CANDIDATURAS AL VIII PREMIO HAY DERECHO
Vota tu candidatura favorita entre el 1 y el 29 de septiembre a las 12:00
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ÁLVARO ALARCÓN ALBERT
Ciudadano
Álvaro Alarcón, de 35 años, es un ciudadano que, sin ninguna formación jurídica, valiéndose de fuentes abiertas y de recursos ofrecidos por la propia administración, como el turno de oficio, o apoyándose en la información del Sindicato Independiente, que ofrece servicios jurídicos laborales de calidad sin necesidad de desembolsar grandes cantidades de dinero, persigue la corrupción en las instituciones y la clase política desde hace más de una década.
Alarcón, que cuenta con estudios de bachiller superior y ha desempeñado puestos de trabajo en sectores como la construcción y fabricación de productos, se encuentra actualmente cursando la formación habilitadora exigida por el Ministerio de Interior en la UNED, para ejercer como Detective Privado.
En su trayectoria como ciudadano defensor del Estado de derecho, en 2023, trasladó a la fiscalía anticorrupción actuaciones de la dirección del Teatro Principal de Alicante. Mediante un detallado informe, Alarcón expuso la existencia de indicios fundados de presunta prevaricación, fraccionamiento de contratos, tráfico de influencias y fraude en la gestión, que han dado lugar a la apertura de diligencias de investigación.
En abril de este mismo año, la Agencia Española de Protección de Datos estima su denuncia de que una importante empresa de plásticos vulneraba sistemáticamente los derechos fundamentales de sus trabajadores, tomando sin su consentimiento sus datos biométricos, protegidos por el art. 18 de la constitución.
En 2022 llevó a los tribunales por la vía social al Teatro Principal y a las empresas de empleo temporal en las que trabajaba, por la precaria situación laboral de sus trabajadores. A su demanda se sumaron azafatas despedidas por los mismos hechos que Alarcón denuncia. Además, en 2016 denunció a Nuevas Generaciones del Partido Popular en Alicante por falta de democracia interna, logrando una sentencia que obligó al partido en 2023 a convocar elecciones primarias.
En la actualidad, mantiene abiertas diversas causas entre la que se encuentra un recurso contencioso-administrativo por presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia que afecta al Ayto. de Alicante y la Generalidad Valenciana.
CELIA CARBONELL
Abogada
La trayectoria de Celia Carbonell destaca por su compromiso con la defensa del Estado de derecho y los derechos de los más vulnerables frente a las malas prácticas del sistema judicial.
La candidatura al VIII Premio Hay Derecho emana de su implicación voluntaria, personal y profesional, en la defensa de dos ciudadanos incorrectamente condenados. Carbonell forma parte de un grupo de aguerridos ciudadanos que a lo largo de 15 años ha seguido y sostenido la defensa de dos ciudadanos marroquíes, condenados en 1992 por una violación a una menor que nunca cometieron.
Tras asumir la defensa letrada de uno de los dos acusados, – el otro falleció en la cárcel en el año 2000-, el pasado mes de junio, Carbonell consiguió una sentencia favorable del Tribunal Supremo, en la que se declara la nulidad y libre absolución de los delitos.
Desde su pequeño despacho en Alicante, la letrada ha conseguido, además, una pionera sentencia en la que se ha anulado la cláusula de afianzamiento en préstamo hipotecario, consiguiendo así salvaguardar el patrimonio de muchos padres que sirvieron de fiadores a pesar de desconocer la repercusión de dicha cláusula, (Sentencia 1340/2022 de 7 de noviembre dictada por la Audiencia Provincial de Alicante).
Así mismo se encuentra al frente de un procedimiento judicial pendiente de dictar Sentencia por la Audiencia Provincial de Alicante contra una de las filiales de AGBAR y cuya investigación comenzó en la operación POKEMON.
CONSUELO ORDÓÑEZ
Abogada, activista y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco
Activista y abogada, es la actual presidenta de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco), asociación que se creó en noviembre de 1998. Covite ostenta el “estatus especial consultivo” ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Consuelo es hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP y candidato por este partido a la alcaldía de San Sebastián, asesinado por la banda terrorista ETA en 1995.
Consuelo recuerda los aniversarios de todas las víctimas del terrorismo (de todos los terrorismos) en la red social Twitter en la que cuenta con más de 55 000 seguidores, recordando los hechos, su historia personal y si hubo justicia (investigación, condena de responsables…). Reivindica el acceso a verdad, justicia y reparación de todas las víctimas y defiende que no se utilice de manera partidista la memoria de las víctimas.
En mayo de 2023 Covite denunció que 44 candidatos que figuraban en las más de 300 listas de EH Bildu en el País Vasco y Navarra para las elecciones del 28 de mayo fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA. Siete de ellos fueron condenados por asesinato. Esta asociación consideró “especialmente grave” y “un peligro para la democracia” que personas con “historial criminal y terrorista” se presenten a un cargo público. Esta campaña cívica de comunicación-denuncia dio lugar finalmente a su retirada como candidatos en los casos de condenados por “delitos de sangre”.
El martes 11 de julio, COVITE, la Fundación Fernando Buesa Blanco y varias víctimas a título individual lanzaron un comunicado para pedir que se deje de utilizar la frase “que te vote txapote”, popularizada durante la actual campaña electoral y usada públicamente por miembros de PP y de VOX.
DANIEL SÁNCHEZ BERNAL
Abogado, activista contra la lentitud de la justicia.
Daniel Sánchez Bernal es un abogado destacado por la defensa de casos relativos a señalamientos tardíos en la justicia.
En octubre de 2022 el Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo, bajo su dirección letrada, contra una resolución de un juzgado de Sevilla que señaló un juicio a tres años vista. El TC reconoce en esa resolución que la demora en el señalamiento de litigios que carecen de especial complejidad y suponen un significativo impacto en el recurrente pueden generar una dilación indebida contraria al derecho a la tutela judicial efectiva.
En 2022 Daniel Sánchez Bernal fue distinguido con la Cruz de Oro de la Orden al Mérito Humanitario de Andalucía, un galardón que esta asociación, concede anualmente a personas o instituciones que tengan a sus espaldas «una vida de entrega y servicio a las buenas causas» y la entrega de su tiempo y pecunio «para el servicio a los otros».
Daniel señala que gracias al amparo reconocido, otros abogados están siguiendo sus pasos, recurriendo los señalamientos tardíos en beneficio de sus clientes. Aboga por una solución a este problema que pase por reducir trámites, digitalizar los expedientes y una reforma de las leyes procesales para evitar que los procedimientos se alarguen innecesariamente».
El trabajo de Daniel ejemplifica cómo el activismo de ciudadanos comprometidos no solo es capaz de abrir caminos para solucionar problemas estructurales de nuestro Estado de derecho, sino que también inspira la colaboración de los demás, actuando como catalizadores del cambio social.
DIEGO GÓMEZ
Abogado, profesor asociado de derecho administrativo y activista contra la cita previa obligatoria
Abogado en ejercicio desde 1996, especializado en Derecho Administrativo, Contencioso-Administrativo y Urbanístico. Profesor asociado de derecho administrativo en la Universidad de Vigo. Coautor de dos libros, varios artículos y conferencias en revistas especializadas en Derecho Administrativo.
Diego es autor del blog “Es de Justicia. Un blog de derecho administrativo y urbanismo”, blog jurídico más influyente 2021. En octubre de 2022, se publicó en este blog la entrada “La cita previa obligatoria en las Administraciones Públicas” en la que se recogen las razones por las que se entiende que la cita previa sin motivación, que se ha instaurado tras la pandemia como un requisito obligatorio de acceso a la Administración, es contraria a derecho. En esta entrada se incluía un modelo de acceso gratuito, para que los ciudadanos y ciudadanas pudieran solicitar, de manera motivada, la eliminación de esa imposición ilegal, e instrucciones sobre cómo hacerlo, así como enlaces a otros organismos, como el defensor del pueblo y órganos equivalentes autonómicos, para interponer quejas ante ellos. La entrada fue galardonada con el Primer premio al artículo de excelencia en los premios Blogs Jurídicos de Oro 2022.
Este ejercicio de incidencia institucional, logró alcanzar mucha repercusión en redes sociales y también en medios de comunicación tales como Antena 3, La Cope, La Voz de Galicia, El Confidencial, el Correo, Diario Sur, Atlántico diario o Economist & Jurist, entre muchos otros que ayudaron a que se pusiese en evidencia el rechazo social generalizado a esta imposición ilegal por las Administraciones Públicas.
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Las quejas presentadas por la ciudadanía ante dichas Administraciones y ante el Defensor del pueblo y equivalentes autonómicos (Ararteko vasco, Síndaca de Greuges catalana, el Síndic valenciano o el Diputado del Común Canario) provocaron que éstos reflejasen en sus informes y resoluciones la contrariedad a derecho de dicha medida recomendando su eliminación, lo que ha servido también para poner en valor a dichos órganos que forman parte del Estado de derecho.
El movimiento colectivo que se ha creado ha provocado que paulatinamente las Administraciones Públicas hayan ido volviendo a la normalidad y, para las que todavía no lo han hecho, que sea probable que se elimine definitivamente, puesto que los partidos políticos mayoritarios han considerado el problema lo suficientemente relevante como para incluir en sus programas electorales de las últimas elecciones generales y municipales la eliminación de esa imposición ilegal.
ERNESTO EKAIZER
Periodista de investigación y escritor.
Ernesto Ekaizer (1949) es periodista y escritor. Ha sido redactor jefe del diario barcelonés La Vanguardia en Madrid, columnista de la revista Cambio 16, subdirector de la revista El Globo, director del diario económico Cinco Días, corresponsal económico y Adjunto a la Dirección del diario El País, tras su trayectoria en Buenos Aires, Argentina, en el célebre diario La Opinión, la revista Panorama, y el programa líder de noticias Telenoche.
Ekaizer, especializado en información económica y financiera, fue asignado a cubrir la investigación penal relacionada con la crisis bancaria en el siglo pasado: Rumasa; Banco Hispano Americano (BHA), Banco Urquijo y Banco Español de Crédito (Banesto). En su nueva especialización penal cubrió el caso Pinochet en Londres y otros países, una labor de dos años que le valió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en 2000. En 2018, cabe destacar, publicó un libro de referencia sobre la crisis financiera: “El libro negro. La crisis de Bankia y las cajas. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos”
En su último libro “Operación Jaque Mate. Cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo”, Ernesto Ekaizer desvela la trama de corrupción del ex-comisario Villarejo entre 2012 y 2017, del que formó parte, finalmente, la operación que apartó al fiscal Ignacio Stampa – junto con el fiscal Miguel Serrano ambos fiscales ordenaron el arresto del excomisario el 3 de noviembre de 2017- de la investigación del caso, y sobre las prácticas-que el autor cuestiona con pruebas- de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional en el citado caso.
En palabras de Ernesto Ekaizer, apartar al fiscal Stampa del caso Tándem-Villarejo y de la Fiscalía Anticorrupción por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fueron los objetivos de todos aquellos afectados por las investigaciones de los dos fiscales a cargo del caso -Ignacio Stampa y Miguel Serrano, fiscal que todavía sigue al frente de la investigación- con el plan inconfesable de debilitar las diligencias de investigación que han conducido a la apertura de aproximadamente cuarenta piezas delictivas.
Ekaizer ha podido aflorar auténticas revelaciones que le permiten aportar una información amplia y rigurosa que en muy pocas ocasiones se encuentra al alcance de los ciudadanos, lo que ayuda a formar una opinión fundamentada acerca de actuaciones que ponen en jaque la confianza en nuestras instituciones y nuestros dirigentes, y que suponen un cuestionamiento del Estado de Derecho.
JUDGE THE ZIPPER
(Fernando Portillo)
Magistrado-juez, divulgador en redes sociales
Fernando Portillo es magistrado, juez decano de los Juzgados de Melilla y presidente del Foro Judicial Independiente (FJI). En Twitter es conocido como “Judge the Zipper” y cuenta con más de 90.000 seguidores. Con ese mismo nombre, firmó el libro de reciente publicación “Destripando el Derecho: Sobre Derecho y jueces para quienes no saben de Derecho ni de jueces”.
Portillo es también autor de un blog con el mismo nombre. Desde sus inicios en Twitter en 2016 mantuvo el anonimato hasta este año en que se conoció su identidad por una causa social: Fernando ha donado los derechos de autor de su libro a la fundación FUNDELA que fomenta la Investigación de la enfermedad ELA.
Portillo desarrolla una labor divulgadora de gran relevancia a través de redes sociales, haciendo accesible información relevante a sus seguidores, sean o no profesionales del derecho. En su blog recopila los hilos más relevantes por bloques para facilitar la información.
Uno de los temas destacados de su divulgación es el de la politización de la justicia, en el que Zipper ha traído a la opinión pública una extensa colección de hilos, cubriendo, entre otras, las implicaciones del bloqueo del CGPJ. Destaca la forma gráfica con la que explica los acontecimientos, que permite una lectura ligera y comprensiva. La respuesta de sus seguidores muestra su agradecimiento por permitirles la comprensión de actuaciones y hechos relevantes para el Estado de derecho que suelen presentar una cierta dificultad o revestir un cierto carácter técnico.
En suma, Fernando Portillo realiza una labor divulgativa y pedagógica que permite a muchos ciudadanos entender información clave para el conocimiento y la defensa del Estado de derecho.
FRAN JURADO
Director y guionista
Fran Jurado es periodista y politólogo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y ha completado estudios de guion y dirección en las escuelas de cine ESCAC y CEEC. En sus trabajos, trata de conjugar las temáticas políticas con la narrativa audiovisual. Entre sus últimos trabajos están la dirección del documental Disidentes. El precio de la discrepancia en la Cataluña nacionalista (2016), acerca del proceso independentista, y la escritura y realización de más de treinta audiovisuales cortos para el Ministerio de Asuntos Exteriores (2018-2019).
En 2022-2023 ha dirigido el largometraje documental titulado Polarizados, de 98 minutos de duración.
El documental ahonda en los motivos de la polarización política y social en España. Jurado hace un ejercicio de análisis para tratar de dar respuesta a las causas de la polarización y principales responsables de la situación: ¿los populismos? ¿los partidos políticos? ¿los medios de comunicación? ¿las redes sociales? ¿los ciudadanos? En resumen: presenta, sin estridencias y a través de múltiples puntos de vista profesionales e ideológicos, un mapa que permite a la ciudadanía manejar la información necesaria para desarrollar un criterio fundamentado sobre la actual situación.
El documental parte de 34 entrevistas a destacados expertos politólogos, periodistas y políticos, realizadas en Barcelona y en Madrid. Entre ellos se encuentran Pablo Simón, Arcadi Espada, Félix Ovejero, Fernando Vallespín, Juan Soto Ivars, Joaquim Coll, Iñaki Ellakuría, Teresa Freixes y Elisa de la Nuez. Las entrevistas se realizaron en el segundo semestre de 2022 y el documental se presentó el día 3 de julio en la Sala Mompou de la sede SGAE Barcelona y el 11 de julio en la sala Berlanga de Madrid.
A lo largo de su carrera como cineasta y periodista, Fran Jurado destaca por la defensa del orden constitucional y la búsqueda de la comprensión de situaciones de tensión civil como el procés o la polarización a partir de un análisis equilibrado.
JOSÉ MARÍA DE PABLO
Abogado penalista, divulgador en redes sociales.
De Pablo es especialista en delitos económicos y, además, un destacado divulgador en prensa general, redes sociales (con más de 100.000 seguidores en Twitter) y en publicaciones especializadas; además de autor de su propio blog homónimo. En 2009 publicó el libro “La cuarta Trampa” en el que relató el proceso de investigación del 11-M, del que se vendieron 15.000 ejemplares. Ha participado como letrado en significados casos, además del 11-M, Bankia, Forum Filatélico, Emperador o Púnica. Jose María es socio del despacho Mas y Calvet, profesor en la Universidad de Navarra, el Instituto de Empresa y el centro de Estudios del Colegio de la Abogacía de Madrid. También autor del Vademecum Acceso a la Abogacía Publica con asiduidad en medios de tirada nacional como El Mundo, El País, La Razón o Cinco Días, los portales Diario Jurídico, Libertad Digital y Voz Pópuli, la revista El Notario del Siglo XXI, o la publicación jurídica Actualidad Penal.
La labor de José María como divulgador destaca por hacer visibles malas prácticas del sistema jurisdiccional o aspectos complejos de las leyes y la jurisprudencia, a través de un lenguaje claro y contundente.
Son populares sus hilos de twitter en los que desgrana reformas del Código Penal y sus implicaciones para la seguridad jurídica desde una visión crítica. Asimismo, alza la voz señalando lo que considera abusos o malas praxis en el ejercicio de la autoridad, ya sea por parte de miembros de fuerzas de seguridad o por jueces y fiscales, especialmente en su dedicación en la instrucción de asuntos y las consiguientes mermas de garantías de las personas sometidas a un proceso penal. De esta manera, muchos ciudadanos acceden a información relevante del sistema de justicia y la calidad del Estado de derecho.
Jose María ha sido incluido en el ranking The Best Lawyers in Spain en 2020, 2021 y 2022, votado por otros abogados de la misma especialidad, en la categoría de Criminal Defense.
PATRICIA FERNÁNDEZ (PATUCA)
Abogada y activista defensora de derechos humanos
Patricia es abogada en la ONG Coordinadora de Barrios. y responsable de la oficina jurídica para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Merced Migraciones. Trabaja en favor de los derechos de las personas en situación de exclusión social, personas migrantes y refugiadas, en especial en la frontera sur de España, así como niños y niñas que migran solos.. En 2022 obtuvo el premio nacional de derechos humanos que otorga la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el premio de la Revista Alandar en 2018.
Experta de reconocido prestigio en el ámbito de la infancia, las migraciones y el litigio estratégico, es formadora en la Fundación Abogacía española y habitual en conferencias sobre estos temas.
El caso Tarajal hace referencia a la tragedia que tuvo lugar en 2014 por la que, al menos, 14 personas cuando intentaban alcanzar Ceuta a nado. Patricia ejerció la dirección letrada en nombre de las familias de las víctimas como acusación particular y de cinco organizaciones de la sociedad civil como acusación populares, exigiendo responsabilidades por las muertes y la identificación de los cuerpos, y contra las denominadas “devoluciones en caliente” que llega hasta la actualidad.
Coordinadora de Barrios, junto con otras organizaciones, presentaron en 2022 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del derecho a la vida y del derecho a la tutela judicial efectiva por el archivo de la investigación judicial del caso Tarajal. El pasado 28 de junio, el Tribunal Constitucional admitió el recurso a trámite. Patricia ha trabajado en otros casos de relevancia como el caso de la devolución sin garantías de 20 niños ocurridas en Ceuta en 2021. En este caso la justicia reconoció que la Administración había omitido todos los trámites del procedimiento que exige la ley española y las garantías internacionales, concluyendo que la Administración vulneró los derechos fundamentales de los niños.
Así mismo ha llevado varios procedimientos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en materia de determinación de la edad de niños migrantes y ha participado en distintas iniciativas de promoción de derechos de personas en situación de exclusión social.