VII PREMIO HAY DERECHO 2022
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Access Info Europe es una organización de derechos humanos fundada en Madrid en 2006 y dedicada a la promoción y protección del derecho de acceso a la información en Europa y el mundo. Access Info promueve la participación pública en la toma de decisiones para facilitar la fiscalización de los gobiernos.
Esta organización gestiona diversos proyectos diseñados para fomentar el derecho a la información con el fin de aumentar la participación y la rendición de cuentas, defender los derechos humanos y promover la democracia. Las actividades incluyen la combinación de investigación y observación, la elaboración de normas, campañas para la reforma legislativa y litigios sobre cuestiones estratégicas. Access Info también proporciona apoyo y formación para la sociedad civil y los periodistas y contribuye a desarrollar el activismo por la transparencia en la sociedad civil en Europa, construyendo una red de organizaciones nacionales dedicadas a asegurar una mayor transparencia en la práctica.
Entre los impactos logrados por Access Info, se encuentran: el liderazgo de la fundación de la Coalición Pro Acceso, plataforma destinada a la promoción de la transparencia y el acceso a la información a nivel nacional, que tuvo como misión inicial la aprobación de una Ley de Transparencia en España. Gracias a su esfuerzo y de otras organizaciones pro transparencia logró en 2013 la aprobación de la primera Ley de Transparencia en España.
Además apoya permanentemente a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de su derecho a acceder a la información. También coordina importantes campañas para la mejora de la Ley, especialmente para lograr el reconocimiento del derecho de acceso a la información como derecho fundamental. Lleva a cabo litigios para defender el derecho de acceso a la información; en 2017 logró la primera referencia en un fallo de la Audiencia Nacional a la jurisprudencia del TEDH sobre acceso a la información como derecho fundamental. Participa activamente dentro del Foro de Gobierno Abierto y ha promovido ambiciosos compromisos dentro del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto. Entre los que se encuentran: la inclusión de debates con el CEPC, la reforma de la Ley de Transparencia, la firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos.
La AEB es una asociación formada por padres, madres y miembros de la comunidad educativa que nace en el año 2014 con tres objetivos prioritarios: garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en las lenguas oficiales en Cataluña; representar y defender ante las administraciones y ante los órganos judiciales los derechos e intereses particulares de sus asociados y los intereses generales de los usuarios del sistema educativo; defender la neutralidad política e ideológica en los centros educativos.
El sistema educativo catalán excluye al español como lengua vehicular, a pesar de que la legislación y jurisprudencia establece que catalán y castellano deben ser lenguas en la enseñanza. La AEB asesora y representa sin coste alguno a las familias, para conseguir que sus hijos puedan estudiar también en castellano.
Gracias a los recursos interpuestos por la AEB, casi un centenar de familias han conseguido sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligan a la Generalitat, a garantizar como mínimo un 25% de horas en castellano. Las sentencias se aplican al grupo clase completo del alumno demandante.
En defensa de los intereses generales, la AEB denuncia publicamente las irregularidades de la denominada “escuela catalana”. Las denuncias se centran especialmente en la discriminación de los alumnos castellanohablantes y en la falta de neutralidad de los centros educativos. En este punto cabe destacar la elaboración de informes que evidencian la vulneración de las leyes en vigor y la instrumentalización de la escuela en Cataluña como por ejemplo el Informe sobre los proyectos lingüísticos de los centros públicos en Cataluña o Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre
Sus intervenciones ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo (PETI) han supuesto que, por primera vez, el Departamento de Educación de la Generalitat y el Gobierno de España, deban dar explicaciones a las instituciones europeas sobre la situación de los alumnos castellanohablantes en Cataluña. Actualmente PETI estudia el envío de una misión de europarlamentarios a Cataluña, para valorar in situ los hechos denunciados.
En 2019 se reunió con el relator especial de Naciones Unidas al que presentó un informe sobre la discriminación de los alumnos castellanohablantes en Cataluña. Desde su fundación, la AEB ha estado comprometida con la defensa de los valores constitucionales y con la igualdad de derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en Cataluña.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales es una de las tres asociaciones de fiscales en España, creada en el año 2014 con vocación de defensa de la independencia y despolitización de la Fiscalía, así como la lucha contra la corrupción desde el sistema judicial.
La APIF ha desarrollado una continua labor de defensa de la profesión fiscal y del buen funcionamiento de la Fiscalía lo que le ha llevado a entrar por primera vez este mayo de 2022 en el Consejo Fiscal, el órgano consultivo de la Fiscal General del Estado, para desde ahí, seguir luchando contra la politización de la Fiscalía. Su presidente, Salvador Viada, ha alertado públicamente en muchas ocasiones de desviaciones en la independencia de la Fiscalía como, por ejemplo, el nombramiento de la actual Fiscal General del Estado, estrechamente vinculada al Gobierno o las irregularidades internas en la Fiscalía con el nombramiento de fiscales, entre otras cuestiones.
Con el fin de defender estos principios APIF ha llevado a cabo distintas acciones, como la presentación de demandas para la creación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales específico para el Ministerio Público o la denuncia ante la Comisión Europea de la reforma que pretende convertir a la Fiscal General del Estado en Fiscal de Sala del Tribunal Supremo tras su cese, lo que conlleva una profundización de la politización de la institución.
Además, la APIF ha elaborado un catálogo de medidas para la lucha judicial contra la corrupción entre las que se contemplan: garantizar la imparcialidad efectiva de los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de la delincuencia económica, cambiando el modelo de designación del CGPJ, exigiendo controles en las puertas giratorias de jueces y fiscales y suprimiendo los aforamientos de los cargos públicos. También abogan por la transparencia en la actuación del Fiscal General del Estado, especialmente en lo referente a sus relaciones con el Gobierno y defienden su deber de abstención en aquellos asuntos en los que pueda verse afectada su imparcialidad.
Cosital es un colectivo de profesionales que trabajan en los Ayuntamientos y demás Corporaciones Locales de España y cuya tarea consiste en facilitar que la acción de los Gobiernos Locales se lleve a cabo conforme a la normativa de un Estado de Derecho.
El Ordenamiento jurídico les reserva unas funciones de carácter público obligatorio en dichas administraciones, tales como la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, la tesorería y la recaudación. Funciones que se ejercen al servicio de la ciudadanía y bajo la dependencia de los órganos de gobierno de los Entes Locales democráticamente elegidos.
Actualmente es un colectivo formado por más de 6.000 profesionales que al servicio de los ciudadanos, trabajan en las entidades locales realizando informes, asesorando jurídicamente a los alcaldes, dando fe pública de los actos y acuerdos y emitiendo certificaciones de los mismos, realizando labores de contabilidad y tesorería, asesorando durante los procesos electorales, y colaborando en el cumplimiento de la legalidad en la administración más cercana y mejor valorada por el ciudadano español, la Administración Local.
Regulados por primera vez en la Constitución de Cádiz de 1812, este cuerpo de funcionarios locales ha mantenido su presencia en todos los ayuntamientos de España hasta la fecha. Durante estos años el colectivo SITAL ha contribuido a la modernización de los ayuntamientos españoles, así como a su democratización, estando presente en los procesos electorales locales desde la aprobación de la Constitución Española y también ha contribuido, a su modernización y a la simplificación de los procedimientos administrativos, en definitiva al acercamiento de la administración al ciudadano.
Equipo Europa es una asociación juvenil, apartidista y sin ánimo de lucro que trabaja para acercar la Unión Europea a la juventud y promover la participación de los jóvenes en la vida política.
Originalmente la asociación surgió con ocasión de la campaña denominada #EstaVezVoto mediante la cual el Parlamento Europeo buscaba promover la participación electoral en las elecciones europeas de 2019 y desde entonces no han dejado de incentivar la participación, los valores europeos y el conocimiento de sus instituciones entre los más jóvenes. A día de hoy han logrado presencia en las 17 comunidades autónomas, así como fuera de España, y suman más de 3000 personas asociadas.
“Una juventud que aspira a más” para plasmar las iniciativas y trasladar las aspiraciones de los jóvenes hacia las instituciones europeas, y “#UnÁrbolPorEuropa,” para luchar contra la deforestación en Europa, son solo dos de las campañas en su larga lista de actividades, entre las que se incluyen también la organización de Cursos de Verano, artículos y EUsletter que acerca el día a día de las instituciones europeas a la juventud.
Desde Equipo Europa han puesto en marcha el EU Youth Lab, un programa de seguimiento de políticas y proyectos relacionados con la UE y recomendaciones. En una primera edición, realizaron un análisis del instrumento de recuperación Next Generation UE y del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. En esta segunda edición, la investigación se centra en el ámbito de la salud mental en el contexto del Covid-19.
Han llevado su voz reivindicativa a numerosos foros, entre ellos la reciente Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que han participado activamente formulando, entre otras, propuestas de índole electoral, para mejorar la representación de la ciudadanía en las instituciones europeas. En concreto, en 2021 organizaron el Foro x el Futuro de la UE que presentó a las instituciones europeas 95 propuestas, una sexta parte de las cuales dedicada al tema de Estado de Derecho.
Fiscal de carrera desde el año 2003 y actualmente fiscal en la Fiscalia Provincial de Madrid, Stampa Fuente destaca por su lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Entre los años 2008 y 2016, en su destino como Fiscal en Las Palmas, dirigió arduas investigaciones en las principales causas de corrupción abiertas en Lanzarote. Persiguió con determinación complejos delitos de corrupción urbanística como el caso Yate, el caso Unión, el caso Montecarlo y el caso Stratvs.
Este trabajo profesional, eficaz y de máxima entrega, le llevó a obtener en 2016 la plaza de Fiscal en comisión de servicios para trabajar en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada en Madrid. Durante su etapa como fiscal en Lanzarote y Fuerteventura también se encargó de causas relacionadas con delitos medioambientales, compaginando esta tarea con el resto de asuntos que llegaban a los juzgados de Arrecife, incluyendo casos de homicidios.
Como fiscal Anticorrupción en Madrid, desde 2016 a 2020, ha dirigido la investigación en varias piezas del caso Gürtel (entre ellas la de Arganda y la pieza nº 5 contra CAMPS por el tema Fitur, llevándole a juicio pendiente de celebrar). Asimismo, ha sido el fiscal del caso del sindicalista Fernández Villa, en Asturias, sobre el gran fraude de subvenciones para la construcción de un geriátrico. Desde un pequeño despacho en el centro de Madrid, junto con su compañero Miguel Serrano, destapó y llevó adelante el caso Tándem, la mayor trama de corrupción política y policial de la democracia con tres años de investigación y hasta 30 piezas separadas de causa. Un trabajo que en 2020 le costó su plaza en Anticorrupción, puesto que no fue renovada tras el acoso y ataques cruzados que tan injustamente recibió.
Twitter: https://twitter.com/IgnacioStampa
Ingeniero técnico de telecomunicación y activista en favor de la transparencia del sector público y en especial de la contratación pública. Es especialista en bases de datos, datos abiertos y reutilización de datos del sector público, información que comparte públicamente con el objetivo de visibilizar la opacidad y promover la transparencia y la eficiencia en las administraciones públicas.
Ha participado como ponente o invitado experto en foros como el Congreso Internacional de Ciudadanía Digital y el Foro Internacional de Contenidos Digitales. Además, ha colaborado con instituciones como la Secretaría de Estado de telecomunicaciones o el proyecto Aporta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y en universidades como la Universidad de Cantabria y la Universidad Europea del Atlántico.
Como activista, en los últimos años ha intensificado su actividad, que ha tenido una proyección divulgativa muy relevante a través de la red social Twitter, donde ha sido capaz de atraer el interés de numerosas personas por el funcionamiento de las administraciones y organismos públicos y los espacios de opacidad u otras barreras a la transparencia y la vigilancia para evitar abusos de poder. Asimismo, es muy activo haciendo propuestas de mejora sobre los fallos que detecta.
Ha realizado diversos proyectos, entre ellos: “El mapa de la contratación pública en Cantabria” un portal interactivo que permite el acceso libre a las adjudicaciones de contratos públicos de Cantabria a través del cual ha podido comprobar la estrecha relación entre las listas electorales de candidatos políticos de la región y la adjudicación de un millón y medio de euros en contrataciones. “La Donación” es otro proyecto realizado en 2021, donde investiga las sospechas de corrupción en la Casa Real. Actualmente Jaime Gómez-Obregón está trabajando por la apertura de los datos del Registro Mercantil, datos de naturaleza pública pero que, sin embargo, solo son accesibles mediante un pago. En 2020 recibió el premio Curiosity Data Science Iberian Awards, por su iniciativa para visibilizar irregularidades en la contratación, destacando como «uno de los mejores proyectos de ciencia de datos de España y Portugal».
Twitter: Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) / Twitter
LinkedIn: Jaime Gómez-Obregón – Flâneur – Jaime Gómez-Obregón | LinkedIn
Activista incansable por la transparencia, Luisa Izuzquiza lleva a cabo investigaciones, campañas y litigio estratégico con el fin de avanzar y fortalecer el derecho de acceso a la información en Europa. Luisa ha trabajado en Access Info Europe, el Corporate Europe Observatory, como consultora de comunicación para XNET y actualmente en la organización alemana FragDenStaat (‘Pregúntale al Estado’).
Fue cofundadora y gestora de proyectos hasta 2018 del proyecto “Medical Response to Refugees”, de ayuda médica a mujeres refugiadas llegadas a Grecia, donde participó como fundraiser y portavoz.
En 2018, Luisa fue, junto con su compañero Arne Semsrott, la primera persona en llevar ante los tribunales a Frontex, la agencia europea de control de fronteras por su falta de transparencia en las operaciones llevadas a cabo en el Mediterráneo central. Desde entonces, Luisa ha vuelto a litigar por acceso a información contra Frontex en colaboración con la organización de rescate Sea-Watch, y contra el Parlamento Europeo; y con anterioridad, contra la Comisión Europea. Luisa realiza también investigación utilizando distintas leyes de transparencia en Europa; sus investigaciones han revelado la complicidad de Frontex en violaciones de derechos humanos o la relación que la agencia de fronteras europea mantiene con la industria armamentística y de seguridad.
Maldito Dato desarrolla una labor de difusión de información pública, datos, publicaciones e informes de las Administraciones y Gobiernos producto de las solicitudes que realizan por Ley de Transparencia. Su trabajo en la lucha contra la desinformación, fiscalización de poderes públicos, promoción de datos abiertos y monitorización del discurso político contribuyen a la transparencia y el acceso a la información pública.
Entre 2019 y 2020, Maldito Dato ha realizado más de 1.000 peticiones de información pública a nivel nacional; autonómico y local, y europeo. Algunas de estas solicitudes han resultado en investigaciones periodísticas que han marcado agenda en temas de transparencia entre los que destacan: la publicación de los integrantes del Comité de Expertos del Gobierno en plena pandemia, luego que el Ministerio de Sanidad entregase los datos en respuesta a la insistencia de Maldito Dato por una solicitud de acceso a la información pública; o la publicación de la comunicación de la Comisión Europea al Gobierno español en donde se indicaba que no habría una sanción ante la baja de impuesto en las mascarillas. Este trabajo exclusivo de Maldito Dato tuvo gran impacto en la agenda pública y política al desmentir la versión oficial entregada por el Ejecutivo, comprobando que el organismo negaba la baja del impuesto pese a haber recibido el comunicado de la Comisión Europea. Otros ejemplos de publicaciones no relacionadas con el coronavirus, pero que han supuesto un ejemplo de trabajo periodístico protransparencia son: el registro del Falcon, que permitió conocer realmente cuántos viajes en Falcon han realizado los presidentes del Gobierno de España, información que se mantuvo privada hasta la publicación realizada por Maldito Dato, investigación realizada con el uso de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que marcó un precedente para el acceso a este tipo de información; o las cuentas de los grupos municipales de los partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid, fiscalizando a los partidos políticos y exponiendo en qué se gasta el dinero público.
Entendiendo que la desinformación es un problema para la democracia, y en la búsqueda por incentivar la transparencia, en los dos últimos años Maldito Dato ha elaborado alrededor de 100 piezas periodísticas con el objetivo de hacer pública la información conseguida a través de las solicitudes realizadas por Ley de Transparencia. Además, desde Maldita.es, también se han presentado propuestas para el reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Asimismo, Maldito Dato desarrolla publicaciones con hechos y datos a través de una metodología, pública en el sitio de Maldita.es, con tres niveles de verificación, utilizando lenguaje cercano y aterrizando la información compleja a una narrativa explicativa para el completo entendimiento por parte de la ciudadanía.
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y máster en Comunicación por la Universidad de Columbia-Missouri, donde estudió con una beca Fulbright. Es también graduado en Derecho por la UOC y miembro del Colegio de Abogados de Madrid. Como periodista posee una dilatada experiencia periodística en el periódico El Mundo, como redactor jefe de Interviú, subdirector de Tiempo, subdirector de Público y director de infoLibre y desde marzo de 2020 es director de investigación de infoLibre.
En los últimos dos años ha incorporado a sus investigaciones un intenso trabajo en favor de la transparencia, continuando sus peticiones de acceso a información pública con litigación que se puede considerar estratégica a fin de que las administraciones cumplan con su deber. Esta actividad de activismo jurídico se ha desarrollado principalmente a base de sobreesfuerzo personal. Su trabajo de investigación más conocido ha estado centrado en los fallecimientos de las residencias en la Comunidad de Madrid durante la pandemia para tratar de conocer y sacar a la luz todas las causas y los responsables si los hubiera. En el curso de estas investigaciones sacó a la luz los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid, hasta entonces desconocidos. Como parte de este trabajo dirigió a las diecisiete comunidades autónomas peticiones oficiales de acceso a información pública. Esta labor de investigación ha sido recogida en el libro “Vergüenza, el escándalo de las residencias”, y después ha sido continuada ejerciendo acciones judiciales en los casos en que las administraciones públicas de diferentes comunidades autónomas no han cumplido con sus obligaciones de transparencia.
Recibió en 2020 el premio José Couso de Libertad de Prensa, otorgado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG). En el año 2021 recibió el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Periodista Especializado y el premio José Couso de libertad de prensa.
Twitter: Manuel Rico (@manuelrico) / Twitter
LinkedIn: Manuel Rico Prada – Director de investigación – infoLibre.es | LinkedIn
Periodista con amplia experiencia en gabinetes de prensa de la administración pública y, fundadora y presidenta de la Asociación vida, de mujeres viudas y madres de hijas e hijos huérfanos -con alcance internacional-, ha luchado por la igualdad de derechos de las personas ante la administración pública y por combatir la discriminación que sufren las familias no tradicionales y la desigualdad de género en el cobro de las pensiones de viudedad.
A partir de una fuerte experiencia personal en la que se le negó el acceso a una pensión de viudedad por ser registrada como pareja de hecho y haber cobrado 1 céntimo más que su difunto marido en la última declaración de ambos, constituyó la Asociación Vida en mayo de 2019.
La asociación ha abierto el debate público y el activismo a favor del Estado de Derecho en los siguientes temas: la feminización de la viudedad y los estereotipos asociados a la misma; la discriminación a efectos de la pensión de viudedad entre distintos modelos de familia (el matrimonio y las parejas de hecho); y, por último, el impacto económico y social para los hijos menores huérfanos.
Su activismo ha sido capaz de poner en la agenda mediática y política el problema de discriminación en el sistema de aplicación de las pensiones de viudedad, haciendo presente el debate sobre la necesaria reforma legal en numerosos medios de comunicación locales, autonómcios y estatales; y llevando las propuestas y argumentos del cambio a diversas instituciones como ayuntamientos y Parlamento Europeo, donde llegaron a comparecer.
Su incansable trabajo con el Gobierno de España y los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se basó en evidencias sobre las discriminaciones producidas y en sus propuestas de cambio legislativo acompañado de análisis jurídico y del impacto económico de las medidas legislativas propuestas.
Finalmente, desde la Asociación Vida, lograron, en diciembre de 2021, el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, para reformar el art. 221 de la Ley General de la Seguridad Social, a través de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Esta reforma sirve para equiparar los requisitos exigidos en relación con las pensiones de viudedad a matrimonios y parejas de hecho registradas.
Twitter: https://twitter.com/silviaonate
La World Compliance Association viene contribuyendo al buen funcionamiento de las instituciones, la transparencia, la lucha incansable contra la corrupción y los frenos al abuso de poder. Su meritoria labor de sensibilización en materia de cumplimiento mediante la permanente participación en foros abiertos, redes sociales, eventos y conferencias en más de 16 países iberoamericanos. A través de sus Comités Técnicos y de Estudios, realiza investigaciones de Compliance en distintos ámbitos, con el objetivo de generar contenido que impulse la actividad de la organización.
La World Compliance Association apuesta por, en primer lugar, la formación mediante WAC Academy como proyecto social para difundir y generar una cultura ética entre los niños y niñas adolescentes entre 10 y 17 años, basada en los valores de transparencia, integridad, igualdad y responsabilidad. Proyecto galardonado con el Premio Expansión 2021 como mejor iniciativa ética. En segundo lugar, lleva a cabo una labor de divulgación a través de la Biblioteca WAC, el mayor espacio de descarga gratuita de documentos en compliance. Por último, lleva a cabo una permanente colaboración con organismos en materia de promoción de la importancia de la cultura del cumplimiento con importantes aportaciones de sus miembros como Noelia Romero.
Además, ha puesto en marcha el Observatorio Internacional de Compliance, con el objetivo de crear un sistema de investigación en relación al seguimiento de prácticas de Compliance a nivel internacional.
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