajeno”, lo haga “excediéndose en las mismas” (artículos 432 y 252 del Código Penal).

Las funcionarias han cuantificado los gastos acreditados en 917.600 euros. En realidad, la cuantía concreta no es relevante para la tipicidad de los hechos, no afecta a su calificación: lo que determina que, en el caso de los acusados por malversación, se impondría la pena de cuatro a ocho años en prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado (artículo 432.3). Y, en el caso, de los acusados por rebelión, el artículo 473.2 establece una agravación de la pena, el artículo es una agravación de la pena y su reclamación se ha dejado para los procedimientos contables ante el Tribunal de Cuentas.

Las cuatro peritas, que informaron sobre aspectos jurídico-presupuestarios y contables, pusieron en la sesión del miércoles en apuros a la defensa, que previamente trató de impugnar, de modo extemporáneo, la práctica de esta prueba. Las funcionarias afirmaron haber realizado una “búsqueda de la verdad material” de aquellas “actuaciones de la Generalitat vinculadas con el 1-O” que supusieran un “perjuicio al patrimonio público”, con independencia del reflejo formal del encargo y de las vicisitudes de la factura. Todas ellas dejaron claro que la prestación de un servicio por un tercero implica una contracción de gasto público porque “una vez se ha prestado el servicio, el patrimonio ya está disminuido”. “El perjuicio para la Hacienda Pública no es cuando se paga, que es totalmente irrelevante, indiferente y absolutamente inocuo, sino cuando se entiende realizado el gasto, que es el reconocimiento de la obligación o con la prestación del servicio”, explicó una perita con claridad literaria. Es decir, matizó otra técnica, lo importante es si se ha realizado o no el trabajo, “no tanto si se ha emitido o no la factura”.

Sobre las partidas en concreto, han señalado que Diplocat es un órgano financiado mayoritariamente por la Generalitat que forma parte de la Hacienda Pública catalana, de manera que los gastos asociados a esta entidad comprometen patrimonio público salieron del erario público. Lo mismo sucede con los dos anuncios de las vías del tren emitidos por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que según la Generalitat tienen carácter público, pero sobre los que las peritos han sido tajantes: “los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o los pagan los ciudadanos”.

Por otro lado, está semana también hemos asistido a la resolución del entuerto de a quién correspondía suspender a los presos diputados procesados.

Ha sido finalmente la mesa del Congreso de los Diputados quien les ha suspendido con efectos desde la constitución de la Cámara, el pasado 21 de mayo.

Se había resistido pidiendo un informe al Tribunal Supremo, por eso la Presidenta del Congreso remitió una carta en este sentido al Presidente del Tribunal Supremo pidiéndole un informe sobre el alcance y contenido del art. 384 bis de la LEcrm. Parecía que la competencia para suspender a los diputados podía haber acabado en un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional entre el Poder judicial y el Poder legislativo. Conflicto inédito del que sólo existía un antecedente menor.

No fue así, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contestó de forma inmediata en un oficio parco recordando que no es un órgano consultivo del Poder Legislativo y que su objetivo era isalvaguardar el juicio oral.

La Presidencia del Congreso pidió un informe urgente a los letrados que confirmaron tanto la aplicación del artículo de la Ley de la Enjuiciamiento Criminal como la competencia del Congreso para suspender a los Diputados. De ese informe cabe señalar que los letrados no consideraron aplicable el propio reglamento de la cámara, que prevé también la suspensión en caso de prisión provisional, sino que entendieron aplicable la ley procesal, y señalaron que la suspensión era automática.

Ante esta tesitura no cabía más opción al Congreso que suspender a los diputados, cosa que hizo el pasado viernes. Eso sí, pidiendo un nuevo informe a los letrados sobre los efectos concretos de esa suspensión que, una vez emitido, será objeto de debate en una nueva mesa del congreso.

Lo que más preocupa es la alteración de las mayorías parlamentarias, ya que existen cuatro diputados cuyo voto no computa. Veremos si los letrados del congreso tienen la misma creatividad que los letrados del Parlamento de Cataluña a la hora de definir fórmulas que permitan la sustitución o delegación de los suspendidos.

Queda el Senado, donde Romeva debe ser suspendido por el Pleno de la Cámara conforme a su reglamento, y lo más razonable es que siga el mismo camino que el Congreso en los próximos días.

Si bien se puede considerar que se ha superado el primer escollo que podría afectar a la imparcialidad del Tribunal y a la marcha del Juicio, ahora viene uno más complicado: en las elecciones del pasado 26 de mayo han sido elegidos Junqueras y Puigdemont para el Parlamento Europeo.

Si bien respecto de Puigdemont ya existe informe del Parlamento Europeo sobre la obligación de regresar a España para poder ser eurodiputado y no parece probable que regrese sabiendo que será detenido, respecto de Junqueras sí se plantean problemas, ya que igual que en el caso del Congreso es previsible que el Tribunal le permita recoger su acta ante la Junta Electoral Central y es previsible, por tanto, que adquiera la inmunidad. Ahí esta el problema, la eurocámara sí exige su autorización para continuar el juicio contra Junqueras.

Veremos cómo se solventa este escollo para que no afecte al tramo final del Juicio.

Elecciones europeas: la unión ante los desafíos del siglo XXI

Las elecciones europeas del 26 de mayo tienen un carácter particularmente decisivo. La Unión Europea sufre el acoso interno de movimientos populistas de uno y otro signo, mientras el Reino Unido intenta abandonarla y sus rivales externos (que incluyen ahora a los Estados Unidos de Trump) permanecen al acecho para debilitarla. Solo una ciudadanía que vote de forma responsable e informada puede servir de brújula que permita encontrar la salida de semejante laberinto.

El libro recientemente publicado por la editorial Deusto “La Unión hace la fuerza”, escrito por destacados especialistas y en cuya coordinación he participado junto a Federico Steinberg y Enrique Feás, pasa revista a los principales retos a los que se enfrenta hoy la Unión Europea. ¿Cuál es el apretado resumen de sus conclusiones?

Buena parte de lo que sucede tiene que ver con las consecuencias en Europa de transformaciones estructurales que operan a nivel mundial. Se trata de fenómenos con efectos a largo plazo, como la 4ª revolución industrial y la globalización, el cambio demográfico y sus consecuencias migratorias o la ineludible transición energética.

La 4ª revolución industrial se fundamenta, sobre todo, en la inteligencia artificial y la aparición de una nueva generación de robots más versátiles y baratos. En estos fascinantes desarrollos, liderados por Estados Unidos y bien aprovechados por China, Europa se está quedando rezagada. Para evitar que la brecha con nuestros principales competidores se amplíe, es necesario poner en marcha proyectos europeos comunes, incluyendo los de formación, en vez de actuar en solitario con una anticuada perspectiva meramente nacional.

El fenómeno migratorio es, tal vez, el que mayores tensiones ha generado en la Unión. Los partidos populistas lo instrumentalizan con éxito, pese a tener unos efectos económicos netos positivos en las envejecidas sociedades europeas. Una política migratoria común dotada de recursos suficientes, que permita gestionar y repartir solidariamente esos flujos, además de promover el desarrollo en los países de origen, se ha convertido así en necesaria para la estabilidad de la Unión.

El cambio climático es el tercer fenómeno estructural de dimensiones mundiales que tiene inevitables repercusiones en Europa. Con el fin de limitar el calentamiento global, resulta imprescindible reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Aunque en este ámbito la Unión Europea sí que se sitúa en posiciones de liderazgo mundial, queda aún un largo camino por recorrer. Un ejemplo es la falta de mayores interconexiones entre los sistemas eléctricos nacionales, que permitan crear un verdadero mercado único energético.

Todas estas transformaciones estructurales crean fracturas y divergencias, ganadores y perdedores, tanto entre los países miembros de la Unión Europea como dentro de ellos. Las crecientes desigualdades salariales, las brechas formativas y tecnológicas, las diferencias regionales y generacionales, subrayan la necesidad de potenciar el aún muy débil pilar social europeo.

Junto a estos retos a largo plazo, se acumulan también desafíos más inmediatos, como la normalización de la política monetaria del BCE, la necesidad de complementarla con una nueva política fiscal común, el Brexit o la guerra arancelaria desencadenada por Trump.

El BCE ha sido la institución europea más determinante para superar la Gran Recesión en Europa. Ha salido claramente reforzado tras la crisis, gracias a sus nuevas funciones de supervisión y a la puesta en marcha de políticas no convencionales, como el programa de expansión cuantitativa de compra de deuda. Se plantea ahora el problema de cómo ir normalizando esa política monetaria, para abandonar los tipos de interés anormalmente bajos y recuperar margen de actuación ante futuras crisis. Todo ello sin que se vuelvan a disparar las primas de riesgo en países como el nuestro.

La respuesta a una nueva crisis económica no debería depender únicamente del BCE. Solo cuando la Unión Europea haya avanzado hacia el desarrollo de una política presupuestaria común, podrá desplegar sus políticas económicas con la misma efectividad que otras áreas (como los Estados Unidos). Su inexistencia fue una de las causas principales de la recaída europea en la crisis durante 2012; una segunda fase recesiva que no se produjo en otras zonas. Un acuerdo político renovado, que permita estabilizar el euro, ha de avanzar hacia una Unión Presupuestaria.

Tales reformas habrán de realizarse en medio del entorno inestable y amenazante que dibujan el Brexit y Trump. Por primera vez un país miembro (y uno tan relevante como el Reino Unido) ha decidido dar marcha atrás en un proceso de progresiva integración que parecía imparable. También por vez primera, los Estados Unidos actúan no como aliados e impulsores de ese proceso, sino como desconfiados rivales.

El Reino Unido siempre ha sido un socio problemático: no figuró entre los países fundadores del club y entró en él más tarde a regañadientes, manteniéndose fuera del euro y Schengen. La respuesta a la crisis ha puesto de manifiesto que la Unión Europea deberá encaminarse hacia niveles aún más intensos de integración, lo que para los británicos supone una cesión de soberanía intolerable.

Otro reto no menor para la Unión Europea reside en la presidencia de Trump. Sus políticas proteccionistas suponen una grave amenaza para una Unión, primera exportadora e importadora mundial de bienes y servicios, además de principal emisor y receptor de inversiones extranjeras. La Unión ha sido uno de los principales beneficiarios y agentes del proceso de globalización. Debe, en consecuencia, luchar por preservarlo. Lo que no quiere decir que no sean necesarias reformas para mejorar el desigual reparto de los beneficios de la globalización, así como su gobernanza.

Resulta imposible en el breve espacio de este artículo abordar todos los desafíos que hoy encara la Unión Europea, incluyendo algunos tan relevantes como la posibilidad de crear un ejército común europeo. Tampoco resulta posible hacer plena justicia al libro que se está glosando, donde los temas aquí resumidos (y otros) se analizan con mucha mayor amplitud y profundidad. No querría, sin embargo, terminar antes de haber tratado un último reto: la amenaza populista interna.

Uno de los rasgos que suelen compartir la mayoría de los partidos populistas que han surgido en Europa es su posición crítica respecto al proceso de integración europea (que suelen asociar al elitismo), bien sea porque limita las soberanías nacionales o porque lo asocian a una determinada ideología favorable a los mercados, según se trate de populismos de derechas o de izquierdas. El salto cualitativo en las decisiones supranacionales que ha sido preciso adoptar para hacer frente a la crisis económica, al tener un mayor componente redistributivo, es una de las razones del cuestionamiento que sufren las instituciones europeas. Ello debería contrarrestarse diseñando nuevos mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.

El resultado de las elecciones europeas del domingo 26 de mayo decidirá cómo la Unión hace frente a todos estos trascendentales desafíos. Esperemos que predomine la racionalidad.

Lo que nos jugamos en las europeas. Reproducción de la Tribuna en El Mundo de Elisa de la Nuez

Se lee y habla mucho (con razón) sobre la importancia de las próximas elecciones al Parlamento Europeo; pero quizá se comprende menos lo que nos estamos jugando realmente. A mi juicio, nada más y nada menos que el alma de Europa, es decir, el conjunto de valores y principios sobre los que se fundamenta la Unión Europea. Qué lejos queda ya el escenario que reflejaba Tony Judt en su ensayo titulado Europa ¿Una gran ilusión?, escrito no hace tantos años. Sin embargo, el sueño de Europa es el que sigue empujando a tantos y tantos seres humanos a jugarse la vida para alcanzarlo. Parece que sus propios ciudadanos ya no sueñan con Europa o, lo que es peor aún, la dan por descontada.

Y no deberíamos hacerlo. Tenemos que tener muy presentes los terribles sucesos del siglo XX que dieron lugar a la construcción europea, ya que se nos olvida hasta qué punto nuestro viejo continente se convirtió en uno de los peores sitios del mundo para nacer. Basta con visitar uno de los muchos lugares de la memoria existentes en Europa, ya se trate de un cementerio de la primera o la segunda guerra mundial, de un campo de concentración o simplemente de la placa en una baldosa enfrente de sus casas para recordar a los judíos deportados. Por no hablar de los cientos y cientos de monumentos dedicados a los caídos en las dos guerras mundiales que podemos encontrar en cualquier ciudad o pueblo europeo. Lo cierto es que Europa -pese a los indudables retos e incertidumbres que comparte con el resto del mundo- sigue siendo una isla de paz y prosperidad y sus ciudadanos somos muy afortunados simplemente por haber nacido aquí. Sus 500 millones de habitantes (contando todavía a los británicos) gozan todavía de unos niveles de libertad y seguridad envidiables, pero también de libertad económica, igualdad de oportunidades y movilidad social. Aunque se suele creer lo contrario, el sueño europeo ofrece más movilidad social que el sueño americano.

Lo importante es que estos logros no son una casualidad, como no es casualidad que los países más avanzados del mundo sean los que tienen mejores instituciones. Son consecuencia de unas políticas y de unos valores que se han impulsado desde la UE, como bien saben los países candidatos que tienen que reunir una serie de exigentes requisitos antes de entrar a formar parte de ella. Son valores y principios como el de la preeminencia del Estado de derecho o la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero también los de la meritocracia, la neutralidad institucional y la separación de poderes. En definitiva, son los valores que permiten preservar sociedades abiertas y libres, los valores de la civilización que nunca conviene dar por sentados. Hoy menos que nunca.

Porque es indudable que la UE está amenazada, y lo peor es que esta vez la amenaza viene desde dentro. Y, como bien sabemos los españoles que hemos padecido el desafío independentista, es mucho más complicado defenderse de los ataques que surgen de las propias instituciones que de los ataques exteriores. La realidad hoy es que los partidos populistas y euroescépticos están creciendo enormemente en Europa y su voluntad declarada no es ya acabar con la Unión y recuperar competencias para los viejos Estados-nación -probablemente la experiencia del Brexit les ha enseñado la dificultad cuando no la imposibilidad de conseguirlo-, sino sencillamente transformar la Unión desde dentro, para convertirla en algo muy diferente. Así lo han declarado líderes populistas como Marine Le Pen y Matteo Salvini, que hablan ya de una “nueva Europa” cuyas instituciones serían probablemente más parecidas a las de Polonia y Hungría. Ya saben: hablamos democracias iliberales en camino de convertirse en autocracias con elecciones como Rusia o Turquía. En todo caso, el problema es que sus partidos (que forman parte junto a otros de extrema derecha del grupo Europa de las Naciones y las Libertades) tienen muy buenas expectativas de voto en las próximas elecciones.

Por el contrario, los grupos conservador y socialdemócrata se enfrentan más que probable pérdida de escaños. No obstante, al menos si les juzgamos por las listas de nuestros partidos nacionales (PP y PSOE) no parece que esta perspectiva les haya hecho modificar su comportamiento tradicional de considerar las listas europeas como una especie de retiro dorado o jubilación de lujo para políticos más o menos amortizados o simplemente molestos. Lo que considero una grave irresponsabilidad porque con total seguridad los partidos populistas van a dar la batalla en esta legislatura y el papel del Parlamento europeo va a ser crucial.

Nos olvidamos los ciudadanos y se olvidan los políticos efectivamente de hasta qué punto nos afectan las decisiones europeas en nuestra vida diaria. No ya porque algunos problemas sean globales e imposibles de solucionar a escala nacional, desde el calentamiento global a los impuestos de las grandes multinacionales tecnológicas, sino también porque de manera creciente nuestra normativa y nuestra jurisprudencia, dos elementos esenciales de nuestro Estado de derecho,dependen de decisiones que se adoptan en el ámbito europeo. Pensemos, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las claúsulas suelo de las hipotecas en la que se sentenció que los bancos que la incluyeron con falta de transparencia tenían que devolver el dinero a sus clientes no desde el 9 de mayo de 2013, como había declarado el Tribunal Supremo español, sino desde su aplicación. O, en otro ámbito, con la decisión de un tribunal alemán sobre la euroorden de Puigdemont o en el probable recurso de las defensas del juicio del procés ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hace tiempo que los juristas conocemos la importancia del Derecho europeo; es necesario que los ciudadanos también lo sepan.

Pero no solo eso. Cuando el legislador nacional arrastra los pies en temas complejos cada vez es más fácil que se le adelante el legislador europeo. Ahí tenemos afortunadamente la aprobación de la nueva Directiva sobre protección de denunciantes de corrupción cuando en España hemos sido incapaces de aprobar una norma estatal equivalente en la última legislatura, pese a su evidente necesidad y a que la corrupción sigue siendo una de las preocupaciones más importantes de los españoles. O el nuevo Reglamento europeo de protección de datos que entró en vigor hace un año y es de aplicación directa en la Unión. Podemos hablar también de las normas sobre calidad alimentaria, de la regulación de los servicios turísticos, del sistema financiero o sencillamente del roaming. Y de otros tantos ejemplos que harían este artículo interminable. Lo importante es darse cuenta de hasta qué punto la regulación europea afecta -para bien- a nuestra vida cotidiana.

Estas cuestiones un tanto abstractas no son suficientes para estar orgullosos de ser europeos; los seres humanos necesitamos también relatos que nos hagan sentir que formamos parte de una colectividad. Aunque a veces basta desplazarse a otro continente para darse cuenta de hasta qué punto nos parecemos los europeos entre nosotros frente a los americanos o los australianos es indudable que hay que reforzar los lazos afectivos y emocionales que nos unen. En ese punto, como bien saben los nacionalistas, los símbolos y la educación son muy importantes, ya se trate de las banderas y los himnos o de la enseñanza de un pasado común que se proyecte en un futuro común.

Por último, es indudable que hay que reforzar los aspectos sociales y protectores de la UE, la “Europa que protege” por usar la expresión del presidente Macron. El nuevo contrato social que están reclamando nuestras sociedades -y cuya ruptura es la causa fundamental de los movimientos populistas- tiene que rehacerse a nivel europeo; para eso es esencial abordar cuestiones como el de un seguro de desempleo europeo o un sistema de salario mínimo europeo. La lucha contra la desigualdad puede ser más efectiva si se hace a nivel trasnacional. En definitiva, y parafraseando a Konrad Adenauer, resistente frente al nazismo y uno de los padres de la UE, sólo nos queda una vía para salvar nuestra libertad política, nuestra libertad personal, nuestra seguridad y nuestra forma de vida, y esa vía pasa por una Europa mejor. Es la convicción de que el día 26 de mayo nos jugamos el alma de Europa la que me ha llevado a dar el paso -nada sencillo para una profesional en ejercicio- de presentarme como candidata independiente al Parlamento europeo en las listas de Ciudadanos con la finalidad de seguir defendiendo el Estado de derecho y la regeneración institucional desde la mejor plataforma posible: la de las instituciones europeas.

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