Ya está abierto el plazo de votación de las candidaturas de la V Convocatoria del Premio Hay Derecho. Otro año más, desde la Fundación Hay Derecho, queremos premiar la labor, la trayectoria y la conducta de aquellos ciudadanos y entidades que luchan (a través de denuncias, campañas, proyectos, difusión y comunicación, investigación, recursos administrativos o judiciales o cualquier otro tipo de actuación) por el Estado de Derecho, la transparencia y en contra de la corrupción.

Este año contamos con catorce candidaturas excepcionales. Os la presentamos aquí:

Teresa Freixas: Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, ha sido catedrática de Derecho Constitucional y Catedrática Jean Monnet ad personam. Experta de la Comisión Europea, ha participado en la elaboración del Tratado de Ámsterdam, la Carta de los Derechos Fundamentales, la Constitución Europea y el Tratado de Lisboa. En 2017, la doctora se convirtió en la cara visible de la recién nacida agrupación “Concordia Cívica”, un conjunto de entidades que trabajaban para garantizar en Cataluña la pervivencia del Estado de derecho, la democracia, los derechos fundamentales y la igualdad de todas las Comunidades Autónomas. Este año, Teresa ha sido ganadora del premio a la Tolerancia concedido por la Asociación por la Tolerancia por su activismo incansable en la difusión de los valores constitucionales a lo largo de su carrera.

Joan Llinares: Fue director ejecutivo del Palau de la Música Catalana tras el conocido como caso Palau o caso Millet. Desde su cargo en el Palau dirigió la investigación y auditoria del Caso Millet, reorganizó la institución, dirigió los servicios jurídicos y de fiscalización, colaborando con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Cesó a petición propia, ultimada su labor. Desde 2017 dirige la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, un instrumento de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción con capacidad para proteger a las personas denunciantes. Su finalidad primordial es fortalecer la actuación de las administraciones e instituciones públicas valencianas para evitar que se produzca un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía valenciana.

Plataforma Cívica por la Independencia Judicial: Una entidad de carácter transversal y no profesional, plural, democrática y absolutamente independiente de los poderes públicos u otros grupos, ya sean políticos, sindicales, empresariales o de cualquier índole. Fue creada en 2011 para apoyar el denominado “Manifiesto por la despolitización e independencia policial”, un documento programático subscrito por más de 1.500 jueces de toda España. No sólo agrupa a miembros de la carrera judicial, sino a colectivos como abogados, universitarios, fiscales y otras profesiones jurídicas e incluso ajenas al mundo del Derecho. Desde entonces la Plataforma ha desarrollado una intensa labor tanto dentro como fuera de la judicatura.

Foro Judicial Independiente: Desde el año 2002 la asociación Foro Judicial Independiente lucha por una mejora de la Justicia, así como por una mejora de las condiciones laborales y profesionales de las personas que componen el sistema judicial. Creen en el poder asociativo como medio para lograr estos y otros objetivos. Es una asociación joven y pequeña, pero con una fuerte implicación en la defensa de los derechos democráticos. Surge ante la decepción de jueces y magistrados con un movimiento asociativo que no sabía defender adecuadamente sus derechos profesionales, preocupado exclusivamente en acceder a nombramientos discrecionales, con un CGPJ cada día más politizado y constantes reformas de la LOPJ que empeoran las circunstancias laborales de los jueces.

Carmen Launa: Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es Fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde 2004, por unanimidad del Consejo Fiscal. En el ejercicio de esta posición ha intervenido en diversos procedimientos, entre los que destacan la Estafa piramidal de los años 90 (Caso GRUPO ALFARO), Caso Falciani (HSBC), Caso LGT BANK LIECHTENSTEIN o Paradise Papers, entre otros. Además, cabe resaltar su labor en el Juicio oral por fraude de inversores vinculado a la salida a bolsa de BANKIA, de 2018 a 2019.

Rafael Alsina: Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Barcelona y catedrático de enseñanza secundaria, ejerció como profesor de su especialidad a lo largo de 22 años, de los cuales 7 como director de un Instituto de Barcelona. En el año 2003 ingresó en el Cuerpo de Inspectores de Educación por oposición libre. En la actualidad sigue ejerciendo como inspector en Barcelona, concretamente en la zona de Badalona. Fue restituido por el TSJC tras ser purgado por denunciar el uso de colegios para la consulta del 9-N en Cataluña.

Carlos Granados: Es director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid desde finales de 2018. Es Magistrado Emérito de la Sala Penal del Tribunal Supremo, habiendo sido Magistrado de esa Sala desde junio de 1992 hasta 2017. Durante el periodo de 2012-2017, fue Presidente de la Junta Electoral Central de España y de 1994 fue nombrado Fiscal General del Estado y Consejero de Estado, cargo que ocupó hasta 1996, reintegrándose a la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets Oto: Han sido inspectores de entidades de crédito del Banco de España. Fueron designados por el Banco de España para asistir en el Caso Bankia al Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional. Su trabajo comenzó a mediados de 2013 y a finales de 2014 entregaron sendos informes, concluyendo que los estados financieros de BFA y Bankia desde su fundación hasta la reformulación de cuentas de 2011 no expresaban la imagen fiel de esas entidades y que, en consecuencia, el folleto de emisión de la OPS de Bankia de 2011 contenía información falsa.

Plataforma en Defensa por la Libertad de Información (PDLI): Integrada por medios de comunicación, organizaciones de periodistas y de abogados, conocidos activistas y Universidades, la Plataforma en Defensa por la Libertad de Información (PDLI) se ha convertido, desde su constitución en noviembre de 2014, en una referencia en la denuncia de los abusos contra la libertad de expresión e información en España. La PDLI defiende la libertad de expresión y de información allí donde sea atacada, sea en los medios, en las calles o en la Red.

S’HA ACABAT: Es una entidad formada por jóvenes que ante el deterioro democrático en Cataluña y la constante vulneración de los derechos de todos han decidido plantarse. Estos jóvenes se movilizan en defensa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña y resto de España y el respeto a la pluralidad de ideas en nuestra sociedad. Esta organización busca difundir, popularizar y proteger los valores constitucionales en el conjunto de la sociedad española, además de asegurar y fortalecer el pluralismo y la diversidad ideológica y lingüística de la sociedad catalana. Con sus acciones, tratan de fomentar la convivencia de los catalanes entre sí y con el resto de los españoles, así como potenciar y fomentar el activismo político constitucionalista, especialmente entre la gente joven.

Cecilio Sánchez Alacid: Lleva a cabo una importante labor de difusión y apoyo a distintos movimientos sociales que tienen lugar en el ámbito geográfico de la Región de Murcia y, fuera de ella. Bajo lemas como: “La realidad contada por sus protagonistas”, o “La gente somos los medios” viene desplegando una labor social, altruista y solidaria. Entre otras cosas, ha participado como vocero y emisario de la Plataforma Pro-Soterramiento de las Vías de Murcia. Bajo el nombre de ceciliocean.es su web y sus dominios en Internet son accesibles y abiertos a quien quiera acceder a ellos.

#CienciaenelParlamento: Es una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo que el conocimiento científico sea fuente de información en la formulación de propuestas políticas. Esta organización promueve una cultura política cercana a la ciencia y una actividad científica centrada en las necesidades de la sociedad. Para lograrlo, se pretende que los responsables políticos y el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación en España mantengan contactos regulares que faciliten el empleo del conocimiento científico en el proceso de toma de decisiones políticas. Para esto #CienciaenelParlamento propone una oficina de asesoramiento científico legislativo en el Congreso de los Diputados como ya existe en los países de nuestro entorno.

Elena Biurrun: Alcaldesa de Torrelodones durante los últimos 8 años. Ha liderado durante 15 años un movimiento vecinal que ha transformado la administración en Torrelodones de acuerdo con unos claros principios rectores: intransigencia con el clientelismo y la corrupción, transversalidad ideológica, transparencia, participación pública, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y orientación de la política hacía la resolución de los problemas de los ciudadanos. Elena y los grupos que ha dirigido (Torrenat y Vecinos por Torrelodones) han sido pioneros e innovadores en la puesta en marcha de cambios que se han ido incorporando a la gestión pública española. La apuesta por la transparencia se concreta en convertir a Torrelodones en el primer Ayuntamiento que publicó sus datos fiscales y económicos a través de la Fundación Civio, en aparecer en las primeras posiciones de los rankings de transparencia, o en crear y dotar de recursos al servicio de atención al vecino. Con su trabajo ha logrado dar un giro a la política local situando las necesidades de los vecinos como única guía en la toma de decisiones.

Antonio Agúndez: es abogado desde 1995, Vicepresidente de la Asociación “Abogados y ciudadanos pro Estado de Derecho (APROED) y ex -Presidente de la “Asociación de letrados por un turno de oficio digno” (ALTODO). Cabe destacar su actuación como letrado defensor, en calidad de Abogado designado a través del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en lograr la estimación de un recurso de amparo constitucional, reivindicando el efectivo derecho de defensa de un ciudadano bajo detención policial (STC 21/2018, de cinco de marzo de 2018 (BOE 13-04-2018), en la que el Tribunal Constitucional reacciona a una viciada práctica policial en la aplicación de la Directiva 2012/13/UE).

El plazo para votar vuestra candidatura favorita es hasta el 30 de noviembre. Todas las votaciones se hacen a través de la web, donde se puede votar una única vez. Una vez finalizado el plazo de votación, las cinco propuestas más votadas serán sometidas a la deliberación de un jurado compuesto por miembros del equipo de gobierno de la Fundación y por miembros de las entidades con las que la Fundación ha firmado un convenio de colaboración. La candidatura seleccionada recibirá el premio en un evento organizado por Hay Derecho en febrero de 2020.

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Maria Jose Infante